“Hay magistrados de la Corte Suprema no solo inútiles, sino corruptos”

El director del Idhuca hace una valoración del sistema judicial salvadoreño desde el 1 de mayo de 2021. Un sistema que, en su opinión, está más debilitado que nunca por el servilismo  de los magistrados a los partidos políticos. Tojeira lamenta la escasez de abogados críticos ante medidas inconstitucionales. Cree que el proceso sancionatorio contra un abogado que ha defendido la Constitución de la República es una aberración y una señal del crecimiento del autoritarismo en El Salvador. 

Foto FACTUM/Archivo


José María Tojeira no vacila en decir que el gremio de abogados de El Salvador padece síntomas históricos de complacencia con el poder. Faltos de crítica y amoldados a lo que requieran los gobiernos de turno, muchos abogados han sintonizado con el régimen de Nayib Bukele con su silencio.

Tojeira, sacerdote jesuita y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dice en esta entrevista que es preocupante que el reino del silencio se haya apoderado de abogados reconocidos, jueces y magistrados que con normalidad daban sus opiniones críticas sobre el sistema estatal salvadoreño. Tojeira cree que los abogados deberían superar los temores y denunciar la falta de valores democráticos del gobierno de Nayib Bukele.

El caso del abogado Enrique Anaya, procesado disciplinariamente por la Corte Suprema de Justicia luego de dar opiniones desfavorables para la actual conformación de magistrados de esa corte, ha despertado indignación acerca de las violaciones a la libertad de expresión de un profesional del derecho que vertió opiniones. Tojeira, quien se muestra solidario con la causa de Anaya, exhorta a no abandonar al abogado constitucionalista.

En el gremio de abogados empieza a haber silencio por temor. Casi nadie quiere dar entrevistas. Ni siquiera declaraciones. Temen represalias del gobierno de Nayib Bukele a través de la Fiscalía General o de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el caso del abogado Enrique Anaya, procesado en la Corte Suprema de Justicia por apelar a una resolución judicial. ¿Estamos ante una nueva forma de violación de los derechos humanos?

Creo que entre lo ocurrido el 1 de mayo, la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional y la elección de los nuevos magistrados, que, en general, según lo hemos podido ver a través de las entrevistas, es gente muy complaciente con el actual gobierno, se ha instalado el miedo en los abogados. Creo que ahora ya no hay garantías judiciales para temas de derechos en general y derechos humanos sobre todo. Es decir, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre opinión, el derecho a la información, todo está siendo recortado. Y, ciertamente, el sistema judicial tiene miedo a dar una opinión crítica. Nosotros hemos visto juicios y sentencias claramente injustas, algunas prevaricadoras, y no hemos visto que haya algún tipo de respuesta generalizada (del gremio de abogados).

¿Se puede catalogar este miedo, alimentado por la sutil amenaza de que a los abogados se les pueden quitar sus credenciales si critican, como una nueva forma de atacar la libertad de expresión?

Es un ataque a la libertad de expresión; pero, sobre todo, es un ataque a la libertad de pensamiento.

¿Y cuán grave puede ser ese silencio por temor para un estado democrático?

Siempre la democracia salvadoreña ha sido una democracia híbrida, una democracia con formalidades democráticas pero con signos de autoritarismo muy fuertes. En el caso del actual gobierno, esta condición híbrida está fortaleciendo la parte autoritaria terriblemente. Eso es bastante claro en todos los avances, medidas y actos que el gobierno ha ido tomando. Entonces, evidentemente, ya de por sí una democracia híbrida, un sistema híbrido entre democracia y autoritarismo, no es lo ideal para una democracia, ya que la parte autoritaria esté reforzada las cosas se ponen más peligrosas, porque ya ni siquiera sería un sistema híbrido, sino ser una dictadura. Da la impresión de que camináramos en esa dirección. Aunque no creo que se llegue a absolutizar. Creo que por razones de las relaciones internacionales, van a tener que conservar algunos aspectos de la democracia. Aunque sea la democracia puramente electoral, probablemente con más control a través del propio Tribunal Supremo Electoral y otros aspectos. Pero, de todas maneras, sí me parece peligroso el marchamo, el caminado que se está llevando.

¿Y estos signos aparecieron en otros momentos de la historia de este país? ¿Antes de la guerra salvadoreña, por ejemplo, con los gobiernos militares, que antes de atentar contra la vida de los opositores se dieran estas formas de buscar el silencio de las críticas?

