Osiris Luna usó ilegalmente $8.5 millones de las tiendas penitenciarias

Para evitar el uso irregular de los fondos de tiendas penitenciarias, la administración Bukele reformó el reglamento de la Ley Penitenciaria y estableció un mecanismo de uso y control. Sin embargo, durante diez meses, el director general de Centros Penales Osiris Luna usó $8.5 millones incumpliendo la ley y saltándose procedimientos. Pero no solo eso, la Dirección General de Centros Penales también lucha por mantener oculto el detalle de en qué se ha gastado ese dinero.

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez

El director general de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna, autorizó el gasto ilegal de $8.5 millones provenientes de las tiendas de los centros penales, conocidas como Tiendas Institucionales, durante diez meses de su administración. Luna, máximo representante legal de Centros Penales, violó al menos cuatro puntos del Reglamento General de la Ley Penitenciaria aprobados por la Presidencia de la República en septiembre del año pasado, según información entregada por la misma Dirección General de Centros Penales (DGCP) a través de su Unidad de Acceso a la Información Pública.

La documentación del ministerio de Hacienda y Centros Penales revela que la DGCP usó esos fondos al margen de los procedimientos establecidos por la ley: El dinero depositado por familiares de los reos para el consumo en las cárceles nunca fue depositado a Hacienda, tal como lo establece la ley, pero sí fue gastado -al menos $8.5 millones. Segundo, el reglamento general de la Ley Penitenciaria establece que, para el uso de este fondo, la DGCP debía crear una comisión conformada por cinco miembros, representantes de la Policía Nacional Civil, Hacienda y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta comisión, cuya cabeza por ley es el director general de Centros Penales, nunca se conformó. Es decir, la responsabilidad en el gasto del dinero de las tiendas institucionales fue exclusiva de Osiris Luna.

Otra violación al reglamento general de la Ley Penitenciaria cometida por la DGCP es el ingreso de cantidades de dinero no autorizadas a los reos. De acuerdo con la información entregada por la DGCP, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, hubo depósitos de hasta $300 cuando el máximo, no acumulable, es de $150 por cada reo. Además, el ministerio de Justicia y Seguridad Pública debe auditar al menos dos veces al año ese fondo, según el reglamento de la Ley Penitenciaria; sin embargo, 11 meses después de su entrada en vigor, no se ha realizado ninguna.

Literal C del artículo 154 del reglamento reformado de la Ley Penitenciaria que establece que el principal responsable sobre el uso del Fondo Único de Tiendas Institucionales será el director general de Centros Penales. En este caso, Osiris Luna.

El pasado 18 de septiembre de 2019, la Presidencia de la República reformó el Reglamento General de la Ley Penitenciaria agregando el artículo 154 -y 18 literales- que establecen un mecanismo de creación, uso y control del Fondo Único de Tiendas Institucionales que no existía en el pasado. Es la forma que encontró la actual administración para fiscalizar el dinero que ingresa a las tiendas institucionales, un fondo que en el pasado reciente, por su nulo control, llevó a la cárcel a dos ex directores de Centros Penales.

La reforma establece, entre otras cosas, la creación de una cuenta llamada Fondo Único de Tiendas Institucionales, conocida como “El Fondo”, cuyo control y administración será responsabilidad de Centros Penales. Esta es la cuenta donde los familiares y personas autorizadas depositan mensualmente dinero para que los privados de libertad puedan hacer compras en las tiendas ubicadas dentro de las diferentes cárceles del país. Para su correcto control, el reglamento establece que estos fondos deberán ser depositados cada 15 días a otra cuenta llamada Fondos Ajenos en Custodia de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y no se podrá hacer uso de estos sino hasta que los privados de libertad se lo gasten en las tiendas.

Revista Factum realizó solicitudes de información a la DGCP y al Ministerio de Hacienda; tuvo acceso a dos respuestas emitidas por la Unidad de Acceso a la Información Pública de Centros Penales; y consultó con fuentes que han trabajado en la administración de Tiendas Institucionales. Toda la información obtenida señala que la administración de Osiris Luna gastó de forma ilegal al menos $8.5 millones durante diez meses, saltándose así la reglamentación que el mismo Gobierno de Nayib Bukele creó para evitar el uso irregular de dichos fondos.

Según establece el reglamento, una vez que los reos realicen compras en las tiendas, la DGCP podrá solicitar a Hacienda la devolución del monto gastado por los internos para hacer uso de él, es decir, para comprar más productos para su venta en las cárceles y para otras actividades contempladas en el mismo reglamento. 

Las respuestas de acceso a la información obtenidas por Revista Factum revelan que la DGCP no realizó ningún depósito a la cuenta de Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda durante diez meses, tal como lo exigen las reformas aprobadas en septiembre de 2019, pero sí tuvo ingresos en el Fondo Único de Tiendas Institucionales y realizó compras por casi $10 millones en el mismo periodo. 

Parte de la respuesta de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Hacienda en la que consta que entre septiembre de 2019 y junio de 2020, la Dirección General de Centros Penales no transfirió ni un dólar al Ministerio de Hacienda. Esto a pesar de que en ese periodo Centros Penales ingresó casi $10 millones en la cuenta de las tiendas institucionales.

