Al cumplir siete años de trabajo, la Oficina de Información Pública del Órgano Legislativo recibió como regalo de cumpleaños el exilio forzoso hacia un centro comercial de San Salvador. Los primeros dos meses de trabajo en la nueva sede han tenido a la OIP sin los recursos indispensables para cumplir lo que le manda la Ley de Acceso a la Información: ni siquiera tiene servicios de telefonía ni de internet. El encargado de la oficina ya se hartó y elevó una queja ante el Instituto de Acceso.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El 12 de marzo de 2019 la Asamblea Legislativa acordó sacar del palacio legislativo la Oficina de Información Pública (OIP), con el argumento de que necesitaban utilizar el espacio para alojar a un diputado directivo. Dos meses más tarde, ya en su nueva sede, la OIP, cuya responsabilidad de atender peticiones de información sobre las actuaciones del Órgano Legislativo depende en gran parte de contar con servicio telefónico e internet, carece de servicio telefónico e internet.
La OIP inició su trabajo el 7 de mayo de 2012 y hasta mayo de 2019 había recibido 8,962 peticiones de información. En 2018 recibió en promedio 58 solicitudes de información mensuales, de las cuales, el cincuenta por ciento se canalizó por correo electrónico, según los registros de la oficina. Pero al cumplir su séptimo aniversario, la oficina ha llegado a un punto en que la paralización de su labor es inminente por consecuencias del traslado: por ahora no puede responder a las obligaciones que le manda la Ley de Acceso a la Información Pública.
En este documento la junta directiva acuerda realizar cambios de oficinas de diputados directivos, a Alberto Romero de Arena le asignaron el espacio de la unidad de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Mujer, Igualdad y Género. Martes 12 de marzo 2019.
Desde el 8 de abril, por ejemplo, la oficina no puede recibir solicitudes de información vía correo electrónico, tampoco puede crear expedientes para las peticiones recibidas, ni puede actualizar la información que ofrece el portal de transparencia de la Asamblea. Además, los ciudadanos no pueden llamar por teléfono para hacer consultas de ningún tipo y, aunque pueden enviar peticiones vía correo electrónico, en la oficina no pueden acceder a ellas porque carece de internet.
A las dificultades que generan la carencia de internet y de teléfono se agrega la de la distancia física entre la OIP y las instalaciones de la Asamblea. “La información del portal está desactualizada desde el año pasado porque no me la han entregado”, dice el oficial de información, Manuel Galdámez, al referirse a aquellas actuaciones de la Asamblea que sólo constan en soporte físico y que la oficina debe digitalizar. Añade que cuando la oficina estaba en el palacio legislativo esa dificultad la resolvían subiendo las escaleras para presionar a la Gerencia de Operaciones Legislativa para que les entregaran los documentos.
Hoy, un viaje redondo entre la OIP y la Gerencia de Operaciones Legislativas tomaría al menos una hora. Revista Factum, por medio de la aplicación de tráfico vehicular de Google, registró este jueves 20 de junio el tiempo que tomaría ir de la Asamblea al Centro Comercial Loma Linda a las 8 de la mañana, a las 10 y a las 12 del mediodía. Aunque solo hay poco más de 4 kilómetros entre ambos puntos, a las 8 a.m. habría tomado 25 minutos; a las 10, 30 minutos, y a las 12 del mediodía, 20 minutos.
Galdámez cree que lo que ha sucedido a la OIP no es un accidente: “Esta unidad no le sirve a los diputados y si pudieran desaparecerla, lo harían”. Desde abril, la relación entre la OIP y la junta directiva de la Asamblea se tensionó porque Galdámez no estuvo de acuerdo con que se les enviara fuera del palacio legislativo, ya que temía que se perjudicara el cumplimiento de la ley.
La Ley de Acceso a la Información Pública clasifica la información generada por las instituciones del Estado o las privadas que manejan proyectos públicos en tres categorías: confidencial, reservada y pública. La pública, a su vez, tiene una subcategoría que es la de “información oficiosa”. Esto significa que es información que debe publicarse sin necesidad de que alguien la pida, e incluye reportes sobre viajes de funcionarios o los de asistencia de legisladores a sesiones de trabajo. Pero por lo menos hasta este miércoles 19 de junio en el portal de transparencia no estaba publicado el informe de los viajes internacionales de los diputados de los primeros seis meses de 2019, mientras que los reportes de asistencia a las sesiones plenarias y a las veinte comisiones permanentes estaban incompletos. Al revisar la información sobre la Comisión Política durante el primer trimestre de 2019, solo se encuentra la correspondiente a una sesión por mes, y se supone que esa comisión programa por lo menos una sesión por semana.
