Violando la ley del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia nombraron a familiares en diferentes juzgados. Los magistrados afines al oficialismo ignoraron al CNJ en la elección de estos nuevos jueces, pues los abogados seleccionados nunca pasaron por el proceso de selección del Consejo. Esta institución declaró como inexistente la información de ternas para los nombramientos.
Ilustración FACTUM/Victoria Delgado
En la sesión del 26 de septiembre de 2021, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alex Marroquín Martínez pidió la palabra para hacer una propuesta al resto de magistrados. Propuso que se nombrara a la abogada Isabel Beatriz Sermeño Araujo como jueza de familia. Doce de sus compañeros le dieron el voto para el nombramiento. Así, con 13 votos, su cuñada se convirtió en la jueza titular del Juzgado de Familia de San Marcos en San Salvador.
Sermeño, la cuñada del magistrado Alex Marroquín, no participó en un concurso público. Ella, al igual que el cuñado del magistrado Nahún Martínez, Camilo Velado, y que la ex esposa del fiscal Rodolfo Delgado, Lisett Flores, fueron nombrados como jueces sin estar en una terna propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), como lo ordena la Constitución de la República y otras leyes.
La Corte Suprema ha nombrado dos tandas de jueces desde que la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 144 que jubiló a los mayores de 60 años. Ninguno de los abogados nombrados en esas dos fechas siguió el procedimiento de ley para ser jueces de la República. El 26 de septiembre, el día que eligieron a la cuñada de Marroquín, los magistrados tomaron juramento a un total de 98 nuevos jueces. La otra tanda fue elegida el 14 de octubre de 2021.
Ninguno de estos jueces fue propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura, como lo establece la Constitución de la República. Ninguno participó en un proceso de selección, como lo manda la ley, según confirmó Revista Factum mediante una solicitud de información realizada al Consejo de la Judicatura. Los nuevos jueces fueron nombrados al gusto y medida de la cúpula de la nueva Corte Suprema.
La CSJ está controlada por el bukelismo. Diez de los quince magistrados fueron puestos por Nuevas Ideas este año y para tomar decisiones solo necesitan nueve votos. Desde el 1 de mayo, con el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional, el partido de Gobierno colocó en la Sala de lo Constitucional a cinco magistrados afines, entre ellos Nahún Martínez, quien fue el defensor del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, en el proceso de antejuicio que le siguió la Asamblea Legislativa en 2020. Martínez, uno de los magistrados impuestos, fue incluido el pasado 20 de septiembre en la lista Engel, la designación estadounidense que señala a actores antidemocráticos o corruptos de la región.
Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Miguel Angel Flores Durel, Alex David Marroquín Martínez y Enrique Alberto Portillo Peña, durante su juramentación en la madrugada del 30 de junio de 2021 como magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, por Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Melendez
Alex Marroquín, elegido como magistrado por la bancada de Nuevas Ideas el 30 de junio de 2021, preside la Sala de lo Civil y, junto a Martínez, integra la Comisión de Jueces, la que se encarga de evaluar el perfil de candidatos a jueces propuestos por el CNJ.
Existe una probición expresa en el artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental de “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio”. Marroquín, coordinador de la Comisión de Jueces, no tuvo reparos en proponer a la pareja de su medio hermano Geovany Villalobos para que ocupara la vacante del juzgado de Familia de San Marcos. Se le preguntó al magistrado si no consideraba que existía un conflicto de interés en su propuesta, y cuando escuchó la pregunta dijo que no podía atender a la periodista porque se encontraba en una reunión. Luego ya no contestó.
También se le preguntó a la jueza Sermeño si no veía un conflicto ético en su postulación. Su respuesta inicial fue: “Yo he pasado por procesos de selección en el CNJ por diferentes periodos, lo cual puede verificarse”. Cuando se le insistió que contestara sobre su nexo con el magistrado Marroquín dijo: “¿Y quién les ha dicho esa información? Porque esa información no la pueden verificar por ninguna manera?”, agregó Sermeño, pese a que en redes sociales hay evidencia de su relación con Villalobos. La llamada se cortó y luego la funcionaria no quiso volver a atender.
Dice la Constitución, en el artículo 182, que es atribución de la Corte Suprema nombrar a los jueces del país “de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura”. Los magistrados afines al oficialismo violaron, además de la Constitución de la República, al menos dos leyes: lo que establece el artículo 16 de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.
