Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Fue una de sus principales promesas de campaña. Cuando tomó posesión como presidente en la Plaza Barrios de San Salvador, Nayib Bukele escuchó la referencia a esa promesa hecha cántico por sus seguidores: ¡Cicies, Cicies…!, como ya había ocurrido el 3 de febrero de 2019 en esa misma plaza, cuando Bukele dio ahí su discurso de victoria tras ganar la presidencial en primera vuelta.

La creación de un organismo internacional contra la impunidad y la corrupción parecida a la que está a punto de morir en Guatemala, o incluso a la que se debate por sobrevivir en Honduras, estuvo al centro de la narrativa del candidato Bukele, y ocupa todavía un lugar importante en la lista de promesas a la que el presidente y sus acólitos siguen acudiendo.

Durante la campaña, el tema cayó en la mesa de Félix Ulloa, el vice presidenciable. Fue él quien, según un funcionario de la Organización de Estados Americanos, uno de Naciones Unidas y otro que trabaja para el Ejecutivo estadounidense, dirigió las conversaciones iniciales entre el equipo Bukele y posibles financistas de un eventual organismo internacional.  A Ulloa lo asistió el empresario Paul Steiner, a quien Bukele recién nombró presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

Factum habló con Steiner a principios de año para entender el alcance del proyecto CICIES. En papel, el mapa de la comisión, de sus objetivos y de la hoja de ruta a seguir para la aprobación del marco legal que le dé vida, está dibujado.

En esencia, la CICIES que el equipo Bukele ha puesto en Power Point, y de la que ha hablado con posibles socios internacionales, tiene una estructura legal similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (la CICIG) y a la Misión Anticorrupción y contra la Impunidad en Honduras (MACCIH): es un ente supranacional con capacidades de investigación criminal que podrá asesorar y acompañar a la Fiscalía General en indagaciones y elaboración de acusaciones penales para desmantelar estructuras complejas de crimen organizado y corrupción.

Como en los casos de MACCIH y CICIG, la CICIES sería depositaria de algunas funciones que son potestad exclusiva del Estado salvadoreño, como la investigación criminal, lo cual implicaría lo que en derecho se conoce como cesión de soberanía. Es decir, la comisión internacional para El Salvador, en el caso de establecerse, recibiría una especie de permiso del Estado nacional para ejercer funciones que, en principio, están reservadas a funcionarios locales.

En los dos casos que son precedente, el hondureño y el guatemalteco, la creación de los entes internacionales parten del supuesto de que esas instituciones locales han sido sobrepasadas por la corrupción y el crimen, por lo que la cesión de algunas de sus funciones a un ente externo se hace necesaria.

En Guatemala, el camino legal para eso fue, primero, la expresión de voluntad política del Estado a través de una petición presidencial -de Óscar Berger en 2006- a la Organización de Naciones Unidas; luego vino la aprobación, por el congreso de la república, del decreto que dio vida legal a la CICIG; y finalmente el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad, el cual certificaba que la creación y existencia de la comisión no violaba la ley primaria de Guatemala. Ese fue el camino a la cesión de la soberanía, la forma en que los tres órganos del Estado dieron su permiso, por así decirlo.

En el caso guatemalteco, el permiso incluyó darle a CICIG la capacidad de investigar por su cuenta, aunque eventualmente, más por construcción política, la comisión terminó investigando junto a una fiscalía especial los casos de corrupción más relevantes, como los atribuidos al expresidente Otto Pérez Molina y su gobierno o a importantes empresarios guatemaltecos.

En Honduras ocurrió algo similar, con una variante importante: la MACCIH no puede emprender investigaciones si no es con el visto bueno de la Fiscalía hondureña y siempre debe de hacerlo junto a fiscales nacionales.

