El año 2023 nos depara uno de los años más desafiantes para la ya convaleciente democracia de El Salvador. Para nadie es un secreto que la poca democracia construida tras los Acuerdos de Paz está en la sala de cuidados intensivos. Muchos consideran que ella ya no existe. Yo soy uno de los que ha considerado que la democracia ha muerto. Sin embargo, aún quedaba la esperanza de que en 2024 hubiera alternancia en el ejercicio del poder, quizá no una alternancia de fuerza política, pero sí en cuanto a la persona que ejerce el cargo de la Presidencia. Esa esperanza se fue a la basura después de que el 15 de septiembre de 2022 el actual presidente anunció que correrá, otra vez, como candidato a la Presidencia.
Gracias a la inconstitucional aprobación de la figura de la reelección presidencial inmediata por parte de la Sala de lo Constitucional impuesta mediante el autogolpe de Estado del 1 de mayo de 2021, por primera vez en la historia (nunca estuvo mejor puesta esta muletilla) desde los Acuerdos de Paz, El Salvador corre el peligro de que un caudillo se perpetúe en la Presidencia de la República. Por ello, el año 2023 es crucial para la moribunda democracia que nos queda.
A partir del 3 de febrero, hasta el 5 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral autorizará la ejecución de las convocatorias para las elecciones internas de los partidos políticos contendientes para que elijan a sus candidatos. El 7 de septiembre de 2023 inicia el período para la inscripción de candidaturas para presidente y vicepresidente de la República, mientras que el Tribunal Supremo Electoral tendrá hasta el 31 de octubre de 2023 para decidir si autoriza o deniega cualquier solicitud de inscripción de los candidatos.
Es evidente que 2023 es un año crucial para los salvadoreños. Desde la guerra, no ha habido circunstancia capaz de probar el temple de los salvadoreños que esta coyuntura en la que se presentará un candidato buscando una reelección presidencial inmediata que es inconstitucional.
Frente a esta prueba del tiempo, cabe hacerse muchas preguntas sobre lo que sucederá en los meses siguientes. ¿Qué harán los partidos políticos debidamente inscritos ante el TSE? ¿Renunciarán a participar en las elecciones presidenciales en señal de protesta por la evidente inconstitucionalidad que implica la autorización para la búsqueda de la reelección presidencial inmediata o participarán en la contienda? Ambas alternativas no dejan de ser filos de un mismo cuchillo: por una parte, si renuncian a participar, dejarán el camino despejado para un triunfo fácil del oficialismo; por otra, si deciden participar, estarán validando, de forma tácita, la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional impuesta. Este es un debate que los partidos políticos, sobre todo aquellos representados actualmente en la Asamblea legislativa, ya tendrían que estar teniendo internamente.
¿Qué hará el Tribunal Supremo Electoral? ¿Denegará la solicitud de inscripción o la inscribirá sabiendo que es inconstitucional? La presidenta de dicha institución ya había adelantado criterio manifestando que acataría la inconstitucional resolución de la sala, pero evidentemente es un ente colegiado que además tiene la última palabra en materia electoral.
¿Qué hará la sociedad civil con respecto al tema de la reelección presidencial inmediata? ¿Seguirá impávida como hasta ahora o tomará acciones definitivas? Porque ya se demostró que las marchas son insuficientes cuando el poder es aplastante. ¿Qué hará la prensa? ¿Seguirá edulcorando las noticias? ¿Continuará siendo eco de la propagando gubernamental? Porque frente a la corrupción y a los atentados contra la democracia, ya se observó que prefieren la pauta comercial, excepto los medios de comunicación que todos ya conocemos. La poca prensa independiente que aún tenemos también parecería ser insuficiente.
Todas esas interrogantes tendrán sus respuestas a lo largo de los meses. Una cosa está clara: como sociedad civil no debemos someternos al conformismo del silencio general, no debemos claudicar en todo aquello que consideramos no solo legal, sino también justo. Que la coyuntura no sea el inicio de la caída al abismo, sino un regalo para que el salvadoreño demuestre de qué está hecho.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC
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