«Quien haga una pregunta incómoda puede verse sometido al espionaje del Estado»

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Es peligroso que el Estado almacene los datos personales de los solicitantes de información pública, advierte Carlos Palomo, presidente de TRACODA, quien analizó el código fuente del portal https://www.transparencia.gob.sv, desde el cual se enviaron reportes con información de los solicitantes a la Presidencia de la República en la primera quincena de junio de 2019.

El envío de información fue revelado por Factum a inicios de noviembre: durante al menos dos semanas de junio, el IAIP mandó información confidencial de los ciudadanos a Casa Presidencial.

El analista informático apunta a la extinta Secretaría de Transparencia y Anticorrupción porque detectó que desde 2018, antes de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) lo administrara, el sistema tenía una tarea programada que generaba reportes automáticos con datos de las solicitudes de información que ingresaban a ese portal.  La Fiscalía, en opinión de Palomo, debe enfocarse en determinar quién dio la orden de enviar informes en años anteriores. «No tiene ningún sentido que el secretario de Transparencia tenga acceso o facultades legales para saber qué solicitudes estaban entrando al sistema. No tiene ningún sentido que la Presidencia ni ninguna otra institución tenga acceso a la información de los solicitantes de información», afirma.

La ciudadanía se está volviendo más incómoda porque está exigiendo más información. Por eso considera indispensable que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para eliminar el requisito de presentar el DUI para solicitar información pública.  Y recalca que los datos personales de los solicitantes pueden servir para alimentar un mecanismo de espionaje desde el Estado para quienes hagan solicitudes de información incómodas.

«Es urgente una reforma a la LAIP porque ya se vio que se le estaba dando mal uso para espionaje… Si la información que las instituciones tienen nos pertenecen, ¿qué sentido tiene estarle pidiendo a la gente su nombre?», se pregunta Palomo.

El Salvador ha entrado a la discusión de una ley de protección de datos personales. Lo ocurrido en junio pasado, a juicio de Palomo, dejó en evidencia que el IAIP no tiene la capacidad informática para garantizar la protección de datos de la ciudadanía.

Foto FACTUM/Gerson Nájera

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2 Responses to “«Quien haga una pregunta incómoda puede verse sometido al espionaje del Estado»”

  • El estado es el propietario único de la información de las personas. Hasta allí me atrevo a darle la razón a la situación. Pero de allí en adelante comienzan las dudas y una larga cadena de vulnerabilidades y poderes existentes, tanto legales como extralegales que actúan en contra del derecho personal a la intimidad y a la seguridad, siendo siempre el individuo el eslabón más débil y los funcionarios el eslabón más fuerte. Resulta que acumular y luego potencialmente utilizar esa información como un antecedente de la represión de todo tipo que puede ser desde la censura mediática pasando por la actuación judicial y llegando hasta las acciones que involucra a la policial, para-policial, militares o paramilitares. /militar, conforman una cadena cuya existencia es altamente peligrosa y equivale a jugar con fuego mientras se despacha combustible en una gasolinera. Por ello esa capacidad institucional establecida en la ley sobre los datos personales debe tener un conjunto de salvaguardas y penalizaciones para que puedea ser considerado un derecho tutelado con garantías suficientes para que no pueda ser utilizado ni en sueños en contra de las personas y aprovechado en favor de autoridades que siempre son temporales. Esa facultad legal debe contar con el control por la ciudadanía junto con la institucionalidad adicional y externa con la solvencia adecuada, nivelada y permanente. Estas garantías y salvaguardas no existen en el ordenamiento legal existente y deben ser creadas las figuras suficientes para creer que el estado pueda tener, utilizar, administrar y finalmente proteger a las personas, comenzando por el buen uso de los datos personales de cada uno, independientemente de quienes detentan el poder del gobierno de turno.

  • Cualquier persona que tenga alguna presencia y que haga críticas y/o comentarios incómodos en contra de la gestión Bukele, se juega el riesgo de ser acosado y perseguido tanto mediática como legalmente. Mucha ciudadanía que ahora a ojos cerrados aplaude incondicionalmente a Nayib, más temprano que tarde lo podrá estar lamentando.-