A falta de internet, los colaboradores comparten información por medio de dispositivos de memoria USB. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
Cuando el pasado 27 de mayo Revista Factum consultó a Galdámez por qué no estaba actualizada la información oficiosa, explicó que era una función de su cargo que ahora mismo no puede cumplir porque la oficina a su cargo carece de internet. “Estoy impedido de hacerlo, es más, no tengo acceso a manipular la página web del portal de transparencia”, respondió, desde su espacio de trabajo, que es un saloncito de unos dos por tres metros, amueblado con un escritorio, tres sillas y una pizarra. Su única vía hacia al exterior es la puerta que lleva a la sala donde trabajan los otros siete empleados. En total, la oficina es un rectángulo de unos 2.5 por 4.0 metros. Ubicada en el segundo piso del centro comercial, carece de ventanas y los empleados trabajan viendo hacia las paredes, con un pequeño espacio entre ellos.
Ahí es a donde deben dirigirse quienes necesiten visitar la oficina. Y aunque la OIP sí puede recibir peticiones de información cuando la ciudadanía acude a la sede, estas quedan estancadas por la misma razón. “La ley exige que por cada solicitud tengo que hacer un expediente, ordenarla, archivarla y emitir la resolución firmada por el oficial de información. Por ahora estoy impedido de hacerlo”, dice Galdámez.
En realidad, la desconexión electrónica no ha sido total en este período. Galdámez admite que él y las otras siete personas en la OIP han tenido algún acceso limitado a internet, pero eso ha sido posible solo porque utilizan su propio servicio de internet móvil.
El Oficial de Información de la Asamblea Legislativa, Manuel Galdámez, durante la visita de Revista FACTUM a las instalaciones de la unidad en el Centro Comercial Loma Linda, en San Benito. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
La mañana del miércoles 22 de mayo, Galdámez estuvo intentando durante horas acceder al portal de transparencia. Se encontraba trabajando con su internet móvil y la página no cargaba. “Es muy pesada la página para que cargue con mi internet”, comentó.
“Los diputados no permiten al pueblo ver lo que hacen”
De los 84 diputados, los principales responsables de esta situación son los 14 miembros de la junta directiva, que es el organismo que asume las decisiones administrativas de la Asamblea. La junta directiva es presidida por Norman Quijano, de Arena, este mismo partido cuenta con tres escaños más, seguido de Gana, FMLN y PCN dos miembros por partido, finalmente el PDC con un escaño.
El traslado de la OIP llevó a Galdámez a tratar de revertir la decisión, pero no tuvo éxito, y la relación con los legisladores se ha ido deteriorando hasta el punto en que él ya no tiene problema en criticarlos abiertamente y en señalarlos como enemigos del acceso a la información.
Galdámez recuerda el discurso de compromiso con la transparencia del que con frecuencia echan mano los diputados, pero es escéptico respecto a la genuinidad de esas palabras. Y se los hace saber: “Los diputados hablan bonito y venden sueños, pero no le permiten al pueblo que vea lo que hacen, porque distan enormemente de lo que dicen, y sus acciones demuestran el desprecio hacia el pueblo”.
El origen de la colisión está en una sesión de la junta directiva celebrada el 12 de marzo de 2019. Ese día, con el argumento de que el edificio que aloja las oficinas administrativas de la Asamblea es vulnerable a sismos porque está sobrecargado, los directivos acordaron hacer algunos traslados. Al Alberto Romero, de Arena, le asignaron el espacio que hasta entonces ocupaban la OIP y la Unidad de Mujer, Igualdad y Género.
Pasaron tres semanas hasta que, el 1 de abril, la junta directiva notificó a Galdámez sobre el traslado, por medio de un memorándum que firmaba Gino Bettaglio, gerente de administración y finanzas. En él, le precisó instrucciones para ejecutar su decisión. “Coordinar a partir del 3 de abril el traslado y reubicación de su oficina en el Centro Comercial Loma Linda”.
