Las finanzas públicas para dummies

Tanta bulla sobre las finanzas públicas. Que la deuda es muy alta, que no hay plata, que no sabemos en qué se gastan el dinero, etcétera; y, sin embargo, siempre aprueban el presupuesto y el gobierno sigue adelante. Entonces, ¿por qué nos deben preocupar las finanzas públicas?

Hay cinco razones básicas por las cuales a los ciudadanos nos deben preocupar las finanzas del estado:

Los fondos públicos son nuestros. Los fondos públicos son nuestros y no del gobierno, que debe ser un simple administrador; por lo tanto, debe gastarlos con eficiencia y eficacia. La plata del estado viene de los impuestos o de deuda que contrae el gobierno. Es, por tanto, nuestro dinero. El gobierno no nos hace un favor cuando construye obras o cuando presta servicios: esa es su responsabilidad. El estado es el administrador de nuestros fondos. Por tanto, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de saber cómo y en qué se gastan los fondos públicos.

Como dueños de los fondos públicos, debemos exigir transparencia. El estado administra nuestra plata. Por esa razón, y porque el futuro del país depende de ello, tenemos el derecho a saber en qué y cómo la ha invertido. Así como el dueño del negocio o de la finca quiere y debe saber cómo se invirtió su dinero, los ciudadanos debemos exigir lo mismo. No solo eso, debemos exigir también conocer los planes para reorientar nuestras finanzas públicas y cómo vamos a pagar y disminuir la deuda. El conocer las finanzas públicas es una de las funciones principales de los órganos del estado como la Asamblea, la Fiscalía, la Corte de Cuentas. Si no lo hacen y no nos cuentan los resultados, no cumplen con su deber. Conocer las finanzas públicas es una obligación ciudadana que debería generar debate, lo cual fortalece la democracia. La transparencia en la administración del tesoro público es, pues, necesaria por muchas razones: al conocer las finanzas públicas sabemos cómo se maneja nuestro dinero. Es un elemento esencial para saber adónde va el país y nuestro futuro, y fortalece la democracia.

Estamos hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos. La mayor fuente de los fondos públicos son nuestros impuestos, pero como lo que gastamos siempre es más que lo que ingresa, o sea, como no tenemos finanzas públicas sanas, debemos acudir a la deuda. Los gastos corrientes del estado representan alrededor del 90 por ciento de sus ingresos totales. Ello le deja muy poco para infraestructura o financiar obras. Eso es en tiempos normales, pero ahora con la pandemia se han dado gastos extraordinarios, y también se ha invertido mal. Dado lo anterior, el estado ha acudido cada vez más a prestar dinero. Ello sube notablemente la deuda. La deuda hace 12 años era de alrededor del 55 por ciento del PIB, o sea de lo que el país produce en un año. Al empezar este gobierno era menos del 70 por ciento. En este año y meses del actual gobierno, la deuda superará el 90 por ciento. Ello implica que lo que el país debe es casi igual a lo que produce al año. Ello significa que, a menos que se cambie de rumbo significativamente, el país caerá en una espiral de producir para pagar las deudas. Ello será un problema de nuestra generación y la de nuestros hijos.

Los fondos públicos son el motor de la economía. El dinero que el gobierno invierte en obras, en los sectores sociales, en el aparato del estado y otros son, junto con la empresa privada, el motor de la economía. La empresa privada juega un papel clave en generar empleos y riqueza; la inversión del estado complementa esa inversión privada. La inversión del estado, especialmente en países con bastante pobreza como el nuestro, hace —o debería hacer— mucho de lo que la empresa privada no logra, especialmente para las mayorías pobres: la educación, la salud, la justicia, el orden, la gran infraestructura, el medio ambiente, la atención a emergencias, el levantar al país después de una crisis, etcétera. Sin esas inversiones públicas, el país no sale adelante; por el contrario, la injusticia y la inequidad aumentan. Sin la inversión del estado, la empresa privada tampoco sale adelante. Pero si el estado no tiene suficientes fondos, si casi todos sus recursos se van en pagar salarios, y si lo poco que queda se gasta mal, la inversión pública no es suficiente y no logramos un desarrollo humano sostenible.

Si las finanzas públicas están mal, el costo del dinero es más alto. Si los fondos públicos están mal usados, aumentará el costo de nuestros recursos. El gobierno y la empresa privada prestan dinero de la banca nacional e internacional. Factor principal para determinar el costo de ese dinero son las finanzas públicas. Si estas son malas, si la deuda es muy alta, el riesgo del país es alto. Ello se refleja en las tasas de interés que se les cobra a todos, al gobierno, a las empresas y al ciudadano. En el 2019, el país prestó al 7.1 por ciento; este año, al 9.5 por ciento.

Las finanzas públicas están ahora muy mal. El PIB caerá este año más del 8.6 por ciento. Es decir, produciremos casi un 9 por ciento menos que el año pasado. En este año se han perdido más de 70 mil empleos, se han incrementado más de medio millón de pobres, el déficit fiscal —o sea, la diferencia entre lo que el gobierno recibe y gasta— será de -14 por ciento del PIB y la deuda se estima llegará alrededor del 92 por ciento del PIB. Todos esos indicadores son los más negativos que el país ha tenido en muchas décadas.

Razón principal para las muy débiles finanzas públicas es que la economía está mal. Si la economía no se mueve, entran menos impuestos al gobierno. Pero también el gobierno ha contraído mucha deuda, más de 3,200 millones de dólares solo durante la emergencia. Ello significa que el gobierno dispuso, en promedio, de más de 15 millones de dólares por día durante la crisis. El gobierno no ha dado cuentas sobre ese dinero.

Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Se puede y se debe hacer mucho. Lo primero es ya no prestar dinero. El gobierno no se ha gastado todo el dinero que se le ha autorizado y que ha prestado. Muy importante es planificar. Se deben planificar las finanzas públicas por lo menos en el corto y mediano plazo. Pensar cómo vamos a sanearlas. Igual de importante es planificar la recuperación económica, cómo dinamizarla. Estas dos funciones las debe hacer el gobierno en forma consensuada con los actores claves, especialmente la empresa privada. Luego, esos planes se deben presentar a la ciudadanía.

El gobierno debe transparentar las finanzas públicas, especialmente explicar en qué y cómo se gastaron los cientos de millones de dólares que entraron en estos poco más de cien días de la pandemia. Las otras instancias del estado, la Corte de Cuentas y la Fiscalía, deben también obligar a esa transparencia. Factor clave para lograr la recuperación económica y mejorar el nivel de riesgo del país es disminuir la incertidumbre política. El gobierno, los empresarios y los políticos deben disminuir la confrontación y lograr consenso en cómo levantar la economía y sanear las finanzas públicas. Ello implica acordar la planificación ya señalada, pero también revisar y pactar un nuevo acuerdo fiscal, ponerse de acuerdo en cuándo vamos a poder gastar, cuántos impuestos podemos cobrar, cómo vamos a bajar la deuda, etcétera.

A los ciudadanos también nos toca nuestra parte. Debemos exigirle al estado transparencia, unas finanzas más sanas y un plan para salir de la crisis consensuado con la mayoría. Un acuerdo fiscal probablemente implica mayores impuestos, que deberían recargar más a los que más tienen, pero que probablemente implique también que todos aportemos más. A la empresa privada le ha tocado una fuerte dosis de sacrificio, pero debe aportar todavía más, por lo menos hasta lograr la recuperación económica. Los más grandes deben aportar más. Una crisis es también una oportunidad. Podemos y debemos acordar un plan para un mejor El Salvador.

*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.