Juez del caso El Mozote ordena al Gobierno entregar archivos militares

El juez de Instrucción considera inaceptable la explicación de que el Ejército salvadoreño inició una guerra contrainsurgente sin tener planes por escrito. El juez Guzmán apela a la buena voluntad expresada por el presidente Bukele para que este ordene la entrega de los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


El juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del caso El Mozote, ha requerido al presidente Nayib Bukele toda la información existente en los archivos militares relacionada a esa masacre cometida en 1981. El juez Jorge Alberto Guzmán emitió una resolución el pasado 24 de octubre y dio 15 días hábiles al presidente, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para entregar los archivos al juzgado. El plazo vence el próximo 14 de noviembre.

En concreto el juez ha solicitado copias certificadas de los documentos «Plan de la Campaña Militar 1980-1992, en defensa de la libertad y la democracia» y el de la «Operación Rescate», realizada en Morazán en diciembre de 1981.

El juez Guzmán basó su requerimiento en las declaraciones de funcionarios civiles y militares del gobierno anterior realizadas en el mismo juicio, quienes reconocieron la existencia de documentación militar en poder del Ejecutivo, algo que ha sido  negado en diferentes ocasiones por el entonces ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, y el mismo expresidente Salvador Sánchez Cerén, incluso frente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«La idea de que el ejército salvadoreño haya emprendido a partir de 1980/1981 una guerra de contrainsurgencia, sin la elaboración de planes militares ya sean de campaña, de guerra o de opertivos, es inaceptable», razonó el juez Guzmán en su escrito.

La orden del juzgado es la respuesta a sendas peticiones hechas al juez en abril y junio de 2018 por abogados querellantes de las víctimas, quienes solicitaron acceso a diferentes documentos de generados por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1980 y 1982.

“Esta ha sido una petición constante de las organizaciones y de las víctimas desde hace años y que ha sido denegada siempre o a la que el Ejecutivo nos ha respondido diciendo ‘no existe información’, aunque ha quedado demostrado que sí hay información relevante”, dijo David Morales, uno de los abogados que solicitó al juez ahondar más en los archivos militares para el caso de El Mozote. “En 1991, el expresidente Alfredo Cristiani negó la existencia de documentación, como también lo hizo el expresidente Sánchez Cerén, en 2016”, recordó el abogado.

“La solicitud del juzgado pone a prueba la real voluntad de la administración Bukele de demostrar el apoyo a las víctimas del conflicto armado salvadoreño abriendo los archivos militares en poder de la FAES a las víctimas, sus querellantes y al mismo sistema judicial nacional e internacional. O sí demostrará la misma pasividad del pasado”, afirmó Morales.

La petición de información

Benjamín Cuéllar, defensor de derechos humanos y miembro del Proyecto Víctimas Demandantes (Vidas), cree que después de vencer el muro impuesto con la ley de Amnistía tendrían que luchar contra  el argumento de la “falta de información” sobre los casos de violaciones de derechos humanos del pasado. “Este es un argumento falaz pero no sabemos cómo manejará la apertura de los archivos el actual Ejecutivo. Esta solicitud judicial pone a prueba al nuevo gobierno”, dijo.

Además de los dos documentos referidos anteriormente, el juez solicitó el informe sobre el contenido del archivo documental código “A 106.1” del Archivo General de la Nación, en el que se incluyeron, según declaraciones hechas durante el juicio, documentos de expurgo relacionados a archivos militares de los años 1981 y 1982.

“Nuestra exigencia desde el Proyecto Vidas es la misma de siempre: que el titular del Ejecutivo, en su calidad de comandante general de la FAES, según el artículo 157 de la Constitución, debe ordenar a sus subordinados abrir los archivos y entregar documentación útil para el esclarecimiento de hechos atroces ocurridos en el pasado y la impartición de justicia debida a las víctimas, como la primera y mejor forma de reparación”, dijo Cuellar.

Vía diferentes mensajes de Whatsapp y llamadas telefónicas a Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la Presidencial, Revista Factum intentó durante dos días conocer la posición oficial de Casa Presidencial sobre esta petición judicial. Al  cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Las muestras de apoyo a las víctimas

El pasado 19 de junio el presidente Bukele mantuvo un almuerzo informativo en Casa Presidencial con familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Entonces, Casa Presidencial promocionó que Bukele se comprometió a cumplir con las medidas de reparación exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Como presidente vamos a seguir trabajando para que se den las medidas de reparación», dijo a Bukele. E hizo hincapié en la necesidad de otorgar becas de estudio para jóvenes de las comunidades, mesas de diálogo permanente para conocer de primera mano las necesidades de las víctimas y hacer de la zona “un ejemplo de desarrollo”.

El presidente Bukele junto con un grupo de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Foto/Casa Presidencial

Pero Casa Presidencial poco o nada dijo de la demanda hecha por una asistente de abrir los archivos militares para ayudar a los casos judiciales. “Queremos que entreguen los archivos de los militares que tienen”, solicitó la asistente. “Las heridas están abiertas, queremos cerrarlas, pero no se cierran ocultándolas o poniéndoles un velo encima, sino encontrando la verdad y que haya no solo resarcimiento a las víctimas, sino que los culpables paguen por lo que hicieron”, dijo Bukele.

¿Cómo apoyaría a quitar el velo que cubren los casos de graves violaciones de derechos humanos? No lo dijo. Y hasta el momento, públicamente no se ha dicho nada, incluso el Ejecutivo no ha integrado la Comisión Revisora de Archivos Militares relacionados al conflicto armado de El Salvador, creada el último día de la gestión de Sánchez Cerén, un punto denunciado ante la CIDH en septiembre pasado.

El encuentro con las víctimas y la orden de borrar de la fachada de la Tercera Brigada de Infantería el nombre del Coronel Domingo Monterrosa Barrios, el jefe militar señalado de ser el principal ejecutor de la masacre de El Mozote, son las máximas muestras del cambio de actitud del Ejecutivo en relación a la investigación y juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado. Así lo apreció el juez Guzmán, quien apeló a estos hechos como una presunción de que el presidente Bukele “está en toda la disposición de colabora con la investigación y juzgamiento de la masacre de El Mozote”.

La resolución del juez Guzmán no se queda solo en la petición de información. Solicitó que de no ser posible enviar la información certificada se deberá autorizar el ingreso de personal del juzgado y especialistas en búsqueda y análisis de documentos al Archivo General de la Fuerza Armada y al Archivo General de la Nación, así como a “otros archivos de las diferentes unidades militares de la FAES en todo el país” donde se resguarden documentación de los planes militares del período 1980 a 1982. Algo que legalmente es posible, en este caso, según los artículos 176, 178 y 183 del Código Penal de 1973.

El juicio de El Mozote prosigue este viernes 1 de noviembre, cuando la Fiscalía General de la República presentará a dos testigos protegidos ante el Juzgado de Instrucción, después de que el caso ha estado detenido desde julio pasado, cuando se sumaron tres delitos más contra 17 militares de alto rango de la Fuerza Armada acusados de ser los autores intelectuales de la masacre.


En la imagen principal: los coroneles retirados, Rolando Roberto Brizuela (izquierda), conocido también como Alberto Rolando Brizuela, y José Antonio Rodríguez (atrás de los abogados) acudieron al citatorio del Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, el 22 de agosto de 2019, para hablar sobre el caso de la masacre de El Mozote. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

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