En las últimas semanas, se ha prestado mucha atención a la Lista Engel en El Salvador. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 1 de julio pasado fue muy esperada, especialmente después de que una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista estadounidense Norma Torres, que se publicó en mayo, nombró a individuos afiliados a la administración de Nayib Bukele.
Después de que la lista Torres allanó el camino, varios funcionarios de alto nivel y otras personas poderosas relacionadas con Nayib Bukele, como Carolina Recinos y Conan Castro, fueron incluidos en la lista Engel, entre un total de 14 personas de El Salvador (y 55 en total, cuando cuenta los nombrados de Guatemala y Honduras). Es importante destacar que la lista incluye a Conan Castro, por haber “socavado los procesos o instituciones democráticas, al colaborar en la destitución indebida de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general”. Además, nombra a Walter Araujo, por “llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa” y amenazar a candidatos políticos. Y a Rolando Castro, por “obstruir las investigaciones sobre corrupción”.
Bukele ha tratado de restar importancia a la lista y ha afirmado que “fue hecha por puros motivos políticos.” Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la Lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista estadounidense y qué peso tiene?
La Lista Engel se ha dado a conocer como una recopilación de individuos identificados por el gobierno de Estados Unidos como implicados en “corrupción significativa” en El Salvador, Guatemala y Honduras. Aunque no se denomina oficialmente Lista Engel, ha recibido este nombre coloquialmente en reconocimiento al excongresista Elliot Engel, quien fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y autor de la legislación que exige la creación de dicha lista. A las personas incluidas en esta lista se les deniega el visado y la admisión en Estados Unidos.
La elaboración de la lista forma parte de una estrategia más amplia, ordenada por la legislación de Engel, para abordar las causas profundas de la migración, al combatir la corrupción y reforzar la gobernanza democrática. Esto también es coherente con las políticas y prioridades de la administración Biden y su especial atención a la erradicación de la corrupción en el Triángulo Norte, incluida la declaración de la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional. La ley exige que el presidente (a través del Departamento de Estado) publique un informe en el que se identifique a las personas que “han participado, a sabiendas, en acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas, o en actos de corrupción significativos o de obstrucción de las investigaciones sobre dichos actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”. Además de los actos de corrupción, como el soborno y el lavado de dinero, la ley también incluye “actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a los investigadores de la corrupción gubernamental y no gubernamental” como elementos que pueden llevar a ser incluidos en la Lista Engel.
Para ser claros, pues, la Lista Engel se centra no solo en las formas tradicionales de corrupción, como el uso indebido de fondos públicos para beneficio personal -que, por supuesto, tienen un efecto negativo sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho-, sino, también, en los esfuerzos que han tratado de socavar la investigación de dicha corrupción, o de socavar la propia democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Este aspecto de la Lista Engel es muy significativo, y además de su aplicación exclusiva a los países del Triángulo Norte, es lo que la distingue de otras listas similares y programas de sanciones selectivas.
Estados Unidos dispone de una serie de restricciones de visado y sanciones selectivas. Para empezar, el derecho de inmigración ya otorga al gobierno la capacidad de bloquear la entrada de personas si se considera que ello redunda en el interés de la política exterior de Estados Unidos. Por su parte, el régimen global de Magnitsky otorga al gobierno de Estados Unidos la autoridad de bloquear la entrada al país de corruptos y violadores de los derechos humanos y de congelar sus activos. Además, una disposición de la ley contra la cleptocracia y por los derechos humanos (sanciones de visado 7031c) prohíbe la entrada de funcionarios extranjeros y sus familiares que hayan estado “implicados, directa o indirectamente, en una corrupción significativa… o en una violación grave de los derechos humanos”.
Por tanto, la Lista Engel proporciona a los funcionarios estadounidenses una herramienta adicional para castigar a los actores corruptos, pero en ciertos aspectos también va más allá que otros regímenes de sanciones, al centrarse tanto en la obstrucción de las investigaciones sobre corrupción mediante la violencia, el acoso o la intimidación, como en el debilitamiento de los procesos e instituciones democráticas. Esto significa que la ley está respondiendo específicamente a la realidad de la región, donde la corrupción se manifiesta y crece no solo a través del enriquecimiento ilícito o de las condiciones de juego injustas, sino a través de la ruptura de la separación de poderes y la captura del Estado -específicamente del poder judicial- y a través de la criminalización de los cruzados anticorrupción y otros defensores de los derechos humanos.
