Bukele anuncia su CICIES sin respaldo legislativo ni judicial

El mandatario salvadoreño dijo que la Secretaría General de la OEA colaborará con asistencias técnicas para que las instituciones que dependen solo de la Presidencia y que tienen facultades investigativas mejoren. A esa cooperación la llamó: “Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador”. No detalló si el plan incluye investigar a su propio gobierno.

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó este viernes 6 de septiembre su “Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador” (CICIES). La fórmula para combatir la corrupción que anunció Bukele desde su campaña electoral es un convenio de cooperación para que la Secretaría General de la OEA pueda dar asistencia técnica a las instituciones que solo dependen de la Presidencia de la República para mejorar sus investigaciones.

Bukele dijo que el convenio firmado entre su gobierno y la OEA no necesita ratificación de la Asamblea Legislativa ni el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. Las asesorías que dará la OEA solo serán para las instituciones del poder ejecutivo que él administra, aunque la Constitución salvadoreña ordena que todos los convenios internacionales que firma el presidente deben ser ratificados por la mayoría de los diputados de la Asamblea.

En esa delimitación del área de acción de su CICIES, el presidente indicó que la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Dirección de Aduanas y la Dirección de Migración y Extranjería son instituciones que dependen de la Presidencia y que tienen atribuciones investigativas. Dijo que son ellas, de hecho, las que van a recibir las asistencias técnicas para mejorar sus investigaciones y para poder afinar sus papeles de querellantes en los procesos penales que promueve la Fiscalía General de la República.

En los casos de la comisión internacional contra la impunidad que funcionó con apoyo de Naciones Unidas en Guatemala desde 2006 hasta finales de agosto pasado, y el de la misión internacional que la OEA apoya en Honduras, la relación con los ministerios públicos de esos países quedó instalada desde el principio como elemento esencial de los tratados que les dieron vida. Esas fiscalías han sido, de hecho, las que convirtieron las investigaciones en acusaciones penales en las cortes.

En el caso de la CICIES de Bukele, no está claro cómo se garantizará que las investigaciones elaboradas por oficinas del Ejecutivo se convertirán en acusaciones penales, o cuáles son las garantías de que la Fiscalía General (FGR) las haga suyas para presentarlas ante las cortes. Al respecto, el presidente solo dijo que la OEA buscará, luego, acuerdos con la Fiscalía salvadoreña.

En el caso de la CICIES de Bukele, las investigaciones que se afinarían en las oficinas del Ejecutivo serían, por ejemplo, las de lavado de dinero que podría hacer Hacienda, por lo que no solo se limitaría a detectar evasión y elusión, así como investigaciones por narcotráfico que puede hacer la Dirección de Aduanas. Esta dirección esta administrada por Gustavo Villatoro, quien tuvo este mismo cargo durante la presidencia de Antonio Saca, condenado por el desvío de más de 300 millones de dólares.

El presidente Bukele enumeró casos como los de lavado de dinero y peculado de Saca y las acusaciones por los mismos delitos contra el expresidente Mauricio Funes, que se originaron en la misma Presidencia. Y otros como el de la presa El Chaparral y del bulevar Diego de Holguín en que fueron utilizadas instituciones como la CEL y el Ministerio de Obras Públicas, respectivamente.

La asesoría para mejorar las querellas judiciales la tendrían entidades que no se especializan en investigación como, precisamente, según ejemplificó Bukele, la CEL (burocracia de la energía eléctrica) y el MOP (construcción y reparación de caminos). Mientras que otras como la Policía tendrán asistencias más especializadas. Incluso, el presidente habló de la creación de una nueva “unidad especializada anticorrupción” de la Policía, que trabajaría en vínculo con su CICIES.

Lo que no adelantó Bukele es si su CICIES va a indagar indicios de delitos en las oficinas de su propio gobierno o solo se dedicará a investigar a las presidencias pasadas.

