La vieja derecha regala una segunda amnistía a los criminales de guerra

Los votos de diputados de Arena, PCN y PDC le dan vida a una nueva ley de reconciliación que permite reducir o perdonar penas de prisión a los que resulten condenados por crímenes de guerra. La ONU y la CIDH criticaron la aprobación al considerar que la nueva ley no garantiza justicia para las víctimas del conflicto. 

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez


Cuarenta y cuatro diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. La decisión la tomó este miércoles 26 de febrero de 2020 el bloque de partidos políticos que representa a la derecha más longeva en el congreso salvadoreño: Arena, PCN y PDC. Todos ellos son grupos políticos fundados antes o a principios de la guerra en El Salvador. La nueva ley es criticada por organizaciones internacionales porque reduce o perdona penas de prisión a quienes resulten condenados por los crímenes que cometieron durante la guerra.

La Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) señaló que la nueva ley en realidad se trata de una «amnistía encubierta», o un «pacto de impunidad» como lo calificó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

De hecho, la ley aprobada no refleja grandes cambios con respecto a un borrador presentado el lunes 24 de febrero y que permite la reducción y la conmutación de penas de prisión, así como la posibilidad de imposición de medidas sustitutivas a la prisión, atendiendo razones razones de «salud, edad o similares», dos puntos que ya habían adelantado especialistas en derechos humanos que convertían el proyecto de ley en una “amnistía de facto” y que mantendría la impunidad en los casos por delitos de lesa humanidad y de guerra.

El miércoles al mediodía, los diputados de la junta directiva y de la comisión política de la Asamblea Legislativa discutieron cambios al anteproyecto, que se modificó levemente al presentado el lunes, cuando inició una serie de encuentros de socialización con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y que un día después, el martes 25, se presentó a organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas y sus familiares.

Para cuando el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, convocó a la sesión extraordinaria, en los pasillos del Palacio Legislativo se rumoraba que se tenían los votos para la aprobación sumando a Arena, PCN y PDC, aunque no se conocía cómo había quedado el texto final de la propuesta.

El FMLN retiró los suyos en horas de la mañana del miércoles 26, aduciendo que la ley que se buscaba aprobar no cumplía con lo dictado por la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2016: en síntesis, garantizar la reparación integral para las víctimas y acondicionar las penas de prisión a la gravedad de los crímenes cometidos. El coordinador general del partido Óscar Ortiz, acuerpado por la Comisión Política del Frente, ya había sentado postura: “El FMLN solo va a acompañar un proyecto de ley si las víctimas están de acuerdo”.

El exprocurador de Derechos Humanos David Morales, uno de los principales querellantes en el juicio por la masacre de El Mozote, criticó el lavado de manos del expartido en el gobierno. «El expresidente Salvador Sánchez Cerén es responsable de afectar a la justicia al tolerar bloqueo de archivos militares del ministro (David) Munguía Payés», escribió Morales en su cuenta de Twitter. Durante los 10 años de gobierno del FMLN, la exguerrilla nunca presionó para que la Fuerza Armada entregara sus archivos.

Unos minutos antes de iniciar la sesión, Ponce lamentó la falta de apoyo del partido de izquierda, al tiempo que aseguró que el texto final del anteproyecto contenía las observaciones hechas por el Frente. Y en efecto, el FMLN propuso que se retomara gran parte de la ley propuesta por las organizaciones de derechos humanos, específicamente aquellos artículos en materia de medidas de reparación. Y así se hizo, al grado que sirvió como caballo de batalla para que Ponce dijera que el anteproyecto de ley tenía un noventa por ciento de insumos de la propuesta de las víctimas.

Lo que Ponce no dijo nunca era que se habían hecho algunos cambios como no incluir en su propuesta el dar acceso “libre e irrestricto” a los archivos militares o asignar porcentajes fijos de impuestos existentes para financiar el Fondo de Reparación de víctimas, algo que sí estaba en la propuesta de las organizaciones que acompañan a las víctimas y sus familiares.

La ley fue aprobada con 35 votos de Arena, siete del PCN y dos del PDC. Entre los legisladores que votaron hubo diputados suplentes de los tres partidos. Y en el caso de los diputados propietarios Alberto Romero, Norman Quijano, Emilio Corea, Javier Palomo  Dagoberto Blanco (de Arena), Mario Ponce y Raúl Beltrán (PCN),  sus suplentes también hicieron pleno y votaron junto a ellos a favor de la nueva ley.