Ese 1 de abril, Galdámez expresó su rechazo a esa decisión en un memorándum dirigido al presidente de la Asamblea, Norman Quijano, con copia a Gino Bettaglio, El memorándum tiene sello y firma de recibido el 2 de abril a las 8:41 de la mañana. “Esta medida va en menoscabo del acceso libre a la información, del proceso de recepción de solicitudes, y es lesiva a la tramitología de las solicitudes”, advertía el oficial de información.
En este documento el Oficial de información, Manuel Galdámez, después de haber recibido la notificación de traslado de la OIP, por medio de Gino Bettaglio, gerente administrativo y de finanza. Escribe un memorándum en el que advierte a Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa del perjuicio que estaría causando la decisión del traslado de la OIP al acceso a la información pública. Lunes 1 de abril 2019.
Mes y medio después de ese primer intercambio, Revista Factum preguntó a Galdámez si a su juicio había dejado claro que el traslado podría ser perjudicial. “Lo dije a tiempo y exponiéndome a ser despedido. Yo estaba defendiendo una oficina que es para el pueblo, soy valiente, no le tengo miedo a ningún político”, respondió.
En este documento la Junta Directiva le dice a Galdámez que obedezca a la orden de traslado ya antes notificada de manera inmediata, y que nunca pidieron su opinión. Jueves 4 de abril de 2019.
El 3 de abril continuó la disputa y la junta directiva hizo saber a Galdámez que no le estaba pidiendo opinión, sino que le estaba dando una orden. Esa nueva decisión decía: “Esta junta directiva acuerda: ordenar a los jefes de las unidades para que de inmediato procedan al traslado a las nuevas instalaciones asignadas”. El acuerdo 734 lo firmaba Rodolfo Parker, secretario directivo.
El viernes 5 de abril, Galdámez y sus compañeros se resignaron, empacaron sus pertenencias y después del fin de semana, el lunes 8, se trasladaron al nuevo local con sus propios recursos.
Desde la última semana de mayo, Revista Factum buscó a los directivos de la Asamblea para conocer sus explicaciones sobre esta decisión. Hasta el cierre de esta nota sólo los secretarios Rodolfo Parker, del PDC, y Numan Salgado, de Gana, accedieron a dar declaraciones. “Sinceramente no sé con precisión dónde está ubicada la OIP, pero sí estamos siendo víctimas de la dispersión de las oficinas administrativas y se complican los procesos”, admitió Parker. Salgado coincidió en que ha habido problemas: “Hemos puesto los bueyes delante de las carretas con el asunto de los daños en el edificio de la Asamblea. Veo acciones apresuradas con esto de los traslados, porque hasta ahora yo no he visto informes que los sustenten”.
Los documentos oficiales permanecen en una pequeña bodega improvisada, a la espera que su traslado se normalice. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
Parker dice recordar que los 14 directivos votaron a favor del traslado, pero Salgado asegura que él se abstuvo. Para averiguar quién tenía la razón, Revista Factum pidió a la OIP las actas de las reuniones de la junta directiva donde constara la intervención de cada uno de los miembros. Galdámez dijo que no existen esas actas. “No sé, porque la junta directiva siempre ha dicho que no hacen actas de sus reuniones, eso lo he escuchado desde mi tiempo como oficial de información”. Noel Orellana, gerente de Operaciones Legislativas, confirmó de la no existencia de las actas que recojan ese tipo de información. “La junta directiva no elabora actas de sus reuniones, no hay ninguna normativa que obligue a que se elaboren; es una junta que ve cosas más administrativas”, dijo Orellana, al responder en chat de Whatsapp.
“Vaivenes de debate político en las solicitudes de información”
La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia en mayo de 2011, pero su operativización fue gradual. El primer año operativo de la ley, 2012, la OIP recibió 1,353 solicitudes; ya para 2014 se habían duplicado y alcanzaron las 2,858. Ese fue el pico. En los siguientes cuatro años, las peticiones de solicitudes oscilaron entre 219 en 2017, y 705 en 2015, según estadísticas de la oficina.