Lo que la cesión de soberanía no contempla, en ninguno de los dos casos, es otorgar a los entes supranacionales la capacidad acusatoria del Estado. Solo las fiscalías pueden hacer eso: CICIG y MACCIH pueden investigar, proponer investigaciones y, más allá de la mera dimensión acusadora, gestionar reformas institucionales y legales encaminadas a mejorar las carencias de las instituciones cooptadas y sobrepasadas por el crimen; lo que no pueden hacer es acusar a nadie ante un juez.

Otra diferencia entre ambas comisiones es el campo de acción. En Guatemala, la CICIG abarcó crimen organizado, grupos ilegales armados incrustados en el aparato de seguridad del Estado y corrupción. En Honduras, MACCIH se enfocó más en la corrupción.

La propuesta del equipo Bukele, según Steiner, incluye la cesión de soberanía, más en concordancia con el modelo CICIG.

El planteamiento actual del gobierno salvadoreño está mucho más avanzado que la idea inicial expresada por Félix Ulloa, vicepresidente, cuando aún era candidato, según la cual la CICIES sería solo una especie de capacitadora técnica de la Fiscalía General.

Falta, ahora, que Nayib Bukele ponga a rodar los mecanismos legales. Es él quien tiene que firmar la petición a la instancia multilateral que apoyará a la CICIES y gestionará su financiamiento -ONU, OEA o una combinación de ambas-, y es él quien tiene, luego, que hacer la petición a la Asamblea Legislativa para validar la cesión de soberanía.

Uno de los gestores del plan CICIES, quien habló con Factum desde el anonimato para poder comentar sobre discusiones internas, aseguró que aún no está claro si habrá, en la Asamblea, los votos necesarios para aprobar la creación de una comisión internacional. Ahí parece estar el escollo principal: tanto diputados de ARENA como del FMLN y GANA -el partido bajo cuya bandera Bukele compitió por la presidencia- han mostrado reticencias a una CICIES, aunque en días recientes, tras la juramentación del nuevo presidente, el tema ha pasado a la sombra.

Otra de las grandes opositoras a CICIES, acaso empujada por las malas experiencias de sus pares guatemaltecos, es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP, que veía con entusiasmo la idea hasta antes de que la CICIG metiera en la cárcel a empresarios acusados de corrupción.

De aquí en adelante, con los planos ya elaborados en papel, todo depende de que el presidente convierta en hechos políticos las intenciones que expresó en campaña, en sus discursos o en sus tuits. Mientras eso pasa, la redacción de Factum ha elaborado una propuesta de cinco investigaciones con las que CICIES, si se forma, podría empezar.

1. Herbert Saca y la compra de diputados en la Asamblea Legislativa

Herbert Saca Vides. Foto: cortesía

El caso:

Herbert Ernesto Saca Vides fue operador político del expresidente Antonio Saca y jugó un rol similar en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Una investigación que Revista Factum publicó entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 reveló que Funes entregó dinero del Estado a Herbert Saca para comprar diputados en la Asamblea Legislativa.

La compra se gestó para garantizar la formación, en parte con tránsfugas, de la Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA), partido de derecha que sirvió de bisagra entre el FMLN y ARENA durante los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén, y que este año fue el vehículo que utilizó Nayib Bukele para llegar a la presidencia de la república.

“Herbert Saca yo sé que es un hombre que, una vez termine el gobierno y yo deje de darle dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud”, dijo Funes a Miguel Menéndez, otro de sus asesores, como consta en los audios que publicó esta revista.

La Fiscalía General, bajo el liderazgo de Raúl Melara, abrió una investigación criminal por esos hechos.

Las publicaciones de Factum también revelan que Saca pagó a asesores como Porfirio Chica y al experiodista Laffite Fernández para llevar adelante una operación política encaminada a probar la participación del expresidente Francisco Flores en el desvío de fondos públicos provenientes de Taiwán a cuentas del partido ARENA. Esa operación incluyó la divulgación ilegal de información reservada de la Fiscalía General. El exfiscal general Douglas Meléndez emitió órdenes de arresto contra Funes y Fernández por este caso.