La OEA, mientras tanto, aclaró que la idea de CICIES como una entidad con control sobre las investigaciones no existe. “Lo que se está conformando es un trabajo para la cooperación. El control no tiene nada que ver con la OEA”, dijo el delegado del organismo, Luis Porto, quien acompañó a Bukele ayer en la presentación. Porto luego añadió, como reiteración, que todo se trata de “asistencia técnica” para las instituciones de la Presidencia.

La CICIES de Bukele, pese al anuncio, aún no funciona. Lo presentado ayer tampoco es una CICIES como gemela de la CICI guatemalteca que fue efectiva en sus 12 años de vigencia para combatir el crimen organizado y la corrupción enquistada en el Estado.

Porto mencionó que en un período de 10 años la OEA estaría colaborando con el gobierno. “No venimos para quedarnos”, dijo el delegado.

Ni Bukele ni Porto dieron más detalles sobre el convenio ni especificaron quiénes integrarán ese grupo, quiénes darán las asesorías o cuál será el origen de su financiamiento.

No es CICIG

Aunque el nombre es una alusión a la CICI de Guatemala, la CICIES de Bukele no tiene la misma naturaleza. La CICIG fue un organismo independiente de todo el Estado guatemalteco, provisto por la ONU, con atribuciones de investigación, autofinanciación y con la potestad de ser acusador anexo junto a la Fiscalía, para perseguir el crimen organizado y la corrupción.

El éxito que tuvo la CICIG se debió a su convenio original. Se trató de un acuerdo, en simultáneo, entre los tres órganos del Estado, por lo que tuvo la aprobación del Congreso de Guatemala y la opinión favorable de su Corte Suprema de Justicia.

Pero Bukele reiteró que su CICIES no va a necesitar de ningún aval de la Asamblea Legislativa ni de la Corte Suprema de Justicia, ya que, según sus argumentos, su área de intervención será limitada a las instituciones que dependen únicamente de la Presidencia de la República, es decir, de lo que abarca su gobierno. En todo caso, su intervención no podrá ser investigativa, sino de asesoría.

“Un par de diputados por allí decían que no teníamos las atribuciones constitucionales para crear una CICIES porque la Constitución en ningún lugar decía que el Ejecutivo puede crear una CICIES; pero la Constitución en ningún lugar dice que el Ejecutivo no puede crear una CICIES”, dijo Bukele como argumento jurídico para no buscar la aprobación de los otros dos poderes del Estado salvadoreño.

En la conferencia de prensa de Bukele, a la que se le prohibió el ingreso a periodistas de Revista Factum y del periódico El Faro, una periodista preguntó sobre la posibilidad de que la CICIES enfrente un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El presidente respondió que la Carta de la OEA, ratificada por El Salvador, es el documento base sobre el que se sostendrá legalmente la comisión.

Los avisos sobre la CICIES que el presidente dio en las últimas semanas provocaron especulaciones de diputados y gremios de abogados sobre la legalidad de una comisión internacional sin aval legislativo ni el visto bueno del poder judicial. De hecho, el artículo 131 de la Constitución salvadoreña dicta que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación”.

También la Constitución ordena que entre las atribuciones y obligaciones del presidente de la República está la de “celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa, y vigilar su cumplimiento”, según el artículo 168. Pero Porto y Bukele dijeron que el amparo que da la Carta de la OEA es suficiente para firmar el convenio de instalación de la CICIES.

El presidente dijo que luego la OEA buscará, por separado, a otras autoridades independientes como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General, para convenir acuerdos por aparte, así como buscará entrevistas con la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa con el mismo objetivo.

En el caso de la Asamblea, dijeron Bukele y Porto, se buscaría además la aprobación de decretos legislativos que puedan ampliar el área de acción de la CICIES. Pero eso, detallaron, será en el futuro, sin comprometerse con fechas.

El presidente incluso trastabilló con la entrada en vigor de la comisión.

“Hemos suscrito este documento entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno de El Salvador en donde se instala… perdón, se conforma la mesa de instalación de la CICIES”, dijo Bukele, y luego matizó que su CICIES va a poder operar “con los casos que se pueden ver desde ya”, pero no nombró cuáles.

