Un juez se estrella contra el cerco militar que mantiene impune la masacre de El Mozote

La Fuerza Armada de El Salvador desobedeció una orden judicial e impidió el ingreso del juez del caso El Mozote a buscar archivos militares. El Ministerio de Defensa se escudó en una atribución del presidente de la República para obstruir la diligencia judicial. El presidente Nayib Bukele, que había prometido colaborar con esta investigación, aún no ha explicado por qué mintió al decir que daría acceso a los archivos militares.

Foto FACTUM/Jessica Ávalos

El Ejército recibió al juez con una barricada. Los militares colocaron alambres con púas en el acceso principal del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para impedir que el juez Jorge Guzmán, a cargo de la causa penal por la masacre del Mozote, ingresara este 21 de septiembre a revisar los archivos militares de los ochenta. El juez tuvo que bordear ese obstáculo pero tampoco tuvo éxito. Un coronel lo recibió en otro portón para detallarle las razones de la obstrucción.

“Me permito hacer de su conocimiento que en la Constitución de la República en el artículo 168, ordinal séptimo, hay una prohibición expresa de la revelación de planes militares secretos. Esa prohibición se extiende para los órganos del Estado; en consecuencia, no se va a permitir el ingreso a los archivos”, le informó el coronel Carlos Vanegas al juez Guzmán.

Para obstaculizar el acceso, el Ministerio de Defensa invocó un artículo de la Constitución que habla de la información que el presidente de la República, quien comanda la Fuerza Armada, puede dar o negar a los diputados. El ordinal séptimo le da la atribución del presidente de “dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos”.

La de este lunes, sin embargo, no era una diligencia ante la Asamblea Legislativa; era una orden judicial que la Fuerza Armada, subordinada al poder civil, debía cumplir.

El 21 de septiembre, el juez de San Francisco Gotera llegó al Estado Mayor Conjunto con una orden judicial para ingresar con peritos archivistas y buscar evidencias relacionadas a la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Las bardas con púas y unos militares, con sus dedos en los gatillos de sus armas, impidieron el acceso al juez, a los peritos, a los fiscales y a la delegación de la PDDH. Foto FACTUM/Gerson Nájera

La inspección en los archivos militares fue ordenada el 15 de junio de 2020 por el juez Guzmán, a cargo del tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán), que desde hace cuatro años reabrió la investigación por la masacre de casi mil personas en El Mozote y lugares aledaños (1981), una de las peores matanzas perpetradas en la historia reciente del continente americano.

“Quiero decirle algo: ese punto ya no está en discusión porque lo que vamos a hacer es cumplir una orden judicial, una orden judicial que ya está firme. ¿No sé si tiene algún tipo de abogado con el que pudiéramos conversar?”, preguntó el juez al militar.

El coronel Vanegas guardó silencio y omitió decirle que él es abogado y que era el director de asuntos jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional.

“Firme significa que es una decisión que ya no se puede atacar por ningún motivo, porque ya pasaron los momentos procesales para ello. Es una resolución firme y de obligatorio cumplimiento para cualquier funcionario público”, intentó explicarle el juez.

Pero Vanegas le respondió con una evasiva: “Entiendo, señor juez, que la Fuerza Armada no es parte procesal”. El proceso que se desarrolla en Gotera es contra 18 oficiales en retiro del Ejército.

El Ministerio de la Defensa ya había advertido que desobedecería la orden judicial. El pasado 8 de septiembre acudió, sin éxito, a la Corte Suprema de Justicia para intentar boicotear la inspección por la vía judicial, alegando que dar acceso a los planes militares de hace cuatro décadas pone en peligro la seguridad nacional. El juez ya había rechazado esa excusa en más de una ocasión, y este lunes llegó junto a los tres peritos juramentados para inspeccionar los archivos.

“No entiendo cuál es la negativa si se trata de planes militares que ejecutaron hace más de 40 años. ¿En qué podría…? Deme un tan solo ejemplo en el cuál se puede ver perjudicada la seguridad nacional si se dan a conocer esos planes”, preguntó ayer el juez al coronel.

“Esas situaciones deben tratarse más a profundidad”, le respondió escuetamente el militar, detrás de una pluma metálica y acompañado por dos camarógrafos del Ministerio de Defensa.

El juez había ordenado inspeccionar ocho instalaciones militares. Buscarían planes militares, normativa de la época de la masacre y documentación para esclarecer cómo fue la participación del coronel Domingo Monterrosa, comandante del Batallón Atlacatl, en la masacre cometida en diciembre de 1981.

“Una pregunta señor juez: usted mencionó que las partes ya habían discutido ampliamente el tema de los planes militares secretos. ¿En algún momento tomaron en cuenta a la institución armada que es la especializada en este tema?”, cuestionó el coronel al juez.

