Eran inicios de 2018. Varios amigos compartían en una celebración en la colonia Escalón. La CICIES, como promesa de campaña, era el plato principal. Uno de los comensales advertía sobre qué pasaría si la CICIES investigara a quienes le dieron vida. Esa no es una posibilidad, dijo otro. Para garantizarlo, dijo un tercero, solo se necesita un fiscal general amigo, un amigo en la CICIES y una CICIES amiga, a partir de su conveniente acompañamiento desde el Ejecutivo.
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La Comisión Internacional contra la Impunidad llegó a El Salvador abrazada al presidente Bukele como una de sus principales promesas electorales. Muchos vimos con desconfianza tanto abrazo desde el Ejecutivo, especialmente cuando los antecedentes de Bukele en la Alcaldía de San Salvador no eran los más transparentes. Sirvan como ejemplo los reparos de la Corte de Cuentas en el caso del Mercado Cuscatlán.
A los días de la firma del acuerdo marco de la CICIES, la Fiscalía General de la República (FGR) firmó también su propio acuerdo con la CICIES. Y al verificar el contenido, organizaciones de la sociedad civil advirtieron las limitaciones que tendría para actuar fuera del control del Ejecutivo.
Por aquella época, Bukele hablaba de la cantidad de información disponible en los ministerios y que estaría al servicio de la CICIES. Los ojos de las organizaciones de la sociedad civil seguían abiertos y las cejas levantadas.
El 15 de enero de 2020, la FGR pidió asistencia técnica a la CICIES para investigar el subsidio al transporte, el SITRAMSS y El Chaparral. Sin embargo, dos meses después, la pandemia vino a sacudir los pisos financieros, legales y especialmente humanos del mundo.
Fue así como, de manera sorpresiva, en una conferencia de prensa de las que acostumbra a hacer Bukele, anunció la contratación de 60 auditores de CICIES que, según dijo, serían pagados por el Ejecutivo y estarían verificando la ejecución de fondos durante la pandemia.
A estas alturas es público, a través decenas de casos documentados por medios de comunicación, que, durante la pandemia, algunas adjudicaciones tuvieron por sello característico la falta de procesos que garantizaran la competencia efectiva, con recepción variada de ofertas que permitiera comparar y seleccionar las mejores, considerando la calidad y precio para asegurar un uso eficiente de los fondos públicos.
Vino entonces lo que nadie esperaba: la CICIES, en su informe sobre la calidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia Covid-19, expuso irregularidades de apariencia delictiva que fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Doce expedientes que recogen actos sospechosos de corrupción ejecutados entre marzo y septiembre de 2020 —más de un caso por mes y apenas a un año de haber iniciado operaciones la CICIES— fueron el motivo para que la luna de miel con el Ejecutivo llegara a su fin para empezar la luna de hiel.
Entregados los expedientes por la CICIES a la Fiscalía el 9 de noviembre, seis días después de que Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos, la FGR allanó 20 oficinas del Ejecutivo y con ello vino la resistencia a entregar información, incluso llegando la Policía a obstaculizar las diligencias. Aun cuando no se siguió ningún proceso por el fiscal Raúl Melara, era claro que había una herida mortal en las relaciones del Ejecutivo con la FGR y la CICIES. Más de esto ha sido expresado en el reciente comunicado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que se hacen constar varios puntos, cada uno revelador, de los niveles de corrupción a los que se enfrenta El Salvador.
En primer lugar, la decisión del gobierno de no dar a conocer el informe de la CICIES tenía dos objetivos claros: no afectar la imagen gubernamental en plena campaña electoral y proteger a las personas involucradas en estos casos de corrupción.
En segundo lugar, dice Almagro que hubo “acciones de gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración”. Esto, de acuerdo con el Código Penal, podría ser constitutivo, al menos, de un delito de encubrimiento, y evidencia la férrea posición del Ejecutivo de no enfrentar la corrupción que le atañe.
Hay otros elementos que en cualquier país democrático deberían ser señales de alarma de los niveles de descomposición gubernamental, como la revelación de la miseria humana de quien pretende inducir a una institución como la CICIES a que solo investigue acciones de opositores políticos. Después de esto, a nadie puede quedarle duda del uso político de las instituciones públicas al servicio del Ejecutivo.
¿Y qué decir del desdén sobre las reformas que trabajó y presentó la CICIES al Ejecutivo para prevenir la corrupción? Aun teniendo la mayoría legislativa, Bukele no buscó la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal para que la CICIES pudiera actuar como querellante en procesos penales e investigaciones de la FGR en casos de corrupción.
Es decir, la salida de la CICIES definitivamente es un alivio para el gobierno y para la propia Asamblea ante la presión que podrían haber tenido de sus electores para mejorar el marco regulatorio que favoreciera la independencia de la criatura que el propio presidente había creado y que ahora desconoce por haber desnudado la corrupción de su gabinete.
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Era Semana Santa de 2021. Mientras alguien se servía algo de tomar, una voz dijo: Tenemos que darle fin a esto, se generó una alerta por la transacción. No te preocupés, contestó el interlocutor, ya viene el 1 de mayo.
*Ruth López es abogada salvadoreña, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal.
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