UTE prefirió comprar más vehículos que proteger más testigos

La directora de la UTE, Kenia Elizabeth Melgar, usó dinero del combate a la delincuencia para comprar vehículos, aires acondicionados y televisores en medio de un estancamiento del programa de protección de víctimas y testigos. La comisión que coordina a la UTE le abrió una auditoría financiera. Melgar, además, convirtió su plaza en un cargo permanente.

Foto FACTUM/UTE


La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) que dirige Kenia Elizabeth Melgar aprobó en los últimos dos meses de 2018 gastos por más de 230 mil dólares en carros, plantas eléctricas, aires acondicionados, proyectores, televisores, cámaras fotográficas, impresores y otros artículos más con dinero de la contribución a la seguridad. Los responsables de la comisión coordinadora de la UTE decidieron hacer una auditoría especial a la administración de Melgar por esos gastos. La auditoría está en curso y está a cargo de la Corte de Cuentas.

Revista Factum tuvo acceso a facturas de las compras que hizo la UTE entre noviembre y diciembre de 2018 con dinero de la contribución especial, así como el contrato de alquiler del nuevo edificio en el que funciona desde enero de 2019 y por el que paga más que por las dos sedes que tenía anteriormente. En esos dos meses, y al menos según los comprobantes que tiene este medio, la UTE de Melgar gastó un poco más de 230 mil dólares ($232,292.91). Solo en 2018, eso significó casi un 31 por ciento del total que recibió la UTE en concepto de la contribución de ese año.

La UTE de Melgar tomó de esos fondos 100,770.12 dólares para seis carros sedán Nissan Versa año 2019, que compró a Grupo Q, el 13 de diciembre de 2018. El costo de cada vehículo fue de 15,950 dólares más el servicio de mantenimiento de cada uno por 1,346.69 dólares. Un día antes, el 12 de diciembre, también con dinero de la contribución, la UTE compró a Grupo Q un microbús Hyundai H-1 año 2018 por 25,590 dólares; un panel RAM Van700 año 2019 por 13,500 dólares; y una camioneta Honda CR-V año 2018 por 31,389 dólares.

Otros 25 mil dólares de la contribución a la seguridad sirvieron para comprar una planta eléctrica de emergencia para el nuevo edificio que iba a utilizar la UTE desde enero de 2019 en la colonia San Francisco de San Salvador. La contribución para combatir la delincuencia y para la protección de víctimas se usó también para comprar proyectores para conferencias, aires acondicionados, consultorías técnicas para software, televisores, cámaras fotográficas, impresores y sistemas biométricos para acceso a puertas del edificio que rondaron los 40 mil dólares.

La UTE, sin embargo, tiene un déficit de 2.5 millones de dólares que le impide ampliar el programa de protección de víctimas y testigos que esa unidad administra. Es decir, según la directora Melgar, no hay dinero para que más personas ingresen al programa pero sí para ampliar la flota vehicular de la UTE.

Kenia Elizabeth Melgar, directora general de la UTE.

Los recursos para mantener casas de refugio, alimentación, atención médica, psicológica y otras necesidades de las víctimas y testigos no alcanzan frente a las solicitudes de la Fiscalía General para incluir a más personas al régimen, pese a los refuerzos financieros que ha tenido la UTE en los últimos años y al apoyo que significa la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), que aprobó la Asamblea Legislativa en 2016 para el combate a la delincuencia.

La UTE nació en 1993 como un canal de coordinación y ejecución de proyectos conjuntos entre las cinco instituciones del sector de justicia de El Salvador: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo Nacional de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia. Su presupuesto depende del ministerio y tiene una dirección que es elegida por los titulares de las cinco instituciones. Dentro de la UTE se encuentra el programa de protección de víctimas y testigos, que a la fecha acoge a un aproximado de 120 personas, según explicaron dos fuentes internas que para este reportaje pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias laborales.

El presupuesto anual de la UTE ha sido de alrededor de 5 millones de dólares en los últimos tres años, de los que unos 3.9 millones se destinan al programa de protección de víctimas y testigos. Con este presupuesto también se pagan salarios y se adquieren bienes y servicios. La contribución a la seguridad le ha significado a la UTE un refuerzo que ronda los 700 mil dólares por año. La contribución fue creada por el último gobierno del FMLN para “la prevención de la violencia, el control y persecución penal, la rehabilitación e inserción social, la atención y protección de víctimas y el fortalecimiento institucional”, según la ley.

Pero el programa insignia de la UTE no ha podido ampliarse en los últimos dos años, ni con el dinero extra de la contribución.

