La reforma integral de pensiones que no lo es

Pienso en Doña Rosa, ella tiene 65 años, empezó a trabajar desde los 10 años de edad. Se tiene que levantar antes de las 4:00 de la mañana para empezar con el trabajo en el hogar y antes de las 6:00 de la mañana estar en una finca de café donde trabaja, incluso en días festivos. Esta rutina ha sido su vida. Su cuerpo le pide un descanso, pero si ella no trabaja no tiene dinero para sobrevivir. Ella, como la mayoría de personas de su edad, continuará sin tener una pensión, aunque con el pago de sus impuestos —cada vez que va a la tienda o al mercado— seguirá asumiendo los costos de un sistema de pensiones injusto que se continuará perpetuando con la recién aprobada reforma.

En El Salvador, tener una pensión no es un derecho, sino un privilegio. Ocho de cada diez personas adultas mayores no tienen acceso a una pensión. Solo una de cada cuatro personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional. Con la reforma de pensiones aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa esta realidad no cambiará. Más allá de todas las promesas de campaña y toda la propaganda gubernamental, la reforma de pensiones deja intacto el sistema que tanto habían criticado desde el propio gobierno. La integralidad de la Ley Integral del Sistema de Pensiones se queda solo en el nombre.

Tal como fue aprobada la reforma de pensiones, seguirá siendo necesario utilizar recursos públicos, particularmente a través de deuda, para intentar sostener un sistema que sigue teniendo serías dificultades para ser sostenible. Sobre la deuda, es importante precisar que actualmente el Estado salvadoreño les debe a las personas cotizantes casi 8,000 millones de dólares, de los cuales ahora el recién creado Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) decidirá a qué tasa de interés y a qué plazo pagará esas obligaciones. Considerando la difícil situación financiera del gobierno, no es de extrañar que con esto se busque darle oxígeno al Ejecutivo en detrimento de la rentabilidad del fondo de pensiones.

Además, el ISP deberá garantizar los beneficios otorgados a los veteranos militares, a los excombatientes y a las personas lisiadas y discapacitadas del conflicto armado; y considerando que no tendrá ingresos propios, el único mecanismo para poderlo hacer será a través de la emisión de más deuda. Para ello, la nueva ley le permite emitir Certificados de Obligación Previsional sin límites y sin ninguna calificación de riesgo. Es decir, que ahora la totalidad del fondo de pensiones se le podría prestar al ISP.

Si hay un claro ganador con esta reforma son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no solo porque continuarán con uno de los negocios más rentables en el último siglo en El Salvador, sino porque además ahora por ley tendrán una mayor ganancia al aumentárseles la comisión por administración. De acuerdo con los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, entre 2021 y 2022 la comisión por administración era de 0.88 por ciento. Con la nueva ley esta comisión subirá a 1.00 por ciento.

Uno de los puntos que más ha vendido el gobierno es el aumento de un 30 por ciento en las pensiones. En un contexto en el que los montos de las pensiones son tan bajas y el costo de la vida ha aumentado tanto, ¿quién podría oponerse a ello? Sin embargo, sobre esto también hay cosas que la propaganda no dice. Primero, que los montos de pensiones por invalidez y sobrevivencia no tendrían incrementos, lo que implicaría que estos segmentos seguirían teniendo pensiones bajas. Segundo, que para quienes hicieron uso de su derecho de retirar anticipadamente un porcentaje de sus ahorros, su aumento será muy pequeño. Y tercero, y algo a lo que hay que prestarle mucha atención, es que la pensión de cada persona depende de su cuenta individual y de lo que ha ahorrado, por lo que en realidad este aumento aprobado no incrementa la cantidad de dinero disponible en su cuenta, sino que lo que hace es que ahora el dinero de su cuenta se lo gastará más rápido. Alguien pudiera decir, ¿cuál es el problema de recibir más dinero ahora? Pues que, de acuerdo con la ley, una vez usted se termine los ahorros de su cuenta individual, lo que le quedaría es la pensión mínima. Por ejemplo, una persona que tiene una pensión de 1,000 dólares ahora se acabará más rápido sus ahorros, por lo que más pronto su pensión bajará a solo 304.17 dólares.

Con todos estos elementos, las reformas aprobadas no dan una respuesta integral a los problemas estructurales del sistema de pensiones: cobertura, suficiencia, equidad y sostenibilidad. Por lo que la reforma de pensiones integral sigue siendo una deuda. Una reforma integral debe ser el resultado del consenso de los diversos actores de la sociedad, donde se discuta una reforma al mercado laboral. ¿Por qué las pensiones son insuficientes? Porque los salarios son muy bajos. ¿Por qué la cobertura es tan baja? Porque la mayoría de la población labora en el sector informal o realiza tareas de cuido sin remuneración. Por lo que además se debe acompañar de una reforma fiscal justa y que garantice un sistema de protección social universal.

Finalmente, como una cuestión que parecería anecdótica, pero que en realidad refleja lo que ha pasado: pocos días después de votar esta reforma de pensiones se aprobó el presupuesto para 2023, en el que, entre otras cosas, se confirmó que al programa de Pensión al Adulto Mayor y a Personas con Discapacidad que se entrega especialmente en los municipios de extrema pobreza se le recortó su presupuesto en 16 por ciento respecto a 2022. En tanto a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa de la Presidencia se les aumentó su presupuesto en un 38 y un 72 por ciento, respectivamente. Esas decisiones nos reiteran cuáles son las prioridades en este gobierno. Lo importante no es mejorar el bienestar de la población, lo importante es la propaganda que le haga sentir a la población que su bienestar ha mejorado, aun cuando no sea así.

*Ricardo Castaneda Ancheta  es economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC, de Barcelona. Además, cuenta con un máster en Política Mediática, Mapas y Herramientas para una Nueva Cultura de Ciudadanía de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal y desarrollo y es profesor universitario.