La oposición política —léase: «la oposición representada por los partidos políticos que no pertenecen al oficialismo»— se encuentra extraviada en este tablero de ajedrez que más parece un laberinto. La oposición política, al menos la mayoría, ha decidido participar en unas elecciones presidenciales que, como todos sabemos, tendrá a un contendiente que de conformidad a la Constitución no debería aspirar a la Presidencia de la República por la simple y sencilla razón de que la reelección presidencial inmediata está prohibida.
Sobre este punto se han escrito ríos de tinta, y a estas alturas, solo los correligionarios del oficialismo defienden la tesis de que el actual presidente —así, en minúscula— puede mantenerse en el poder durante cinco años más. Será, pues, una competencia electoral adulterada, ilegal e inconstitucional. Aun así, la mayoría de los partidos políticos de oposición ha decidido elegir a su mancuerna presidencial, sabiendo de antemano que no solamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitirá la participación del actual presidente en la contienda, sino también sabiendo que todos los dados se han cargado para que el oficialismo, fundamentalmente, se convierta en partido único en El Salvador, gracias a todas las reformas que tienden a favorecer al actual partido oficial.
En efecto, las reformas que implican la disminución de diputados en la Asamblea Legislativa y de la cantidad de municipios en todo el territorio salvadoreño persiguen el control total y absoluto de El Salvador a través del dominio de la institucionalidad por medio de la cooptación de los Órganos Legislativo, Judicial y Ejecutivo; hasta el control de los territorios municipales. El oficialismo está ansioso no solamente de terminar de matar electoralmente a la oposición, sino también de poner los últimos clavos al sarcófago. Busca el oficialismo asegurarse el ejercicio del poder por diez, quince o más años, convirtiéndose en una dictadura real, gracias a la permisividad con que la Sala de lo Constitucional impuesta y el TSE han actuado en los últimos dos años.
Sabiendo todas estas circunstancias, ¿en realidad era una opción viable participar en estas elecciones? En las circunstancias en las que El Salvador se encuentra actualmente, quizá lo mejor hubiese sido llamar la atención de la comunidad internacional al no participar en la contienda electoral presidencial. Aún más: quizá lo mejor hubiera sido —y quizá aún pueda hacerse— invocar la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una vez que el TSE autorice al actual presidente a participar en la contienda. No sería la primera vez que se solicite la aplicación del procedimiento previsto en el Art. 20 de la Carta Democrática Interamericana, pero ante las circunstancias inminentes (de permitir la candidatura a la Presidencia de la República del actual presidente), una nueva solicitud a la OEA sería lo más efectivo para hacer del conocimiento de la comunidad internacional que en El Salvador, una vez más, se están dando pasos agigantados para la consolidación de una dictadura; un camino que nació el 9 de febrero de 2020 con la militarización de la antigua Asamblea Legislativa y que se concretó con el Golpe de Estado al Órgano Judicial y a la Fiscalía General de la República, el 1 de mayo de 2021.
La aplicación del Art. 20 de la Carta Democrática de la OEA se realiza cuando “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y permite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente “para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. La inscripción de la candidatura de la fórmula presidencial que actualmente gobierna El Salvador es suficiente alteración del orden constitucional y afecta al orden democrático de nuestro país, por mucho que la Sala de lo Constitucional impuesta haya permitido semejante adefesio, pues su motivación (al vulnerar siete artículos que prohíben la reelección presidencial inmediata) es eminentemente política.
Los partidos políticos de oposición, y sus fórmulas presidenciales, deberían de reflexionar sobre sus actuaciones, ya que la participación en una contienda electoral presidencial ilegal e inconstitucional, no producirá otra cosa que legitimar los resultados de las elecciones, unos resultados que no se considerarían como legítimos porque, simple y sencillamente, uno de los candidatos no debería ser parte de la contienda. En clave electoral, y de acuerdo con las encuestas recientes, es casi imposible que las fórmulas presidenciales de la oposición puedan ganar las elecciones, de allí que los partidos políticos de oposición deberían reconsiderar sus posturas. Si nos vamos a resignar a cinco años más con el mismo gobernante, al menos se habrá tratado de activar el procedimiento del Art. 20 de la Carta Democrática Interamericana, para que la comunidad internacional se termine de convencer de que lo que vivimos en El Salvador no es otra cosa que la consolidación de una dictadura.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC.
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