Por lo tanto, aunque la Lista Engel no se centra per se en los violadores de los derechos humanos, como es el caso de Global Magnitsky, está claro a través de las designaciones Engel que el Departamento de Estado de Estados Unidos está dando prioridad a los derechos humanos -incluido el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a un poder judicial independiente. La inclusión de Conan Castro por su papel en la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, y de Carlos Armando Reyes, de Arena, por “influir inapropiadamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema”, también demuestra una comprensión más matizada de cómo se producen las violaciones de los derechos humanos en Centroamérica en los tiempos modernos.
Aunque El Salvador y otros países de la región ya no experimentan la brutal represión que era habitual durante los conflictos armados internos y las dictaduras del siglo pasado, el retroceso en el respeto a las instituciones democráticas, como un poder judicial independiente, es una forma más sutil y compleja de socavar el respeto a los derechos humanos y puede convertirse en una pendiente resbaladiza hacia los tipos de regímenes autoritarios que la región ha tenido que aguantar durante demasiado tiempo en el pasado.
Otro elemento significativo de la Lista Engel es que la ley exige que se haga pública, lo que difiere de otros programas de sanciones selectivas de Estados Unidos. Por ejemplo, las sanciones 7031c mencionadas anteriormente pueden hacerse públicas o privadas. El hecho de que es obligatorio que la Lista Engel sea pública demuestra la intención del Congreso de “nombrar y avergonzar” a los autores de la corrupción en El Salvador y los países vecinos. Busca disuadir a los posibles actores corruptos o antidemocráticos de incurrir en dicha conducta por temor a convertirse en parias en el escenario nacional e internacional. La naturaleza publica de la lista también puede verse como un acto de solidaridad con las víctimas de la corrupción y los ataques contra la democracia.
En este sentido, vale la pena evaluar las afirmaciones de Bukele de que la Lista Engel es puramente política. Por las razones expuestas anteriormente, la lista es ciertamente estratégica: como no puede nombrar a todos los actores corruptos de los tres países, hay que elegir a quién incluir y a quién no. La inclusión de jueces de alto nivel de El Salvador y Guatemala envía un fuerte mensaje de que la integridad del poder judicial es primordial desde la perspectiva de Estados Unidos. Y es ciertamente digno de mención que solo la lista de El Salvador incluya a funcionarios de la administración presidencial en ejercicio, poniendo un foco de atención en Bukele y sus asociados tras los acontecimientos del 1 de mayo de 2021.
Sin embargo, el hecho de que la lista sea políticamente estratégica no significa que sea arbitraria. Los nombres que figuran en este tipo de listas suelen someterse a un riguroso proceso de revisión por parte de múltiples organismos gubernamentales estadounidenses, y su inclusión debe estar respaldada por amplias pruebas. Aunque al menos algunas de estas pruebas son clasificadas, gran parte de ellas están a disposición del público gracias al periodismo de investigación, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales de lucha contra la corrupción. También existen múltiples normas jurídicas nacionales e internacionales a las que se puede referir para evaluar objetivamente la lista, incluida la Convención de la ONU contra la Corrupción, que, por ejemplo, aborda específicamente la obstrucción de la justicia.
Además, Bukele puede restar importancia a la Lista Engel en sus declaraciones públicas, pero sus acciones demuestran que listas como esta, y la información sobre la corrupción en general, tienen un impacto. Por ejemplo, Carolina Recinos ha sido una figura mucho menos visible públicamente en su administración desde la publicación de la Lista Torres en mayo, y con su aparición ahora en la Lista Engel es probable que continúe ese patrón. Y el exministro de Agricultura Pablo Anliker, que también está en la Lista Engel, ya fue destituido de su cargo en abril debido a las presuntas irregularidades del ministerio en la compra de paquetes de alimentos en el contexto de la pandemia, lo que demuestra que Bukele sí se preocupa por su imagen pública frente a la presunta corrupción.
Si bien la Lista Engel es poderosa, simplemente por la atención que atrae a los actores corruptos y antidemocráticos, tiene consecuencias concretas. Como se ha señalado anteriormente, las personas incluidas en la Lista Engel tienen prohibida la entrada en Estados Unidos, es decir, se les deniega el visado o se les revoca. También existe la gran posibilidad de que se les congelen sus activos o se les apliquen otras sanciones en el futuro. De hecho, teniendo en cuenta que el gobierno estadounidense está dedicando cada vez más recursos a las sanciones selectivas, y que la Lista Engel debe actualizarse al menos una vez al año (con la posibilidad de que se haga con más frecuencia), no cabe duda de que herramientas como la Lista Engel cobrarán mayor importancia a medida que la administración Biden lleve a cabo su política exterior anticorrupción en la región.
*Katharine Valencia es abogada estadounidense. Fue miembro de la Unidad de Litigio Estratégico Internacional de Robert F. Kennedy Human Rights y trabajó en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown. Actualmente, es asesora legal senior de DPLF en Washington, DC.
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