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«Con el impulso de una CICIES es posible alcanzar a toda la organización criminal, y no sólo a un expresidente»

Pese a que en Guatemala se terminó extinguiendo este modelo que dejó en la cárcel a prominente políticos, la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz cree que todavía es un modelo replicable en El Salvador. Pero que una CICIES, dice, debe ir acompañada de reformas electorales y judiciales importantes que permitan un lucha sostenible contra la corrupción y la impunidad.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Claudia Paz y Paz fue la fiscal que inauguró lo que se conoció como la primavera de Guatemala: una época de investigaciones judiciales que desenmascararon a las élites políticas y económicas de ese país. Fue la fiscal que encaró narcotraficantes, atacó la impunidad de los homicidios y tocó fibras más sensibles, como llevar a juicio al genocida Efraín Ríos Mont, por la matanza perpetrada por el Ejército en contra de la etnia maya ixil durante su gobierno entre 1982 y 1983.

Paz y Paz hizo todo lo que hizo de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en  Guatemala (CICIG). La abogada estuvo de visita esta semana en el país para hablar de la viabilidad de una Comisión contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), en sintonía con el modelo guatemalteco que en Centroamérica fue conocido como el gran referente para atacar la corrupción. Nada de lo que logró en la Fiscalía, dice cinco años después, hubiera sido posible sin el ente internacional que le sirvió de sombrilla. ¿Cuánto puede un sistema transformarse sí mismo?, pregunta a la hora de responder por qué es necesario que un organismo internacional se involucre, y para justificar por qué no basta sólo con el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

Uno de los principales argumentos de los detractores del modelo guatemalteco es que el país se expone a perder soberanía al compartir las tareas de investigación criminal con un agente externo. Para la exfiscal, es más grande el riesgo de doblegarse ante grupos criminales trasnacionales que el riesgo que supone para la soberanía de un país la presencia de una comisión internacional. Lo más importante, dice, es que este mecanismo permite trascender en las investigaciones y no sólo capturar al cabecilla o algunos miembros de los grupos criminales.

¿Por qué es necesaria una comisión contra la impunidad en El Salvador o por qué es un modelo que puede funcionar?

En los tres países del triángulo norte de Centroamérica ha habido un problema de violencia, inseguridad, impunidad y esto está sin duda vinculado a la corrupción. No se puede negar que en El Salvador con la composición de la Corte (sala) Constitucional anterior, el fiscal anterior, sí hubo casos emblemáticos contra expresidentes, contra el exfiscal. Sin embargo, si bien son ejemplos muy positivos, no se logró una transformación completa del sistema de administración de justicia que incluyera, por ejemplo, a la policía de investigación criminal.

Es muy importante, no lo puedo desmeritar, un caso contra un expresidente, pero junto a él hay toda una red que facilitó esa corrupción. Es más complejo que la actuación de una persona. Con el impulso de una comisión internacional es posible alcanzar a toda la organización criminal, y no sólo a un expresidente.

¿Y eso no se logra sólo con el fortalecimiento de las instituciones nacionales? ¿Cuál es la diferencia de impulsar el modelo guatemalteco a hacer acciones concretas como fortalecer la Fiscalía?

Sí tienen razón los que dicen que hay que apostarle a fortalecer las instituciones del sistema de justicia nacional, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es, y eso lo sabrán responder los salvadoreños, cuánto un sistema se puede transformar a sí mismo, y cuánto esa alianza con un órgano externo internacional puede acelerar y profundizar esos cambios. Pongo un ejemplo tremendo en mi país: ejecuciones extrajudiciales desde la Policía, el caso Pavón es emblemático en este sentido. Y es uno de los primeros casos emblemáticos que sacó CICIG. Incluso el entonces ministro de gobernación está siendo procesado por otras ejecuciones extrajudiciales de presos fugados. En Guatemala era muy difícil pensar que la policía se iba a investigar a sí misma de las ejecuciones que había cometido. Fueron varios casos que permitieron disminuir este grave fenómeno de violación de derechos humanos, pero como ese hay otros casos de corrupción. ¿Podemos pensar que el mismo poder se va a investigar a sí mismo para decir ‘sí, este ministro cometió este acto de corrupción’? ¿O le es más fácil a un fiscal que tenga la voluntad de hacerlo si tiene un par internacional que va con él?

Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General de Guatemala e impulsora de la CICIG, durante su visita a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», donde fue parte de los invitados internacionales que abordaron el tema de las creación de las Comisiones Internacionales contra la Corrupción. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El diagnóstico de Guatemala cuando arrancó la CICIG tiene algunas coincidencias con el de El Salvador: tenemos una tasa epidémica de homicidios, impunidad en la investigación de los mismos; hay casos de policías involucrados en ejecuciones extrajudiciales de pandilleros. ¿Qué tuvo que pasar en Guatemala para que al final se decidieran todas las fuerzas para aplicar este modelo?