Es bastante absurdo para los abogados, porque cualquier abogado tiene el derecho de defender la Constitución, y más en el caso de un constitucionalista. De hecho, todos los ciudadanos tenemos el derecho de defender la Constitución. Entonces, querer emprender un proceso sancionatorio contra un abogado porque defiende la Constitución es una aberración y es bastante absurdo que se haga. Y que se pueda hacer es una señal clara de que el autoritarismo está creciendo en el país. Yo creo que ni siquiera en el tiempo de los militares anteriores a la guerra se hacía ese tipo de juicios sancionatorios contra abogados que expresaban su disconformidad con medidas judiciales o con medidas inconstitucionales. Aunque no tengo tanta idea de la historia en detalle como para afirmarlo taxativamente.

¿Y cómo otras áreas sociales se pueden perjudicar por el silencio de un gremio tan importante? Por ejemplo, desde el periodismo, ¿cómo se puede examinar la realidad judicial para reportarla si las fuentes, en este caso los abogados, guardan silencio porque tienen miedo a represalias?

Bueno, los periodistas no creo que tengan que quedarse callados si los abogados no quieren hablar. Pero sí creo que si los abogados son incapaces de defender la legislación vigente no solo sea porque son temerosos, sino que también esos son síntomas de una enfermedad en el gremio: este es un gremio sumamente servil y que utiliza el derecho de un modo excesivamente utilitario. El derecho siempre debe estar construido sobre valores. Y, de hecho, así es como se expresa la norma, en valores consuetudinarios o valores ciudadanos importantes, o valores democráticos, etcétera. Cuando un abogado no defiende valores y ni siquiera los valores fundamentales sobre los que se construye la ley, evidentemente se muestra su debilidad. Y cuando eso se multiplica, se muestra la debilidad institucional del gremio. Una debilidad vergonzosa, además. Es como si fueran médicos que no quieren curar. Y, aparte de eso, también dañan la labor periodística, efectivamente. No la suprimen, pero sí la dañan. Porque, por ejemplo, a la hora de interpretar la Constitución, todos podemos interpretarla sin necesidad de abogados. Si la Constitución en el artículo primero dice que el estado está al servicio del pueblo salvadoreño y que debe brindar al pueblo educación, salud, justicia social y bienestar económico, pues, evidentemente, todos podemos ver si hay bienestar económico o no en el país y luego poder decir que el estado está o no está cumpliendo la Constitución. Y los datos allí son más que evidentes. Así que el periodismo sigue teniendo una función clave en la defensa de la ciudadanía frente a los abusos del poder y el incumplimiento de las reglas.

Cada vez con mayores dificultades en este gobierno.

El que los abogados sean cobardes no quiere decir que los periodistas tengan que ser cobardes también. Aunque también los estén amenazando a los periodistas. Pero sí yo creo que es lamentable que no abunden más los abogados críticos. Y que ni siquiera se solidaricen con este abogado Anaya. Es vergonzoso que no haya solidaridad con este abogado, que ha sido un buen constitucionalista, que ha trabajado en el derecho constitucional, que ha estado en la Sala de lo Constitucional como colaborador, que sabe del tema. Y que cualquier cosa por criticar a un magistrado inútil… porque yo lo que veo es que hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solo inútiles, sino corruptos, a mi juicio. Entonces, al criticarlos, quizás un abogado no deba decir eso si no tiene pruebas sustanciales, aunque las hay. No es posible que a un abogado se le juzgue por una afirmación de ese estilo. Hay una abundancia de casos y resoluciones judiciales que son realmente fraudulentas.

¿Y qué decir del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, que tiene antecedentes y que podemos ver su trayectoria a través de sus votaciones en el pleno de magistrados? Ha votado para ocultar los informes de Probidad sobre las riquezas ilegales de funcionarios; ha votado para liberar a los acusados de la masacre de los sacerdotes jesuitas de 1989, ha votado para no extraditar a pandilleros requeridos por la justicia estadounidense.

Pues mire, para mí lo peor que ha hecho este señor López Jerez es aceptar la presidencia de la Corte Suprema cuando se destituyó al presidente anterior. Eso es mucho peor que todo lo que tú me has dicho. Pero, independientemente de eso, las esperanzas sobre este tipo de personas son nulas. Es una persona sumamente dócil y servil a los intereses no solamente del poder político, sino a los intereses de otros poderes no dispuestos a seguir el imperio de la ley, como dicen los abogados. Evidentemente son gente no aconsejable para tener ese tipo de puestos.

¿Se puede hablar de un retroceso institucional en El Salvador a partir de la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia?

