El Equipo Argentino de Antropología Forense reinició este mes las exhumaciones de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. En el cantón Cerro Pando, donde se buscaban los restos de 11 personas, encontraron restos óseos. En La Joya, donde fueron masacrados una bebé de once meses y uno de seis, intentan exhumar a cinco víctimas.
Era diciembre de 1981. Al escuchar que en los próximos días se desplegaría un operativo militar en la zona, María Adela Hernández y su esposo Juan de la Cruz Sánchez decidieron ir a esconderse en el monte. Con la intención de proteger a Emelinda, su hija de 11 meses, la dejaron bajo el cuidado de María Marcos Reyes quien, junto a sus tres hijos pequeños, vivía en el cantón La Joya, en Meanguera, Morazán. Lorena y su esposo jamás pensaron que ese día sería la última vez que verían a su bebé y, mucho menos, que 40 años después seguirían buscándola.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) está realizando excavaciones en un área de aproximadamente 15 por 30 metros en el cantón La Joya, en busca de los restos de Emelinda, de María Marcos Reyes, de 25 años, y de sus tres hijos: María Nely, de tres años; Francisco, de cinco; y de su bebé Evaristo de seis meses, masacrados entre el 11 y 13 de diciembre de 1981. El proceso de exhumación inició el pasado lunes 21 de febrero y a tres días de iniciadas las excavaciones aún no encuentran los restos de las víctimas.
“Este terreno se ha remodelado con el tiempo desde el momento de los hechos y es por eso que a veces las búsquedas son complejas. A veces no dan los resultados esperados, pero la única manera de verificar la información es hacer estos procesos”, dijo la antropóloga forense argentina, Silvana Turner, quien agregó que la documentación basada en los relatos de testigos ha hecho posible delimitar áreas para las búsquedas.
Las diligencias de exhumación en los cantones La Joya y Cerro Pando son parte del proceso judicial de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Estas fueron solicitadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas del Conflicto Armado (CNB) a la nueva jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quién retomó el caso luego de la remoción del juez Jorge Guzmán, en septiembre de 2021.
Guadalupe Hernández, abogada de Cristosal y acusadora particular en representación de las víctimas, explicó que estas diligencias tienen dos objetivos: identificar dónde se encuentran los restos de las personas que actualmente tienen calidad de desaparecidas para hacer la devolución de sus restos a su familiares sobrevivientes. Y también determinar lo que ocurrió en esta zona para obtener evidencias probatorias y fortalecer la acusación del proceso judicial de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
El operativo militar empezó el 9 de diciembre de 1981 en Arambala. El 10 comenzó la masacre en el caserío El Mozote. Y a partir del día 11 hasta el 13, el operativo se desplazó a las regiones aledañas: cantón La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Cerro Ortiz y Los Toriles.
Las exhumaciones en el cantón Cerro Pando, donde se buscaban los restos de 11 personas, iniciaron el pasado 14 de febrero y terminaron el 18 de febrero. En este lugar el EAAF y Medicina Legal encontraron algunos fragmentos óseos. La diligencia continuó en el cantón La Joya desde el pasado 21 de febrero y terminará el 25. Si en este lugar no se encuentran restos de ninguna de las cinco víctimas, la diligencia se dará por concluida, explicó la abogada.
Días después de haber dejado a Emelinda, la bebé de 11 meses, su padre regresó por ella, pero no la encontró en la casa de María Marcos y tampoco localizó sus restos. Familiares de María encontraron cuatro cadáveres y los enterraron sin poder identificarlos porque llegaron de noche, cuando ya habían transcurrido varios días desde la masacre, por lo que los cuerpos estaban descompuestos.
El presidente de la Asociación Promotora de los Derechos Humanos de El Mozote, Óscar Leonel Tobar Claros, comentó que las diligencias de exhumación son resultado del trabajo de las víctimas. “Creemos que por las promesas que el presidente ha hecho podría haber más apertura, pero lo poquito que se ha venido haciendo ha sido por la lucha de los familiares de víctimas que han estado exigiendo al Estado que tiene que cumplirles”, declaró Tobar.
Aunque por el momento no hay ningún hallazgo, la antropóloga argentina, Silvana Turner, se muestra optimista: “Las condiciones ambientales pueden alterar ese contexto de inhumación, pero con la información que contamos se avala la posibilidad de que se produzca el hallazgo”, expresó.
La CNB puede volver a pedir que se realicen otras diligencias si se obtienen más datos que indiquen que las víctimas están en otra zona. Sin embargo, el cuñado de María Marcos, testigo sobreviviente, asegura que enterraron los cuerpos justo en el lugar donde en la actualidad se realiza la excavación.
Emelinda es una de las víctimas de desaparición forzada incluidas en el caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a El Salvador “responsable internacionalmente por las desapariciones forzadas de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala”. La Corte IDH concluyó que las desapariciones fueron perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas entre 1980 y 1982 y que “se insertaron en el patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado interno”.
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