Diferentes organizaciones denunciaron ante la CIDH la impunidad de los crímenes del conflicto armado salvadoreño y la falta de acceso a los archivos militares. Algunos comisionados aprovecharon el periodo 173 de sesiones de la Comisión para hacer un llamado de urgencia al Gobierno de El Salvador para que garantice el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
A ntonia Urrejola Noguera, relatora para la memoria, verdad y justicia de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió este jueves 26 de septiembre al Gobierno de El Salvador crear “un plan integral y agresivo en materia de justicia transicional” para atender a las víctimas del conflicto armado.
La comisionada hizo la petición en el periodo 173 de sesiones de que realiza la CIDH en Washington D.C., donde a petición de diferentes organizaciones salvadoreñas de derechos humanos la Comisión analizó el estado actual de la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña.
“Cuando digo agresivo, ¡es que esto tiene que ser ya¡”, declaró Urrejola, quien considera que el Estado salvadoreño debe tomar en cuenta que ya pasaron demasiados años desde el conflicto armado y que el acceso a la verdad y la justicia es una urgencia. En 2016 fue anulada la Ley de Amnistía que protegía a criminales de guerra. Tres años después aún no existe un marco legal que dé garantías de reparación y justicia a las víctimas o los sobrevivientes.
“La urgencia es que las víctimas o sus familiares se están muriendo y requieren un derecho a la verdad, saber qué pasó con sus seres queridos, con respecto a los desaparecidos; o quiénes fueron los perpetradores con respecto a los casos de tortura”, ejemplificó.
La relatora hizo esas declaraciones después de escuchar a las organizaciones solicitantes y a los representantes del Estado salvadoreño, y luego de ver un video con declaraciones de víctimas.
Amanda Castro, que acudió a la audiencia como hija de una persona desaparecida durante el conflicto, reconoció la existencia de sendas comisiones para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, una para menores de edad y otra para mayores, pero recordó que están en el limbo por la reestructuración del Ejecutivo desde el pasado 1 de junio.
Los peticionarios afirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido un actor pasivo en la búsqueda del derecho a la verdad de las víctimas: “No ha tomado acciones decisivas ni firmes para iniciar proceso penales”, aseguró Castro.
La crítica de los peticionarios fue más allá. Señalaron al sistema judicial por adoptar un rol “insensible”. También apuntaron a Asamblea Legislativa y a los partidos políticos por “simular procesos de consulta” para validar la discusión de una ley de reparación a las víctimas del conflicto; y también cuestionaron al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por no defender el acceso a archivos militares con información sobre violaciones de derechos humanos.
Integrantes de la representación del Estado salvadoreño. Foto FACTUM/Cortesía
Según los representantes de las organizaciones, la debilidad del proceso investigativo de la Fiscalía deriva en la falta de resultados en el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia. “A la fecha, ninguno de los más de 160 casos presentados a la FGR han sido presentados en sede judicial”, dijo Castro.
La posición del Estado salvadoreño, luego de remarcar que este Gobierno tiene “un poco más de 100 días” de haber asumido, fue enumerar una serie de logros de los últimos años.
Según Wendy Acevedo, representante interina de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y quien inició la intervención por parte del Estado, el Gobierno del presidente Nayib Bukele, “ha manifestado firmemente la prioridad que su gobierno asigna a la promoción y protección de los derechos humanos en el país y para ello estamos dando pasos firmes para el fortalecimiento de la cooperación con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.”
La posición del Estado
Pero la defensa del Estado salvadoreño realmente estuvo encabezada por Gloria Evelyn Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien mencionó lo hecho por la FGR y el Ejecutivo, mucho de ello durante el gobierno pasado.
Martínez habló de los avances alcanzados porque la Fiscalía creó un grupo fiscal para la investigación de delitos del conflicto armado, algo que ocurrió el 12 de diciembre de 2016. Esa unidad, según Castro, en la actualidad tiene cuatro fiscales asignados, no tiene un presupuesto adecuado; y participa “activamente” en casos que se encontraban ya judicializados, como El Mozote, El Calabozo y los asesinatos de Monseñor Romero y los padres Jesuitas.
Ella mencionó los logros de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (Conabusqueda), creada en agosto de 2017; y habló de la discusión de la ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa.