Una de las funciones constitucionales del Consejo de la Judicatura es proponer los candidatos a jueces del país. Lo normal, según lo dicta la ley, era que el Consejo de la Judicatura enviara ternas de candidatos para que los magistrados eligieran de estas. Factum pidió las ternas, así como prueba de los exámenes que se realizaron a los candidatos a jueces, y esa institución declaró la información como inexistente.
“Esta unidad técnica no cuenta la infomación relacionada con temas o pruebas de aptitud y/o de conocimiento realizadas por los Jueces/zas y Magistrados/as, nombrados”, respondió Nelson López, jefe la Unidad de Selección. Esa oficina informó que tampoco cuenta con el registro de jueces nombrados.
Respuesta del CNJ ante la petición de Factum para conocer las pruebas realizadas a los nuevos jueces para establecer su capacidad.
Se consultó al presidente impuesto de la Corte, Óscar López Jerez, porqué omitieron un proceso legal, y al cierre de esta nota él no había respondido la interrogante. También se le preguntó por qué la Corte ha nombrado a familiares de magistrados como jueces, y sobre eso solo dijo: “Hasta ahorita que usted me lo está diciendo”.
Una empleada de Canal 10 le preguntó este lunes 15 de noviembre, durante un programa matutino, cuál fue el proceso para elegir a los jueces. “Se ha revisado su hoja de vida, cursos, capacitaciones, maestrías”, dijo López Jerez.
Los magistrados de la Corte Suprema también violaron la sentencia de inconstitucionalidad 25-2013, que explica que las aptitudes y capacidad técnica de los funcionarios judiciales solo se asegura a través de concursos públicos que permitan medir sus cualidades.
El cuñado del magistrado
Hay nombramientos que no constan en las actas publicadas de las reuniones de Corte Plena. Según fuentes internas de la Corte, los magistrados oficialistas han autorizado nombramientos recogiendo firmas en cada despacho, es decir, sin que el tema se conozca en las sesiones plenarias. Camilo Antonio Velado Escobar, cuñado del magistrado Nahún Martínez, por ejemplo, fue nombrado como juez de menores de Chalatenango. Su nombramiento no consta en ninguna de las dos actas donde se eligieron a más de un centenar de jueces.
Camilo Velado, cuñado del magistrado Nahún Martínez, fue nombrado como juez de Menores de Chalatenango desde el pasado 1 de noviembre. Foto: CSJ
Velado Escobar está casado con Marcela Beatriz Martínez García, hermana del magistrado Martínez, quien también tiene una plaza en la Corte Suprema de Justicia. El abogado trabajaba como secretario en la Cámara Primera de lo Penal y empezó su trabajo en el Juzgado de Menores desde el pasado 1 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales de Chalatenango.
En una publicación del 26 de agosto, la CSJ mostró al magistrado Martínez junto a su cuñado Velado, antes de ser promovido a juez, impartiendo una capacitación sobre la Ley de Extinción de Dominio. Esta revista dejó una solicitud de entrevista con Velado en el juzgado. Y también se le consultó al magistrado Martínez sobre el nombramiento, pero al cierre de esta nota no atendió el mensaje enviado a su Whatsapp.
El magistrado Nahún Martínez participó en la misma capacitación que impartió su cuñado Camilo Velado, el pasado 26 de agosto. Foto: CSJ
Son 100 jueces los que renunciaron después del decreto legislativo 144, según confirmó López Jerez en la entrevista con el oficialista Canal 10. Pero la corte no solo jubiló a los mayores de 60 años, si no que también envió al interior del país a todos aquellos jueces críticos contra las decisiones de los magistrados impuestos después del golpe judicial del 1 de mayo.
Para este reportaje se conversó sobre los cambios con cinco jueces y un fiscal. Todos, desde el anonimato, señalan las ilegalidades que se han cometido para el nombramiento de familiares o personas afines a los magistrados del oficialismo.
“No es el hecho que lleguen a ser jueces o magistrados. Tienen derecho de hacerlo, pero por la vía legítima, y la ciudadanía tiene derecho a jueces imparciales e independientes”, dijo uno de los jueces.
Un CNJ invisible
La Unidad Técnica de Selección del CNJ confirmó lo que semanas atrás dejó entrever el consejero Santos Guerra a esta revista: que el nuevo Consejo de la Judicatura no participó, como lo manda la ley, en la selección de los nuevos jueces del país. “Desconozco, porque voy llegando y desconozco si se ha enviado algo. Sería irresponsable de mi parte dar una opinión sin tener conocimiento”, respondió Guerra, al ser consultado, el pasado 30 de septiembre, respecto a si habían enviado candidaturas de jueces.
