16737 Vistas |  5

Los excesos de la Presidencia Bukele para remozar la fábrica de empleos

La Presidencia de la República despidió a 350 personas antes de los primeros 100 días de Gobierno. Pero también contrató a 198. Para hacerlo, ignoró todo el procedimiento que dicta la ley que regula a los trabajadores de la administración pública.


Foto/Casa Presidencial

En el principio creó el presidente de la República un decreto para deshacerse de 698 empleados. Y el decreto, que anulaba cinco secretarías de Estado, estaba plagado de errores. Entonces vio el presidente que el acuerdo no era bueno. El día 12  de su Gobierno buscó el aval de la Asamblea Legislativa, pero los diputados no respondieron.  Y acabó el presidente la obra que inició. Con un decreto viciado, y saltándose los procedimientos, expulsó a cientos de la Casa de Gobierno.

Al final, el presidente terminó su obra a medias: se deshizo de quienes no le eran leales, de algunos, aunque para ello tuvo que torcer la ley, y, para completar, usó algunas de esas plazas para llevar a Casa Presidencial a otros que estaban más cerca de él.

Los despidos en Casa Presidencial tienen un pecado original: la presidencia de la República removió al personal cuando todavía no tenía una ley vigente para hacerlo. El 2 de junio de 2019, el consejo de ministros aprobó el decreto para la supresión de plazas. Pero empezaron a aplicarlo antes de que fuera publicado en el Diario Oficial, según la constancia número 4458 de esa entidad de Gobierno. Esto  es una ilegalidad. Según el artículo 140 de la Constitución de la República, toda ley será obligatoria siempre y cuando hayan transcurrido ocho días desde su publicación.

Hasta el pasado 22 de agosto, la Presidencia había despedido a 350 personas. Esa cifra no incluye los despidos más recientes en Canal 10, Radio Nacional y la Secretaría de Comunicaciones. Y para esa misma fecha, ya había contratado a 198 personas, según documentación emitida por la gerencia administrativa, en la que se detallan contrataciones que van desde los $ 700 para un motorista hasta $8,000 que gana un asesor jurídico.

Y no sólo eso. El artículo 3 de la Ley de Servicio Civil establece que le corresponde a la Asamblea aprobar la supresión de plazas. El Ejecutivo se saltó ese paso y suplantó una atribución legislativa. Fue hasta 10 días después de haber notificado la remoción a los empleados que envió a la Asamblea Legislativa la solicitud para que reformara la Ley de Salarios. La Presidencia pedía la supresión de 686 plazas, pero la Comisión de Hacienda nunca tomó una decisión.

“Quedamos en que el gobierno tenía que seguir los pasos de ley y justificar de manera consecuente, y no lo hicieron. Pareciera que lo que querían era que la Asamblea asumiera algo que le toca al Ejecutivo”, explica Rodrigo Ávila, uno de los diputados de esa comisión.

La Sala de lo Constitucional admitió 13 demandas de amparo de empleados removidos por la Presidencia. En la admisión le recordó a la casa de Gobierno que si bien la estabilidad laboral no es un derecho absoluto, se debe evitar “convertir la supresión de plazas en un sistema anómalo o encubierto de remoción y sustitución de personas.”

La sala ordenó el reinstalo de los 13 despedidos que buscaron amparo. Hasta el martes 24 de septiembre, la Presidencia todavía no había cumplido con esas órdenes.

Los magistrados, como ya lo había hecho la sala en el pasado, enumeraron los requisitos que debe cumplir el Ejecutivo para remover a alguien: elaborar un estudio técnico que justifique la eliminación de las plazas; incorporar al personal en empleos similares o de mayor jerarquía o, cuando se demuestre que esto no es posible, conceder una indemnización; reservar los recursos para el pago de las indemnizaciones y levantar el fuero sindical si se trata de empleados aforados.

La Sala de lo Constitucional también tiene en su poder una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 del decreto que sirvió de sombrilla para los despidos luego de la disolución de cinco secretarías: la de Transparencia, la Técnica, la de Inclusión Social, la de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad. Los demandantes señalan que el consejo de ministros violó el principio de «indelegabilidad» de las atribuciones de los Órganos de Gobierno, y el de estabilidad laboral de los servidores públicos. La demanda llegó a la sala el 1 de julio; sin embargo,  dos meses después los magistrados todavía no han decidido si la admiten.

