Juez agrega tres delitos más contra los acusados de la masacre de El Mozote

El juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera sumará las imputaciones de tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado. También incluirá a un militar más entre los acusados: el coronel Gabriel Contreras, jefe de operaciones de la Fuerza Armada cuando ocurrió la masacre.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Diecisiete militares de alto rango de la Fuerza Armada de El Salvador, acusados de ser los autores intelectuales de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, acumularán desde mañana, jueves 18 de julio, tres delitos más en su contra: tortura, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados.

El juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, decidió sumar los tres delitos a las nueve imputaciones ya existentes contra los militares luego de revisar los testimonios de los testigos y las evidencias de cargo presentadas al juzgado. El anuncio lo hicieron este miércoles 17 de julio las organizaciones Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y Cristosal.

Las organizaciones informaron que el juez Guzmán también decidió incluir a un militar más en las imputaciones por la masacre: el coronel Gabriel Contreras, quien se desempeñaba como jefe de operaciones de la Fuerza Armada y como asesor del general Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto en la época en que ocurrió la masacre y quien también se encuentra entre los acusados.

Con Contreras serán 18 los militares acusados de asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo, todos delitos contenidos en el extinto Código Penal de 1973, a los que se sumarán tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado.

Los imputados son parte de un grupo de 32 militares sobre quienes pesa la acusación de planear, montar y ejecutar la masacre en 1981. Catorce de los 32 oficiales están fallecidos, entre ellos el principal señalado: el teniente coronel Domingo Monterrosa, comandante del Batallón de Infantería y Reacción Inmediata Atlacatl, unidad que fue parte de los BIRI que recibieron entrenamiento militar de Estados Unidos. Mientras que de los 18 militares restantes, uno de ellos falleció desde que inició el proceso penal: el coronel Francisco Adolfo Castillo, quien fue viceministro de la Defensa Nacional en esa época.

Las organizaciones que representan a las víctimas de la masacre reiteraron que los peritajes especializados confirman que existe evidencia para demostrar la participación de la cadena de mando militar de la Fuerza Armada durante la ejecución de la operación militar en El Mozote. Los análisis, dijeron, reflejan el daño social provocado en las comunidades arrasadas por los soldados.

“Son violaciones graves a los derechos humanos que se han visto reflejadas en las declaraciones de los numerosos testigos que han comparecido al tribunal. Hay dos sobrevivientes de tortura y hay mujeres víctimas de desapariciones y desplazamientos forzados”, dijo David Morales, director de litigios de Cristosal.

Uno de los acusados, el general Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea cuando ocurrió la masacre y también señalado en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA de 1989, ha pedido seguridad a la Policía Nacional Civil, pues dijo temer por su vida y responsabilizó a las víctimas de la masacre por cualquier atentado en su contra.

Pese a las declaraciones de Bustillo, él y los demás acusados no han perdido respaldo de la Fuerza Armada para este proceso penal. El exministro de la Defensa David Munguía Payés dijo el 7 de mayo de 2019 que los acontecimientos de la guerra salvadoreña “se han distorsionado mucho con el tiempo y algunos se han convertido en leyendas”. De la misma manera, la Fuerza Armada sigue negando el acceso a los archivos históricos de la guerra en donde se encuentran las órdenes expresas para los operativos militares, como el llamado “Rescate”, dentro del cual se perpetró la masacre.

La operación militar en El Mozote y lugares aledaños en la zona norte de Morazán, ejecutada entre el 10 y el 14 de diciembre de 1981, tuvo un saldo de alrededor de 900 personas asesinadas por los militares. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, niñas y niños.

Todos los acusados gozan de medidas alternativas a la detención. Tienen prohibido abandonar el país y deben presentarse una vez por mes al tribunal asignado. Tienen prohibido, además, comunicarse de cualquier forma con las víctimas y testigos que han declarado en el proceso penal, ni con las personas que puedan ser llamadas a declarar más adelante.

La intimación por tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado ocurrirá en medio de la extensión del plazo de cuatro meses que la Sala de lo Constitucional concedió a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley de reconciliación nacional. A finales de mayo pasado, las presiones internacionales y de las organizaciones civiles frenaron a los diputados en sus intenciones de aprobar de manera acelerada una nueva ley que garantizaba impunidad para los involucrados en crímenes de lesa humanidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó a El Salvador que no debía continuar con el trámite de esa propuesta, porque obstaculizaba el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y en este caso específico perjudicaba el proceso penal por la masacre de El Mozote. La Sala de lo Constitucional recordó a los diputados que deben tener presente que una nueva ley de reconciliación nacional debe incluir tres elementos fundamentales: dar acceso a los archivos de la Fuerza Armada durante el conflicto armado, la creación de un fondo para atender a las víctimas de la guerra y un registro de los casos.

La audiencia de intimación para los 17 militares y la inclusión de un nuevo acusado será este jueves 18 de julio en Morazán.