El CNJ fue la última institución en ser controlada por el oficialismo, que tiene los tres poderes: el Ejecutivo, tras la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019; el Legislativo, luego de arrasar en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2021; y el Judicial, con la elección de diez magistrados afines a la bancada cian.
El Consejo de la Judicatura tiene un manual para la selección de candidatos que son propuestos al cargo de jueces. Incluye varias etapas, como evaluación de conocimientos de los abogados y evaluación de sus conductas. Este manual también se incumplió con el nombramiento de los jueces seleccionados entre septiembre y octubre de este año. Se buscó a las consejeras Verónica González Penado y Doris Castillo, elegidas por la bancada de Nuevas Ideas el pasado 22 de septiembre, pero ninguna atendió las consultas de este medio sobre la exclusión del consejo.
El pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Foto/Cortesía
La Ley de la Carrera Judicial establece que quien desee convertirse ser juez deberá someterse a los procesos de selección registrados en los manuales y, además, aprobar los cursos que fija el reglamento. En la reunión del 26 de septiembre, los magistrados eligieron como jueza del Primero de Paz de San Salvador a la abogada Haydee Lisett Flores, ex esposa del fiscal general Rodolfo Delgado. La propuesta del nombramiento de Flores también fue hecha por el magistrado Alex Marroquín y obtuvo los mismos 13 votos que la cuñada de este último. Ella tampoco fue propuesta por el Consejo de la Judicatura y no se sometió a un proceso de selección como dicta la ley.
Flores trabajó para el empresario prófugo Enrique Rais. Ante sus oficios notariales fue constituida Hydroil, una empresa registrada en mayo de 2008, que tenía entre sus principales socios a Alba Petróleos y que ganó un contrato con la alcaldía para el suministro de combustible en la gestión de Nayib Bukele.
Héctor Carrillo, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), señala que el nombramiento de jueces sin la intervención del CNJ constituye una decisión ilegal de los magistrados. “Cuando tenemos funcionarios judiciales que responden a criterios de grupo, partidarios o de una familia, perdemos un juez imparcial que garantice nuestros derechos”, opinó el abogado.
Fespad presentó la semana pasada una propuesta para que haya más participación ciudadana en el proceso de selección de juezas y jueces. La organización sugiere reformar la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y el reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. La propuesta surgió luego de una investigación sobre la independencia judicial en el triángulo norte de Centroamérica.
“La propuesta va encaminada a introducir una etapa de contraloría ciudadana, para reconocer el derecho de las ciudadanas y ciudadanos para poder cuestionar y presentar tachas a candidatos que aspiren a ocupar esos cargos. Crear filtros desde la ciudadanía”, explicó Carrillo, director de acceso a la justicia de Fespad.
Lo que propone la organización es que si un ciudadano detecta que un abogado no reúne los requisitos constitucionales pueda objetar su nombramiento.
Otros casos irregulares
El magistrado Óscar López Jerez mintió. Dijo este lunes 15 de noviembre, durante un programa de Canal 10, que no habían nombrado a abogados particulares como jueces, obviando casos como de la ex esposa de Delgado, quien no provenía de alguna sede judicial.
“No se han nombrado abogados particulares, por ejemplo, y para su nombramiento se tomó en cuenta cómo han trabajado en su sede judicial. Se espera de ellos que resuelvan conforme a las pruebas”, dijo López Jerez este 15 de noviembre.
La Prensa Gráfica también documentó el caso de Perla Quinteros Funes, hija de un juez de Sentencia de Zacatecoluca y sobrina de un juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, quien fue nombrada como jueza en San Juan Tepezontes, La Paz, cuando tiene apenas nueve meses de haber recibido la autorización para ejercer la abogacía. Quinteros Funes se graduó como abogada en 2019, según consignó el periódico, y tiene 24 años de edad.
Otro caso irregular fue denunciado en Twitter por el juez Antonio Durán. Se trata del nombramiento de Manuel Mena Gavidia, militante de Nuevas Ideas, como juez de San Luis del Carmen, en Chalatenango. El abogado, que trabajaba en el Juzgado Tercero de Sentencia, publicaba mensajes como: “Yo estoy con Bukele”. Su nombramiento, según Durán, solo duró dos días.
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