Antes de la administración Funes, Herbert Saca fue señalado en investigaciones periodísticas por sus vínculos con el grupo de narcotráfico conocido como Los Perrones. Saca, por ejemplo, compartió abogado con Reynerio Flores Lazo, líder del grupo condenado a 80 años de cárcel por traficar toneladas de cocaína, y ha sido señalado de recibir dinero de una empresa relacionada a Élmer Medrano Escobar, otro fundador de Los Perrones. Otra investigación lo relaciona con la venta de un vehículo en el que había rastros de cocaína.

¿Por qué es un caso relevante para el país?

No se trata solo de Herbert Saca, se trata de una estructura política con raíces en grupos de narcotráfico, relacionada con oscuros operadores cuya influencia ha trascendido a tres administraciones presidenciales -las de Antonio Saca, Funes y, en menor medida, Sánchez Cerén- y se ha extendido hasta la de Nayib Bukele: cerca del nuevo presidente hay funcionarios que han trabajado cerca de Herbert Saca, como Ernesto Sanabria, secretario de prensa del nuevo gobierno, o Gustavo Villatoro, director general de Aduanas. Sanabria fue, por ejemplo, gestor de la agenda e intermediario entre Herbert Saca y periodistas que lo buscaron para hacerle entrevistas.

De acuerdo con las confesiones hechas por los implicados en la investigación de los audios presidenciales, Herbert Saca fue el arquitecto y líder en la sombra de GANA durante las administraciones de Antonio Saca y Funes. En ese papel, Herbert tuvo relación estrecha con Guillermo Gallegos, diputado de GANA, y uno de los mentores políticos de Osiris Luna Meza, el actual viceministro de Seguridad Pública.

En suma: Herbert Saca, un hombre vinculado a narcotraficantes y a sobornos con dinero público, sigue siendo una figura política activa, relevante entre los actuales gestores del poder político en El Salvador.

¿Por qué es un caso para CICIES?

Porque por el despacho de fiscal general han pasado al menos cinco abogados, incluido el titular actual, que se han negado a investigar a Herbert Saca a pesar de todos los indicios existentes. Douglas Meléndez y Raúl Melara dieron credibilidad a las investigaciones periodísticas sobre las operaciones políticas ilegales en las que Herbert Saca ha estado implicado; tanta credibilidad que ordenaron allanamientos, la intervención de cuentas bancarias e incluso emitieron órdenes de arrestos contra otros de los implicados en estos casos. Nunca, sin embargo, investigaron a Herbert Saca.

Es decir, el aparato salvadoreño de investigación criminal ha sido incapaz de averiguar y comprobar si uno de los operadores políticos más importantes del país está vinculado a actos de corrupción y al crimen organizado.

2. El consorcio Alba Petróleos-Capsa y el vínculo José Luis Merino-Enrique Rais

José Luis Merino, también conocido como Ramiro Vásquez (izquierda), junto al expresidente hondureño Porfirio Lobo (centro) y el empresario prófugo Enrique Rais. Foto FACTUM/Archivo

El caso:

La Fiscalía General esperó hasta el final del mandato del FMLN para iniciar una investigación en forma a José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez, el excomandante guerrillero que manejó las finanzas del partido provenientes del dinero venezolano que entró a través del consorcio público-privado que se llamó Alba-Petróleos. En 2008, dos años después de su inscripción legal, las empresas asociadas a Alba-Petróleos reportaron activos por un millardo de dólares, según el mismo Merino lo reconoció en una entrevista con un medio afín a su agenda. La relación del efemelenista con el dinero venezolano despertó sospechas en Estados Unidos, al punto que congresistas estadounidenses solicitaron a la administración Obama y luego a la de Donald Trump que investigara al salvadoreño. Washington inició sus pesquisas a través de la Agencia antidrogas y el FBI, y llegó a retener por unas horas a Sigfredo Merino, hermano de José Luis, en vías de investigación. En El Salvador, el comandante Ramiro gozó de inmunidad hasta hace muy poco, primero como diputado por su partido y luego como viceministro de Exteriores.

