La sociedad debe tener más cautela en sus juicios de valor y siempre identificar cada idea que consume en el internet. Una denuncia no es la verdad absoluta de un hecho. En tiempos como estos debemos hacernos el favor de recordarlo siempre.
Marzo, 2023. Me hago esta pregunta: Si he sido víctima de un crimen en El Salvador, ¿cómo van a resolver más rápido mi denuncia la Policía y la Fiscalía? ¿Voy y presento mi denuncia personalmente en un puesto policial, en una sede fiscal, como es debido, o escribo un hilo de Twitter con la esperanza de que se haga viral y entonces se empiece a pedir “tres doritos después” a las autoridades para que hagan una captura mediática del sospechoso? Por lo visto últimamente en la burbujita social del Twitter salvadoreño, la segunda opción tiene, al menos, resultados más inmediatos.
Pedir “tres doritos después” en El Salvador significa que una vez que una denuncia se ha viralizado en Twitter, la Policía Nacional Civil tiene apenas unas horas para responder con la captura de los presuntos implicados en un delito o una falta. Tardarse significa más presión social desde las redes. Así, la Policía entonces se vuelve una esclava de los dictados de una cuenta de Twitter que pide justicia en público contra personas que, ante el escarnio, parecería que perdieron el derecho fundamental de defenderse en igualdad de condiciones. Esto último lo abordaremos más adelante.
Pero lo que debería encender las alarmas en todos estos casos –al menos a mí me las encendió desde que empezó el auge de respuesta a estas formas de denunciar– es que cuando leemos esos hilos en Twitter, si hacen su lectura con más detenimiento, verán que varios de los afectados aseguran que fueron a poner la denuncia a las autoridades, pero que ante la inercia o lentitud para responder, acudieron a las redes sociales para clamar en público que la justicia al menos dé el primer paso: atender su caso e identificar a los supuestos responsables.
El caso del joven Christian Medrano, vapuleado durante un partido en una cancha de fútbol de la residencial Tuscania, llegó a ser tendencia durante un fin de semana entero en el Twitter local. En uno de los tuits escritos por su novia, que fue quien publicitó el caso, ella escribió que la seguridad de la residencial no hizo nada para retener a los jóvenes que golpearon a Medrano y que, también, ella llamó a la Policía en esos momentos. ¿Qué habría pasado si ese caso no hubiera saltado al estrellato en la red de los trinos y solo se quedara en la llamada que la joven hizo a la Policía? Creo que jamás hubiéramos conocido el “caso Tuscania” en las dimensiones en que nos lo presentaron.
Esto, lejos de comprobar que tenemos autoridades que cumplen su obligación de pronta y debida justicia, nos advierte que para hacer caminar el sistema debemos tener la suerte de que nuestra denuncia simpatice y se haga popular. “Denuncialo en Twitter”, parecería que es la recomendación de los feligreses de redes sociales para la búsqueda de la justicia. El problema es que no todos tienen una cuenta de Twitter. En febrero de 2022, según el Instituto de Acceso a la Información Pública, El Salvador contaba alrededor de 446,000 usuarios de esta red social, a lo que habría que restarle las decenas de miles de cuentas falsas o troles con fines políticos. Los que usamos esa red social no somos ni siquiera el 10 por ciento de la población. Y tampoco no es que todos tengan acceso a internet: alrededor de un 45 por ciento de la población salvadoreña carecía del acceso a la red hacia 2021, según datos del Banco Mundial.
Es así, entonces, cómo la Policía, usando el mismo lenguaje del Twitter desde sus aparatos propagandísticos, responde con las fotos de los capturados y se posiciona como la cumplidora de los “tres doritos después”. Y también desde Twitter, la Fiscalía está calificando las capturas como justicia cumplida, cuando la detención del sospechoso es solo un elemento del proceso penal.
Ahora, si la denuncia llegó a ser tendencia en el mundillo tuitero salvadoreño, podemos ver cómo el ministro de Seguridad o el fiscal general hacen propaganda con tuits poéticos acerca de que ahora sí se persigue el delito. Señores, si de verdad persiguieran el delito, no tuvieran pilas y pilas de denuncias sin resolver, ni casos archivados, ni denuncias de personas desaparecidas sin atender. En noviembre de 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos destacó en el informe “La desaparición de personas en El Salvador: el continuum de la impunidad” que entre enero de 2020 y junio de 2022 la Policía recibió 4,060 denuncias de desapariciones. De ese total, en 1,309 casos se desconoce el paradero de las víctimas.
Como un efecto ilusorio, que no es nada nuevo en este régimen salvadoreño, con estos desfiles de capturados en Twitter, con el “tres doritos después” o con los poemas que se avientan los ministros o el fiscal, la autoridad intenta hacer ver a la población que hay avances en la lucha contra la delincuencia.
Pero, ¿por qué las autoridades no tienen esa publicitada y cuestionable efectividad cuando personas que no usan redes sociales ni tienen los recursos para pagarse un plan de internet denuncian que han sido víctimas de delitos? ¿Por qué seguimos leyendo en Twitter que quienes sí tienen los recursos y el conocimiento para usar las redes sociales hicieron uso de ellas para hacer sus denuncias en público porque las autoridades no respondieron con prontitud?
Creo que no hay que confundirse. Hay que sacarle el mayor provecho a las tecnologías de la información, de eso no hay duda. Pero el abuso propagandístico de las autoridades y esa inclinación de que las redes sociales se están convirtiendo en la ventanilla única para tramitar denuncias no habla de un Estado digitalizado y avanzado. A mi juicio, habla de un sistema que es terriblemente lento y a veces inoperante.
Nadie debería recurrir a Twitter para pedirles a la Policía y a la Fiscalía que hagan su trabajo porque los canales formales de las denuncias no funcionan.
Así, repensando la situación, el “tres doritos después” y la denuncia pública en Twitter habla muy mal de una institucionalidad que se está moviendo al compás de una red social y responde con espectáculos de fotos y videos.
Y en cuanto a las denuncias públicas, la falta de contrapeso cuando los casos ya llegan a los juzgados es tal que los sospechosos ya son culpables para el pópulo cuando ni siquiera han sido escuchados. ¿Debemos tomar como verdadera cada palabra escrita en un tuit de denuncia? Creo que lo más sano es no hacerlo.
Pero para que no se me tome a mal, también debo decirlo: siempre estaré en contra de que una persona le haga mal a otra y siempre estaré del lado de quienes sufren las injusticias. Ahora bien, en esta cuestión específica de las denuncias, no pretendo ubicarme del lado de ninguna de las partes. Estamos en etapas tempranas de los procesos judiciales. Las autoridades deberían educar a la sociedad sobre la presunción de inocencia que está plasmada en el artículo 12 de la Constitución de la República, pero en este régimen en que ya dejó de existir tal principio, las consecuencias de ser denunciado en una red social son realmente graves.
Una denuncia son los hechos contados desde la parte que se muestra agraviada. Pero para hacer un juicio de valor se necesitan evidencias, que no siempre se muestran en publicaciones de redes sociales. Además de las evidencias, se necesitan otras versiones, y por supuesto que la versión de los implicados es necesaria para llegar a la resolución que más se ajuste a la legalidad. Cosas de juzgados. Pero lastimosamente no son cosas de la sociedad. La sociedad debe tener más cautela en sus juicios de valor y siempre identificar cada idea que consume en el internet. Una denuncia no es la verdad absoluta de un hecho.
*Fernando Romero (El Salvador, 1977) es periodista desde 2007. Coordinador y editor de Opinión de Revista Factum. Especializado en investigaciones sobre política y corrupción.
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