En los últimos días, ha surgido todo un esfuerzo del partido Nuevas Ideas por defender y elevar a la categoría de “corrupto bueno” a Elías Antonio Saca, tratando de instalar en la ciudadanía adormecida que el expresidente, más allá de enriquecerse con 5 millones de dólares a costa de los bolsillos de salvadoreños y salvadoreñas —al igual que Flores y Funes—, es ahora un héroe por, supuestamente, delatar a contrincantes políticos. Aunque omitió delatar a los actuales funcionarios públicos de la administración Bukele, quienes, además de recibir sobresueldos, continúan gozando de la protección de la Fiscalía salvadoreña y del beneplácito del Ejecutivo. Diversos casos han sido documentados por la prensa, como el de Guillermo Gallegos, por actos de corrupción, así como por la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos que lo asocia a posibles actos de corrupción o narcotráfico.
Las repercusiones de la Lista Engel, sin duda, han sido duras para el Ejecutivo salvadoreño. Alguien debía pagar el costo político de la misma y en primer lugar lo están pagando los adversarios políticos que sin un debido proceso y garantías judiciales deben enfrentar una justicia parcializada, sin el mínimo de garantías que les permita ejercer una defensa adecuada. Puede que muchos de estos adversarios fuesen de alguna u otra manera corruptos, pero lo que nos diferencia de una sociedad primitiva basada en el odio desmedido es la certeza de poder contar con una justicia que puede limitar el exceso de poder del autoritarismo. De lo contrario, nos enfrentamos ante el peligro de que todos y todas seamos blancos en algún momento de injusticias, al no gozar de una Corte Suprema de Justicia capaz de defender al más débil.
Lo que estamos viendo desde el 1 de mayo tiene repercusiones directas en nuestras vidas. Y es que al final todos seremos alcanzados por la ausencia de integridad de jueces y magistrados al servicio de un círculo íntimo concentrado en Casa Presidencial que dolosamente castiga a unos, pero no tiene la integridad de castigar a los suyos. No podemos volver a esas décadas oscuras en las cuales una sola persona tenía el poder de decidir quién “vive” o quién “muere”, tal cual aforo romano en el cual el emperador, a punta de su dedo pulgar, determinaba el futuro de disidentes políticos. La justicia debe garantizar contar con “árbitros” imparciales, porque, de no ser así, el poder se ha de ensañar en algún momento con nosotros los ciudadanos que utilizamos el sistema de justicia para resolver situaciones como el reclamar ante un abuso sexual, amenazas de un ciudadano armado, estafas, violencia intrafamiliar, un embargo, etcétera.
Puede que ahora mismo usted no sea un usuario del sistema de justicia, pero tarde o temprano podría verse ante un juez despojado de su independencia y tolerante a la corrupción. Sin duda alguna, a este día, aún quedan jueces íntegros y con valores en el sistema y a ellos debemos hacer el llamado para que, empoderados en los más altos valores de la fidelidad al pueblo y la verdad, no se presten al juego corrupto del Ejecutivo. Sabemos que han recibido presiones y sabemos que su situación es delicada, pero contamos con ustedes como nuestra última línea de protección ante un poder diabólico capaz de utilizar la violencia con el fin de preservar el poder y continuar con un estilo de vida lejos de la integridad que, estoy seguro, la ciudadanía reclama como necesaria para construir un país más justo.
Ya que este gobierno gusta tanto de hablar de fe y de Dios, hay una cosa que Dios aborrecería de este gobierno: la balanza falsa. La verdadera integridad del presidente Bukele y su séquito se verá confirmada el día en que juzguen a los suyos. Es ahí el elemento diferenciador que la población espera de un Estado ético y que debe dejar de vivir bajo la fachada cosmética de justicia, que únicamente refleja servir a la medida de unos cuantos pocos bajo una condición de odio y e intereses corruptos.
*Wilson Sandoval es abogado salvadoreño, profesor de gestión pública.
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