Jacoba de Sánchez sostiene una fotografía de su hijo, Julio César Ramírez, quien participó de la lucha armada. Él murió en un accidente de trabajo en Estados Unidos, y fue repatriado.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Lo realmente novedoso, según los peticionarios, fue saber que en noviembre de 2018 el Ministerio de la Defensa Nacional creó una propuesta de instructivo para garantizar el resguardo y documentación de la información que se encuentra en diferentes instalaciones militares.
Martínez habló de una comisión responsable de inspeccionar los archivos de diferentes unidades militares. Además de que el pasado 17 de mayo se emitió una resolución ministerial para suspender los procesos de expurgo y depuración para evitar la destrucción de documentos generados durante la guerra.
“De esto no teníamos conocimiento”, dijo Castro, en una entrevista telefónica con Revista Factum desde Washington D.C.
Pero Martínez no mencionó ni una palabra sobre la falta de integración de la Comisión Revisora de Archivos, un compromiso asumido por el Estado salvadoreño ante la CIDH en febrero de 2018. Si bien esa comisión fue creada por decreto ejecutivo el último día del anterior gobierno, el 31 de mayo, a esta fecha no ha sido integrada. Tampoco habló del porqué los intentos por parte de la sociedad civil para obtener archivos y documentos militares han terminado en murallas, según resumió Edizon Lanza, relator especial para la libertad de expresión.
Tampoco dio una reacción ante la falta de apertura de expedientes militares, algo por lo que la comisionada Margarette Macaulay recordó que “los archivos no se pueden mantener inaccesibles o bajo llave, y que estos tienen que estar abiertos para que se pueda obtener el acceso a la justicia de las víctimas”.
Martínez terminó sus intervenciones sin decir una palabra de la desaparición del programa de reparación a víctimas de la guerra, algo documentado por las asociaciones y El Faro. Pero sí reafirmó el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele con las víctimas del conflicto armado, algo que, según ella, ya ha sido expresado con acciones simbólicas, como la orden de borrar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería.
Sofía Zamora, de la Universidad de El Salvador, describió las acciones de los primeros 100 días de gobierno como señales confusas. Para ella, la primera orden generó mucho entusiasmo. “Preocupan los mensajes de los funcionarios porque hay una exaltación de los militares una sociedad donde no ha habido justicia y donde la impunidad sigue estando presente. Necesitamos ver señales más concretas: acceso a los archivos militares y resignificación de los estamentos militares”, afirmó.
Los comisionados de la CIDH escucharon a la representación de El Salvador, tanto a las organizaciones peticionarias como a los delegados del Gobierno. Foto FACTUM/Cortesía
“Mi súplica es que este compromiso a 100 días del gobierno del presidente Bukele se traduzca en resultados concretos y una acción inmediata”, dijo el comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la CIDH.
La batalla contra el olvido de la UES
Por su parte, los representantes de le Universidad de El Salvador, Néstor Hernández y Sofía Zamora, mostraron su preocupación por que en la Asamblea Legislativa se esté buscando dejar fuera de discusión los crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos ocurridos en los años 70, como la masacre de estudiantes del 30 de julio de 1975 y la desaparición forzada de la docente universitaria María Teresa Hernández Saballos, en octubre de 1979, dos casos por los cuales se dio oportunidad a las asociaciones para participar en el periodo 173 de sesiones de la CIDH.
Néstor Hernández recordó que la década de los años 70 es “un período indispensable para comprender los patrones de violencia ejercidos por el Estado” durante el conflicto armado, por ello solicito a la CIDH girar una comunicación a la Asamblea para que no deje de lado los hechos ocurridos en este período y otros, como la desapariciones forzadas del docente universitario Jorge Salvador Ubao Barrientos (1982) y la detención ilegal y tortura de José Rafael Martínez Segura (1982-1983), que también dieron pie a la audiencia.
“En relación a los casos de desaparición forzada que fueron señalados en la petición de esta audiencia se encuentran en conocimiento de Conabusqueda, en etapa de investigación”, dijo Martínez.
Según explicaron los representantes de la UES, en los casos relacionados a la universidad, en la Fiscalía solo ha habido apertura de expedientes, les asignaron un número de caso y les solicitaron toda la información que tienen, pero no hay investigaciones reales.
Opina