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Un sí desde la academia para la Comisión contra la Impunidad

El modelo empleado en Guatemala con la CICIG también es viable en El Salvador, según varios académicos que concluyeron que no existe un impedimento constitucional para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


La conclusión fue unánime: la Constitución de la República sí permite la instalación de una Comisión contra la Impunidad en El Salvador  (CICIES). Académicos se reunieron este jueves 20 de junio para derrumbar algunos mitos o miedos que algunos sectores han construido ante la posibilidad de la creación de un grupo que trabaje, como lo hizo la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, contra la corrupción y la impunidad en El Salvador, en asocio o con el respaldo de un organismo internacional.

¿Se trata de una justicia a la carta? ¿El Salvador pierde soberanía?¿Qué podría investigar una comisión internacional? Los académicos, reunidos en el campus de la Universidad Centroamericana  José Simeón Cañas (UCA), y en alianza con American University, respondieron esas preguntas y concluyeron que no existe impedimento legal para casarse con el modelo guatemalteco que, con una estrecha coordinación entre la Fiscalía y la CICIG, llevó a la cárcel a poderosos personajes de ese país, como el expresidente  Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

Manuel Escalante, catedrático y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, enumeró todos los artículos de la Constitución de la República y de leyes secundarias que a su juicio abren la posibilidad de la instalación de una comisión internacional. Desde el artículo 144 al 149 de la Constitución de la República, que hablan sobre las condiciones para los tratados, hay un amplio margen para la cooperación exterior para la persecución de los corruptos, según el abogado.

Los detractores, entre estos diputados del FMLN y la cúpula empresarial del país, han puesto muchos peros a la conformación de una CICIES. Han alegado, por ejemplo, que este mecanismo pondría en riesgo la soberanía de El Salvador. Eso también lo dijo  el ahora vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien durante la campaña presidencial dio algunas pistas de la CICIES que estaba pensando el equipo de Bukele: una comisión alejada del modelo guatemalteco, sin un equipo anexo a la Fiscalía, sino una especie de  “asistencia técnica” con iniciativa del Ejecutivo.

“Es conveniente que el Ejecutivo se encargue de negociar y suscribir el acuerdo internacional, en colaboración con el  órgano legislativo. Es posible también que la Fiscalía celebre convenios. Sin embargo, estos pueden estar más expuestos a bloqueos institucionales”, advirtió Escalante.

El presidente de la República, Nayib Bukele, usó la lucha contra la corrupción como una de sus banderas de campaña electoral, y una de sus promesas fue la creación de una CICIES. En las primeras semanas de Gobierno, sin embargo, no ha dado señales públicas de cuáles son sus planes, si es que los tiene, para conformar una comisión. Escalante dijo que, por tanto, no se puede evaluar un plan o las intenciones del presidente. Lo que sí advirtió es que una comisión internacional requerirá autonomía técnica, administrativa, como económica y normativa.

Charles Call, investigador de American University, elaboró un informe acerca de las lecciones para El Salvador tanto de la CICIG como de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (MACCIH). Una de sus conclusiones es que un asocio con una organización multilateral “brinda legitimidad y eleva el perfil de la iniciativa”. Naciones Unidas, según él, mostró ser un socio “menos político” que la Organización de Estados Americanos en Honduras.

“Es importante tener expectativas realistas de tiempo. Las misiones toman tiempo en dar resultados; pueden pasar años antes de que tengan impacto”, advirtió el académico estadounidense, quien recomienda al Gobierno estructurar una misión con la participación de un grupo asesor donde haya participación de la sociedad civil.

Coordinación y no subordinación. Otra de las conclusiones de los académicos fue que una comisión internacional no puede venir a sustituir a la Fiscalía General o al Órgano Judicial; sino que debe servir para fortalecer y complementar a las instituciones nacionales. Una forma de hacerlo, según el análisis de Escalante, es con reformas a la legislación procesal penal para que la comisión pueda querellar (servir como acusador particular) en investigaciones en las cuales haya silencio o inercia fiscal.

“Esto no implica una carta blanca, sino atribuciones dentro de los límites de la Constitución”, aclaró.

La CICIES podría contribuir tanto en la persecución de actos de corrupción como de la violencia, en opinión del abogado. “Tan importante es conocer las causas y consecuencias del enriquecimiento ilícito, como las de los homicidios y desapariciones”, dijo Escalante, quien recordó que la violencia que sufre la población ahora ya no solo viene del crimen organizado, sino también de algunos miembros de los cuerpos de seguridad.

Enrique Argumedo, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, es otro de los académicos que no encuentra impedimentos legales para que se instale una CICIES. Pensar que una comisión internacional sería un menoscabo para la soberanía nacional equivaldría, según un ejemplo de este abogado, a pensar que, para preservar la soberanía, el país ya no  debe permitir que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) opine sobre temas de educación en El Salvador.

“Bienvenida toda la ayuda extranjera que nos vengan a dar… La metidencia  (sic) de las organizaciones es beneficiosa. No se trata de sobrepasar las instituciones nacionales, sino de traspasarles capacidades”, concluyó el constitucionalista.

¿Por qué entonces sería importante la Comisión? Henry Campos, también catedrático y exviceministro de Seguridad durante la administración Funes, contesta esa pregunta con una respuesta simple: porque pese a que ha habido avances, como la condena de un expresidente corrupto (Antonio Saca) o la persecución de un expresidente que está prófugo en Nicaragua (Funes), “todavía existe mucha impunidad”.  Para explicar este rezago recuerda algunas cifras, como el último estudio de Naciones Unidas estableció que en homicidios hay impunidad del 90%.

Claudia Paz y Paz, una de las fiscales guatemaltecas que trabajó junto a la CICIG, también participó en el foro. El diagnóstico de la situación en Guatemala cuando se instauró la CICIG era muy parecido al que ahora tiene El Salvador: altas tasas de homicidios, impunidad. Contó que la comisión nunca invadió el trabajo del ministerio público (Fiscalía) guatemalteco, sino que el mecanismo lo dotó de capacidad técnica para hacer investigaciones más complejas.

“Las investigaciones fueron tan profundas que las élites políticas, económicas, mafiosas, se aliaron para mantener sus privilegios”,  resumió la exfiscal al contar cómo las élites guatemaltecas terminaron tumbando el modelo al verse amenazadas ante las investigaciones. Pero aclaró que todas las condenas e investigaciones en su gestión no hubieran sido posibles sin la compañía de la CICIG.

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