A finales de mayo pasado, a pocas horas de la juramentación de Bukele, la Fiscalía de Raúl Melara realizó varios allanamientos en propiedades de Merino y relacionadas a Alba Petróleos. La FGR aclaró que se trataba de una investigación por lavado de dinero.

Una de las empresas allanadas es CAPSA S.A. de C.V., fundada entre otros por Sigfredo Merino, hermano de José Luis, e inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador en enero de 2010. Ese mismo año, la junta directiva de CAPSA eligió administradora única suplente a Michelle Rais de Barake, hija de Enrique Rais, empresario suizo-salvadoreño acusado de actos de corrupción relacionados con la supuesta compra de favores en la Fiscalía General que lideraba el exfiscal general Luis Martínez. Rais, sobre quien pesa orden de captura y difusión roja de Interpol, es prófugo en Suiza; Martínez está preso.

La relación entre Merino y Rais incluyó gestión de contratos públicos en El Salvador y Honduras, así como la venta de productos derivados del petróleo al Estado salvadoreño.

¿Por qué es un caso relevante para el país?

José Luis Merino fue uno de los hombres más poderosos del FMLN durante los dos gobiernos del partido de izquierda. Su poder venía en parte de la gestión del dinero venezolano y en parte de su puesto en la jerarquía histórica ejercida desde la cúpula efemelenista. Merino fue, por ejemplo, uno de los principales gestores de fondos venezolanos para las campañas presidenciales de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén e incluso de Hugo Martínez, el candidato del FMLN que quedó en tercer lugar en la presidencial de este año que ganó Bukele. Una fuente cercana a la campaña de Martínez y dos exfuncionarios de la administración Funes confirmaron a Factum el rol de Merino como gestor financiero. Una investigación sobre esos financiamientos electorales puede arrojar indicios claros sobre una de las formas en que actores económicos relevantes han influido en la política en tiempos recientes.

Otra razón relevante es la posibilidad de que una indagación profunda en las empresas de Alba Petróleos arroje suficientes indicios de cómo la operación salvadoreña estaba conectada a las redes internacionales de lavado de dinero y corrupción alimentadas con el petróleo venezolano.

Finalmente, pesquisas que incluyan a CAPSA y a otras empresas relacionadas a Rais pueden arrojar más elementos sobre la corrupción estatal financiada por privados.

¿Por qué es un caso para CICIES?

Una de las atribuciones atribuidas a CICIG y MACCIH, de la que CICIES pretende tomar elementos, es el traslado de capacidades técnicas. La investigación del consorcio Alba-Petróleos pasa, sobre todo, por la pesquisa financiera, que suele ser una de las más complicadas en la investigación criminal. La Fiscalía salvadoreña puede, a través de una investigación como esta, incorporar técnicas de seguimiento de dinero ilegal que por hoy no posee.

Otra razón: aunque Merino ya no posee inmunidad y Rais es prófugo de la justicia, hay operadores relacionados a ambos que siguen activos. Uno de ellos es Erik Vega, quien fue mano derecha del efemelenista y es familiar político del empresario. Vega formó parte de una delegación de empresarios que acompañó a Nayib Bukele cuando, en calidad de presidente electo, visitó al jefe de estado de República Dominicana. Una investigación apoyada por la CICIES podría ser capaz de algo en que la fiscalía salvadoreña no es experta: sobreponerse a la presión del poder político local.

