Deje de mentir, vicepresidente

Félix Ulloa tiene una carrera académica notable en las ciencias jurídicas. Pero su discurso como vicepresidente, sobre lo que ocurre en El Salvador, es cínico.

Hace unos días estaba viendo una película en la que un policía le preguntó a un abogado cuál versión terminó siendo la verdadera en un juicio. El abogado le respondió que no existe la versión verdadera, que siempre habrá dos o más versiones de las cosas y que en un juzgado una de ellas terminará imponiéndose sobre las otras gracias a las evidencias o a la falta de ellas. Pero que, en todo caso, la versión ganadora en un juicio no necesariamente será la verdad. Seguirá siendo una versión.

Félix Ulloa, el vicepresidente del gobierno de Nayib Bukele, es uno más entre los reproductores del discurso del bukelismo sobre cómo se administra El Salvador en la actualidad: un país con cero homicidios diarios, aunque el gobierno deje morir a pandilleros o sospechosos de serlo en las cárceles y no los contabilicen como homicidios, y, además, sigan desapareciendo personas. Un país en el que se respetan las leyes, aunque su mismo gobierno es el abanderado en la violación a la Constitución; un país con prosperidad, con uno de los mejores sistemas de salud del continente, sobresaliente en educación, líder en transparencia y ética gubernamental, garante de los derechos humanos y no sé qué más fantasías.

Pero hay algo en el vicepresidente que lo distingue. Hay un plus. Quizás sea que su padre fue una persona destacada como rector de la Universidad de El Salvador. O que su trayectoria académica en ciencias jurídicas, que incluye varios posgrados, lo sitúe en universidades prestigiosas de Europa. Hay, o había ciertamente, algo que le imprimía a su voz una saludable credibilidad años atrás. Fue precursor de cambios constitucionales positivos en materia electoral que acercaron al país a la modernidad. Por eso, a mí, me extraña que Félix Ulloa sea desde hace rato un eco más en la hilera de funcionarios fantoches de este gobierno.

Las respuestas que dio Ulloa en la entrevista que le hizo Le Monde hace unos días me empujaron a escribir estas líneas. Creo que la tolerancia tiene un límite para estar leyendo y escuchando mentira tras mentira de este gobierno. Y también creo que el mismo miedo tiene un límite: el hartazgo. El discurso mentiroso, fantasioso, delirante, tergiversador, difamador, injurioso y calumnioso de Nayib Bukele y su argolla no encuentra paro. Y no lo encuentra porque quienes lo reciben, una ciudadanía dormida, abrumada y silenciada, no reacciona ya sea por simpatía natural, por temor a la represalia o, sí, por dinero, porque los han comprado o ya hicieron negocios con el poder.

Todo tiene un límite. Mi tolerancia y mis temores de ser perseguido por este gobierno ya se quedaron pequeños ante tanta injusticia y al vislumbrar el destino trágico que le espera a este país a la vuelta de la esquina y que allí está, sin ocultarse, a la vista de todos.

El vicepresidente es uno de los responsables. Decir mentiras en un medio de comunicación reconocido internacionalmente solo puede venir de un cínico. El cinismo, para que me entiendan, según el Diccionario de la lengua española, es la “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. Me sorprende que él mismo admitió en esa entrevista que existen “víctimas inocentes y daños colaterales” que se dan en toda guerra, al hablar del régimen de excepción que se viene prolongando, inconstitucionalmente, desde abril pasado. ¿Por qué inconstitucionalmente? Porque los regímenes de excepción, según la Constitución, solo pueden ser prorrogados una sola vez, por el mismo período para el que se aprobaron. Precisamente, este martes 16 de agosto, los diputados de Bukele aprobaron una quinta extensión al régimen de excepción.

Esas “víctimas inocentes y daños colaterales” de los que habló Ulloa en la entrevista son los cientos de personas que han sufrido detenciones arbitrarias a manos de policías que han violado las leyes y los mismos protocolos policiales en nombre de un régimen de excepción ilegal. Ulloa dijo a Le Monde que hay gente que ha resultado afectada por estar “en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Pero que detener, encerrar, enjuiciar y condenar a personas que no han cometido delitos no es una política de Estado. Mentira, señor vicepresidente, su gobierno lo está haciendo con impúdica publicidad.

