IAIP intenta culpar a la Secretaría de Transparencia por filtración de datos de ciudadanos

El Instituto de Acceso a la Información Pública presentó un aviso a la Fiscalía para que investigue la fuga de información de datos confidenciales hacia Casa Presidencial. Los comisionados sostienen que el origen del problema es un código del portal de transparencia que automáticamente hizo envíos de información. Es la tercera explicación que da el IAIP desde que Factum reveló la filtración.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) buscan pasarle el balón a la Secretaría de Transparencia sobre la filtración de datos confidenciales de ciudadanos a la Presidencia de la República. El martes 12 de noviembre, después de presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República, la comisionada Olga Chacón dijo que existen indicios de que la entrega de información confidencial de salvadoreños que solicitaron información pública era una práctica recurrente de la extinta secretaría, desaparecida tras la toma de posesión de la administración Bukele. 

“Hay información que nos indica posibles rutas de que esa era una práctica que venía haciendo la Secretaría (de Transparencia), pero eso no nos consta, porque como le digo eso es una experticia muy especializada y eso lo va a determinar las investigaciones. Nosotros lo que pedimos es que se investigue a profundidad y que se sancione a las personas que intervinieron en este tipo de situaciones”, dijo Chacón, una de las comisionadas que más se ha pronunciado sobre la situación catalogada en el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública como una falta grave y que podría llegar a provocar remoción de un comisionado. 

El aviso a la Fiscalía y las reacciones de los comisionados son respuesta a una publicación de Revista Factum, que dio a conocer el 8 de noviembre que el IAIP filtró, al menos durante dos semanas, datos confidenciales de los ciudadanos que solicitan información pública a Casa Presidencial. El reportaje también reveló que el presidente del Instituto, René Cárcamo, pidió, al suspenderse esos envíos el 15 de junio de 2019, que la información siguiera fluyendo hacia Casa Presidencial, sin los datos personales de los ciudadanos.

El IAIP sostiene que la fuga de datos ocurrió automáticamente desde el portal www.transparencia.gob.sv que recibieron el 31 de mayo de 2019. El comisionado presidente Cárcamo niega haber autorizado la entrega de información al Ejecutivo desde la Unidad de Tecnología de la institución. 

“No me voy a extender sobre eso (el memorandum que marginó con la orden al jefe de Tecnología). Vamos a dejar que las investigaciones revelen los detalles”, dijo Cárcamo, en referencia al memo publicado por Factum que daba cuenta de la orden Cárcamo para autorizar el envío de información. 

Los comisionados presentaron un aviso ante la Fiscalía por un posible delito informático tras la filtración de información. Insisten que se realizó a través de un código automatizado que envió información confidencial a correos de la Presidencia. 

“Todo se origina en el portal y eso es lo que queremos que se investigue, que se deduzcan responsabilidades”, enfatizó Chacón. 

El escrito presentado a la Fiscalía detalla que el instituto pone a disposición la información y los accesos a los soportes informáticos para que se investigue la posible filtración de información personal de los solicitantes de información. 

Una grabación a la que Factum tuvo acceso reveló que compartieron nombres, números de DUI, teléfonos y correos electrónicos de los solicitantes de información.

Los comisionados no lograron explicar cómo y quién configuró el portal con las nuevas cuentas de correos de Casa Presidencial, luego de que durante el traspaso de Gobierno fueran anulados los correos de la extinta Secretaría de Transparencia. 

Los comisionados tampoco han explicado cómo recibieron y usaron una herramienta, el portal Gobierno Abierto, sin examinarla previamente. 

El exsecretario de Transparencia, Marco Rodríguez, aseguró que la plataforma Gobierno Abierto no es el punto de discusión, sino que “lo que debe quedar claro es si hubo filtración, qué se filtró y quién autorizó esta barbaridad”, escribió en un mensaje difundido en sus redes sociales para responder a los señalamientos de los comisionados. 

El Instituto de Acceso a la Información ha mostrado tres posturas distintas sobre la entrega de información confidencial a la Presidencia de la República. 

El pasado viernes 8 de noviembre, tras la publicación de Factum, los comisionados Olga Chacón y René Cárcamo, en representación del pleno, aseguraron que contratarían una auditoría externa para deducir responsabilidades sobre la filtración. De ser necesario, afirmaron, acudirán a la Fiscalía para interponer una demanda contra el responsable por haber violado la Ley de Acceso a la Información Pública.

“De cara a ser transparente, de cara a emitir un informe lo más objetivamente posible porque si eso ocurrió, que no lo se, hay que tomar medidas y deducir responsabilidades y sobre eso la información que va arrojar la auditoría es fundamental y lo va a  hacer una empresa independiente”, dijo Chacón. 

La tarde de ese mismo viernes, los comisionados cambiaron su argumento al asegurar, mediante un comunicado difundido en redes sociales, que la institución no compartió información confidencial y enfatizar que trabajan por proteger los datos personales que están en poder de las instituciones públicas.

Las posturas cambió nuevamente este martes 12 de noviembre, cuando afirmaron que no conocen qué tipo de información fue filtrada. Este martes, después de presentar el aviso en el ministerio público, dijeron que existe la posibilidad de que hayan entregado información confidencial de los ciudadanos. 

La organización humanitaria Cristosal manifestó su preocupación e indignación, pues la situación puede constituir, a su criterio, un grave delito por parte del IAIP, al poner en riesgo el trabajo de investigadores, periodistas y organizaciones que ejercen contraloría pública. Cristosal recordó que el instituto es la institución responsable de garantizar la protección de datos personales y no poner en entredicho su credibilidad y confianza. También pidió una explicación al presidente de la República, Nayib Bukele, por la entrega de información confidencial de ciudadanos. 

“Que explique por qué funcionarios de Casa Presidencial requirieron que se les proporcionaran datos personales de los solicitantes de información”, concluyó Cristosal en un comunicado de prensa.