3. Una Corte a la medida de los investigados por enriquecimiento ilícito

Fachada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. 
FOTO FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El caso:

El Salvador persigue la corrupción de sus funcionarios públicos con una Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito aprobada en 1959. Fue hasta 56 años después de la aprobación de este marco jurídico que el país por fin envió a juicio a un funcionario que no supo justificar su incremento patrimonial: el diputado del PCN por el departamento de Chalatenango, Reynaldo Cardoza. La decisión no fue casual. Coincidió con la revolución impulsada desde 2009 por cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes rompieron la jurisprudencia de sus antecesores y empezaron a dar pasos contra la impunidad con decisiones como la adoptada en 2016, cuando declararon inconstitucional la ley que amnistiaba a los criminales de guerra.  La integración de la Corte Suprema de ese momento permitió que los 15 magistrados del máximo tribunal empezaran a enviar juicio casos más graves de enriquecimiento ilícito, como el del expresidente de la República, Mauricio Funes, o el de su antecesor Elías Antonio Saca.

Los años  siguientes se convirtieron en la época dorada para la Oficina de Probidad, que realiza las investigaciones de patrimonio dentro de la Corte antes de que los magistrados sometan los casos a votación.  Después de los expresidentes llegaron más casos relevantes, como el del exfiscal general de la República, Luis Martínez, ahora detenido por la presunta aceptación de sobornos para hacer favores dentro del ministerio público. Los magistrados enviaban a juicio a funcionarios tanto de derecha como de izquierda. Pero a finales de 2018, con la salida de los cuatro constitucionalistas que abanderaron la lucha contra la corrupción, el trabajo de Probidad empezó a decaer. Esa oficina redujo a la mitad la cantidad de auditorías patrimoniales que había hecho un año antes y empezó a engavetar la mayoría de casos.  

El panorama empeoró a inicios de este año con una nueva aritmética judicial. La nueva Corte, integrada por los magistrados que relevaron a los cuatro de lo Constitucional, conformó nuevos bloques de votación y empezó a poner valladares para el avance de los casos. El primer gran revés al combate a la corrupción ocurrió en enero  de 2019, cuando los magistrados decidieron sepultar las investigaciones de exfuncionarios que tuvieran más de 10 años de haber dejado sus cargos, dejando fuera del escrutinio a la mayoría de personas que ocuparon cargos públicos en el Gobierno de Antonio Saca, condenado por el desvío de más de $300 millones de fondos públicos. Y no solo eso. Los magistrados empezaron a dar un trato diferenciado a los investigados: modificaron los plazos de presentación de pruebas de descargo para aceptar que los auditados pudieran presentar información de último momento que disminuyera el monto cuestionado, admitieron  que presentaran documentación sin las formalidades que exige la ley y les dieron más de una prórroga aun cuando los casos estaban a punto de vencer.

Entre marzo y mayo de 2019, los magistrados resolvieron nueve casos: exoneraron a tres de los investigados, entre ellos la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar y el diputado de GANA Guillermo Gallegos, y enviaron a juicio por posible enriquecimiento ilícito a seis personas que ocuparon cargos secundarios o de menor rango en los gobiernos pasados. El caso más reciente es del exdipuado de la Asamblea Legislativa y exdirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, quien inicialmente era investigado por 47 irregularidades que sumaban un monto no justificado  de 1.3 millones. El exdiputado se valió de sus negocios con Byron Larrazábal para justificar buena parte del dinero cuestionado. Tres magistrados dieron por válidas esas explicaciones y el pasado martes 18 de junio apoyaron un proyecto de resolución que declararía la honradez del exfuncionario o lo libraría de un juicio por enriquecimiento ilícito.

“La prueba que él ha presentado hay que cruzarla con otras fuentes y eso escapa a Probidad”, reconoce uno de los magistrados que el pasado se opuso a la exoneración del exdiputado. Este caso, como el del exvicepresidente de la República Óscar Ortiz, continuará en estudio hasta que los magistrados alcancen ocho votos para tomar una decisión.

¿Por qué es un caso relevante para el país?