“Como no es parte procesal, no era conveniente, o no era más bien legal pedirle opinión. Simplemente es una institución donde se va a intervenir para la búsqueda de esos planes militares”, le contestó el juez de instrucción de Gotera.

El director de asuntos jurídicos de Defensa no quiso precisar quién le dio la orden de impedir la diligencia judicial.  “Mire, coronel, ustedes tienen una línea. No sé si sería tan amable de decirme por instrucciones de quién usted viene a darme esta información de la negativa”, le requirió el juez.

— En este momento solo estoy autorizado para transmitirle eso, nada más, respondió el coronel.

—¿No puede usted decir quién?

—No

Después de esa otra negativa, el juez le explicó a Vanegas que elaboraría un acta donde haría constar lo ocurrido.

— ¿No sé si usted esté de acuerdo en firmar el acta?, le preguntó el juez.

— No, no la firmaría, respondió el coronel.

— Está bien, entonces nosotros nos vamos a retirar. Al menos hemos intentado cumplir con la ley, se despidió el juez Guzmán.

Y así fue. El juez chocó una de sus muñecas con la del coronel, el saludo que ha sustituido el apretón de manos, y se retiró del Estado Mayor. Se trasladó al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), donde elaboró el acta para dejar constancia de la resistencia que encontró en Defensa.

El juez Guzmán (izquierda), junto con los peritos y delegados de Fiscalía y PDDH, se retiran ante la decisión de la Fuerza Armada de desobedecer una orden judicial. Foto FACTUM/Jessica Ávalos

El presidente del país Nayib Bukele no ha tuiteado una sola palabra sobre lo ocurrido. Hace diez meses, recién llegado a la Presidencia, se declaraba aliado de las víctimas del Mozote, y prometía “total combate a la impunidad”. “La única forma de sanar las heridas del pasado es que se sepa la verdad”, declaró el 1 de noviembre de 2019.

Bukele incluso dijo que no hacía falta una orden judicial para dar acceso a los archivos militares. “Si hay algún archivo que desclasificar que esté clasificado evidentemente lo vamos a hacer, más por la búsqueda de la verdad que por la orden judicial, aunque la orden judicial por supuesto sería vinculante… Nosotros estamos porque se conozca la verdad en todo su espectro, de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. No es que necesitemos una orden judicial para hacerlo”, mintió entonces el presidente Bukele.

La Asociación Promotora de Derechos Humanos El Mozote (APDHEM), que durante años ha luchado por alcanzar justicia para las víctimas, condenó el mismo lunes 21 de septiembre el bloqueo y dijo que con eso se está protegiendo a criminales de guerra y hechores de crímenes de lesa humanidad.

“Esta fue una decisión deshonrosa y deshonesta por parte del presidente de la República”, señalaron en un comunicado de prensa.

También Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, que son acusadores particulares en el caso, condenaron la desobediencia del Ministerio de Defensa. Consideran que con la obstaculización de la diligencia judicial el gobierno se ha convertido en cómplice de criminales de guerra y ha enviado un mensaje de desprecio a todas las víctimas de la guerra civil salvadoreña.

David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, dijo que pedirán al juzgado que certifique a la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos que pudo haber cometido el presidente de la República y el alto mando del Ejército al desobedecer una orden judicial. Actos arbitrarios,  incumplimiento de deberes  y desobediencia son los delitos que, en opinión del exprocurador de derechos humanos, pudo haber cometido el presidente y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.

“Esto no puede ser más que una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel, es decir el comandante general Nayib Bukele. Es lamentable que, contradiciendo su propio discurso, el presidente sea un presidente más de la impunidad”, declaró Morales.

El juez Jorge Guzmán acudió al Consejo Nacional de la Judicatura para que se le pudiera facilitar un espacio para levantar un acta por el impedimento arbitrario de una orden judicial y obstrucción a la justicia. Foto FACTUM/Gerson Nájera

Las organizaciones ya preveían algún desaire, porque durante todo el proceso judicial el Ministerio de Defensa se ha negado a colaborar con la investigación. También ha mostrado resistencia en otros casos, como cuando impidió que ingresaran comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública a buscar documentación sobre crímenes cometidos en la Universidad de El Salvador.

“Era un escenario que estimábamos dado el perfil militarista del Gobierno. Pero nos sorprendió un poco que ni siquiera dejaron ingresar al juez. Así que desde el máximo nivel dieron la orden de desobedecer una orden judicial”, dijo Morales, quien a la vez denunció que un grupo de veteranos del Ejército se agrupó en el mismo portón donde ellos estaban para agredirlos verbalmente.

El juez Guzmán, que tenía previsto permanecer dos meses en San Salvador para las inspecciones, se retiró ayer mismo al oriente del país. Todavía no podrá regresar a su juzgado en San Francisco Gotera porque, coincidentemente, el pasado fin de semana el Gobierno impuso un cerco militar en ese municipio por un supuesto brote de casos de coronavirus.