La ley especial de justicia transicional está en el limbo

Organizaciones de derechos humanos temen que la burocracia legislativa, se supere o no el veto a la «nueva amnistía», prolongue indefinidamente la aprobación de una verdadera ley de reconciliación. Los caminos que puede tomar la ley, considerada inconstitucional por organizaciones locales, la CIDH y el presidente Bukele, van desde irse al archivo legislativo por seis meses o que la Sala, después de dirimir si existe o no inconstitucionalidad, imponga un nuevo plazo a los diputados. 

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez


La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional está en el limbo. Después de su aprobación legislativa exprés el 26 de febrero, y el veto presidencial por inconstitucionalidad dos días después, aún no está claro cuál será el camino de la considerada «nueva amnistía»: diferentes organizaciones de derechos humanos sostienen que existe el riesgo de que la iniciativa termine en el archivo legislativo, y así se demore -aún más- el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenaba una ley en pro de las víctimas del conflicto armado.

La Asamblea debe someter el veto del presidente Nayib Bukele en el pleno y con 56 votos puede superarlo, según la Constitución. Lo que, según el artículo 138 de la carta magna, le deja al presidente tres días hábiles para enviar el proyecto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien decidirá si es o no constitucional, lo que se conoce como “controversia constitucional“. La resolución final de la Sala debe estar lista en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

En la Asamblea, a juzgar por la votación del 26 de febrero, no hay votos para superar el veto presidencial. Y aunque las organizaciones están de acuerdo con la inconstitucionalidad de la ley aprobada, consideran que el proceso burocrático en la Asamblea Legislativa, superado el veto o no, retrasará la aprobación de una verdadera ley de reconciliación.

Organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y la Fundación Comunicándonos, parte de las organizaciones integrantes de la Mesa contra la Impunidad, han solicitado a la Sala de lo Constitucional una audiencia de seguimiento a la sentencia de 2016, la misma que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993, y que ordenó a la Asamblea la aprobación de una nueva ley.

“Queremos que revise lo hecho por otras instituciones desde que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, en julio de 2016”, dijo Óscar Pérez, de fundación Comunicándonos. Esto tomando en cuenta que ya la Sala reconoció en 2017 que “la naturaleza especial” de las medidas necesarias para cumplir con la sentencia requería de la colaboración coordinada con el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República (FGR)”, entre otras instituciones del Estado.

Según la resolución de 2017, el Ejecutivo tiene la obligación, además de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado encaminadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado y sus familiares, la apertura de archivos oficiales que garanticen el derecho a la verdad y la justicia.

La FGR, según esa misma sentencia, tiene la obligación de investigar los hechos cometidos dentro del conflicto armado que pudieran ser calificados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y promover, cuando fuere el caso, la acción penal en contra de los sus autores materiales e intelectuales. Puntos pendientes según las organizaciones de derechos humanos y que no fueron debidamente abordados ni en la ley especial ni en el veto presidencial.

La ley especial aprobada el 26 de febrero ha sido tachada de «amnistía disfrazada» por organizaciones locales, relatores de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los puntos más criticados: la reducción o conmutación de penas de prisión, así como la posibilidad de medidas sustitutivas, algo que deja en impunidad los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El presidente Bukele vetó la ley el 28 de febrero. En su escrito alegó inconstitucionalidad por no garantizar la justicia, por no consultar a las víctimas del conflicto y por no cumplir con los parámetros de la sentencia de la Sala de 2016. Bukele criticó a la Asamblea por la aprobación de la «nueva amnistía» y en 2019 dijo estar del lado de las víctimas. Tras el veto, diferentes organizaciones de derechos humanos le han urgido ordenar a la Fuerza Armada abrir sus archivos de operaciones militares durante el conflicto, algo que el presidente aún no ha hecho.

Lea el texto íntegro del veto del presidente Bukele.

“Si aceptamos la lógica de la controversia constitucional, la Asamblea tiene varias opciones: superar el veto o no ratifica el decreto”, resumió Manuel Escalante, abogado del IDHUCA. En todo caso, para cualquier opción, la Comisión Política de la Asamblea debe proponer el dictamen correspondiente y en el pleno aprobarlo o no con 56 votos.

El temor de las organizaciones es que el proyecto de ley sea enviado al archivo y, por ley, “no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses”, dejando a las víctimas del conflicto armado y sus familiares sin ley por un tiempo indefinido. El otro es que la controversia constitucional permite a la Sala determinar únicamente entre los puntos en controversia entre la Asamblea y el Ejecutivo.