“Estamos convencidos de que no ha sido un trato justo. Nos interesa que se dé ese mensaje, no es el hecho que estemos aferrados a las plazas. Se tiene que enviar un mensaje que se tienen que respetar las leyes. Están actuando de forma ilegal y lo saben”, dice José Mejía, un comunicador que fue despedido de la extinta Secretaría de Transparencia.

¿Indemnización o coacción?

Cuando el Legislativo no había tomado una decisión sobre la supresión de plazas y cuando la Sala de lo Constitucional no se había pronunciado, la Presidencia empezó a indemnizar a los despedidos. Los que fueron indemnizados tuvieron que firmar una renuncia en la que se lee: “no habiendo ninguna prestación laboral que reclamar a la Presidencia de la República, la exonero de toda responsabilidad civil, laboral y administrativa, por lo que renuncio expresamente a cualquier acción de carácter judicial o extrajudicial”.

“Yo acepté, pero me quedó un horrible sabor de boca porque nos hicieron firmar un documento que tiene muchas mentiras. Da pena”, afirma Diana Díaz, quien fue removida de la Secretaría de Transparencia.

Según los despedidos, no podían acceder a un seguro de desempleo y sus préstamos cayeron en mora porque la ley no habla de cesación, el término usado por la Presidencia para removerlos.

“Ha sido humillante. Ellos han utilizado la manera más rastrera de hacernos presión, que es por el lado económico. Como todavía teníamos la relación laboral con ellos no podíamos aceptar ningún nuevo empleo a menos que renunciáramos y eso implicaba renunciar a la indemnización. No teníamos salario, y todavía nos decían que nos tenían cuidando el vaso, lo cual no es cierto”, dice Clara Escamilla, una abogada que fue despedida en junio pasado.

No todos aceptaron firmar esa hoja. Hay un grupo que continúa su lucha legal. “Es un limbo jurídico porque la cesación no existe. Existe el despido y la renuncia. Yo tengo un crédito con el banco Agrícola, pero como no me han despedido no tengo una carta que me respalde que yo he sido despedido y el seguro no me acepta la cesación”, dice José Mejía, uno de los despedidos que no ha aceptado firmar la hoja de liquidación.

Presidente Bukele con funcionarios en Casa Presidencial. Foto Capres.

Hubo irregularidades en los montos de las indemnizaciones. El artículo 30 de la Ley de Servicio Civil establece las cantidades que corresponden de indemnización según el rango salarial que cada empleado ostenta.  Según los despedidos, la Presidencia aplicó un cálculo diferente.  A Diana Díaz, por ejemplo, le descontaron del monto el dinero que recibió como pago de salario en junio, aun cuando ella se estuvo presentando a las oficinas de Casa Presidencial.

“La única manera que encontraron de doblegarnos fue a través de la cuestión económica… No podemos reconocer lo que se dice en esa hoja porque no ha sido así. Se nos ha negado nuestro derecho de audiencia y de defensa, por lo tanto no podemos afirmar esto. Ha sido una coacción la que nos han hecho para hacernos firmar”, señala Clara Escamilla.

José Mejía afirma que la Presidencia cometió otro tipo de atropellos: “Hubo un par de casos de mujeres que recién habían dado a luz a sus bebés y las incluyeron.” Por eso, según dice, le cuesta creer que sean errores por falta de conocimiento: “Me parece increíble que se cometan tantas arbitrariedades y no se sepa qué se está haciendo. Creo que se hacen porque se cuenta con la complicidad de otros actores”, menciona.

¿Qué tiene que decir la Presidencia de todos esos señalamientos? De momento, eso quedará como una incógnita. El secretario de prensa, Ernesto Sanabria, ignoró la solicitud de esta revista de entrevistas con el secretario jurídico de la Presidencia Conan  Castro y con la jefa de Recursos Humanos, Norma Vásquez.