Un día después de la aprobación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a la Estado salvadoreño a cumplir su compromiso con la justicia transicional. «La Corte reitera la inadmisibilidad de las disposiciones de amnistía y de prescripción, así como el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de dichas violaciones», señaló la CIDH.

Los cambios mínimos

Según Ponce, en la ley se habían incorporado algunas de las observaciones que la Asamblea recibió de organizaciones nacionales e internacionales, lo que supuestamente provocó algunos cambios en la redacción.

Las modificaciones más importantes, según el presidente de la Asamblea, fueron que la posibilidad de reducción de penas propuesta originalmente hasta una quinta ahora será hasta una cuarta parte; y aumentar el plazo de seis meses a un año que tendrá la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si un hecho denunciado tiene los visos de ser un crimen de lesa humanidad o de guerra.

En el primer punto, la Oficina de la ACNUDH había comentado que la reducción de la pena suponía una “amnistía encubierta por colaboración” y que la ley tenía que dejar claro que la reducción no podía implicar una pena real que no fuera proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, de acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional.

La normativa sí presentó un cambio considerable con respecto a los borradores de principios de la semana: el juez podrá reducir a la cuarta parte la pena luego de escuchar a las víctimas, y si la persona acusada cumple con “todas las condiciones siguientes: reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos; pida perdón a las víctimas; colabore con el esclarecimiento de los hechos; y, cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y pruebas de los hechos”.

“En el caso hipotético de un crimen que se le imponga 30 años, la quinta parte eran seis años, la cuarta parte son 7.5 años. Pero todos estos beneficios solamente son posibles si la persona de alguna manera colabora con la justicia”, ejemplificó Ponce.

En el segundo punto, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos veían con preocupación que imponerle plazos a la FGR en la práctica se convertía en una traba para investigar la mayoría de las denuncias, por el corto tiempo que dispondría para ello y la misma carga laboral de la institución.

En ello concordaba la ACNUDH, que recomendó a la Asamblea Legislativa suprimir cualquier tipo de plazos para la investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad o de guerra, y fue más allá al recordar a los diputados que la obligación de la investigación penal debe ser de oficio y no solo a partir de denuncias.

Por otra parte, se mantuvo intacto el artículo que permite otras formas sustitutivas a la pena de prisión por razones de edad, salud o similares. “Independientemente de la pena, se les podrá otorgar cualesquiera de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas (de prisión) que establece el derecho común, previo a escuchar a las víctimas”, dice artículo 61 de la ley aprobada.

Para ACNUDH, el permitir otras formas sustitutivas de la pena de prisión por razones de edad, salud o similares es en sí mismo un incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y recordó que el indulto humanitario solo es posible en casos de enfermedades terminales.

La nueva ley omite que la Fuerza Armada de El Salvador permita el acceso a los archivos militares. Según el artículo 25 de la nueva normativa, la FGR recibirá todos los archivos de cualquier institución pública, militar y policial, relativos al conflicto armado salvadoreño, así como de la Comisión de la Verdad, “por la utilidad que puedan representar en el marco de sus atribuciones y de esta ley, para la judicialización de casos”, pero en ningún momento obliga a las instituciones públicas a darle dicha información.

El presidente Nayib Bukele reaccionó a la aprobación de la nueva ley y adelantó que vetará la ley de reconciliación al considerarla una «amnistía disfrazada», tal como comunicó Casa Presidencial a través de un comunicado.

Este jueves 27, organizaciones pro víctimas del conflicto protestaron por la aprobación de la ley, y le pidieron al presidente Bukele que honre la promesa hecha en noviembre de 2019, cuando prometió abrir los archivos militares.

«El mismo patrón de encubrimiento aplicó ya el presidente Nayib Bukele y el ministro (de la Defensa) Merino Monroy en casos (de las) masacres de El Mozote y El Calabozo», escribió el exprocurador David Morales en su cuenta de Twitter. 

Entre los pocos logros de la nueva ley se podría contar un presupuesto inicial para financiar el «Fondo de reparación de víctimas», contrario a las recomendaciones de destinar un porcentaje fijo del presupuesto general de la nación para ello. En 1992, Naciones Unidas hablaba de destinar un 1 por ciento del presupuesto para medidas de reparación; este año, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) recomendó un 2 por ciento del presupuesto. Con la ley, la Asamblea probó un fondo base de 10 millones de dólares para resarcir los daños a través de programas y otros beneficios, como la reparación colectiva, indemnizaciones y pensiones. Sin embargo, el bloque de la vieja derecha en la Asamblea también puso una traba para el nuevo fondo: siempre y cuando haya dinero disponible en el Estado.

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