El gobierno de Nayib Bukele insistió en que la brecha presupuestaria para el otro año es de $472.4 millones. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva emisión de deuda por más de $1,130 millones el mismo día en que aprobó el presupuesto general para el próximo año.
Foto: cortesía
El gobierno de El Salvador ya tiene la aprobación legislativa de un presupuesto general de gastos del próximo año para el que se financiará con deuda de $1,914.4 millones para poder completarlo. La mayor parte de esa deuda, sin embargo, provendrá de nuevos préstamos o de la emisión de títulos valores, para los que El Salvador paga intereses elevados.
Bajo esas condiciones, los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y legisladores del movimiento Poder Ciudadano dieron sus votos el pasado jueves 22 de diciembre para que el gobierno pueda disponer en 2023 de un presupuesto general por $8,902,653,672.
El gobierno proyecta, de ese total, que solo le alcanzará para cubrir, con dinero propio, hasta $6,988.2 millones. El resto deberá provenir de deuda pública. El gobierno y los diputados oficialistas, sin embargo, aseguran que la brecha presupuestaria, es decir lo que falta para llegar a la meta, solo es de $472.4 millones.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró desde octubre pasado, cuando presentó el presupuesto a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, que solo se buscaría una deuda de $472.4 millones para completar el presupuesto de 2023. Mientras que diputados de Nuevas Ideas como William Soriano, Alexia Rivas y Suecy Callejas repitieron en sus intervenciones en el pleno legislativo y en sus mensajes públicos que la brecha presupuestaria para 2023 es de $472.4 millones.
“A nosotros nos ha tocado ir a sanear los desórdenes que nos dejaron los anteriores gobiernos y la mala gestión de los recursos que tuvieron. La brecha presupuestaria es de $472 millones, desde que llegamos al Gobierno la hemos reducido año con año”, Ministro @AlejandroZelay9. pic.twitter.com/XH1914HsbJ
— Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) October 17, 2022
#Plenaria88✍🏻 “La brecha real del presupuesto específicamente es de $472.4 millones y de esos son $26 millones menos comparado a 2022. Ahora, como Asamblea Legislativa tenemos que cumplir nuestras obligaciones fiscales”, diputada @AlexiaRivasG1. pic.twitter.com/f8ZkWD3ZeE
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) December 22, 2022
La economista Tatiana Marroquín explica que la brecha presupuestaria “es todo aquello que no está financiado con ingresos propios”. “Ahora, hay una brecha no financiada, que es a la que se le aprueba la emisión de bonos, y la brecha financiada, que es el dinero de préstamos con el que ya se cuenta”, dice Marroquín.
De hecho, sobre la brecha ya financiada, el Ministerio de Hacienda presentó un cuadro de financiamiento del presupuesto en el que dice contar con un total de $1,441.9 millones en préstamos ya ratificados, que están a la espera de ser desembolsados, y mostró el listado de los créditos. Y también presentó como brecha no financiada un total de $472.4 millones y se los asignó, en efecto, a una futura emisión de bonos.
Pero Hacienda mintió sobre la brecha no financiada cuando colocó en el proyecto de presupuesto, al final de los préstamos ya ratificados y que esperan desembolso, la cantidad de $666.9 millones, bajo el título de “otros empréstitos”, ya que esa deuda, en realidad, aún no está asegurada.
Al sumar los $472.4 millones de la emisión de bonos más los $666.9 millones de “otros empréstitos”, da como resultado $1,139.3 millones, que es exactamente la misma cantidad de dinero que la Asamblea Legislativa autorizó al gobierno, el pasado jueves 22 de diciembre, para endeudarse con préstamos o emisión de bonos y así completar el presupuesto de 2023.
La brecha no financiada del presupuesto de 2023 en realidad es de $1,139.3 millones y no los $472.4 millones de los que habló el gobierno desde octubre pasado.
Por ello, la búsqueda de deuda será por más dinero, como lo aprobaron el jueves pasado los diputados, en momentos en que los intereses que le cobran a El Salvador por la compra de bonos son altos, debido a las calificaciones de riesgo que han ido a la baja y por la situación de deterioro democrático que atraviesa el país. Además, el gobierno salvadoreño también tiene fuentes de financiamiento internacionales cerradas, por decisiones presidenciales como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y por la deriva autoritaria que mantiene.
“Un punto importante en este presupuesto es la profundización de la poca transparencia en el manejo del dinero público. Un ejemplo de eso es que no puedan decir de forma transparente cuánto es lo que necesitan para cumplir con el presupuesto”, apunta la economista Marroquín.
Para el presupuesto 2023, la brecha ya financiada en realidad es de $775.03 millones y no los $1,441.9 millones que el gobierno dice tener asegurados. Y aunque el dinero de deuda ya ratificada se encuentra plasmado en el proyecto, en la realidad no existe completa certeza de que esos montos se vayan a desembolsar.
Revista Factum publicó junto a Voz Pública en octubre de 2022 que el gobierno no había recibido ningún desembolso de dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $91 millones y por $109 millones para el Plan Control Territorial que habían sido aprobados en 2019 y 2021. El BCIE aseguró en su momento que las “condiciones previas” para los desembolsos no se habían cumplido de parte del gobierno.
Para el presupuesto de 2023, esos mismos préstamos, con los números 2237 y 2240, suscritos con el BCIE, están incluidos. Sin embargo, los montos con los que dice contar el gobierno son menores a los estipulados en un principio. Para el préstamo 2237, de $91 millones, el gobierno de Bukele espera para el próximo año un desembolso de solo $20 millones. Mientras que para el préstamo 2240, de $109 millones, las proyecciones son que se reciba un desembolso de $37.8 millones.
Deuda para pagar deuda
El gobierno también está obligado a cumplir el pago de deuda pública contraída con anterioridad con el dinero del presupesto general del próximo año. Si bien el gobierno se endeudará con $1,914.4 millones para cubrir todos los gastos de 2023, también deberá honrar deudas por $2,182.7 millones. Esto significa que del presupuesto de 2023, el gobierno deberá ocupar casi un 25 por ciento para pagar deuda.
Incluso, de esos $2,182.7 millones para pago de deudas, solo para cancelar intereses se usarán $1,066.7 millones, casi un 49 por ciento.
El pago de la deuda pública es el gasto más oneroso del gobierno de Bukele para el próximo año. De hecho, supera los dos presupuestos más fuertes de entre las carteras de estado: Educación (S1,501.8 millones) y Salud ($1,131.1 millones). Los otros ramos que tendrán una buena tajada del presupuesto son Justicia y Seguridad Pública, con $588.1 millones, y Obras Públicas, con $413.9 millones.
Bukele mantendrá los privilegios para los militares y les dará el quinto presupuesto más alto para carteras de gobierno: $250.6 millones.
Opina