Según la información entregada por la DGCP, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, al Fondo Único de Tiendas Institucionales ingresaron $9,906,658.85 provenientes de depósitos realizados por familiares de reos, lo que equivale a un promedio de casi un millón de dólares cada mes. De este total, la Dirección ha reportado gastos por $8,599,311.58 a un listado de 45 proveedores, sin especificar montos ni detalles de dichas compras, alegando que actualmente no tiene personal suficiente para buscar la información debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. 

La DGCP no detalló qué hizo con el excedente, $1,307,347.27, si ya fue gastado o si se depositó en otra cuenta de la institución.

Tabla que muestra los ingresos y egresos que tuvo el Fondo Único de Tiendas Institucionales, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, según la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales.

Revista Factum solicitó al Ministerio de Hacienda una copia del registro de transacciones realizadas por la DGCP a la Dirección General de Tesorería, provenientes del Fondo Único de Tiendas Institucionales, entre septiembre de 2019 a julio de 2020. El Ministerio de Hacienda respondió enviando un cuadro en el que se refleja que durante los primeros diez meses desde la aprobación del decreto, Centros Penales no envió ni un dólar al ministerio de Hacienda. No fue sino hasta julio de este año que la DGCP empezó a cumplir su reglamento. 

Para julio de este año, la DGCP reportó a Hacienda $418,410.40 como ingresos provenientes de fondos remitidos a favor de los privados de libertad, un monto que equivale a menos de la mitad de los ingresos netos reportados por la DGCP en los meses anteriores en su contabilidad.

El 10 de julio de este año, Osiris Luna envió un oficio a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda en el que adjuntó el cheque serie “GOB” N°0001692 por un monto de $418,410.40 para ser ingresados a la cuenta de Fondos Ajenos en Custodia de dicha dirección. En el mismo oficio, Luna señaló que los fondos provienen del Fondo Único de Tiendas Institucionales, en concepto de aportaciones de los familiares o personas autorizadas para realizar depósitos a favor de los privados de libertad. 

En una de las solicitudes de acceso a la información Factum pidió “copia de los contratos de servicios firmados por la DGCP con los proveedores de productos para las tiendas penitenciarias desde junio del 2019 a junio del 2020”. Para librarse de responder a esta pregunta, la Dirección usó un juego de palabras a su favor, y se limitó a responder que las compras de las tiendas institucionales no se hacen por contrato sino por “orden de compra”. 

También se solicitó una copia de cada uno de los procesos de licitación o adjudicación para suministros de tiendas penitenciarias entre junio de 2019 y junio de 2020. La DGCP entregó, sin embargo, una lista de 41 proveedores entre los que se encuentran empresas dedicadas a la venta de alimentos, papelería, empresas consultoras y también personas naturales.

Las reformas al reglamento general de la Ley Penitenciaria establece que, para hacer uso legal de los fondos que los familiares depositen a los internos, la DGCP deberá primero enviar dichos fondos a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y, una vez gastado el dinero por los internos, este retornará a las cuentas de la DGCP para su uso. De ese fondo se podrán realizar compras de productos para reabastecer el inventario y se podrá hacer otros gastos establecidos en el artículo 154-K del Reglamento.

Ese mismo artículo establece que todas las compras realizadas deberán ser autorizadas por una comisión conformada por cinco miembros: un delegado del Ministerio de Hacienda, un delegado de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres delegados del ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Estos cinco miembros, según el reglamento, deben realizar sus funciones ad honorem. El 154-C establece que el coordinador de dicha comisión será el director general de Centros Penales, es decir, Osiris Luna. 

Sin embargo, durante los primeros diez meses en vigor de las reformas al reglamento, las compras por $8.5 millones con fondos de las tiendas fueron realizadas sin que esa comisión existiera. La DGCP se negó a entregar las hojas de vida de los integrantes de dicha comisión alegando que dichas personas “no pertenecen” a esa institución. Sin embargo, al final de su respuesta a este punto añade otro elemento aún más importante: “Tampoco hemos tenido la posibilidad de hacer un proceso de selección de cada una de ellas, por lo que nos declaramos incompetentes”.

En dos de las tres solicitudes realizadas a la DGCP sobre el uso del Fondo Único de Tiendas Institucionales, la institución reveló que en diez meses realizó compras a 41 proveedores; sin embargo, no detalló los montos ni los bienes o servicios comprados a estos. Ante la falta de información básica sobre las compras, la DGCP alega que, debido al Covid-19, están empleando el personal mínimo necesario lo que impide dar una respuesta más detallada.

La DGCP también respondió, ante la solicitud de un ciudadano, que entre septiembre de 2019 y junio de 2020 los familiares o personas autorizadas para realizar depósitos a los privados de libertad depositaron montos que oscilan entre $1 y $300. Sin embargo, el mismo reglamento creado por la actual administración establece en 154-E que los reos podrán recibir un monto máximo de $150 el cual no es acumulable, es decir, que si un reo solo gasta $50 en un mes, el próximo mes solo podrá recibir el restante para sumar nuevamente los $150.  Es decir, que durante al menos diez meses algunos reos recibieron más dinero del permitido por la ley.