Era un reclamo desde la sociedad civil y sobretodo las organizaciones de derechos humanos porque habían ocurrido muchos ataques a defensores de derechos humanos, incluso asesinatos. Y la impunidad era una situación muy grave y de mucha desconfianza a las autoridades. Entonces primero se propuso la CICIACS (la comisión de investigación de cuerpos clandestinos) y la Corte dijo ‘no, no puede perseguir con autonomía’. Y luego surgió la propuesta de la CICIG, pero el Gobierno y el congreso tenían mucha reticencia. Cuando fue la crisis por el asesinato de los parlamentarios salvadoreños y su piloto (2007), y fue en una época pre electoral, esa crisis de legitimidad que tuvo obligó a que los diputados no se quisieran ver asociados con todo este esquema de asesinatos e impunidad y votaron para que la CICIG llegara al país.

Entonces no hubiese pasado nada sin la presión de la sociedad civil…

Todo se movió por parte de la presión de la sociedad civil, pero con el apoyo de la comunidad internacional. Eso fue clave. Sí había en Guatemala algunos funcionarios en el Ejecutivo, en Cancillería, que veían la magnitud del problema y querían cambiar las cosas. Sí hubo esos aliados.

¿Qué tan importante es el apoyo del Ejecutivo?

Es fundamental.

Usted dijo esta mañana (20 de junio) que todo lo que hizo cuando era fiscal no hubiera sido posible sin la CICIG, ¿Por qué razón?

No hubiera sido posible porque si no es porque CICIG está en Guatemala, en primer lugar, no se nombran personas con mayor independencia, mayor autonomía. Mal que yo lo diga porque a mí me nombraron, pero con capacidad técnica. Fue una gran crisis porque nombraron a un fiscal que tenía vínculos con el crimen organizado, finalmente se anuló el nombramiento, se abrió una nueva comisión de postulación y me nombraron a mí (2010-2014). Y todo esto lo denunció la CICIG, que también denunció el nombramiento de magistrados que no eran independientes y llegaron magistrados muy probos a la Corte Suprema de Justicia. Y el caso del Ministerio de Gobernación en Guatemala los dos ministros anteriores estuvieron procesados por casos de corrupción que impulsó CICIG, hasta que nombraron finalmente a un ministro que era probo y que quería trabajar. Eso te da una seña que no hubieran podido ocurrir esos cambios porque no había instituciones con la voluntad política coordinada para transformar el sistema de justicia. Por otro lado, la capacidad técnica, la metodología de investigación, el fortalecimiento institucional.

¿Y cómo logra usted la independencia con todos los actores involucrados? ¿Cómo logra la independencia ante la presión interna como la que tenía de la comunidad internacional?

Digamos que hay un tipo de presión que yo creo que es sana: la expresión ciudadana que dice queremos resultados que esclarezcan este caso. Para mí era algo que me llamaba a trabajar más, que me interpelaba, y a los otros fiscales también. Tuve mucho apoyo porque se crearon estos jueces de mayor riesgo. Y con la Policía se hicieron equipos. La verdad es que si había un caso había un caso. Por más que hubiera presión había que presentarlo.

Pero las principales presiones que usted enfrentó venían más de los sectores políticos de Guatemala que de la comunidad internacional.

En mi época la presión más fuerte se expresaba en campañas de estigmatización, de criminalización. No sé cuántas querellas tengo abiertas en mi contra (ríe), casos espurios, casos que no tienen fundamento, pero los iban presentando para intimidar, amedrentar, ese tipo de presión. Era presión indirecta de los políticos a través de esto, campañas de desprestigio, o fundaciones vinculadas a ciertos grupos políticos. O amenazas contra los fiscales.

Las personas que se oponen a este modelo señalan que pondría en riesgo la soberanía y que existe el riesgo de que la Fiscalía pueda perder su independencia al trabajar de la mano con un ente internacional.

Pues en el caso de Guatemala, y hay que pensarlo bien en el caso de El Salvador, quienes más atacaban la soberanía y la ponían en riesgo eran Los Zetas, que comenzaron a hacer masacres tremendas en Guatemala. (En) la masacre de la Finca Los Cocos asesinaron a 27 campesinos. El cartel de Sinaloa. Cómo el narco ha penetrado el sistema de investigación criminal, otras agencias, a la misma policía, al Ejército en fronteras. Esa es una verdadera amenaza a la soberanía. Por ejemplo CICIG, con el ministerio público, logramos detener y enjuiciar a la estructura de Los Zetas que estaba operando en el país. Era trabajo de la Fiscalía, pero era con esa sombrilla de la CICIG que podíamos avanzar. Los 10 narcos más buscados los detuvimos, los extraditamos. Realmente se hizo un combate a esta amenaza que es mucho más fuerte que una comisión que va a cooperar para fortalecer el estado de derecho.

¿Qué pasó cuando comenzaron a salir casos más relevantes?

En mi período el tope fue el caso contra Ríos Mont por genocidio. En ese momento el CACIF, que es como la cúpula empresarial, salió diciendo: ‘anulen este caso, esto no se puede hacer’. Como quien dice pasó los límites. Y acortaron mi período. En el caso de Thelma Aldana ya fueron casos de corrupción donde involucraban empresarios. En el momento que las élites económicas fueron procesadas por financiamiento electoral ilícito, que por cierto nunca han negado, ellos aceptaron que lo hicieron, en sus palabras para salvar al país. En ese momento se organizó este lobby anti CICIG en Estados Unidos. Funcionarios que eran probos fueron removidos, etc.