Los gastos que hizo la UTE en los últimos meses de 2018 pudieron haber cubierto, solo en alimentación, los desayunos, almuerzos y cenas durante un año completo de unos 90 testigos protegidos más, aparte de los aproximadamente 120 que ya están integrados en el programa. Pero la UTE en realidad ha estado rechazando solicitudes para que más personas se amparen al régimen de protección.

Por ello, la comisión coordinadora de la UTE ordenó una auditoría a las compras que hizo la administración de Melgar con el dinero de la contribución, para verificar la administración de ese dinero.

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Factum pidió una entrevista con la directora Melgar para que respondiera interrogantes sobre los gastos, sobre el programa de víctimas y testigos y sobre otras decisiones como su plaza de directora como cargo permanente. La unidad de comunicaciones de la UTE programó para el 28 de octubre la  entrevista, en las instalaciones de la UTE, pero momentos antes de la cita la oficina canceló y hasta el cierre de esta publicación no volvió a responder para programar una nueva fecha.

Una de las preguntas de Factum en la entrevista que intentó gestionar con Melgar era si la camioneta Honda CR-V que costó más de 31 mil dólares es para su uso personal. La directora optó por no dar respuesta.

Factum habló con fuentes internas de la UTE y con miembros de la comisión coordinadora, como el fiscal general, y con las oficinas de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, así como con diputados de la Asamblea Legislativa, para profundizar en la crisis financiera del programa de víctimas y testigos, en la contribución a la seguridad y en la situación de plazas permanentes en la función pública.

Sobre el estancamiento del programa de víctimas y testigos, la directora Melgar declaró a La Prensa Gráfica en septiembre pasado que las solicitudes para ingresar a más personas al programa de víctimas y testigos incrementaron en los últimos dos años, y para cubrir esa demanda la UTE pidió para el presupuesto de 2019 un extra de 2 millones de dólares para sumarlos a los 3.9 millones de dólares con el que ha contado el programa este año. El Ministerio de Hacienda le aprobó solo 200 mil dólares más.

“Si los repartimos en un año calendario (los 200 mil dólares), es demasiado poco. Eso se va en arrendamiento, ¿y la alimentación, atención psicológica, atención médica, logística, seguridad y kit personales?”, cuestionó entonces Melgar por la falta de atención a las demandas del programa. Melgar pidió un nuevo refuerzo de 2.5 millones para 2020 y la comisión coordinadora de la UTE entonces abrió la auditoría a la gestión financiera de Melgar.

El “impuesto” para reforzar la seguridad

Los homicidios y las extorsiones rebalsaron los controles del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén luego de que terminó la tregua con las pandillas que fraguó el gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. La administración de Sánchez Cerén, dentro de su declarada guerra a las pandillas, impuso una Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia, que se conoció como el “impuesto a la tecnología” o el “impuesto a las comunicaciones”. La contribución significa un recargo del 5 por ciento que aporta el consumidor al precio de cualquier aparato o servicio tecnológico de comunicaciones. Por ejemplo, cuando se compra un televisor, una radio, un teléfono celular, un paquete de datos para el celular o el servicio de internet, se incluye un 5 por ciento del precio original que lo pagan los contribuyentes.

El objetivo del gobierno anterior era tener más dinero para hacerle la guerra al crimen. La contribución, entonces, entró en vigor por aprobación de la Asamblea Legislativa en los últimos días de octubre de 2015. En 2016, 2017 y 2018 por medio de la contribución se recaudó un promedio de 115 millones de dólares por año. Los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, de Defensa y la Fiscalía General, entre otros, son instituciones que reciben desde entonces este refuerzo dirigido especialmente al combate a la delincuencia. La UTE, como puente entre las instituciones del sector de justicia, también está incluida entre las acreedoras de la contribución especial, precisamente porque uno de los objetivos principales de la contribución es la protección de víctimas y testigos.

Pero la contribución no ha ayudado a que la UTE abra más cupos en este programa. Por ejemplo, en 2017 ya se registraban los primeros problemas por el estancamiento. Un testigo protegido, de clave “Japón”, no estaba dentro del régimen, pese a solicitarlo, y la Fiscalía tenía dificultades para que llegara a los tribunales por un homicidio que atestiguó. “Japón” corría peligro. Haber sido testigo de ese homicidio lo volvía vulnerable. Su testimonio era clave en el juicio contra los dos acusados. El fiscal del caso, en un momento de desesperación, reveló entonces a La Prensa Gráfica que “Japón” en realidad no estaba siendo cuidado por la UTE y que su caso tambaleaba. La razón de la falta de protección, según el fiscal, era que la UTE no tenía dinero para proteger a su testigo.

El alojamiento, la alimentación y la manutención que tienen los testigos protegidos que no puede cuidar la UTE han tenido que estar a cargo de otras instituciones, como Factum lo pudo comprobar durante esta investigación.