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sección de Probidad, había sido la única institución capaz de dar pasos para perseguir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios por la vía civil, lo que permite que el Estado pueda recuperar parte del dinero que los exfuncionarios sustrajeron ilícitamente. La Fiscalía, pese a tener autonomía en la investigación, se concentró en la persecución penal y no dedicó recursos o energías para perseguir por la vía civil esta arista de la corrupción. Lo hizo hasta que la Corte ya había ordenado a una Cámara de lo Civil que iniciara los casos.

Los casos por enriquecimiento ilícito merecen ser abordados por un organismo externo que no esté supeditado a las aritméticas de los partidos que tienen representación en la cúpula judicial. En la actualidad, como se ha evidenciado con la conformación de dos bloques en la votación de la Corte, la rigurosidad en los análisis de las pruebas depende del cargo ostentado o del partido político al que pertenecía el investigado. Esto representa un riesgo porque supedita el combate a la corrupción a las negociaciones políticas.

¿Por qué es un caso para CICIES?

Porque trasciende el trabajo de la oficina de probidad y el de la propia Fiscalía General. Probidad, además, es una oficina sin dientes, con apenas 30 empleados para procesar las casi 8 mil declaraciones  patrimoniales que recibe con cada cambio de Gobierno. En 2018, por ejemplo, únicamente logró procesar el 12% de las declaraciones patrimoniales que recibió. Hace falta un aparato más robusto, y una normativa más reciente, que permita que exfuncionarios estén bajo la lupa de un tribunal que no esté contaminado por intereses y la aritmética de los políticos.

4. Grupos de exterminio en la Policía Nacional Civil

Foto FACTUM/ Bryan Avelar

El caso:

Con la entrada del gobierno de Sánchez Cerén, y la muerte definitiva de la tregua iniciada por la administración Funes con las pandillas, las políticas represivas aumentaron, lo que implicó un redoble de esfuerzos para los policías de calle. Más redadas, más operativos y más enfrentamientos. O supuestos enfrentamientos.

Estos enfrentamientos -o supuestos enfrentamientos- tuvieron saldos en ambos sentidos. En 2015, el año con más homicidios en lo que va de los dos mil, la PNC mató a 286 supuestos pandilleros en presuntos enfrentamientos, y al año siguiente la cifra se elevó a 560. En la otra cara de la moneda, en 2015 fueron asesinados 62 policías y para el 2016 la cifra fue de 46.

En este contexto de una especie de guerra no declarada, la corrupción afloró en el cuerpo policial. Las denuncias por violaciones a derechos humanos por parte de la PNC se dispararon en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y en oenegés que velan por el mismo fin. También incrementaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía.

En julio del 2015, el periódico digital El Faro reveló una masacre cometida por la Policía en la finca San Blas, en La Libertad. El caso mostró cómo un grupo de policías, en medio de un operativo, sometió a un grupo de pandilleros rendidos y los ejecutaron. 

En 2016, La Prensa Gráfica reveló otra masacre de cinco presuntos pandilleros del Barrio 18 en Pachimalco, y posibles alteraciones en la escena del crimen, es decir, que la policía armó la escena para que pareciera un enfrentamiento.

En 2017, Factum reveló la existencia de un grupo de exterminio dentro de una unidad especializada de la PNC, la FES. Una unidad que además había sido anunciada como un “batallón de limpieza” por el gobierno de Sánchez Cerén. La investigación también mostró que muchos policías estaban organizados en chats donde se planeaban ejecuciones, se traficaban armas y se simulaban escenas de enfrentamientos. 

¿Por qué es un caso relevante para el país?

Con el fin de la tregua entre las pandillas y el gobierno del expresidente Mauricio Funes, a principios del 2014, una nueva ola de violencia/homicidios se desató en el país. Los asesinatos por parte de las pandillas incrementaron, al igual que se recrudecieron las políticas represivas en contra de estas estructuras criminales.

