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“Las imágenes del traslado de reos nos muestra una cara muy distinta a la que el presidente describe”

Una representación de Amnistía Internacional se reunió con el presidente Nayib Bukele para darle un pincelazo sobre los retos que enfrentará su administración en materia de derechos humanos. Según Erika Guevara, se encontraron con un presidente que,  repitió un supuesto compromiso para no violar derechos humanos y a que estos serán un eje transversal de su Gobierno. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), se reunió por casi dos horas con el presidente de la República Nayib Bukele, a quien le entregó un memorándum de recomendaciones inicialesde derechos humanos. El documento de 10 páginas, según explicó Rosas, “es una radiografía de los principales retos que las organizaciones de derechos humanos del país han podido identificar” que enfrenta el nuevo gobierno. Revista Factum conversó con ella después de esa reunión, celebrada el 24 de junio. En esta entrevista explica cuáles son las expectativas de su organización y los compromisos presidenciales en temas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o  la política de seguridad pública.

Amnistía Internacional sostiene que tiene comprobado que las políticas de mano dura, caracterizadas por la migración, agravaron la situación de violencia porque ha sido como querer apagar un incendio con gasolina.  Por eso creen que el gobierno de Bukele, pese a estar en una encrucijada por la gravedad del problema, debe evitar caer en la misma fórmula fallida que no dejó buenos resultados. Y, pese a que él les repitió que se compromete a garantizar el respeto a los derechos humanos, les preocupa que responda a la violencia con más violencia. Resolver el problema de inseguridad, dice Rosas, también implica resolver graves problemas de violaciones de derechos humanos, sin poner como excusa que son problemas heredados.

El Salvador también es, para Amnitía Internacional, un ejemplo de la violencia extrema contra las mujeres, por el resago en materia de derechos sexuales y reproductivos. Según Rosas, para este tema Bukele adquirió un compromiso concreto: crear una mesa intersectorial, que integre a ministerios como el de Salud y Educación, para empezar a generar políticas públicas, como educación sexual integral en edades más básicas, así como mecanismos de prevención de embarazos en niñas y adolescentes, que ayuden a reducir la criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas en condiciones de extrema pobreza. Si bien el presidente, no puede impulsar reformas legislativas que despenalicen en aborto en situaciones específicas es, desde la mirada de AI, el llamado a iniciar un debate público sobre el tema.

Amnistía Internacional, en su informe 2017-2018 sobre El Salvador, mostraba preocupación en varios temas: derechos de la mujer, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos; derechos de las personas LGTBIQ; el combate a la impunidad; las violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad; y el desplazamiento forzado por violencia. ¿Qué hablaron con el presidente acerca de seguridad pública?

Para AI, este es un tema fundamental en la agenda de derechos humanos, porque afecta el ejercicio de múltiples derechos que han sido violentados por muchos años en El Salvador. No podemos negar que el país enfrenta una crisis de violencia generalizada, generada por el incremento del crimen organizado, las pandillas y las maras, donde la población está sometida a violencia, homicidios, extorsión, persecución y de ello que mucha gente tenga que desplazarse. Lamentablemente lo que hemos visto en los últimos gobiernos ha sido una respuesta militarizada, de mano dura, que intenta apagar un incendio con gasolina. Esto ha generado condiciones en donde también se cometen graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad a ciudadanos: detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. La violencia social es un grave desafío para cualquier Estado porque no solo tiene que ver con el crimen que generan las pandillas sino que tiene que ver con la destrucción del tejido social, producto del sometimiento de comunidades enteras, del reclutamiento forzado de estas estructuras. Esto pasa porque el Estado no está presente o se ha coludido con estas estructuras a muchos niveles, que es algo que vemos no solo en El Salvador. Sabemos que las soluciones a un complejo problema tienen que ser complejas, que las políticas de mano dura han fallado en toda la región y solo han alimentado la violencia, la corrupción y la impunidad. Entonces tienen que haber políticas integrales que, por un lado, atiendan la criminalidad, pero que también atiendan los problemas sociales.

De esto último se veía un poco en el Plan Cuscatlán, la propuesta que hizo el presidente cuando era candidato, donde se conjugaba prevención de la mano de deporte, cultura y empleo; pero en las últimas semanas lo que hemos visto es más “mano dura”, más gasolina.

