Ante la pandemia de Covid-19 se aplicó por parte del gobierno salvadoreño una cuarentena. Cabe preguntarse hoy cuáles son los costos económicos, sociales, educativos y sanitarios que la cuarentena potenció o creó. Cuantifiquemos ciertos aspectos.
Algunos costos económicos en producción. El PIB, según el Banco Central de Reserva (BCR), caerá en un rango entre 6.5 por ciento y 8.5 por ciento. Retrocederemos al menos a niveles corrientes de 2016. No hay claridad sobre el tipo de recuperación. Al principio se esperaba la forma de “V”, quizá tenga forma de “U”, aunque su velocidad podría ser lenta. Implica que caerán también los ingresos de las empresas, las familias y del Estado. Por el lado del gasto, caerá la demanda agregada, principalmente el consumo y la inversión. CEPAL ha pronosticado un desplome de -8.6 por ciento. Quizá puede caer un -10 por ciento en un escenario malo.
En empleo, el indicador proxi del número de cotizantes en el sector privado en planilla registró entre febrero y junio de 2020 una reducción de 74,779 personas, siendo la industria (32 por ciento), el comercio, restaurantes, hoteles (29.1 por ciento) y actividades de apoyo (16.6 por ciento) los más golpeados. Ejemplos de las personas afectadas han sido las trabajadoras de maquila, las vendedoras, los meseros, los vigilantes y el personal de limpieza. El retroceso llegó a niveles del año 2014. Los cotizantes de pensiones se redujeron, entre febrero y julio, en 71,215 personas. El sector informal recibirá una ola de nuevos miembros. Un costo invisibilizado es el trabajo de cuido, que la cuarentena ha revelado como mayor carga para las mujeres.
En precios. Según la Dirección General de Estadística y Censo, los precios al consumidor traen impulsos deflacionarios anuales. En 2019 cerraron en 0.0 por ciento, pero con la crisis aumentaron en mayo y junio, principalmente debido al alza de los alimentos, bebidas, servicios de salud, restaurantes, hoteles y servicios diversos que han tenido impulsos positivos. Según el BCR, la inflación subyacente confirma el repunte de precios. Los precios al productor o precios industriales han rebotado. Ya en junio volvieron a la senda temporal. Las variaciones son menores a 1 por ciento. A junio, el precio del dinero aumentó 0.71 por ciento, donde la tasa de interés de corto plazo fue de 7.23 por ciento.
En comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones han tenido una recuperación en forma de “U”. El déficit de la balanza comercial cayó 9.4 por ciento, a pesar de la caída de las exportaciones (-25.9 por ciento), ya que ha sido compensado con menores importaciones (-17.8 por ciento). La caída de los precios del petróleo y la pérdida de vigencia de la contribución especial de $0.10 por galón de combustible han influido en la baja de las importaciones.
En costos sociales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala, para el país, que la pobreza extrema crecerá 4.5 por ciento, llegando a ser de 11.9 por ciento de la población. Y en el caso de la pobreza, esta aumentará 6.5 por ciento, llegando a ser de un 40.2 por ciento de la población. La desigualdad en la distribución del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, aumentará entre 5 por ciento y 5.9 por ciento para el país. Estamos en el auge de la pauperización de amplias capas sociales. La pobreza multidimensional también aumentará. La crisis puede provocar más fragmentación social, pauperización de la población, aumento de la emigración y de la criminalidad.
Sobre los costos educativos, en enero se anunció el inicio del año escolar con al menos 1,145 millones de estudiantes matriculados, dato menor de los 1,330 millones del año 2019. Se anunciaron 73.5 millones de dólares para el paquete escolar anual. Los zapatos y uniformes costaron 42 millones de dólares, según declaraciones oficiales. En términos de la deserción escolar a escala nacional, esta fue de 4.6 por ciento en el 2018. Según el Ministerio de Educación, 40,000 escolares desertaron por causa de violencia o de muerte ese año.
Para 2019, Óscar Picardo señala que desertaron 48,832 estudiantes. Para este 2020, podrían contarse 233,898 alumnos que abandonaron sus estudios. Según la Asociación de Colegios Privados, a nivel nacional el 20 por ciento de los estudiantes ha desertado como consecuencia de la cuarentena.
Según la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña, los costos brutos por deserción para el Estado, proyección de 42 años, fueron de 354.4 millones de dólares y para las personas desertoras, una pérdida de ingresos de 794.4 millones de dólares en ese período. Estas personas tienden a colocarse en la informalidad y pueden ubicarse en condición de pobreza relativa o extrema. La deserción escolar por efecto de la pandemia tiene un costo aún pendiente de medirse.
Aunque loable, son insuficientes las estrategias para la continuidad educativa en el sector público. Es muy grave que los estudiantes no tengan un plan de regreso a la escuela, no se ataje la deserción o que la brecha social y tecnológica sea un muro para acceder a contenidos educativos.