El 5 de enero del 2015, el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén enterró definitivamente la tregua, una negociación oscura que desplomó las cifras de homicidios en el país durante casi dos años. “Nosotros no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley. Los pandilleros se han puesto al margen de la ley, y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden”, dijo Sánchez Cerén. Estas palabras fueron dichas por el entonces presidente en una conferencia de prensa en El Castillo de la Policía Nacional Civil (PNC), tras el fuerte repunte de homicidios con que cerró el año anterior.

A estas palabras, le sucedieron una serie de discursos y medidas desde el gobierno que fortalecieron la idea de un enemigo común: las pandillas. En concreto la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18, Revolucionarios y Sureños.

Estas pandillas eran ya para entonces el principal problema del país. Tres estructuras criminales que cometían/cometen miles de asesinatos y extorsiones al año, sin mencionar los desplazamientos bajo amenaza, violaciones, desapariciones y una larga lista de delitos más. Solo entre los años 2004 al 2014, en El Salvador se cometieron 39,095 asesinatos, de los cuales las autoridades atribuyen la mayoría a las pandillas.

La guerra contra las pandillas no solo abrió la puerta a las ejecuciones extrajudiciales, sino que supuso un incremento sustancial en la violencia que vivía el país.

¿Por qué es un caso para CICIES?

La publicación de Factum, hecha en agosto de 2017, no solo reveló un posible exceso en el uso de la fuerza letal en un caso en específico, sino que descubrió una unidad que se dedicaba sistemáticamente a matar pandilleros con premeditación. Además, se mostró el contenido de grupos de Whatsapp en los que decenas de policías de diferentes unidades y delegaciones planificaban asesinatos de policías, montajes de escenas del crimen y tráfico ilegal de armas entre otros delitos.

Adicionalmente a lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) procesó al menos cuatro casos más de policías vinculados a grupos de exterminio, los más grandes en el oriente del país, específicamente en los departamentos de San Miguel, La Unión y Usulután.

Todos estos casos antes mencionados, los descubiertos a través de investigaciones periodísticas, como los procesados por la misma Fiscalía, han terminado en la impunidad, o al menos con un gran sabor a ella. De todos los casos, el único que terminó con sentencia condenatoria fue el primer caso de grupo de exterminio descubierto por la Fiscalía en 2016. En este caso, de un total de 22 procesados, solamente se logró condenar a cuatro.

La impunidad en los casos que han sido altamente mediáticos ha reforzado la idea de que existe la posibilidad de matar pandilleros sin consecuencias. 

5. Negociaciones de funcionarios públicos con grupos criminales

El ex ministro de Seguridad Benito Lara (izquierda), el ex ministro de Gobernación Aristides Valencia (centro) y el general David Munguía Payés. Foto: Archivo

El caso:

El alto control territorial que ejercen las pandillas ha obligado, al menos desde el 2005 hasta la fecha, a que las estructuras de poder formal se entiendan con las estructuras de poder de facto en los territorios para desarrollar sus actividades con normalidad.

Investigaciones periodísticas y académicas han evidenciado cómo gobiernos locales han dialogado con las pandillas con fines tan diversos que van desde pedir libre acceso para realizar campañas de fumigación, garantizar seguridad en la celebración de fiestas patronales y hasta para hacer campañas político-partidarias en los territorios.

Sin embargo, en el año 2012 ocurrió un fenómeno parteaguas: funcionarios en cargos de confianza del gobierno del expresidente Mauricio Funes planificaron, con conocimiento y venia del primer mandatario, una negociación secreta con los líderes de las tres principales pandillas del país para disminuir los homicidios.

Esta negociación que será recordada con el nombre de “La Tregua”, a pesar de ser única política pública que ha logrado desplomar los homicidios en el país, estuvo plagada de corrupción desde la raíz. En la práctica, la tregua consistió en dar concesiones a las pandillas tanto en las cárceles como en las calles a cambio de que estas pararan de matar. Estas concesiones se materializaron con abrir las puertas de los centros penales para el ingreso de teléfonos y artículos electrodomésticos para beneficio de los pandilleros, según lo determinarían años más tarde las investigaciones.