La “fábrica de empleos”

La Presidencia defendió la supresión de plazas. El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que los removidos habían entrado por compadrazgo, afinidad política o por ser parientes de algún político del anterior Gobierno. Se refirió a ellos como integrantes de la “fábrica de empleos”, un término acuñado como promesa de campaña del expresidente Mauricio Funes. El 23 de julio, en un video divulgado en Twitter, el presidente dijo que esas 698 personas no estaban haciendo nada y que los otros dos Órganos de Estado los estaban protegiendo.

“Ellos tienen que proteger la fábrica de empleo 1, porque si nos dejan desmantelarla la misma población va a exigir que ellos desmantelen la fábrica de empleo 2 y la fábrica de empleo 3. Por lo menos logramos que esa gente no estuviera aquí bloqueando”, declaró el presidente.

“Una de las cosas que más nos molesta de todo este problema es que se nos señale a nosotros de incompetentes, que se nos señale como ineficientes cuando todo es una vendetta política de la que no tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros éramos el personal técnico”, dice Clara Escamilla, la abogada que fue despedida en junio pasado.

Los empleados de la Secretaría de Transparencia, una de las cinco eliminadas, se organizaron y crearon una página para recopilar la información del trabajo que hicieron en los últimos años.

“Es bien irresponsable habernos metido a todos en el saco de ‘entraron por nepotismo, son militantes del FMLN y no tienen estudios y son incompetentes’ ”, cuestiona Diana Díaz.

Lo mismo opina José, quien sostiene que se sometió a un proceso para entrar a la Secretaría de Transparencia luego de participar en el primer diplomado sobre Ley de Acceso a la Información Pública que impartió la UCA.  “No estamos en contra de ninguna reestructuración. El trabajo que nosotros hacemos es técnico. Por nosotros bien si hay que hacer reformas en el Estado, si hay que eliminar prácticas que en el pasado le han hecho daño a la gestión pública, que se haga, pero que se respete la ley. No puede ser que uno de los funcionarios de mayor rango haga todo lo contrario y no respete las leyes”, dice José Mejía.

Los despedidos, además de armar el sitio web, buscaron ayuda en la Procuraduría General, que les ayudó a elaborar demandas, y de la Procuraduría de Derechos Humanos, que nunca les contestó. “Cuando se fue a consultar que cómo iba el procedimiento, si iba a haber algún pronunciamiento, que era lo que esperábamos, la respuesta fue que la procuradora andaba de viaje. La procuradora regresó y eso jamás se movió, no pasó nada”, cuenta Clara.

Otro flanco en la Sala de lo Contencioso

Lo ocurrido con José, Diana y Clara es solo una muestra de lo ocurrido en material laboral en el nuevo Gobierno. También ha habido denuncias de violación de derechos laborales en ministerios y autónomas.  Óscar Canjura, quien ocupaba el cargo de segundo vocal en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, fue removido de ese cargo por incurrir, a juicio de la Presidencia, en una “conducta profesional notoriamente inmoral” por no poner su cargo a disposición, según consta en el acuerdo ejecutivo número 103.

Canjura había sido elegido para permanecer cinco años en la Defensoría, es decir,  su nombramiento finalizaba hasta junio de 2021. Pero eso no le importó a la Presidencia y lo removió. Él, a diferencia de los empleados removidos de las secretarías, acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo para denunciar la ilegalidad de su remoción. La sala le dio la razón y admitió la demanda contra Bukele el pasado 19 de julio. El presidente ahora enfrenta el proceso en la Sala de lo Constitucional y también deberá responder ante lo Contencioso por el proceso seguido en la Defensoría.

“Esta administración lo que quiere es simple y llanamente conseguir plazas para meter gente. Lo que están haciendo es vaciar las plazas para rellenarlas”, señala un empleado de Casa Presidencial, que integra el sindicato que fue creado meses antes de la llegada de  Bukele al Gobierno.

El proceso para la remoción de Canjura lo notificó el secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro, cuyo padre José Leoisick Castro  fue nombrado posteriormente como presidente del tribunal sancionador de la Defensoría del Consumidor.

¿TE HA GUSTADO EL ARTÍCULO?

Suscríbete al boletín y recibe cada semana los contenidos en tu email.