Le hicimos saber nuestra preocupación de que se cometan los mismos errores de otras administraciones, que ya han demostrado que son políticas fallidas y que no resultan en disminuciones de la criminalidad, violencia o expulsiones de personas. Él hace referencia que este plan de control territorial, y que hemos aprendido a través de múltiples tuits porque no hay un plan escrito público en donde podríamos determinar y analizar cada una de las acciones, dice que es una primera fase para mantener la presencia territorial en centros urbanos, en donde la acción de los grupos criminales se centra en la extorsión porque mantienen control de la comunidad. Según él refirió, el plan provocó una disminución de homicidios, desde que se implementó. Pero sí vemos con preocupación las imágenes del traslado de reos, en dónde se les deshumanizan. Algo que nos muestra una cara muy distinta a la que el presidente describe.

¿Qué opina AI de que el plan en líneas gruesas no sea público y de que el presidente se jacte de ello?

Él repitió varias veces durante la reunión que su compromiso es no violar derechos humanos, que considera que la presencia de las fuerzas de seguridad es un mecanismo persuasivo para los grupos delincuenciales; y que, por el otro lado, habrá presencia del Estado a través de instituciones de salud y educación, que tiene que ser un plan integral. Repito, lamentablemente, no tenemos un plan escrito de donde se pueda hacer un análisis de las medidas que tomarán, pero algo que AI le demanda al presidente es la participación de la sociedad civil. En administraciones pasadas hubo iniciativas nacientes, muchas muy débiles, pero que por lo menos hacían participes a la organizaciones de la sociedad civil. Estas iniciativas pueden ser remplazadas por otros mecanismos de participación, pero lo claro es que el gobierno no puede implementar planes que buscan ser integrales si no hay transparencia y participación de la sociedad. Esperamos que esta mesa interministerial que ofreció sea un espacio idóneo para la participación de la sociedad civil y que genere un mecanismo donde el Estado rinda cuentas.

Entrevista a Erika Guevara Rosas Directora para las Américas de Amnistía Internacional, para Revista FACTUM, en San Salvador, El Salvador, el 24 de junio de 2019. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Una de las cosas preocupantes es ver el tipo de comentarios que reciben las publicaciones en las que se publicitan estas medidas de mano dura. Se encuentran mensajes de más violencia y odio. ¿Qué se tiren planes de seguridad a cuentagotas permiten que se alimente la violencia y el odio social, algo que incluso podría pasar dentro de las mismas filas de fuerzas de seguridad?

Es muy preocupante que haya una respuesta social de esta naturaleza. Reconocemos que hay una situación desesperación social, que se ve y se vive a través de las miles de personas que salen del país buscando protección internacional. En un contexto en el que las personas están hartas habrá un sector de la población que demande más fuerza y mano dura como respuesta, pero el gobierno no se puede dejar atraer por esa demanda pública. El gobierno tiene la responsabilidad de responder los derechos humanos en todo contexto, inclusive de las personas que son detenidas. Los nuevos populismos, los autoritarismos, en nuestra región, generan enemigos; las verdaderas democracias tienen que generar oposición, crítica y respeto a los derechos humanos, de lo contrario se convierten en esos populismos y autoritarismos que dicen criticar. En ese sentido, la manera que este gobierno responda a estas políticas que tengan los derechos humanos al centro, se puede demostrar que hay un cambio significativo. De lo contrario, simplemente se repetirán políticas fallidas y generan un deterioro continuo.

Una de las personas fuertes del partido político (GANA) que llevó al presidente Bukele al poder es Guillermo Gallegos, alguien que abiertamente habla de aprobar la pena de muerte.

La pena de muerte no tiene cabida en el mundo moderno. Cuando los países se están moviendo hacia la erradicación de esta pena, sería inaceptable que un país entre a la discusión de ella, más cuando sabemos que eso no es un incentivo para disminuir la criminalidad.

Es obvio que este gobierno ha heredado el fruto de 30 años de manos duras, de diferentes signos ideológicos; y que le sirvió a las pandillas para aprender que puede ser un actor político con una moneda de cambio: la violencia. ¿Cómo cambiar eso?

