Cuestionada exprocuradora regresa a Derechos Humanos con Nuevas Ideas

Los diputados oficialistas y sus aliados ignoraron las violaciones a la ética gubernamental de Raquel Caballero y los reparos de la Corte de Cuentas en su administración de 2016 a 2019. También ignoraron las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción y alargaron por un mes más la suspensión de derechos constitucionales.

Foto FACTUM/Cortesía

Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados de GANA, PCN y PDC nombraron este viernes 14 de octubre a Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. La de Caballero se trata de una reelección, pues ella fue elegida para ese mismo cargo en 2016 como propuesta del grupo parlamentario de Arena. La procuradora, que entrará en funciones este domingo, tiene un historial de denuncias y sanciones en su primera gestión, que no pesaron para los legisladores afines al presidente Nayib Bukele para regresarla al cargo.

Caballero, desde sus primeros meses en el cargo en 2016, fue denunciada por organizaciones sociales que reclamaron un retroceso en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), principalmente por no pronunciarse contra violaciones a los derechos humanos de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Policía Nacional Civil. La recién nombrada procuradora fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por nepotismo: ella usó su influencia para contratar en la PDDH a su hijastra. También recibió otras sanciones del TEG por faltas a la ética como funcionaria.

Un caso grave que protagonizó Caballero fue la destitución que ordenó de la delegada de la PDDH en Sonsonate, Mirna Rojas, en enero de 2018. El Tribunal del Servicio Civil ordenó el reinstalo de Rojas, pero la procuradora no obedeció la orden judicial. Rojas murió de un cáncer terminal en mayo de 2019 y nunca fue reinstalada en el cargo ni se le reconocieron salarios caídos. En julio de 2019, la Fiscalía General de la República le advirtió a la Asamblea Legislativa que, si así lo disponían los diputados de esa legislatura, podía promoverle un antejuicio a Caballero por el delito de desobediencia. Pero no sucedió. 

La reelección de Caballero fue allanada por un dictamen de la comisión política de la Asamblea, presidida por Nuevas Ideas. En ese dictamen, los diputados firmantes aseguran que revisaron los antecedentes de los nueve candidatos que compitieron por el cargo, incluida Caballero, en todas las instituciones, incluida la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental, y encontraron que ninguno incumplía los requisitos para el cargo, ya que, según ellos, no tenían antecedentes. 

Sin embargo, en el TEG no solo existe la sanción contra Caballero por la contratación de una de sus hijastras, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, sino que hay otra sanción porque en 2017 la procuradora aumentó el salario a Guevara Quintanilla y además influenció para que la PDDH contratara a su otra hijastra, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya. La procuradora sumó otras dos sanciones más del TEG: por usar vehículos y un motorista de la PDDH para transportar a su esposo para asuntos particulares.

Luego de terminar la lectura del dictamen, el diputado jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, tomó la palabra y dijo que su grupo parlamentario proponía para el cargo de procuradora de Derechos Humanos a Raquel Caballero de Guevara. Christian Guevara y Raquel Caballero de Guevara tuvieron una relación comercial en 2018 a través de una de las empresas del actual diputado, según el periódico El Faro. La PDDH contrató a finales de ese año a la empresa Plan B, que era de Christian Guevara, para el “Servicio de consultoría estratégica de comunicaciones”. Fuentes de la procuraduría aseguraron a El Faro que el servicio que Plan B prestaría a la PDDH era la publicación de notas que mostraran una imagen positiva de la procuradora en el sitio web Última Hora, dirigido por Porfirio Chica, un exdiputado suplente de Arena y actualmente afín al gobierno de Nayib Bukele.

Raquel Caballero, condenada por faltas éticas, fue elegida como nueva procuradora de Derechos Humanos. Foto FACTUM/Cortesía

El discurso de los diputados de Nuevas Ideas, como Alexia Rivas y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, fue que con esta elección estaban demostrando una forma diferente de hacer política, alejada de negociaciones oscuras que anteriormente se hacían en la Asamblea Legislativa. La legisladora de Vamos, Claudia Ortiz, les recordó a Nuevas Ideas que estaban nombrando nuevamente como procuradora a una persona que había sido promovida por Arena en el pasado.

Caballero fue elegida con 67 votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo no presentaron ninguna propuesta de entre los nueve candidatos, entre los que se contaba el saliente, Apolonio Tobar, que termina funciones este sábado 15 de octubre.

La excepción de los derechos humanos

La sesión plenaria comenzó por la mañana con retraso. En fila había dictámenes por aprobar, y entre ellos se encontraba el de la elección de la persona que estaría a cargo de la PDDH los próximos tres años. En esta misma plenaria se tenía programada la visita del gabinete de seguridad del gobierno. Alrededor de la 1 de la tarde, los ministros Gustavo Villatoro, de Justicia y Seguridad, y René Francis Merino Monroy, de la Defensa Nacional, llegaron al Salón Azul para entregar al presidente legislativo, Ernesto Castro, una nueva petición desde Casa Presidencial para extender una vez más, por séptima ocasión, el régimen de excepción aprobado a finales de marzo de 2022.

A los ministros los acompañó el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y entre todos justificaron la nueva petición de mantener a El Salvador en un régimen de excepción de derechos constitucionales. Los encargados de la seguridad pública hablaron de que en casi siete meses cuentan más de 55,000 detenciones de personas supuestamente vinculadas a las pandillas, más de 1,600 armas de fuego decomisadas, más de 2,000 vehículos incautados y más de 8,000 teléfonos celulares quitados a los sospechosos.  

El diputado Castro, que tuvo las palabras finales, usó un discurso en el que predominó la analogía entre la valentía y la cobardía. Valentía del gobierno actual por hacer lo que no hicieron los gobiernos pasados, que fueron cobardes, interpretó el presidente de la Asamblea. El legislador se amparó en el apoyo de la mayoría de salvadoreños al régimen de excepción para mantener la medida. Todos ignoraron, o en último caso minimizaron, las denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas detenidas durante el régimen de excepción. Villatoro y Castro se refirieron a “portadas” o “noticias falsas” que son promovidas por “oenegés de fachada” y que son expresiones de “la minoría” o del “tres por ciento” de la población que no está de acuerdo con el régimen de excepción.

Ninguno de los funcionarios respondió a los reclamos de familiares de personas detenidas que aseguran que sus parientes no tienen vínculos con la delincuencia y que incluso sus detenciones arbitrarias han sido reconocidas por el mismo presidente Bukele como un “margen de error” dentro del régimen de excepción.

Horas después que los ministros y el director policial intentaron justificar la permanencia del régimen de excepción, sin permitir ningún cuestionamiento de la prensa hacia los funcionarios, la Asamblea escogió a la persona que, según lo escrito en la ley, deberá procurar la defensa de los derechos humanos, entre ellos los que se encuentran suspendidos desde finales de marzo de 2022.