El Salvador enfrenta un sinnúmero de desafíos en materia de derechos humanos y desarrollo que exigen una agenda de políticas públicas, orientaciones estratégicas y reformas legales que ajusten de manera sistémica capacidad estatal de entregar servicios de calidad a la población, generar oportunidades de vida digna y garantizar la protección de los derechos de cada quien.
En ese marco, en el contexto de la discusión sobre la solicitud de apoyo a la comunidad internacional (solicitada a la ONU y OEA) en materia de lucha contra la impunidad, hay algunas reflexiones oportunas que pueden aportar al proceso de diálogo político nacional que debe darse en la mayor amplitud posible en un asunto tan relevante para el futuro del país.
La primera es que la impunidad es un fenómeno estructural que afecta de manera indirecta a cada ciudadano, toda vez que la base de la paz y de la democracia es la justicia. La impunidad impide que las reglas del juego político y económico se apliquen con igualdad, garantizando que ciertos “intocables” no enfrenten las consecuencias de sus actos ilícitos y se beneficien de lo obtenido de ellos. De la misma forma, impide que los delitos reciban su sanción e implica que puedan seguir siendo cometidos al mantener en libertad a sus autores. Ello, claramente, es un valladar para el pleno ejercicio de los derechos humanos en su expresión más general.
No obstante, la corrupción es solo una expresión de la impunidad, siendo esta un asunto general que funciona a todo nivel social, toda vez que las acciones no se orientan y apegan a una cultura de legalidad que valore y premie el actuar correcto.
La segunda reflexión es que la clave de pedir ese apoyo internacional debe ser para fortalecer las capacidades técnicas e independencia del sistema de justicia salvadoreño. La identificación de redes ilícitas es una forma de mostrar cómo opera tal sistema frente al gran desafío de enfrentar estructuras poderosas que anidan en lo ilícito, buscando, a través de la transferencia de capacidades técnicas, del apoyo en la identificación de reformas legales relevantes y de la generación de propuestas de políticas públicas, que los indicadores de la justicia mejoren.
Por ello, al final del día, conocer las diversas formas de operación de la corrupción y poner bajo la luz los espacios que permiten su reproducción es una apuesta para reducir la impunidad que contribuye a la democratización del país, sabiendo que la construcción de la paz es un proceso constante, en el cual se deben dar pasos firmes e irreversibles. Si vemos la eficiencia del sistema de justicia, claramente notamos que sus indicadores no son positivos. La discusión sobre la financiación de la justicia es central y la distribución de su presupuesto debe ser materia de atención nacional.
Toda esa agenda estratégica de reflexión sobre la justicia en el país, en concordancia con su estrecha relación con la pacificación y seguridad, es ámbito que definitivamente puede ser apoyado desde una plataforma multilateral de apoyo internacional.
*Noah Bullock estudió la especialidad de Paz y Estudio de Conflictos en la Universidad de Montana, Estados Unidos, y una maestría en Desarrollo Territorial en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Llegó a El Salvador en 2005 como voluntario en proyectos de desarrollo comunitario. Desde 2007 a la fecha, se desempeña como director ejecutivo de Cristosal.
Opina