Yo creo que no ha habido tanto retroceso, sino una confirmación de un sistema que venía dándose desde hace muchos años, desde el fin de la guerra, dentro del sistema judicial. Desde el fin de la guerra, hubo un cambio en el proceso de elección de la Corte Suprema y yo creo que los partidos políticos en general llevaron ese sistema de cuotas, de poner gente que eran fichas de ellos dentro de la Corte Suprema. Entonces, en ese sistema de cuotas se logró que alguna gente buena llegara a la Corte Suprema. Pero, simultáneamente, esos partidos lograron tener siempre una mayoría allí dentro que les garantizara el servilismo de la corte como institución. Entonces lo que se ha hecho es que todo se ha convertido en un sistema de control total desde el órgano ejecutivo, desde un partido político que ha logrado una enorme mayoría en la Asamblea Legislativa y que ha dicho: bueno, si los demás se lo repartían porque estaban divididos entre ellos, ahora que somos un poder absoluto, pues vamos a seguir el mismo sistema, solo que ahora será todo para nosotros. Eso es lo que ha habido. Quitando el período de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que realmente mostraron independencia y libertad frente a los poderes establecidos y que entraron allí de casualidad en algún sentido, porque fueron propuestos en tiempos de (Mauricio) Funes, aunque después el mismo FMLN los trató de deponer. Excepto ellos, siempre en la Corte Suprema ha predominado el porcentaje mayoritario de gente servil y dependiente de los partidos políticos y de los diversos poderes… de los poderes fácticos como le gusta decir al presidente de la República.

Se pasó de un sistema de cuotas a uno totalitario. Hubo mucha crítica contra el sistema anterior, pero contra el actual hay silencio. Otra vez silencio.

Lo que hizo el gobierno actual fue aprovecharse de una tendencia que hubo contra ese sistema de cuotas y por ello no ha habido mayor protesta de la población. Solo los sectores que siempre han trabajado por el adecentamiento del sistema judicial son los que ahora están protestando por esto. Pero no hay una protesta popular, porque la gente ya estaba acostumbrada a que el sistema judicial es un sistema corrupto, básicamente, por esa tendencia de los serviles. Creo que hay que trabajar más para cambiar el sistema judicial de El Salvador, que está demasiado debilitado por este tipo de servilismo y autoritarismo desde la misma presidencia de la corte y de los magistrados. Se debe empezar a impulsar una verdadera libertad de los jueces. Son minoría y se les dificulta enormemente su trabajo. También uno ve a jueces mandando largas a los procesos, los hacen lentos, unas veces para no comprometerse, aunque vean que el demandante o la víctima tienen razón. Alargan los procesos para comprometerse lo menos posible. Eso se ha venido dando desde hace muchos años en el país. El sistema judicial necesita reformas muy profundas y falta más conciencia de esa necesidad.

La contracrítica de esto es que si uno expone la debilidad actual le responden que uno prefiere la corrupción de los anteriores y que uno es seguidor de los corruptos de antes. ¿Tiene peso ese contraargumento?

Yo creo que añorar el pasado frente a este sistema, frente a lo que ahora está aquí, es insuficiente. Puede ser que ahora esté peor la situación en comparación con el pasado, pero en el pasado definitivamente no era buena. No se trata de volver al pasado, sino de transformar verdaderamente el sistema judicial.

Si ya podemos hablar de una «Asamblea de Bukele», en referencia a que la Asamblea Legislativa está tomada por la gente servil del presidente, ¿es exagerado hablar ahora de una «Corte Suprema de Bukele»?

Mira, no sé si tiene la capacidad de modificar sentencias o llegar a dictaminar sentencias, pero ciertamente que hay una dependencia del ejecutivo y una tendencia muy fuerte a que el ejecutivo no pierda ninguna demanda. Lo cual tampoco es muy extraordinario. Yo recuerdo al doctor Fortín Magaña, que fue magistrado de la Corte Suprema por nueve años, cuando al final de su mandato dijo, creo recordar, que era una vergüenza que el porcentaje más elevado de la Corte Suprema en fallos en que se vinculaba al ejecutivo era a favor del ejecutivo y no a favor de los ciudadanos reclamantes. Y decía él que lo que indicaban esos porcentajes es que los magistrados son muy condescendientes con el ejecutivo. Eso que venía pasando va a seguir pasando. Eso puede preverse. Si hay una demanda contra el ejecutivo, seguramente el fallo será a favor del ejecutivo.

El ejecutivo, a través de la Asamblea, quiere mutilar la Ley de Acceso a la Información Pública para volverla inservible, letra muerta. ¿Esto es parte de la estrategia de legitimar la corrupción?

Han retirado la propuesta de reforma, no sé si definitivamente o provisionalmente, momentáneamente. Pero si esa propuesta llega a una aprobación de la Asamblea, sería una burla de la Ley de Acceso a la Información Pública y ciertamente sería una castración para esa ley. Es bastante claro. Yo creo que si se avanza en esa propuesta de reforma la ley quedará muy debilitada.

¿Podemos todavía decir que vivimos en un estado democrático?

Dentro de este sistema híbrido, entre democrático y autoritario, últimamente ha habido un ascenso de la parte autoritaria, por ende, la parte democrática se está deteriorando.

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