La historia de cómo el 11 de noviembre de 1989, horas después de estallar la ofensiva “Hasta el Tope”, una cadena nacional de radio transmitió llamadas telefónicas que pidieron que mataran al padre Ignacio Ellacuría, de la UCA.
Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, habla de su salida del equipo que estudia las posibles reformas constitucionales. El abogado advierte que existen otras formas, distintas a las reformas, que pueden permitir la concentración del poder.
Para el departamento de Estado, oficiales como los generales Bustillo y Orlando Zepeda, o los coroneles Inocente Montano y Alfredo Benavides, estuvieron involucrados en la planificación y ejecución de la masacre cometida en la UCA.
Desde su ventana, Lucía de Cerna vio cómo un grupo de soldados entró en los cuartos de Ignacio Ellacuría y el resto de los sacerdotes. Este es su relato de aquella noche del 16 de noviembre. 30 años han pasado y su testimonio sigue siendo válido.
La apertura del proceso judicial es un desafío a la voluntad y capacidad del Estado para juzgar la masacre por la que El Salvador ha sido recordado en todo el mundo. Los ojos están sobre la Fiscalía.
La reciente solicitud de reabrir el Caso Jesuitas en el juzgado Tercero de Paz de San Salvador, a petición del Idhuca, ha reabierto el debate sobre el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Montano se desvincula de la decisión de matar a los jesuitas de la UCA, se escuda en la cadena de mando y afirma que el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, estuvo presente en la última reunión anterior a la masacre.
La defensa del coronel ha comenzado y apela, en parte, a la línea de mando: culpar a sus superiores, en este caso al ya fallecido general René Emilio Ponce, otro de los oficiales de la Tandona acusado por la masacre de la UCA.
Montano llegó la madrugada de este miércoles a España procedente de Estados Unidos. La presencia ex viceministro de Defensa abre la posibilidad para juzgar a todos los acusados: el batallón Atlacatl y la cúpula militar salvadoreña.
La institución jesuita y los familiares de las víctimas solicitan que el juzgado Tercero de Paz, que liberó de cargos al expresidente de El Salvador y a los jefes militares a la fecha de la masacre, anule su resolución.
“La reconciliación solo puede darse si se cumple la promesa de justicia”, aseguró Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita a El Salvador.
Desde que se abrió una investigación en la Audiencia Nacional de España…