Rolando Alvarenga, quien todavía dirige al partido Arena antes de entregar el mando a Gustavo López Davidson, advirtió que enviarán una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para pedir detalles sobre el convenio firmado por Bukele y su organismo.

Alvarenga advirtió que los diputados areneros, cuya bancada es mayoritaria en la actualidad dentro de la Asamblea Legislativa, apoyarán al gobierno si el proyecto es “transparente” y “constitucional”.

El comunicado que emitió la OEA, por su parte, indicó que la CICIES tendrá un carácter “efectivo, autónomo, independiente, neutral y transparente”. Pero Porto, en la conferencia, advirtió que los casos que se escogerán en coordinación con la presidencia de Bukele serán reservados, según el delegado, para no alertar a los investigados.

El FMLN, mientras tanto, ha tenido mayor cautela que Arena y aún no ha fijado una postura sobre el convenio. Otros diputados como Rodolfo Parker, del PDC, en cambio sí advirtieron la posibilidad de una inconstitucionalidad por la instalación de una comisión internacional sin ratificación de la Asamblea.

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) recordó que la Carta de la OEA en la que se ha basado el convenio también establece que “los acuerdos internacionales deben ser públicos”. “Esperamos que se cumpla para que los salvadoreños conozcamos el alcance y la estructura de la CICIES”, expresó la institución en un mensaje.

Sin esperar a la ONU

El 3 de septiembre pasado, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, informó que recibieron una carta del gobierno de Bukele para solicitar apoyo de la organización para la creación de una CICIES. Dujarric no entró en detalles, pero advirtió que la secretaría iba a “estudiar minuciosamente” la solicitud de Bukele.

El presidente no esperó la respuesta de la organización y para no incumplir con su propaganda de la creación y funcionamiento de su CICIES antes de sus primeros cien días de gobierno, hizo la conferencia este viernes 6 de septiembre para decir que la comisión empezará a instalarse.

La ONU y el gobierno salvadoreño exploraron en el pasado la creación de un organismo parecido a la CICI de Guatemala. La administración del expresidente Mauricio Funes hizo una propuesta en octubre de 2010 para la creación de una “Comisión Internacional Contra el Crimen Organizado de El Salvador” (CICOSAL).

La propuesta del gobierno de Funes era que esta comisión se creara por decreto ejecutivo, sin aval de la Asamblea Legislativa, que el comisionado internacional respondiera solo al presidente de la República y que fuera independiente de la Fiscalía General.

La ONU elaboró un memorando en el que se recogió la solicitud del gobierno de El Salvador. En el documento titulado “El Salvador: Mecanismo para el Estado de Derecho”, se estampó la propuesta salvadoreña, que fue hecha en octubre de 2010. El 3 de diciembre de ese mismo año, la ONU respondió que tenía algunos reparos sobre la iniciativa.

La organización advirtió que una comisión creada por el presidente y que solo respondiera al presidente no podría ser ni “independiente” ni “transparente”. También apuntó que, al contrario de buscar independencia de la Fiscalía, lo que se debía garantizar es la participación directa de la Fiscalía y el trabajo conjunto con la comisión.

De hecho, la efectividad de la CICIG radicó, entre otras ventajas, en la voluntad del Ministerio Público guatemalteco, que pudo coordinar el trabajo de investigación y de presentación de los procesos judiciales. Incluso, el MP creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que fue la contraparte guatemalteca de la CICIG.

La CICIES anunciada por Bukele se crea casi con los mismos parámetros que la CICOSAL que rechazó la ONU en el pasado: nacida por la firma del presidente, sin aprobación legislativa e independiente de la Fiscalía General, la única institución salvadoreña que ejerce la acción penal.

A pesar de que se hizo su lanzamiento, el presidente no se casó con plazos ni presentación de resultados. Y la disposición que tengan las demás instituciones del Estado para trabajar con una comisión creada por el presidente, por hoy, es una incógnita.