Uno de las empleados clave de la OIP es Álvaro Huezo, recepcionista. Su experiencia le dice que esas variaciones en la demanda de información responden a los vaivenes políticos del país. “Si en la Asamblea se da un tema relevante, la ciudadanía se interesa en saber más detalles, y esta siempre se mantendrá en la boca de la gente”. Galdámez cree que los medios de comunicación ayudan a que la gente se interese y ejerza su derecho de acceso a la información pública. “Cuando en reportajes se revelan datos e información que la ciudadanía desconocía, la ciudadanía quiere conocer aún más, y acude a la OIP”.
Por ejemplo, en 2012, año que inició una nueva legislatura, los medios de comunicación hicieron revelaciones importantes sobre abusos de los diputados. El Faro, por ejemplo, publicó un reportaje en el que contaba cómo el diputado Guillermo Gallegos, de Gana, había logrado que la Asamblea le aprobara fondos para una misión oficial al exterior que nunca existió.
Ricardo Larín, del portal Curul 85 que se encarga de realizar escrutinio constantemente a la Asamblea, cree que el traslado de la OIP está obstaculizando el acceso a la información. “Es lamentable que se trasladen oficinas que tienen que ver con el control ciudadano, además que no tenga acceso a internet, implica que la OIP está incomunicada”.
Los diputados no se enteran
Los cinco diputados no directivos a quienes se consultó sobre las dificultades de la OIP solo se dieron por enterados del traslado a un centro comercial y de las condiciones precarias en la que se encuentra, hasta que Revista Factum se los hizo saber.
Los problemas de la oficina no se limitan a las necesidades de comunicación. Álvaro Huezo, el recepcionista, aún tiene presente las condiciones en que se encontraba el local cuando fueron obligados a dejar su espacio en el palacio legislativo. “Cuando vinimos no había energía eléctrica, las puertas no tenían chapas de seguridad, el oficial las tuvo que comprar para salvaguardar los equipos de la oficina y la misma documentación”.
Hoy, tras dos meses de problemas que no les han podido resolver, Huezo prefiere reírse de su situación. “La oficina parece un call center por el pequeño espacio, ja, ja, ja, ja, no crea que es porque el télefono no deja de sonar”.
Equipo de trabajo de la Oficina de Información Pública, laborando en sus espacios del local 9B centro Comercial Loma Linda. Miércoles 22 de mayo 2019.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
Marcela Villatoro, diputada de Arena, y Francis Zablah, de Gana, coinciden en subrayar que el acceso a la información pública es importante para que el ciudadano no sólo conozca el desempeño de los funcionarios, sino también para que vigile el uso de los fondos públicos. Aunque, irónicamente, ni siquiera saben dónde se encuentra la OIP. “Desconozco de la situación y ubicación de esa oficina”, dice Villatoro, excusándose en que los directivos no les comparten cierto tipo de información. “Nosotros los diputados de la llanura no tenemos acceso a opinar sobre decisiones administrativas, es más, a nosotros no se nos consulta, menos se nos informa absolutamente nada de eso”. Zablah también alega que no los toman en cuenta. “Lo desconozco y no está en mi potestad resolverlo, sino de la junta directiva como gerencia administrativa”.
Guadalupe Vásquez, diputado de Gana, admite que lo ocurrido da lugar a que se especule mala intención de parte de la Asamblea, aunque él también dice que desconocía del traslado. “Se puede especular el querer desmontar a la OIP para que la gente no pueda recibir información, se ve bastante sospechoso, pero hay una junta directiva que administra eso”.
Leonardo Bonilla, diputado no partidario, asegura que la OIP no es algo relevante para la Asamblea, en función de quienes en este momento la administran. “Han dejado a la oficina allá en el inodoro y sin servicios básicos, hay que preguntarnos a qué obedece el desinterés por brindar la información al público, o si es que hay información que está en riesgo de que pueda ser publicada por esta oficina”.
Juan José Martel, de Cambio Democrático, cree que el traslado fue un error que perjudica el acceso a la información. “Cuando la gente quiere solicitar información llega al lugar donde está ubicada la institución”, explica. “Aunque los directivos pueden decir que ya lo dijeron en las redes sociales o en los medios dónde se encuentra la oficina, pero quizás ni eso han realizado, entonces, ¿cómo puede operar la OIP?”, cuestiona.
Oficial de información eleva el caso al Instituto
Mientras tanto, el tiempo corre y el oficial de información no mira ningún interés en atender el problema. “Ningún funcionario de la Asamblea me ha preguntado sobre la situación de la unidad, y por lo tanto no les interesa, dejan en el olvido sus discursos de transparencia”.