En la Asamblea, la discusión del veto presidencial podría ser vista este jueves 4 de marzo, si la Comisión Política decide someterlo a votación ese mismo día. Si no, esperará hasta la próxima semana, en el mejor de los casos, tomando en cuenta que no existe en el Reglamento Interno de la Asamblea ningún plazo determinado para estudiar el veto presidencial. Por ejemplo, el lunes 2 de marzo, Carlos Reyes, jefe de fración del partido Arena, reconoció que en el Legislativo hay muchos casos de vetos que todavía no han sido discutidos.

En los pasillos del Legislativo se reconoce, después de declaraciones públicas diputados de GANA y el FMLN, que estos partidos no darán sus votos para superar el veto presidencial. La aritmética legislativa no está del lado de la ley especial. Aun si Arena, PDC y PCN, quienes apoyaron la ley y su aprobación, dan todos sus votos apenas suman 49, seis más de los que con que se aprobó la ley el miércoles pasado, y todavía les faltarían 7 diputados.

No superar el veto presidencial dijo Efraín Arévalo, abogado constitucionalista, supone un caso inédito para la Sala de lo Constitucional: sería la primera vez que una ley producto de una orden emitida por una resolución de inconstitucionalidad no supere un veto en la Asamblea.

Existe una tercera opción: que al momento de intentar superar el veto, la votación no alcance el quórum requerido para tomar una decisión. Y de darse eso, por la resolución de inconstitucionalidad 35/2015, no puede verse como un “rechazo” al proyecto, por lo que, no se aplicaría la prohibición de proponerlo dentro de los siguientes seis meses.

En todo caso, según fuentes internas de la Sala de lo Constitucional, ésta estaría a la espera de lo que suceda en la Asamblea para saber si se enfrentarán a un caso de controversia constitucional o si tocará definir un nuevo plazo para que se cumpla con la resolución de julio de 2016.

Ya en el pasado, el caso más reciente en noviembre de 2019, la Sala resolvió que no podía adelantar si había o no vicios de inconstitucionalidad en el proceso de formulación de la ley especial porque esta no estaba promulgada aún: es decir, aprobada por el legislativo, sancionada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial.

Para evitar ese argumento, el IDHUCA en su escrito planteó que la ley aprobada por la Asamblea es un acto consumado, encaminado al cumplimiento material del mandato de la Sala, por lo que procede una convocatoria inmediata de audiencia de seguimiento. “Un acto, que la Sala podría controlar en su función de ‘hacer ejecutar lo juzgado’”, explicó Escalante, abogado del Instituto, “Y no dejar en el limbo legislativo la ley.”

Lea el escrito presentado por el IDHUCA a la Sala de lo Constitucional.

Las víctimas en medio de un pleito entre poderes

Para evitar caer en el limbo, las organizaciones insisten en que la Sala de lo Constitucional se active y convoque a una audiencia de seguimiento, que a diferencia de la controversia constitucional, permita a todas las partes del proceso participar y aportar.

“En este momento las víctimas han quedo entre dos bandos: la Asamblea y la Presidencia”, dice Pérez. “Todos hicieron cálculos políticos electorales”, afirma. Según él, el FMLN rompió el llamado “pacto por la impunidad” después del fracaso de mayo 2019, cuando la fracción del Frente tuvo que tomar una postura pro víctimas a pesar de que había un sector de los diputados que sí estaban de acuerdo con la propuesta de ley existente en ese momento.

Para Pérez, del otro lado está la Presidencia que se “muestra a favor de las víctimas” con el veto pero en la práctica no ha cumplido con su parte de la resolución de inconstitucionalidad de 2016. “Es una cortina de humo, al final, lo malo es que las víctimas y sus familias quedan en un limbo: sin medidas de reparación reales, sin acceso a los archivos militares, sin nada a la espera de ver qué pasará», asegura.

El pesimismo de Pérez tiene lógica toda vez que la Sala no tiene un plazo para resolver la solicitud de audiencia de seguimiento y, más allá, si la solución final será imponer un nuevo plazo para cumplir con la resolución de inconstitucionalidad.

“Poner otro plazo no es la solución, es simplemente aceptar lo que ha hecho la Asamblea y el presidente… Y dejar que las cosas sigan igual, al menos, hasta que a la Sala llegue la controversia, con los ‘males’ que la controversia implica a esta altura. Mal jurídico: solo se evaluaría lo cuestionado por el presidente a la Asamblea. Un mal ‘jurisprudencial’: ya no habría audiencia de seguimiento», cuestiona Pérez.


Foto principal: Vecinos y amigos trabajan en la excavación donde serán enterradas las osamentas de las 12 víctimas de la masacre de La Joya en Morazán, El Salvador. La familia Sánchez Martínez donó esta parte del terreno de su casa para construir un pequeño memorial para las víctimas del ejercito salvadoreño. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

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