Sobre los costos sanitarios, el Ministerio de Salud anunció en mayo de 2020 procesos de compra asociados a la pandemia por al menos 36,542 millones de dólares. Sin embargo, no debe reducirse la dimensión social o sanitaria al costo monetario. Se debe tomar en cuenta la pérdida de vidas humanas por “efectos de desplazamiento”. Es decir, que la Covid-19 ha quitado recursos sanitarios para tratar las enfermedades convencionales. Y también ha provocado la pérdida de personal sanitario de alto valor público y de valor social irremplazable (capital humano, según otras teorías).
¿Cómo será el inicio de la recuperación económica? Al principio de la crisis se propuso una tendencia en forma de “V”: luego de la caída, una rápida recuperación. Sin embargo, los datos a junio daban señales mixtas. Por ejemplo, las remesas han tenido una recuperación en forma de “V”. En el caso del volumen de actividades económicas como industrias, comercio y construcción, tocaron fondo y han iniciado el ascenso, pero a diversas velocidades. Es probable que la recuperación de algunas actividades sea en forma de “U”. En caso extremo, tendrán una trayectoria en forma de “L” hasta que un impulso les imprima movimiento. Un caso raro sería un comportamiento en forma de “W”, o doble caída y doble rebote.
Finalmente, recordemos que el señor Bukele ha incurrido en ciertos costos en el manejo de la crisis que deberán ser afrontados en su período de gobierno.
En cuanto a los costos fiscales, se autorizó deuda por 3,645 millones de dólares (3,000 millones de dólares para la crisis sanitaria y 645 millones de dólares para financiar el presupuesto general de 2020). La principal partida ha sido el Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). Según el Ministerio de Hacienda, entre 10 de febrero y el 31 de mayo de 2020, se transfirieron 544,955,909.4 millones de dólares. De esto, 375 millones de dólares fueron para compensación económica (68.81 por ciento); 79.79 millones de dólares para cestas de alimentos (14.64 por ciento); 39.45 millones de dólares para el Ministerio de Obras Públicas (7.24 por ciento); 35.43 millones de dólares para Salud (6.5 por ciento), y el resto a otros.
La mala administración de fondos, las compras defectuosas, el dispendio, la poca transparencia y los indicios de corrupción tendrán un costo, que se pagará en forma de deuda pública.
Según el BCR, a junio de 2020, los ingresos disminuyeron 10.94 por ciento y los gastos aumentaron 24.47 por ciento. El déficit público fue de 3.98 por ciento. La inversión pública cayó 12.26 por ciento. La deuda del sector público incrementó 12.16 por ciento. El porcentaje de la deuda, de junio 2019 a junio 2020, pasó de 50.07 por ciento a 57.66 por ciento. Las Letras del Tesoro aumentaron de 603.35 millones de dólares a 1,456.65 millones de dólares. El resultado de los ingresos menos los gastos registran ahora un déficit de 702.6 millones de dólares.
En palabras del actual ministro de Hacienda, se está viviendo una crisis de liquidez que afecta la ejecución de gasto corriente que afectará al pago de salarios de los empleados públicos. Para atajar los efectos de la pandemia, según la Cepal, se ha destinado un 11.1 por ciento del PIB, un esfuerzo mayor alejado de la media de 3.9 por ciento para la región. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la deuda pública adquirida puede rondar un 92.1 por ciento del PIB.
Se advierte que la Ley de Responsabilidad Fiscal, camisa de fuerza para dar sostenibilidad a la dolarización, con el fin del decreto de emergencia, vuelve a ser vigente. Además, la reducción de las reservas de liquidez ha creado un nuevo círculo de deuda entre algunos bancos y el gobierno, ya que la liquidez extra es utilizada en la compra de títulos de deuda del Estado.
La crisis de liquidez, el aumento de la deuda y el pago de intereses junto a un sobregasto combinado con un escaso crecimiento económico y baja recaudación tributaria, entre otros factores, puede llevar a una crisis de solvencia del Estado.
Ante una falta de voluntad política para una reforma fiscal progresiva o impuestos extraordinarios al gran capital, el fantasma del ajuste fiscal de tipo neoliberal recorre los pasillos de Casa Presidencial.
Los costos de no planificar, la anarquía, la discrecionalidad o la improvisación para gobernar también tienen un costo: el gobierno ha publicitado cuatro iniciativas dispares: el plan Cuscatlán, el plan BID, el plan Hausmann y ahora un plan Bukele-Trump. La frase “Si no sabes a dónde vas, no importa el camino que elijas” adquiere un tono trágico en el caso del gobierno actual.
*Willian Alirio Martínez es economista, interesado en integración regional, política económica y políticas públicas.
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