Aunque dice que es muy pronto para hablar de quién podría dirigir la CICIES que el presidente Nayib Bukele ha anunciado que comenzará a funcionar a los 100 días de haber asumido su mandato, la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana cree que el modelo de la comisión que funcionó hasta este 3 de septiembre de 2019 es replicable en cualquier parte del mundo, incluido El Salvador.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez (Archivo)
Durante esta entrevista telefónica, Thelma Aldana resume el legado de la CICIG en Guatemala y si su futuro profesional pasa por dirigir la anunciada CICIES en El Salvador. Aldana rechaza con diplomacia los rumores de que ha sido asesora de la Presidencia para la creación de la CICIES y de que ella sería la persona a cargo de la comisión prometida por el presidente Bukele. Y, aunque dice que es muy pronto para hablar de nombres para administrar la CICIES, dejó entreabierta las puertas a un eventual llamado: “Cualquier apoyo que pueda dar desde mi experiencia por supuesto que sí se puede dar”.
El gobierno salvadoreño acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para tener una asistencia técnica que respalde la instalación de la comisión anticorrupción. Mientras que la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó el pasado 3 de septiembre que ha recibido una solicitud de El Salvador para apoyar la creación de la comisión. La petición, dijo el vocero del secretario general del organismo, Stephane Dujarric, va a ser estudiada minuciosamente.
Aldana, quien fue clave para el trabajo que hilvanaron el Ministerio Público guatemalteco con la CICIG, ahora enfrenta cargos judiciales en Guatemala y es buscada en su país por supuesta corrupción. En esta conversación mencionará que en su país la han amenazado de muerte.
¿Qué representa el fin del mandato de la CICIG este 3 de septiembre?
Para la justicia guatemalteca debe de significar un momento de reflexión y de análisis de las lecciones aprendidas y de cómo seguir adelante.
La CICIG estuvo doce años en Guatemala. Por lo que me dice, esto no fue suficiente.
No fue suficiente porque son décadas de corrupción, de impunidad y todavía faltaba mucho camino por recorrer. Se dieron pasos sólidos, pero la corrupción tiene décadas de estar instalada en Guatemala. Es la regla, no la excepción. Es un monstruo de mil cabezas. Entonces, hay estructuras criminales que se han convertido en redes político-económicas ilícitas. Se desmantelaron muchísimas de ellas, pero hay otras que siguen y que el mandato de CICIG indicaba que, con el apoyo del gobierno, estas redes debían desaparecer del Estado guatemalteco.
Usted ha destacado en varias ocasiones que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Dirección de Análisis Criminal (DAC) fueron un éxito conjunto del Ministerio Público y la CICIG en la lucha contra la impunidad.
Sí, así fue.
Aun así, mucha gente criticó a la CICIG porque aseguraban que desplazaban y, o, sustituyó al Ministerio Público (MP) en la investigación criminal.
La FECI, la DAC y la Unidad de Métodos Especiales (UME) constituyeron las unidades que ayudaron a dar los resultados en las investigaciones históricas que se hicieron públicas. Estaban integradas cien por ciento por guatemaltecos. Nunca, nunca la comisión sustituyó al MP. Lo que hubo fue un cambio en el modelo de investigación a partir de nuevas herramientas y métodos especiales de investigación, porque fuimos capaces de investigar redes de criminalidad, porque se pasó de una investigación de caso a caso a la investigación de fenómenos criminales, utilizando herramientas legales modernas.
¿Y cuál fue el papel de la CICIG?
Fortalecer al MP, haciendo equipos de trabajo conjunto. No era la comisión por su lado y el MP por el suyo. Éramos un equipo conjunto que iniciaba las investigaciones desde la hipótesis del caso, que llegaba a los tribunales, donde la CICIG era querellante adhesivo al MP, de conformidad con la ley. Los expertos de la comisión asesoraban a los fiscales que iban a litigio, les ayudaban en la oratoria forense, en la defensa de la tesis fiscal. Éramos un solo equipo.
¿Cómo se logró esa interrelación de la CICIG con el MP?
Yo puedo hablar de los cuatro años en que fui fiscal general. En mi caso, primero, era una coordinación entre el comisionado y mi persona que permitió que los equipos se coordinaran adecuadamente.
Al inicio de su gestión, alguna gente puso en tela de juicio que usted pudiera tener la misma coordinación efectiva que tuvieron su antecesora, Claudia Paz y Paz, y el comisionado Velásquez. Para que existiera una verdadera coordinación, ¿se necesitaba de personajes o de institucionalidad?
Se debería hablar de institucionalidad, pero desgraciadamente en Guatemala hay instituciones débiles porque el sistema político no les ha permitido su fortalecimiento. Cuando realmente haya instituciones sólidas, el país dará pasos muy grandes hacia el Estado de derecho y la democracia. Por ahora, particularmente, en el sistema de justicia hay instituciones débiles. Pero esto es culpa de ese sistema político perverso que hay en el país.
Aun así, la CICIG necesitó de la aprobación de nuevas leyes que permitieran estas herramientas modernas de investigación de las que habla. O sea, pasar por el Congreso Nacional, donde está representado el sistema político guatemalteco.
Casi siempre hubo apoyo del Congreso. Me parece que ha sido esta última legislatura la que no apoyó en lo que se le iba requiriendo, aunque al inicio sí lo hizo. En algún momento se desvió ese apoyo tan necesario para emitir leyes y avanzar en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia.
Al final, ¿el desempeño de la comisión dependió del apoyo de todos los poderes y del MP?