Y no trate de hacer valer el pensamiento de “el fin justifica los medios”, porque ese argumento utilizado falazmente no cabe cuando el gobierno del que usted forma parte está matando en vida a familias enteras al quitarles miembros que llevan ingresos económicos a sus hogares y que luego tendrán expedientes policiales y penales manchados por su culpa y la de su presidente. A todas las personas que no han cometido delitos y las detienen y enjuician les están dando muerte civil. Sépalo. No son simples daños colaterales. Y no estamos en una guerra. Lo que ha sucedido es que el pacto que su gobierno hizo con las pandillas se rompió y no les ha quedado más que convertir en enemigos a sus socios. Pero los platos rotos los han tenido que pagar todas estas personas que ahora están encerradas en un centro penal sufriendo vejámenes.

En esa entrevista con Le Monde, usted, vicepresidente, dijo que el régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio. Eso es mentira, señor Ulloa. El régimen de excepción, contemplado en el decreto legislativo 333 del 27 de marzo de 2022, suspende los derechos constitucionales consagrados en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución. Es decir, lo que está suspendido son artículos referidos al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia. La inviolabilidad del domicilio, el artículo 20 de la Constitución, cosa que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador han pasado incumpliendo desde finales de marzo, no es parte del régimen de excepción. Deje de mentir, vicepresidente.

Luego, usted dijo algo que me recuerda a la película que vi hace unos días y que comenté al principio. La entrevistadora de Le Monde le cuestionó que hay evidencias de que en El Salvador las autoridades han detenido a personas que no pertenecen a pandillas. Ante ello, usted respondió: “¿Según quién? ¿Ellos mismos? ¿Sus madres? ¿Pastores evangélicos?”. A ver, vicepresidente, su gobierno es corrupto. Su gobierno miente. Falsea y oculta la información pública. Su gobierno no es de fiar. Allá quienes le crean, allá quienes callen por miedo o por dinero. Pero su gobierno no es transparente ni lucha contra la corrupción en su propio seno. Siendo así, y por principio legal y jurídico, su versión contra los detenidos es tan creíble como la versión de los procesados. Ustedes no están deteniendo criminales. Ustedes están deteniendo sospechosos de ser criminales. Usted es abogado, usted es estudiado, y no puede, o no debería, mentir. El proceso judicial debe seguirse como lo dictan las leyes.

La Constitución que usted dice respetar establece que toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Y ese derecho no está suspendido por su régimen de excepción. Así que la versión de estas personas debe ser escuchada y debe comprobárseles lo contrario para mantenerlas encerradas. Mientras tanto, usted como abogado, y como vicepresidente, y como persona, no debe andar prejuzgando a nadie. Mucho menos ofender a las familias de las personas detenidas que están alegando que sus parientes no son pandilleros ni colaboradores de pandillas.

Usted dijo a Le Monde que el 80 por ciento de los pastores evangélicos forman parte de las pandillas. ¿Puede usted sostener con datos y evidencia su afirmación? Mientras usted no haga eso y solo hable por seguir el discurso político de su presidente y su gente, eso es mentira. Usted dio un ejemplo de un académico que resultó ser miembro de pandillas. Señor Ulloa, ¿ese único caso que usted ejemplifica le permite a usted generalizar? Eso es equivalente a que, como en su gobierno hay corruptos comprobados, yo a usted también lo pueda llamar corrupto. ¿Es usted un corrupto?

Vicepresidente, usted no quiso contestar si es una limitante a la libertad de prensa la reforma legal que castiga a periodistas con cárcel por difundir noticias sobre pandillas. Solo se remitió a asegurar que esa reforma va dirigida a “periodistas, abogados, pastores evangélicos y sacerdotes (hola, arzobispo José Luis, ¿va a seguir consintiendo las injusticias ahora que ya también este gobierno mete a la iglesia Católica entre los amigos de las pandillas?)” que “solían transmitir mensajes de los líderes de las pandillas en prisión”.

Mire, señor Ulloa, investigar y publicar sobre pandillas con rigurosidad periodística es parte del ejercicio libre de la prensa para poder contar la realidad de nuestro país. ¿Cómo ignorar al principal actor de la violencia en los últimos treinta años? Y, peor, ¿cómo nos vamos a autocensurar y no contar que ese actor de violencia pactó con el gobierno del FMLN, pactó con la oposición política de Arena y pactó con el gobierno del que usted también es representante?

Pero hay más. Usted aseguró a Le Monde que la ola de homicidios del último fin de semana de marzo de 2022 no se debió al rompimiento del pacto del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas, sino que se debió a que el gobierno anunció que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego vendría a hacer inversiones al país con bitcoins y que, entonces, todo aquel baño de sangre fue planeado “por quienes quieren manchar la imagen del país, dañar al gobierno y crear un clima perjudicial para la inversión”.

