Nadie en su sano juicio puede estar en contra del sometimiento de las pandillas, pues de ello depende, casi de forma directa, la reducción de la violencia social en El Salvador. Este es el resultado inmediato y visible del régimen de excepción que ha cumplido un año este 27 de marzo de 2023. Pero hay unos resultados, unas consecuencias y unas estelas del régimen de excepción que no son tan visibles, pero que presenciaremos más temprano que tarde en la vida social del país.
Aún antes del régimen de excepción, el presidente de la República empezó a endiosar a las fuerzas de seguridad de El Salvador. Tristemente célebre es aquella frase en la que se burlaba de las personas que violaban la cuarentena estricta durante el confinamiento: “Ay, me van a doblar la muñeca”, decía el mandatario, refiriéndose a esas capturas por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.
Para el museo del ridículo también están aquellas acciones en las que, para todo tipo de problema, su solución es la Fuerza Armada. Así, el Ejército combatió algas, plagas de langostas e inundaciones. Menos hilarantes son aquellas acciones que han menoscabado la democracia de El Salvador, como dirigir personalmente la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 u ordenar la entrada a la fuerza de agentes policiales y de miembros del Ejército a la Corte Suprema de Justicia y a la sede de la Fiscalía General de la República en la noche del golpe de Estado del 1 de mayo de 2021.
Toda esta apología o endiosamiento de carácter fascista hacia la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada ya había costado muchas violaciones a los derechos humanos, sin mencionar la grave utilización de estas instituciones en la ejecución del golpe del 1 de mayo de 2021, en la persecución política y en la intimidación contra cualquier voz crítica hacia el régimen.
Pero lo peor estaba por venir.
El régimen de excepción ha sido la excusa perfecta para que miembros de la Policía y del Ejército saquen a relucir su verdadero rostro ante la ausencia de controles estatales para la defensa de los derechos humanos. Los Acuerdos de Paz, esos que el mandatario señala de “farsa”, fueron la base principal para desmantelar los antiguos cuerpos de seguridad que durante la guerra se dedicaban a encarcelar, torturar, secuestrar, desaparecer o asesinar a quienes consideraban sus “enemigos” políticos. La creación de la Policía Nacional Civil fue la respuesta a ese desmantelamiento de las antiguas fuerzas de seguridad. Una Policía que, dirigida por un civil, tendría como función principal el mantenimiento de la seguridad pública, pero con una diferencia fundamental con respecto al pasado: el respeto irrestricto hacia los derechos humanos de las personas.
Y en este punto hay que hacer de nuevo la misma aclaración: nadie en su sano juicio querrá que los pandilleros que son culpables de múltiples delitos queden libres. Pero una cosa es coincidir en que el sometimiento de las pandillas es indiscutible y otra es callar frente a las múltiples violaciones de los derechos humanos de las personas que han sido encarceladas y que son inocentes.
Las muertes en las prisiones, que ya se contabilizan en más de 120, los malos tratos y las torturas que a diario suceden en ellas, solo significan que hemos transitado de ser un Estado garantista de los derechos humanos a un Estado que los viola diariamente.
La apología y el endiosamiento hacia los cuerpos de seguridad, entonces, ha provocado que el régimen de excepción sea la herramienta perfecta para que estas instituciones se conviertan en violadoras de los derechos humanos, una circunstancia que no se daba en El Salvador desde los años setenta y ochenta.
Así pues, en menos de tres años, El Salvador ha retrocedido treinta o cuarenta años en términos de respeto a la institucionalidad, a la democracia y a los derechos humanos. Estos son los otros —y nefastos— resultados del régimen de excepción. Y las consecuencias de este endiosamiento las estamos viviendo en el presente, toda vez que esas instituciones, más el sistema judicial y la Fiscalía General de la República, se están encargando de hacer el trabajo sucio de todo régimen autoritario: la persecución política de la disidencia y de la oposición; la reforma del sistema de gobierno mediante la vulneración de las cláusulas pétreas de la Constitución; el cambio de las reglas electorales a menos de un año de las elecciones y la total permisividad de una prohibición clara, la de la inmediata reelección presidencial, entre otras acciones contra las que cualquier Fuerza Armada, en un Estado de Derecho, ya hubiera actuado para defender la poca República que nos quedaba gracias a lo logrado con la sangre de miles de compatriotas.
En el futuro cercano, y ojalá me equivoque, veremos que esa apología se traducirá en una persecución mucho más cínica, directa y sin máscaras hacia la disidencia, la utilización de esas instituciones se volverá mucho más obscena, y de repente nos encontraremos en un El Salvador que habíamos pensado ya nunca veríamos: un país donde la represión y la opresión serán cotidianas.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC
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