Factum llamó al director general de Centros Penales Osiris Luna a su teléfono en reiteradas ocasiones. También se le dejaron mensajes en su Whatsapp, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Desde junio pasado, Factum pidió hablar con el ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas sobre este tema, sin embargo tampoco ha habido respuesta. Este sábado 15 de agosto por la tarde, Rivas contestó una llamada telefónica de un periodista de Factum y aseguró no estar enterado del uso ilegal de fondos de las tiendas penitenciarias. “Me agarrás en curva ahorita, pero déjame documentarme y llamame el lunes a las 11:00”, dijo Rivas al periodista que le llamó.

La abogada penalista Marcela Galeas señala que el uso de los fondos de tiendas penitenciarias sin que fueran depositados en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, tal como lo ordena el reglamento general de la Ley Penitenciaria, constituye una violación directa a la ley y podría incurrir en el cometimiento de un delito. “Una falta de cumplimiento a una ley es una violentación a la ley. La ilegalidad es hacer lo contrario a la ley. Si no se realiza un procedimiento tal cual lo establece la ley se puede estar incurriendo en un delito. Sin embargo, se debe agotar la vía administrativa, ya que es la Corte de Cuentas, a través de una autoría, la que debe en un primer momento alertar sobre la posible falta”, dice Galeas.

Un hoyo de dinero sin fondo

Desde su creación en la década de los 90 y hasta el año 2014, los reos del sistema penitenciario salvadoreño utilizaban dinero en efectivo y sin límite para sus gastos al interior de las cárceles. Sin embargo, a partir de esa fecha, la DGCP implementó paulatinamente el sistema “Cero Dinero”, que consistía en eliminar el uso de efectivo y asignar un código o número de cuenta a cada interno en el que sus familiares o personas autorizadas le depositarían dinero para sus gastos. 

Una fuente consultada por Factum que participó en la administración anterior y que conoció de cerca el trabajo de tiendas institucionales de Centros Penales aseguró que, en promedio, las tiendas generan aproximadamente $1.2 millones de ingresos netos mensuales. Para explicar estos ingresos lo ejemplificó de la siguiente manera: “Suponga que a cada reo en promedio le depositen $40 mensuales, cosa que no es así porque en realidad le depositan más, pero suponga esa cantidad. Multiplíquelo por 30,000 internos que hay en este momento. Eso equivale a $1.2 millones mensuales”.

“Antes de implementar ese sistema le encontrábamos miles de dólares en efectivo a los internos en las requisas. Incluso, antes de que hubiera algún control, los mismos internos llamaban a los proveedores, al Pollo Campero o a la Coca Cola porque ellos eran los dueños de las tiendas”, dijo esta fuente a Factum.

En 1998 se realizó una reforma penal y se emitió una nueva ley penitenciaria. Dos años después, en el 2000, el Ejecutivo emitió el reglamento para dicha ley en el que se establece que prohíbe a los privados de libertad realizar negocios dentro de la cárcel; es decir, el sistema penitenciario le quitó las tiendas y las empezó a administrar él mismo. 

Los fondos, sin embargo, carecieron de una ley durante todos estos años. Durante la administración de los exdirectores Nelson Rauda (junio de 2009 a junio de 2013) y de Rodil Hernández (junio de 2013 a mayo de 2017) los fondos se administraron, al principio, sin control alguno, y luego bajo la administración de una asociación llamada ASOCAMBIO. 

El uso irregular y poco normado de los fondos, sin embargo, continuó. El 29 de mayo del 2017, la Fiscalía General de la República ordenó la captura del entonces director de Centros Penales Rodil Hernández y de su antecesor Nelson Rauda, acusados de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta. La Fiscalía los acusó de hacer mal uso de $208,393.19 entre 2012 y 2014 durante sus dos administraciones. La Fiscalía reveló que mientras Hernández fue subdirector de Centros Penales se emitieron cheques a su nombre que luego fueron cambiados en efectivo y posteriormente se perdió el rastro del dinero. 

Las investigaciones fiscales sobre el mal uso de fondos de las tiendas penitenciarias iniciaron en el marco de la investigación de la tregua entre el gobierno del expresidente Mauricio Funes y las pandillas salvadoreñas, descubierta en marzo de 2012. Durante esta investigación, la Fiscalía aseguró que los fondos de las tiendas penitenciarias fueron usados para pagar a Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua.

En su defensa, Hernández aseguró que el dinero era cambiado en efectivo y usado para “gastos de inteligencia”. El 24 de septiembre de 2019, Hernández y Rauda fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Entre sus argumentos para su absolución, el juez argumentó que mientras Hernández y Rauda estuvieron a la cabeza de Centros Penales no existía legislación para el correcto uso de los fondos de tiendas institucionales. Sin embargo, el pasado 4 de julio del presente año, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó repetir el juicio en contra de los exfuncionarios.