Pero qué invención más jalada de los pelos, vicepresidente. Mire, hay audios publicados por el periódico El Faro que determinan que en aquel fin de semana explotó la violencia porque el pacto de su gobierno con las pandillas se resquebrajó. Y en esos audios participa un funcionario de su mismo gobierno que usted seguramente conoce: Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social. Él, hablando con pandilleros, aclaró muchas cosas ocultas sobre su gobierno, como el pacto y como la liberación y exilio de líderes pandilleros para evitar la extradición a Estados Unidos.

Y a la pregunta que le hizo la entrevistadora acerca de quiénes son esos que quieren hacer ver mal al país y al gobierno, usted tuvo el cinismo de responder que son las pandillas y quienes las defienden, es decir, según usted, “los periodistas” y “los que financian a las pandillas”. ¿Usted está consciente de las dimensiones de esa mentira, de lo que implica esa mentira y de la gravedad de esas acusaciones? En un país con Estado de Derecho, yo hace ratos lo hubiera demandado por difamación y calumnia.

Porque su versión, vicepresidente, privilegiada por su cargo y repotenciada por la maquinaria de propaganda que han venido creando desde que Bukele empezó a ganar poder hace años desde el FMLN, tristemente se posiciona en este país como “la verdad absoluta”. Lo peor es que usted, siendo abogado, sabe que no hay verdad absoluta y que haciendo falacias ad hominem nunca va a poder refutar un argumento bien planteado, como el de la corrupción de su gobierno, porque ello sí es completamente evidenciable. Pero parece que usted ya se olvidó de todo lo que aprendió en la Universidad de El Salvador y en Europa.

Y es que mintiendo nunca va a resolver los problemas de este país. Recuerdo cuando lo entrevisté a usted para hablar de la CICIES que Bukele estuvo promocionando en su campaña para ser presidente. Era 2018. Usted me dijo que la CICIES que ustedes estaban pensando solo se trataría de un equipo de “asistencia técnica” y no un equipo de fiscales especiales, extranjeros, con facultades de investigación, como lo hicieron en Guatemala. Recuerdo que publicamos la nota y luego usted dijo en una radio que yo era un mentiroso y tergiversador, que la CICIES sería un ejemplo para el combate a la corrupción. Creo que no necesito recordarle qué sucedió con la CICIES en su gobierno, vicepresidente.

Pero hay más joyitas que usted dijo a Le Monde, señor Ulloa. Aseguró que hay que cuestionar al periodista que recibió los audios de las pláticas de Marroquín con los pandilleros, porque seguramente esos audios se los dieron las pandillas y, entonces, según usted y el discurso bukelista, ese periodista “es culpable de un vínculo con las pandillas”. Pero a la hora de hablar de los funcionarios de su gobierno, usted dijo que ellos, podría ser que, “interactúan” con pandillas y que pueden “tomar decisiones” y llegar a “acuerdos” que luego pueden ser “sacados de contexto”. Pero que, en todo caso, según sus palabras, señor Ulloa, esas interacciones, y esas decisiones de esos funcionarios, y esos acuerdos entre esos funcionarios y las pandillas, no son una política de Estado.

¿Se da cuenta de lo que dijo? Según usted, según su versión oficialista, si nosotros desde el periodismo confirmamos, con evidencia, que su gobierno pactó la reducción de los homicidios con las pandillas, entonces nosotros somos “culpables” de ser colaboradores y defensores de pandilleros. Pero si un funcionario de su gobierno “interactúa”, toma “decisiones” y llega a “acuerdos” con pandilleros, entonces son cuestiones que son sacadas de contexto por nosotros. Permítame reírme.

Señor Ulloa, sé que en Casa Presidencial tienen una unidad de monitoreo de medios de comunicación. Sé también que Revista Factum es uno de los medios monitoreados. Espero que esta columna llegue a su vista. Que la lea. Que sepa que habemos quienes no nos tragamos las mentiras de este gobierno y que usted reproduce. Que habemos quienes sabemos que ustedes mienten, porque la evidencia nos dice todo lo contrario de lo que ustedes abanderan. Le pediría que detenga ese discurso de odio y falacias que lo hace ver mal. Pero creo que sería esperar trigo de la cizaña. Usted seguirá diciendo mentiras. Y nosotros seguiremos develando las falsedades y corrupciones de su gobierno. Cada quien en lo suyo.

Pero, aunque parezca iluso, solo déjeme en esta última línea invitarlo con todo respeto a que recapacite y que, así sea, ojalá pase un día, deje de mentir, vicepresidente.

*Fernando Romero (El Salvador, 1977) es periodista desde 2007. Coordinador y editor de Opinión de Revista Factum. Especializado en investigaciones sobre política y corrupción.