Estas manos duras alimentaron la violencia. Responder con violencia solo genera más violencia, y este gobierno, que está en una encrucijada, tiene que decidir si continúa con políticas fallidas que no resuelven problemas que sus raíces son sociales o hacer un viraje de 180 grados a una respuesta distinta. El nuevo gobierno enfrenta muchos desafíos heredados, pero eso no puede ser un pretexto. No se puede decir: “Bueno, esto está mal por lo que hizo  otros gobierno”. ¡Eso ya lo sabemos! La radiografía es muy clara. Ahora, las acciones de su gobierno tienen que ser contundentes. En noviembre próximo El Salvador tendrá que presentar su Evaluación Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, donde se evaluarán los actos del gobierno pasado pero también por las acciones que tomará este nuevo gobierno para atender a estos desafíos. Excusarse que el problema es algo heredado, no remedia el problema. El gobierno tiene que ver cómo van a resolver los problemas de graves violaciones de derechos humanos.

¿No es necesaria una depuración de la policía en este viraje?

La depuración policial es algo que tocamos. A través de este plan de control territorial está enviando a todos estos elementos de las fuerzas del Estado. ¿Son los mismos policías y militares que han estado coludidos con el crimen organizado o que también han cometido violaciones a derechos humanos? En la medida en que esto no se investigue se manda un mensaje negativo. El presidente repitió en varias ocasiones ´yo no voy a violar los derechos humanos´. Y para no hacerlo, tiene que garantizar que se investiguen las violaciones pasadas mandando un mensaje contundente de que el control de la criminalidad no puede pasar por la violación de derechos humanos.

Ya se han denunciados casos de violaciones de derechos humanos: torturas y detenciones arbitrarias en el contexto de este nuevo plan, donde los victimarios serían fuerzas estatales.

Si esto no se investiga, no se manda un mensaje claro. El presidente comentó que hacer unos días se detuvo a algunos policías. Él dijo que hay que tener contundencia en el control y la investigación, pero cuando ciudadanos también denuncian, tiene que haber esa misma contundencia.

En el pasado, el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) defendió que los fallecidos en enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes eran producto de acciones lícitas, incluso en aquellos donde la prueba técnica y testimonial lo ponía en duda.

El Salvador tiene las tasa más altas de la proporcionalidad de civiles fallecidos por policías fallecidos en enfrentamientos. En este país, por cada policía que muere en un enfrentamiento hay 160 personas que fallecieron, cuando el promedio mundial es de 1 policía por cada 6 personas. Esto te da una índice de cómo no se ha investigado o sancionado, sino de cómo se están violando derechos humanos. En muchos de estos casos estamos frente  a ejecuciones extrajudiciales, en donde al no haber una investigación se ha mandado un mal mensaje.

¿La instauración de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción, una eventual CICIES, fue parte de los temas en su reunión con el presidente?

En esta reunión, no tratamos el tema específico, pero sí de la necesidad de que El Salvador se abra al escrutinio internacional a través de los mecanismos existentes. Nos parece que la posibilidad de la creación de una comisión internacional de investigación muy parecida a la CICIG, en Guatemala, podría ser una alternativa para atender el tema de corrupción e impunidad en un país que lamentablemente arrastra un legado de ello. No lo hablamos específicamente, pero sí de la importancia del escrutinio y de la importancia que El Salvador tiene en Centroamérica de ir marcando modelos y ejemplos, y que esto pasa por la participación de la sociedad civil y que sea una democracia que acepta la crítica internacional y a nivel nacional de la sociedad civil y del periodismo serio y alternativo.

Habla del escrutinio público, pero en la práctica lo que tenemos son mensajes a cuentagotas en todos los temas, no solo en seguridad. Estos mensajes informan pero no explican cómo funcionarán las cosas. El ejemplo más reciente es en migración: el presidente Bukele se reunió con  el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tapachula, México, y no sabemos qué plantes o políticas definieron en temas migratorios.

Para AI no hablamos de una migración opcional, sino de una crisis de refugiados, una crisis de movilidad humana. La gente no sale opcionalmente a buscar un mejor trabajo, sino a salvaguardar su vida. AI lo ha documentado por muchos años. Lamentablemente, la gente que sale del triángulo norte centroamericano no solo se enfrenta a la negativa de ayuda humanitaria sino que se enfrentan a la negativa de los países de destino sino que en muchos casos enfrentan gravísimas violaciones a sus derechos humanos, sobretodo en el tránsito, sobre todo en México, donde sufren desde la extorsión y hasta las masacres.