Comisión Coordinadora de la UTE 2019.

La Fiscalía General es una de esas instituciones que ha tenido que correr con gastos para atender a víctimas y testigos que son responsabilidad de la UTE. El fiscal general, Raúl Melara, miembro de la comisión coordinadora, confirmó a Factum que la Fiscalía se encarga de asistir a víctimas y testigos que son rechazados por la UTE.

—¿Es cierto que la Fiscalía ha estado asumiendo gastos para proteger a víctimas y testigos? —le consultamos a Melara.

—No es un secreto que el sistema de protección a víctimas y testigos tiene problemas financieros. La cantidad de personas a las que se les da este tipo de resguardo es grande y, bueno, efectivamente, la UTE ha tenido que hacer esfuerzos, incluso, si no me equivoco, hacer traspasos de partidas (presupuestarias) para poder solventar las necesidades del programa. Y allí incluso la Fiscalía ha tenido que asumir costos invirtiendo recursos para poder preservar la integridad del testigo y que este se pueda apersonar cuando el proceso lo amerita —respondió Melara.

—¿En qué medidas que le corresponden a la UTE está invirtiendo la Fiscalía?

—Desde la alimentación y el resguardo. También se les ha dado resguardo. Tratamos de darles todo lo integral.

—Ok, entonces…

—Es que, vea, al final nosotros (Fiscalía) somos los interesados. Somos los preocupados por que los testigos puedan llegar a los procesos a declarar lo que corresponde.

La dirección de la UTE también decidió cambiar sus sedes de protección a víctimas y testigos y las oficinas centrales a una sola localidad. Desde enero de 2019, la UTE paga el alquiler de un edificio en la colonia San Francisco de San Salvador.

Un nuevo local más caro y menos útil

El programa para víctimas y testigos de la UTE tenía su sede hasta diciembre de 2018 en la colonia La Mascota de San Salvador. En un espacio de 1,500 metros cuadrados, la dirección del programa funcionaba y daba cabida además para que unos pocos testigos protegidos pudieran albergarse. El lugar, con una ubicación reservada, servía para hacer entrevistas y asistir a las personas acogidas al régimen de protección.

Las víctimas y los testigos protegidos, cuando sus condiciones de riesgo son inminentes, necesitan manutención, resguardo y seguridad en refugios, ya que son vulnerables de sufrir atentados contra sus vidas por la información que conocen o han atestiguado sobre crímenes. La sede del programa, en San Salvador, servía para esos fines. La dirección de protección, además, tiene más casas de refugio diseminadas en El Salvador que son costeadas con el presupuesto ordinario de la UTE.

La UTE, mientras tanto, también hasta diciembre de 2018, tenía sus oficinas en la colonia Escalón, apartadas por completo de la sede del programa. Las dos casas eran alquiladas y se pagaba, por la sede para protección de víctimas y testigos, una renta anual de 42 mil dólares, mientras que para la oficina de la UTE se pagaba una renta por año de 37,028 dólares. Las dos sedes costaban 79,028 dólares por año.

La directora Melgar, el año pasado, decidió unir las dos sedes en un solo local para que funcionaran de esa manera desde enero de 2019 y escogió el local de la San Francisco por cuyo contrato anual de alquiler se pagan 128,820 dólares por año. Es decir, la unión de las oficinas costará, cada año, 49,792 dólares más de los fondos públicos. Casi 50,000 dólares extras por año.

Ese incremento en el alquiler, que también incluye aumentos en los costos de los servicios de electricidad y agua, según las copias de facturaciones que Factum tiene en su poder, no ha mejorado la funcionalidad del programa de víctimas y testigos. Las fuentes de la UTE indican que muchas entrevistas “sensibles” con testigos ya no pueden hacerse en la nueva sede, a la que, por la naturaleza de la UTE, llegan fiscales, jueces y policías. El personal de la dirección de protección de víctimas y testigos, pese a tener un nuevo edificio, ha tenido que hacer su trabajo en varias ocasiones fuera de sus oficinas. Para ello, en efecto, y como lo precisó el fiscal general Melara, han usado localidades de la Fiscalía y en algunos casos establecimientos de la Policía Nacional Civil.

Por todos estos manejos, la revelación que hizo la directora Melgar sobre un déficit de 2.5 millones de dólares para el programa de protección de víctimas y testigos sorprendió a los miembros de la comisión coordinadora.

A partir de ello, Factum consultó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, y desde la oficina de comunicaciones se reiteró que la administración de Melgar está siendo auditada.

“La comisión coordinadora determinó iniciar un proceso de auditoría (sobre la UTE). Se está a la espera de resultados”, fue la respuesta que se recibió de la corte.