¿Qué hicieron para blindarse cuando empezaron los ataques o el boicot?

Veníamos de una desconfianza del sistema de justicia y cuando empezó a dar resultados tuvimos cada vez más apoyo social. Su máxima expresión fue en 2015 cuando tomaron la plaza, renunció el presidente Otto Pérez, etc. Luego la prensa independendiente comenzó a jugar un papel muy bueno, denunciando casos de corrupción. Eran otros círculos de apoyo que iban fortaleciendo el trabajo. Y la comunidad internacional que jugó un papel muy importante.

¿Cómo está Guatemala ahora? ¿Retrocedieron 10 años?

Sí, ha habido graves retrocesos y para mí es muy doloroso porque, por ejemplo, la Policía se invirtieron años con apoyo de la comunidad internacional, con mucho entrenamiento, sistema de carrera, crear policía profesional, estaba haciendo su trabajo. Este último ministro ha despedido a todos los mandos policiales. Eso es sumamente grave, a la Fiscalía no ha llegado aunque los fiscales sí están muy amenazados. Los jueces también están sufriendo muchas amenazas. Pero me peocupa que exista una presión para regresar, una intención de mantener los privilegios que han mantenido en la pobreza y exclusión a Guatemala durante tantos años.

¿Por qué murió CICIG o por qué la mataron?

Fue este nuevo pacto entre las élites políticas y económicas que hizo un lobby en grandes capitales, especialmente en Washington. Y ahí fue donde empezó a haber una regresión, pero quiero creer que en Guatemala entienden cómo funciona la corrupción y quiero creer que los cuidadanos no van a permitir que existan estos retrocesos.

Logran demantelarla a través del cabildeo con la comunidad internacional…

Pero no a toda la comunidad internacional. Sí tiene muchísimo apoyo de los gobiernos europeos, de otros países de Latinoamericana que han enviado funcionarios a Guatemala. Pero la mirada de lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico desde Estados Unidos, sí hay un viraje muy fuerte. Cuando el único tema es evitar la migración. Las prioridades cambiaron. Siempre el apoyo a CICIG había sido bipartidario, tanto de republicanos como demócratas.

¿Entonces ganaron las élites económicas y políticas que estuvieron detrás de este boicot a la Comisión?

Ganaron impunidad, pero perdieron el país porque no tienen ninguna legitimidad. Ya lo vimos, sabemos cómo operan las redes. Entonces no sé cuál es el concepto de ganar, cómo se gana porque ellos viven allí, ahí tienen sus inversiones.

¿Por qué dice que perdieron el país? En elecciones recientes dice otra cosa: que la gente terminó votando por gente anti CICIG.

Si no se reformaron las normas electorales, hay debilidades en el sistema. Hizo falta que se emprendieran otras reformas que habían permitido esta cooptación del Estado por parte de distintos tipos de poderes.

¿Las élites volvieron a cooptar el Estado?

Creo que nunca se terminaron de ir. Se replegaron y ahora avanzaron.

¿Por qué este modelo si era tan bueno fue tan frágil?

Creo que lo veíamos y lo sabíamos. El derecho penal tiene un límite y la acción de la Fiscalía tenía un límite. Tiene que ser acompañado con reformas electorales, de transparencia en otros organismos del Estado, de postulación de magistrados y jueces. Tenía que haber todo un paquete de reformas que desafortunadamente se estancó. Sólo la fuerza del derecho penal tiene en sí límites. Si no se cambiaban las normas para las elecciones obviamente iban a volver a resultar en lo mismo.

¿En El Salvador, cómo  se puede convencer a las élites, tanto políticas como económicas, de un modelo que al final pueden concebir como una amenaza para sus privilegios?

No los podemos ver como algo granítico. Hay personas honestas que son diputados en este país. Hay empresarios que son honestos y que se ven afectados por la corrupción y el sistema de privilegios y ellos, estoy segura, de que apoyarían este tipo de propuestas. Y luego, lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Honduras, llega un momento de tal descontento social que tiene que ceder. Ahí no es como que yo quiero, es que me veo obligado a crear esta institución que me da más legitimidad.

¿Cómo un modelo que al final se terminó apagando en Guatemala todavía es replicable en otros países?

Sigue siendo replicable porque existen otras condiciones. Por ejemplo, en Venezuela se está hablando de la posibilidad de establecer una comisión de este tipo. Distintos escenarios donde el sistema de justicia nacional o no quiere o no puede avanzar. Lo digo con los GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que después de México decían nunca más en otro país. La crisis fue tan grande para el presidente (Daniel) Ortega en Nicaragua dijo: «Bueno que vengan, aunque sea para ganar tiempo». No se puede tener un pensamiento tan absoluto para decir: esto nunca va a volver a ocurrir.

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