El Ministerio Público ha pedido que el expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, sea detenido mientras un tribunal determina si el proceso judicial continúa. A Contreras lo acusan de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada, delitos que cometió, dice la Fiscalía, para limpiar las cuentas al expresidente preso por corrupción.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La Fiscalía General acusó a Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas (CCR), de utilizar información falsa en una auditoría financiera que la contraloría hizo a los gastos reservados de Casa Presidencial en 2005, durante la gestión presidencial de Antonio Saca, y de destruir información para encubrir al exmandatario.
Con esta acusación que presentó este jueves 20 de junio ante el juzgado octavo de paz de San Salvador, la Fiscalía lleva a sede judicial una pesquisa que había empezado en 2016 contra Contreras, la cual se desprendió da de las investigaciones realizadas a Saca y a sus colaboradores, acusados de actos de corrupción y de extraer millones de dólares del erario para beneficios personales.
El primero de noviembre de 2016, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, afirmó que la CCR que presidía Contreras permitió a Casa Presidencial, durante la gestión de Saca, “destruir información de transferencias de fondos”. Meléndez dijo en conferencia de prensa que “El Ejecutivo lo que hacía era destruir toda la información alrededor de las transferencias de fondos.”
21 meses después, en agosto de 2018, durante el juicio a Saca por varios delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero, se conoció que la Corte de Cuentas realizó dos auditorías a la gestión del expresidente: la primera comprendida del 1 de junio 2004 al 31 de diciembre de 2007, que fue entregada el 28 de mayo de 2009; la segunda comprendía del 1 de enero de 2008 al 31 de mayo de 2009, que fue entregada dos meses después. Saca obtuvo su finiquito de la CCR en diciembre de 2009.
En su momento, Contreras defendió la decisión de limpiar a Saca. “Voy a ser bien categórico en mí respuesta: para nosotros, como Corte (de Cuentas), esto ya está fiscalizado. Si entramos a hacer una nueva fiscalización o investigación, como se le quiera llamar, estaríamos cayendo en que una persona, en un símil de relación con lo judicial, no puede ser juzgada dos veces por la misma causa”.
En 2018, Alfonso Bonilla Hernández, excoordinador general de Auditorías de la CCR, en función de testigo de cargo durante el juicio a Saca, afirmó que Contreras no permitió realizar la auditoría de los gastos reservados de la Casa Presidencial siguiendo el procedimiento establecido por la Corte de Cuentas.
Bonilla declaró que solicitó a Contreras equipo especial para ejecutar la auditoría, pero Contreras no solo se lo negó, sino que le ordenó que no se realizara los exámenes en Casa Presidencial, donde los funcionarios de Saca tendrían que haber entregado la documentación requerida por los auditores. En lugar de eso, todos los documentos de descargo fueron enviados directamente a la presidencia de la CCR sin el amparo legal correspondiente.
“El informe de las auditorías no tiene ninguna utilidad porque no pude comprobar la veracidad del gasto. No se me facilitó toda la información necesaria para hacer la auditoría”, dijo Bonilla a los fiscales durante el juicio.
German Arriaza, director contra la corrupción e impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo, tras presentar la acusación contra Contreras, que tienen prueba documental, testimonial y pericial que incriminan al exfuncionario.
“Contreras ordenó que se realizaran estas auditorías con información que había remitido la gerencia financiera de la presidencia y que se realizaron no en el lugar donde corresponde, sino en la Corte de Cuentas, ahí en el escritorio del equipo que hizo las auditorías, obviando procedimientos establecidos en la ley”, aseguró Arriaza.
La Fiscalía, además, asegura que Contreras ordenó que en los análisis hechos por los auditores se insertara información falsa.
El próximo martes 25 de junio se realizará la intimación de delitos en el juzgado Octavo de Paz de San Salvador. Si Contreras es hallado culpable, enfrenta una sentencia de hasta ocho años de cárcel.
El encubridor
Hernán Contreras presidió la CCR por primera vez de julio de 1990 a agosto de 1998, cuando renunció para ser candidato a presidente por el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Fue remplazado por Francisco Merino.
Tras la derrota electoral de 1999, Contreras asumió como diputado en el período legislativo 2000-2003 y desde su curul buscó la reelección a la Corte de Cuentas en julio de 2002; la obtuvo y se mantuvo al frente de la entidad hasta junio de 2011.
En 2011, cuando ya sumaba 17 años al frente de la CCR, Contreras intentó su reelección y perdió, pero no se fue con las manos vacías: el 27 de junio de ese año, él y los magistrados Mártir Arnoldo Marín y Abdón Martínez se acogieron a una normativa de retiro voluntario para empleados de la entidad que, en el caso del expresidente de la contraloría, le reportó una indemnización de $66,037.58 dólares. “De acuerdo a la normativa, todo el personal, desde el presidente hasta en la escala jerárquica el último que esté dentro del recurso humano tienen derecho a ello; o sea que es totalmente legal y además justo que hagamos uso de ese derecho de acuerdo a los años que hemos dedicado a esta institución”, dijo Contreras en un desayuno informativo con periodistas.
Contreras adujo que era algo “justo”, ya que, en su caso, “también le he prestado servicios a la patria como miembro de la negociación de diálogo que negociamos la paz, y después en la modernización de esta institución, pues tuve que cerrar algunas de mis empresas y por eso considero justo que después de que uno sacrifica sus haberes pues también tener derecho a una compensación.”
A inicios de julio de 2011, Contreras devolvió su indemnización y pocos días después su nombre apareció en una lista de 76 personas que podían participar en una nueva elección para la presidencia de la CCR. No ganó.
Más allá de eventos partidarios del PCN, Contreras no volvió a figurar públicamente hasta que fue mencionado de esconder los actos de corrupción del expresidente Antonio Saca.
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