Hay una deuda de la Asamblea Legislativa para cumplir la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016. Los diputados, a juicio de Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, se han prestado a la revictimización de las personas en el proceso de consulta de la ley.
Quienes han estado impulsando una nueva ley son, además, quienes negociaron los Acuerdos de Paz, señala Escalante, quien cree que la discusión actual no ha sido con miras a reparar a las víctimas, sino con los fantasmas y miedos de quienes protagonizan la discusión.
Este mes se cumplen 30 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en la UCA. Ese caso está en la impunidad y los menos sonados, o con menos trascendencia internacional, dice Escalante, están en la absoluta impunidad. Por eso cree que el sistema judicial debe asumir el reto de esclarecer casos menos sonados, aunque no tenga asistencia internacional.
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