También se consultó con la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María Josa Párada, y su oficina respondió que la comisión coordinadora avaló la auditoría especial financiera con el fin de verificar, específicamente, el uso de los fondos de la contribución a la seguridad que ha hecho la directora Melgar.

Lo que dijo desconocer la presidenta del consejo es el cambio a una plaza permanente que se aprobó Melgar para sí misma.

El blindaje de la directora

El cargo de la dirección general de la UTE era una plaza por contrato hasta finales de 2018. La directora Melgar convirtió su puesto en una plaza por ley de salario a partir de enero de 2019. Para ello elaboró un “acuerdo de dirección” en el que utilizó jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver que su cargo, en primer lugar, no es un puesto de confianza. También resolvió que el trabajo que ella desempeña es meramente “técnico” y “permanente”. El documento, enviado al Ministerio de Hacienda para que se cambiara su plaza, fue firmado por ella misma.

Direcciones anteriores a la de Melgar intentaron lo mismo sin éxito. Hacienda, de hecho, advirtió a la UTE que dirigía David Gonzalo Cabezas en 2014 que debía justificar por qué debía pasar su cargo de director de ser una plaza por contrato a una plaza por ley de salario, sustentado en la Ley del Servicio Civil y en el Instructivo sobre Relaciones Laborales en el Órgano Ejecutivo.

La Ley del Servicio Civil, en el artículo 4 con el literal “i”, excluye de la carrera administrativa (es decir, de plazas por ley de salario) a los directores, subdirectores y secretarios de estos en cualquier dependencia de las instituciones públicas. Según la ley, ningún director puede tener su plaza dentro de la ley de salario.

Hacienda negó nuevamente una solicitud idéntica de la dirección de la UTE para el presupuesto de 2016. Un correo electrónico que desde Hacienda le enviaron a la UTE en agosto de 2015 respondía que las plazas de director, subdirector y asistente de la dirección no podían pasar del sistema de contrato a ley de salario.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la UTE dice que una de las atribuciones de la comisión coordinadora es “nombrar y remover” por causas legales a las personas que ocupen la dirección y subdirección general.

La diferencia entre una plaza por contrato y una por ley de salario es significativa, explica David Reyes, diputado de la comisión de trabajo en la Asamblea Legislativa. “En síntesis, una plaza por ley de salario contiene muchos más privilegios que una plaza por contrato”. Reyes, consultado por Factum, detalló que una persona con plaza por ley de salario entra a la carrera de la administración pública, que tiene mejores prestaciones y, además, debe ser indemnizada en caso de destitución.

“No es fácil destituir a una persona con una plaza por ley de salario, porque está protegida por la carrera de la administración pública y hay que hacer un juicio laboral para comprobar que hay deficiencias en sus funciones para destituirla”, comentó el diputado Reyes.

La directora Melgar logró lo que sus antecesores no pudieron hacer: convertir su dirección en una plaza por ley de salario desde enero de 2019, pese a que el Ministerio de Hacienda en años anteriores había rechazado estas modificaciones y pedía justificaciones que las direcciones anteriores de la UTE nunca pudieron argumentar.

Los testigos protegidos para la Fiscalía siguen siendo fundamentales para sus juicios. En las últimas semanas de octubre de 2019, el caso “Operación Cuscatlán” destacó en los medios de comunicación de El Salvador por los testimonios de “Noé”, quien describió ante un juzgado con detalles lo que otros testigos protegidos como “Nalo” ya habían narrado sobre reuniones que tuvieron miembros de los partidos Arena y FMLN con pandillas para negociar votos en las elecciones presidenciales de 2014. La directora Melgar no quiso brindar la entrevista para saber, entre otros puntos, si “Noé” está dentro del programa de víctimas y testigos de la UTE o si su manutención está a cargo —sin deber estarlo— de la Fiscalía u otra institución.

El presidente de la República, Nayib Bukele, mantendrá el cobro de la contribución a la seguridad, aunque en su campaña electoral dijo que lo iba a eliminar. Y se desconoce si el Ministerio de Justicia y Seguridad conoce el manejo financiero de la UTE. Factum intentó durante varios días obtener una respuesta del ministro Rogelio Rivas, pero su encargada de comunicaciones ignoró todas las llamadas y mensajes que recibió para gestionar una entrevista.

El próximo año, la UTE recibirá su presupuesto y su proporción de la contribución a la seguridad. La Asamblea Legislativa decidirá si agrega 2.5 millones de dólares más al presupuesto de la UTE que ha solicitado la directora Melgar para el programa de protección de víctimas y testigos, mientras la auditoría financiera sobre su administración sigue su curso.

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