Después de que se instalaron en el nuevo local, Galdámez no se resignó. Ese lunes 8 de abril, una vez que constató las carencia de condiciones básicas para trabajar en la nueva sede, tomó la decisión de acudir a otras instancias: escribió una carta al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la máxima autoridad en materia de derecho a la información.
El Oficial de información, decide redactar y escribir a mano un acta de traslado dirigida al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en la que expone y describe las condiciones en la que se encuentra el local 9B, del centro comercial Loma Linda, que es ahora el espacio de la OIP. Galdámez, se ve en la necesidad de solicitar ayuda al IAIP. Lunes 8 de abril 2019.
En esa primera semana en Loma Linda, Galdámez hizo numerosas llamadas telefónicas al presidente de la Asamblea, Norman Quijano, quien aunque le respondió más de alguna vez, nunca le ofreció solución al problema. En su denuncia ante el IAIP, el empleado precisaba cuáles eran las dificultades. En su carta escrita a mano (porque no tenía computadora, ni impresora), dijo al Instituto: “… en este lugar no se puede atender y servir a las personas que requieren información pública en ejercicio del derecho al acceso a la información (…) en estos momentos no hay condiciones para estar en estas instalaciones, menos condiciones de seguridad para la información ni para las personas”, escribió.
Revista Factum pidió a organizaciones ciudadanas que promueven la transparencia y el derecho a la información pública que valorarán la situación de la OIP. La oenegé Transparencia, Contraloría Social, Datos Abiertos (Tracoda) señala que queda en evidencia que la Asamblea no le importa el acceso a la información. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (Alac) cree que lo ocurrido con la OIP demuestra que el compromiso de los diputados con la transparencia sólo es discurso.
A inicios de 2017, Tracoda reveló lo que llamó “los beneficios de ser diputados”, un minucioso informe sobre ingresos y prebendas de los legisladores. En el caso de Alac, en 2013 inició una disputa con la Asamblea porque esta se negaba a revelar la lista de asesores por bancada legislativas y los salarios correspondientes de esos asesores. Al final Alac triunfó después de meses de dura batalla librada ante el IAIP.
Jaime López, coordinador de Alac, considera inaceptable la decisión de la directiva. “La Asamblea no tiene problema presupuestario, no es una institución que sufre por austeridad, al realizar el traslado de la oficina, no adecuarla, ni equipar y ni darle las condiciones mínimas para que el personal siga laborando, no tiene justificación”.
Eduardo Palomo, presidente de Tracoda, está seguro de que a los diputados les incomoda cuando la ciudadanía hace uso de la OIP porque fiscalizan sus acciones. “Los funcionarios buscan restar independencia a las unidades de acceso a la información, ponen trabas para hacer más difícil el acceso”.
Galdámez cree que todo se debe a que los legisladores quieren evitar que la gente conozca actuaciones posiblemente cuestionables. “La oficina si bien sirve para los ciudadanos, a la vez no es importante para los legisladores porque los ciudadanos conocen el lado oscuro de sus acciones”.
El 30 de mayo, Revista Factum buscó a René Cárcamo, comisionado presidente del IAIP, para pedirle opinión sobre lo que Galdámez denunciaba en su carta del 8 de abril. Cárcamo dijo que no estaba al tanto de la situación, aunque tras escuchar los detalles que le dio este periódico, recordó las obligaciones de las instituciones del Estado a la luz de la ley. “Las instituciones deben visualizar y planificar que un traslado no represente un obstáculo para que el ciudadano solicite información”, dijo.
Cuando inició la disputa por el traslado el 1 de abril, Galdámez hizo ver con claridad al presidente de la Asamblea su convicción de que la decisión supondría una violación al derecho de acceso a la información: “Es mi deber y obligación advertir a las autoridades superiores de cualquier medida administrativa que niegue, restrinja o perturbe de modo alguno el derecho de acceso a la información pública”.
* Díaz López es periodista nicaragüense de Artículo 66 (https://www.articulo66.com/), y una de los primeras cuatro personas beneficiarias del programa de residencias para periodistas emergentes de Centroamérica Incubadora de Periodistas, que dirige Ricardo Vaquerano y que se desarrolla en alianza con la Revista Factum, de El Salvador.
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