Una investigación fiscal sobre la tregua retenida durante varios años por el exfiscal Luis Martínez (ahora preso acusado de corrupción), fue llevada finalmente a los tribunales en mayo del 2016. Esta investigación, sin embargo, únicamente capturó a los operadores de la tregua, a los involucrados a nivel bajo hasta mandos medios que no pasaron del director general de Centros Penales de aquella época, custodios y a la cara más visible de aquel proceso: Raúl Mijango.

Sin embargo, ninguno de los altos funcionarios, como el exministro de Justicia y Seguridad Pública David Munguía Payés ni el expresidente Funes han sido procesados. Munguía Payés se ha declarado al menos en tres ocasiones ante los medios de comunicación como el autor confeso de aquella estrategia para reducir los homicidios. Y sin embargo, nunca ha sido señalado por la justicia.

¿Por qué es un caso relevante para el país?

Esa, sin embargo, no fue la única vez que un funcionario o político negoció con las pandillas y que queda en la impunidad. Miembros de alto rango de los principales partidos políticos ARENA y FMLN han sido evidenciados en videos negociando con pandillas.

El 11 de marzo del 2016, el periódico El Faro publicó un video en el que reveló cómo Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano, dos líderes del partido Arena, negociaron una nueva tregua con líderes nacionales de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y del Barrio 18 a cambio de votos para ganar las elecciones presidenciales de 2014. Muyshondt es ahora alcalde de San Salvador y Ruano falleció de un infarto al miocardio mientras era alcalde del municipio de Ilopango, en julio del 2017.

El 31 de octubre del 2016, Revista Factum y El Faro revelaron dos videos en los que se ve y escucha a Arístides Valencia y Benito Lara, dos importantes políticos del partido FMLN, negociando con líderes de la MS-13 y del Barrio 18. En uno de los videos, Valencia incluso llegó a ofrecer a las pandillas un programa de créditos hasta por $10 millones a cambio de votos para ganar las elecciones presidenciales del 2014 en las que, a propósito, resultó ganador Salvador Sánchez Cerén, el candidato del FMLN.

En agosto del 2017, en medio del juicio por el caso de La Tregua, la Fiscalía presentó a su testigo clave estrella: un pandillero de alias “Nalo de las Palmas”, quien, además de señalar lo ocurrido en aquel periodo de negociación, confesó que las pandillas negociaron con ARENA y el FMLN a cambio de dinero por dejarlos hacer campaña en sus territorios.

La tregua y las negociaciones con los partidos políticos muestran cómo el poder político ha hecho tratos con las principales estructuras criminales del país, lo cual ha elevado a las pandillas a actores políticos relevantes.

¿Por qué es un caso para CICIES?

A pesar de que aquel testimonio fue usado como pieza clave en la acusación de la Fiscalía por el caso tregua, hasta el día de hoy ninguno de los políticos evidenciados en los videos publicados por Factum y El Faro ha sido procesado. Tampoco los partidos políticos mismos, aún cuando la constitución salvadoreña prohíbe explícitamente a los partidos políticos financiar grupos terroristas.

Las pandillas fueron declaradas organizaciones terroristas por una sentencia de la Sala de lo Constitucional en agosto de 2015.

En junio del 2018 El Faro publicó una investigación que señalaba que el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también pactó con las pandillas mientras fungió como alcalde de San Salvador. 

Todos estos casos, a pesar de encontrarse dentro de las pruebas que la Fiscalía ha usado para otras investigaciones, han quedado en la impunidad. El ministerio público ha sido sobrepasado a la hora de ir un paso más allá cuando las pesquisas alcanzan a políticos o funcionarios públicos de primer nivel.