El abuso de poder, el cinismo, las mentiras, la corrupción, el desprecio hacia la ciudadanía y la falta total de transparencia con que el gobierno llevó a cabo y manejó sus últimas acciones, como son la elección del nuevo comisionado de transparencia y las negociaciones con pandillas, nos hacen decir nuevamente: ¡BASTA YA! Pero ese nuestro grito, compartido por muchos en el extranjero, debe pasar a acciones concretas —siempre dentro del juego democrático y respetando nuestra Constitución, aunque el gobierno no la respete.
La crítica y la oposición al gobierno, a su partido y, especialmente, a esas prácticas y acciones deben ser compartidas por la mayoría. Esas voces de oposición deben hacerse sentir a través de denuncias, voces fuertes de líderes, acciones de condenas como marchas y protestas, y especialmente a través del voto el próximo febrero. En el exterior, esas voces son muy fuertes. El prestigioso periódico El País, de España, llegó incluso a sacar un editorial titulado “Explicación necesaria”, diciendo que “el presidente de El Salvador debe aclarar su supuesta negociación con las maras”. Voces oficiales de Estados Unidos condenan también esas acciones.
Debe quedar claro que estamos hablando de mucho más que parar la corrupción y mentiras, hablamos de la necesidad de justicia, de pasar de un país injusto y con muy poca transparencia a un país más justo, un país más abierto. Hablamos de pasar de un gobierno y un presidente y sus funcionarios, en quienes cada vez menos creen y en los cuales crecen las muestras de corrupción y abusos de poder, a un gobierno y funcionarios en los cuales podamos confiar y que, aunque sabiendo que son tiempos y decisiones difíciles, estaríamos dispuestos a apoyar, a darles nuestra confianza.
Estamos hablando de pasar de un gobierno en el cual se oculta la verdad, sobre el cual cada día surgen más dudas, dudas que nunca se aclaran, y que cuando se piden explicaciones la única respuesta que se recibe son mentiras, acusaciones y persecución —especialmente de periodistas y sus instituciones—, de un gobierno que niega información y acceso a la prensa, que constantemente socava la confianza pública, a un gobierno transparente, que comparte sus problemas y decisiones, que busca consensos, que fomenta el diálogo. Un gobierno que respeta las leyes y los derechos básicos de sus ciudadanos, un gobierno que merezca nuestra confianza.
Debemos exigir pasar de un gobierno que está hipotecando al país hasta más no poder, que está llevando la deuda del país al valor total de lo que producimos, comprometiendo así a futuras generaciones, y lo peor sin quedarnos claro en qué y cómo se gasta esa plata, a un gobierno responsable y transparente, que no niegue información y el acceso a las obras que se construyen con fondos públicos, que rinda cuentas, que sea capaz de tomar las decisiones difíciles y restrinja el gasto y proponga nuevos ingresos, y lo haga en consenso con las mayorías y de cara al pueblo.
Queremos pasar de un gobierno que no sabe a dónde va, que no tiene ninguna planificación para llevar a cabo la tan urgida y necesaria recuperación económica, un gobierno que no ha sabido cómo conjugar las crisis económica y de salud, que ha entrado en confrontación con los poderes y países que nos pueden ayudar a salir adelante si trabajamos unidos, a un gobierno que nos deje claro cuáles son sus planes para impulsar nuevamente la economía, que nos diga cómo piensa trabajar con la empresa privada para la reactivacion económica, que utilice eficaz y efectivamente nuestro dinero. Un gobierno con una agenda de cambio básica, pero clara y consensuada. Un gobierno que busque alianzas internacionales.
Para lograr esa transición, ese cambio, debemos hacer oír nuestras voces, participando organizadamente. Llegó la hora de rechazar lo malo. Ello lo debemos hacer en el marco constitucional, sin acudir a la violencia. Ya la guerra nos enseñó que la violencia tiene un costo muy alto. Pero también nos enseñó que fueron los movimientos organizados los que lograron el cambio que se produjo en aquel entonces.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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