Efectivamente, y de la voluntad política, incluida la del presidente de la República. CICIG necesitaba todo ese apoyo interinstitucional y político para funcionar.
A pesar de ello, la CICIG siempre vivió campañas de descrédito de sectores políticos y empresariales.
Lo he dicho ya: cuando se tocan estructuras de cuello blanco, estas reaccionan con su capacidad económica y su influencia para hacer campañas de desprestigio y hacer persecuciones contra quienes las investigan. La CICIG fue transparente al cien por ciento.
¿Qué papel juega la transparencia en la creación de una institución como la CICIG?
Es algo fundamental, porque quién luchará contra la criminalidad y la impunidad debe ser transparente. Eso es un requisito sine qua non.
¿La CICIG es un modelo que puede copiar cualquier país de la región?
Es un modelo que puede ser utilizado por cualquier país del mundo, no solo de América Latina. Desde luego, cada país presentará sus necesidades propias y dificultades específicas, por lo que tendrá que adaptarse. Pero ya se tiene un modelo que puede servir de base. Ya tiene un conjunto de buenas prácticas. Así, la CICIG se convierte en un referente mundial de un mecanismo importante en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la criminalidad.
¿Cuál es la gran diferencia del trabajo de la CICIG con respecto al trabajo de la MACCIH en Honduras?
Hay una gran diferencia porque la CICIG podía trabajar investigaciones en conjunto con el MP, e incluso podía iniciar algunas investigaciones, y si encontraba suficientes elementos, pedía al MP que en conjunto se llevara la investigación. Podía ser querellante adhesivo, asesorar en casos y hacer propuestas de leyes. Sus facultades eran bastante amplias y tenía dientes.
¿Y la MACCIH no?
La MACCIH es más limitada, aunque es un esfuerzo importante también.
El gobierno de El Salvador está muy interesado en recrear el modelo de la CICIG. ¿Es posible hacer una CICIES?
Así me he enterado y no me cabe la menor duda de que es posible hacerlo.
Muchas de las herramientas de investigación que apoyó para introducir al sistema judicial guatemalteco la CICIG, como la figura del testigo protegido y las escuchas telefónicas legales, ya existen en El Salvador.
Sí, ya tienen algunas leyes que pueden servir a la CICIES para actuar más rápidamente.
Por lo menos en leyes.
Eso ya es un gran avance, porque no hay que empezar por las leyes. De repente habrá que modificar algunas. Eso es más sencillo y ya se tiene una experiencia guatemalteca que puede ayudar.
Justo hoy, 3 de septiembre, la ONU comunicó que el gobierno salvadoreño solicitó apoyo para la instalación de una “comisión anticorrupción”. De brindar el apoyo, todavía faltaría que pase por la Asamblea Legislativa.
Es un paso necesario porque es un acuerdo de carácter internacional que, por lo menos en el caso guatemalteco, requirió de la intervención del poder legislativo tras una solicitud del ejecutivo.
En el caso guatemalteco, las solicitudes de prórroga de la CICIG eran acompañadas por los tres poderes y el MP.
Yo fui en dos ocasiones, una vez como parte del poder judicial y otra ya como fiscal general.
En el caso salvadoreño, ¿es posible hacer una comisión en un tiempo menor que en el caso guatemalteco?
Sí, es posible. Aunque hay pasos previos: la solicitud a Naciones Unidas, la respuesta, luego una mesa técnica que tiene que discutir los términos del acuerdo. Una vez aprobado por la ONU, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, ya cobra vigencia. En Guatemala fueron años para que funcionara la CICIG, porque se tuvo que diseñar todo desde cero. Para El Salvador, sería más fácil porque ya se tiene este referente.
Ha dicho en otras entrevistas que está escribiendo un libro y que estaría feliz de regresar a Guatemala, pero aquí hay rumores de que asesora al Ejecutivo para la instalación de la CICIES. ¿Es cierto?
Cuando nos reunimos con el equipo del presidente Nayib Bukele, él todavía era candidato. Y hablamos varias veces sobre la experiencia guatemalteca. Ya electo, nos reunimos con el vicepresidente Félix Ulloa y también le trasladamos la experiencia guatemalteca y compartimos los avances que tuvo Guatemala. Pero hasta allí.
En un primer momento, todavía como candidato, Bukele habló de la figura de un comisionado presidencial contra la corrupción, que sería una persona de la oposición. Pero se ha rumorado que usted era la persona encargada de dirigir la CICIES.
Es prematuro hablar de nombres, porque no hay un acuerdo. Es en los términos del acuerdo donde se define cómo se designará al comisionado o la figura que dirigirá esta institución, así como el perfil que deberá tener, el mecanismo de selección… es muy prematuro aún para hablar de ello.
¿Usted estaría interesada en dirigir esta comisión?
Yo lo que realmente quiero es regresar a Guatemala. Sin embargo, apoyaría cualquier esfuerzo en la lucha contra la corrupción en El Salvador. He estado en El Salvador durante meses, particularmente por amenazas de muerte en mi contra en Guatemala, y le tengo cariño y afecto al país, y mucho respeto al presidente Bukele y al vicepresidente Ulloa. Así que cualquier apoyo que pueda dar desde mi experiencia por supuesto que sí se puede dar.
Aquí anduvo circulando una publicación en la que se aseguraba que vivió en un apartamento pagado por el Estado salvadoreño mientras asesoraba sobre la creación de la comisión que usted dirigiría.
Yo me pregunto cómo le pueden creer a una persona como el expresidente (Mauricio Funes) que habla sin pruebas. Escribir, desprestigiar en las redes es fácil. Pero si él asegura algo, debería demostrarlo y probarlo.
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