Entrevista a Erika Guevara Rosas Directora para las Américas de Amnistía Internacional, para Revista FACTUM, en San Salvador, El Salvador, el 24 de junio de 2019.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El 13 de junio murió asesinada una salvadoreña cuando fuerzas de seguridad mexicanas abrieron fuego contra un vehículo en el que iban migrantes. El 20 de junio, el presidente Bukele se reunió con López Obrador y lo que nos contaron fue que hay un Plan Integral de Desarrollo de Centroamérica, que no sabemos de qué trata, y que México donó 30 millones de dólares en semillas para un plan de reforestación, pero ni una palabra de este incidente.

En el memorándum que le entregamos al presidente Bukele se le hace un recordatorio muy claro que el mandato de protección del gobierno tiene que pasar las fronteras. Es decir: también es responsabilidad el gobierno salvadoreño la protección de sus connacionales fuera del país. En este caso, no ha habido una exigencia por lo menos pública por parte del gobierno del presidente Bukele al gobierno mexicano de exigencia de una investigación y de justicia de esta joven. Es importante no solo que se le de visibilidad a estos casos, sino que asuma la responsabilidad que tiene con sus connacionales. Yo creo que este país le da la bienvenida a 30 millones de dólares en ayuda, que vienen del país que está sufriendo de la presión y que se ha convertido en el principal oficial de deportación de los Estados Unidos, pero además tiene que entender que la solución a la migración no pasará por sembrar algunos árboles y brindar trabajo a quienes los siembren. Tiene que pasar por una respuesta más integral al porqué decide la gente irse, que son múltiples.

¿Habló el presidente sobre sí su gobierno apoyará la aprobación de la despenalización del aborto en cuatro causales?

Uno de los temas que discutimos es lo que AI considera una vergüenza internacional para El Salvador: este es uno de los países que ha ejemplificado la violencia más extrema en contra de las niñas y las mujeres en todo sentido. No solo se les violentan sus derechos a la salud integral, derechos sexuales y reproductivos. Este país tiene altas tasas de feminicidio, de embarazos en niñas y adolescentes; cada año se registran por lo menos 1,500 violaciones, en una gran mayoría las víctimas son niñas y adolescentes.  En un contexto como este, en donde, además, es uno de los pocos países en el mundo que tiene una prohibición total del aborto, en donde se criminaliza a las mujeres, sobre todo a aquellas que viven en situación de pobreza, por el simple hecho de tener una complicación obstétrica y se acusa por una sospecha de aborto y se les encarcela, con una saña por parte del sistema de justicia que las acusa de homicidio agravado en razón de parentesco y en muchos casos se les castiga con penas hasta de 40 años… Es una gran vergüenza, y así se lo expusimos al presidente Bukele.

¿Brindó alguna solución a corto o mediano plazo?

En comparación de otros desafíos en materia de derechos humanos, como la violencia, este es un problema que se resuelve con voluntad política. Un problema que tiene el Estado en sus manos.

¿Cuál podría ser el primer paso para resolverlo?

Despenalizar el aborto para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres a decidir, a poder ejercer el derecho más básico dentro de la gama de derechos reproductivos y sexuales, que es el derecho a elegir sobre sus propios cuerpos, pero que además el cambio legislativo pudiera representar un cambio en la narrativa social, que deje de criminalizar a las mujeres en situación de pobreza porque no tienen acceso a salud integral, a salud sexual y reproductiva, atención en salud materna y salud reproductiva en todo sentido. Eso lo dejamos claro al presidente. Nos parece que es un paso importante que puede dar: incentivar una propuesta de ley que busque despenalizar el aborto, sino que además se puedan generar protocolos de atención inmediata, porque la mayoría de mujeres en cárcel por esta situación han sido denunciadas por funcionarios de establecimientos de salud pública. Nos parece que un avance podría ser un protocolo de atención que dé prioridad a la atención de las mujeres y no a la criminalización.

Pero el funcionario, según nuestra Constitución, tiene la obligación de dar parte de la sospecha de un ilícito del cual tenga conocimiento.

