Gobiernos anteriores sostenían que sus decisiones durante las crisis o problemas ayudaban al pueblo, pero muchas terminaron siendo un fracaso o solo ayudando a los grupos más privilegiados. Por ejemplo, Armando Calderón Sol tuvo el reto de consolidar la paz y recuperar la economía para lo que planteó “hacer de El Salvador una gran maquila”. Sin embargo, dicha visión se enfocó en el interés y las ganancias de las empresas y no en mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores. En otro caso, Francisco Flores, ante el alza de la criminalidad, prometió “un plan de mano dura” que terminó siendo una estrategia punitiva de tipo populista, ineficiente e insostenible, que no logró verdaderamente reducir la violencia.
El siguiente en lista fue Antonio Saca, quien heredó el problema de violencia comprometiéndose a terminarlo con la frase: “A los malacates se les acabó la fiesta”, pero esto solo acabó siendo parte de una campaña publicitaria para la apropiación ilegal de fondos del estado. A continuación, Mauricio Funes ofreció crear “la fábrica de empleos”, pero nunca se constituyó una institución como tal, ni tampoco la tasa creció lo suficiente como para dar por satisfecha esta promesa.
Por último, Salvador Sánchez Cerén, ante el acceso desigual a la tecnología educativa, montó la campaña: “Un niño, una computadora”. Sin embargo, de este proyecto se conocen pocos resultados de su implementación; por tanto, no es posible saber su verdadero alcance y pocos lo perciben como una política exitosa.
Con tales antecedentes, este nuevo gobierno —ante la crisis sanitaria y económica— ha querido mostrarse cercano al pueblo y alejado de los partidos tradicionales, y se ha apoyado en discursos y políticas populares. Primero, la denuncia a la corrupción de los gobiernos anteriores y el rechazo a la práctica política tradicional; segundo, el uso de la Fuerza Armada como defensora de la salud y el bienestar de la población; tercero, la entrega de transferencias monetarias por 300 dólares y de “bolsas solidarias”; y cuarto, la adecuación del Centro de Ferias y Convenciones (Cifco) en el Hospital El Salvador (llamado por funcionarios el más grande de latinoamérica), entre otros.
Sin embargo, tal como ha sucedido en el pasado, el hecho de que estas acciones se publiciten como “cercanas al pueblo” no significa que realmente lo sean o que se puedan sostener, ya que a la larga podrían generar mayor desigualdad social. Primero, aunque los funcionarios de gobierno denuncian la corrupción de las administraciones anteriores, y dicen estar del lado del pueblo, en contraste, también apoyan a Walter Araujo, quien compite en el partido Nuevas Ideas. Araujo, cuando fue diputado, firmó la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la “dolarización”, medidas que incrementaron las desigualdades económicas.
Segundo, al hacer uso de la Fuerza Armada para atender problemas políticos y de salud (como los cercos sanitarios), el ejecutivo ha mostrado incapacidad para dialogar, y, más bien, ha amenazado la institucionalidad democrática, buscando hacer prevalecer su criterio para ampliar su propio poder. La resolución de los problemas por la fuerza es parte de la cultura violenta y autoritaria, donde los más pobres sufren los peores efectos (tal como pasó en la guerra). No bastando con eso, se han utilizado recursos para publicitar el ente militar, aunque en el pasado la propaganda excesiva fue propicia para el saqueo de recursos del estado.
Tercero, la entrega de un subsidio de 300 dólares y de bolsas solidarias es un beneficio directo a la población y un alivio a la canasta básica, pero no está correctamente focalizado hacia los más pobres. Tampoco es sostenible, ni es un regalo. Por ejemplo, cada bolsa (con valor estimado de 50 dólares), en el largo plazo terminará costando 924.60 dólares, con el préstamo a 32 años plazo, a una tasa de interés semestral del 9.5%. Este y los otros préstamos serán pagados por la población y aquí los grupos más pobres son quienes sufrirán las mayores consecuencias.
En cuanto a la adecuación del Hospital El Salvador, se discute la idoneidad del lugar, y aunque el gobierno dice que funciona bien, se ha obstaculizado a la prensa para indagar sobre él. Además, se cuestiona si cuenta con el personal suficiente y con los recursos de bioseguridad necesarios. A pesar de esto, por el momento tiene el beneficio de la duda, pero solo el tiempo determinará si termina ayudando a las grandes mayorías o solo es un ardid propagandístico. De ahí que sea válido cuestionarse: ¿Se estará atendiendo a los pacientes que más lo necesitan en dicho centro?
A razón de lo anterior, y más allá de la palabra del gobernante de turno y la publicidad, es necesario cuestionarse continuamente si este gobierno está implementado políticas que realmente beneficien a las mayorías, ya que otros gobiernos también dijeron estar del lado del pueblo, pero con el tiempo lo terminaron decepcionando. ¿Será que con este pasará lo mismo?
*Luis Aguilar es sociólogo salvadoreño, interesado en temas de política, religión y deporte.
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