Sí, pero también la Constitución protege el derecho de los pacientes a su privacidad, y el derecho de los médicos a guardar la confidencialidad. Y estos derechos son violentados en los hospitales públicos. Pero hay que entender que la prohibición total del aborto ha generado un contexto de criminalización de las mujeres. Muchas de las mujeres que han estado en prisión por esta situación, son mujeres que tuvieron complicaciones en su embarazo, ni siquiera tuvieron aborto inducidos sino que espontáneos y el simple hecho de ser pobres las criminalizó. Y la simple sospecha, las llevó a prisión.

Ese el caso, por ejemplo, de María Teresa, acusada de homicidio agravado, y a quien le dieron una pena de 40 años.

El testimonio que llevó a María Teresa a prisión fue el de su empleadora que afirmó que en enero de ese año ella le dijo que pensaba que estaba embarazada y en noviembre tuvo supuestamente un aborto inducido. ¡El juez determinó que María Teresa tenía 11 meses de embarazo cuando tuvo un aborto!

Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

¿Por qué no vemos casos así denunciados desde un hospital privado?

Por ejemplo, ni casos de mujeres que tienen acceso a recursos económicos. Este es un tema de voluntad política, nos parece que desde el gobierno de este nuevo presidente puede haber un cambio social transformador que empiece con la política pública y que permita que estas mujeres no sean estigmatizadas por la sociedad.  Él reconoció que es un desafío importante en donde se violentan derechos y dijo que se tomarían medidas por parte del Ministerio de Salud Pública para la creación de protocolos de atención, para que haya una educación en sexualidad integral a las edades más básicas, para tener mecanismos de prevención de embarazo en niñas y adolescentes; que haya una atención sobre la violencia contra las mujeres y los alto índices de violencia sexual. Amnistía Internacional le dará seguimiento a estos son compromisos, porque nos parece una señal favorable que el presidente reconozca que esto son desafíos.

Los protocolos son algo que puede hacer el Ejecutivo desde los ministerios de Educación, Salud Pública e, incluso desde el nuevo ministerio de Desarrollo Local. Pero el presidente no goza de a la aritmética legislativa para procurar cambios en leyes.

Pero no quiere decir que él no pueda iniciar procesos o que abra el camino para que organizaciones de la sociedad civil puedan generar un cambio en las leyes. Él tiene que generar un debate público, algo que lo hemos visto en otros países, donde el Ejecutivo permitió un debate público que permite un cambio importante en la narrativa social, como ha pasado en Argentina. El Ejecutivo tiene una influencia importantísima y por eso decimos que es un tema de compromiso político.

¿Y AI ve este compromiso político en el nuevo gobierno?

Digamos que hay un paso importante: el reconocimiento de que esto es una violación a los derechos humanos de las niñas y mujeres; y efectivamente hay compromiso del propio presidente de la creación de una mesa interministerial, donde estará la ministra de salud, y donde, como Amnistía Internacional y otras organizaciones, podremos sentarnos a discutir estos temas y proponer soluciones. Esperamos que el reconocimiento que hizo el presidente se pueda transformar en acciones concretas y contundentes, que sean parte del plan de acción del gobierno en materia de Derechos Humanos.

¿Y en el tema de reconocimiento de los derechos de la diversidad de género? Una de las preocupaciones de la comunidad LGTBIQ al inicio del gobierno fue qué pasaría con el trabajo que realizaba la Dirección de Diversidad dentro de la Secretaría de Inclusión Social, que el presidente disolvió. Él dijo en un tuit que pasaría al ministerio de Cultura.

Primero, en general, le preguntamos quién o quiénes al más alto nivel son los encargados de atender el tema de los derechos humanos. Sabíamos que en la administración pasada había una comisionada de Derechos Humanos adscrita a la presidencia. Le preguntamos por la interlocución oficial y él nos dijo que no habrá una interlocución específica, porque para él, los derechos humanos son un eje transversal y que para ello ofrece esta mesa interministerial, que será encabezada por la ministra de Cultura, donde estarán los ministros de salud pública, Educación y Seguridad. Ese es el compromiso concreto que hizo y nos parece un planteamiento interesante, donde las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar sus interrogantes y tener una voz importante para diseñar soluciones para los desafíos que enfrentan los derechos humanos. Sabemos que la población LGTBI es una población azotada por la violencia social, no solo generado por el crimen organizado sino por las autoridades; y que también son víctimas del desplazamiento forzado. Así que su voz es importantísima en cualquier debate público y propuestas de soluciones.

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