La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma al Código Penal para sancionar con penas de diez a quince años de prisión a quienes a través de medios de comunicación “reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados” de pandillas. Esta prohibición abarca la difusión de “textos, pinturas, diseños, dibujos y grafitis” de pandillas, de acuerdo a la reforma aprobada durante la misma sesión plenaria a la Ley de Proscripción de Pandillas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó un comunicado en el que advirtió que la finalidad de lo que catalogaron como “reformas mordaza” es “criminalizar el trabajo periodístico”.
Foto FACTUM/Archivo
Las reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal que castigan la difusión de mensajes o comunicados de pandillas ingresaron al pleno el martes 5 de abril con dispensa de trámite y fueron aprobadas de manera expedita por la mayoría oficialista. Antes de la una de la madrugada del miércoles 6 de abril entraron en vigencia al ser publicadas en el Diario Oficial, según la redacción de estas, aunque la Constitución dice, en su artículo 140, que para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos, ocho días después de su publicación.
“Hay medios de comunicación que –a través de generar noticias verdaderas o falsas– quieren implementar el miedo en la población”, dijo el diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA. “No graffitis, no símbolos de terroristas, no alusiones a las pandillas, no divulgar información a través de medios, principalmente electrónicos, que más parecen también terroristas”, añadió el parlamentario.
Gallegos intervino durante la discusión de las dos reformas. En ambas ocasiones dejó claro que están dirigidas a los medios de comunicación que “se dan a la tarea de estar transmitiendo y publicando pintas alusivas a las pandillas”, según dijo. Luego les llamó “defensores de los terroristas” y, finalmente, sentenció que “quien lo haga, queda advertido que tendrá prisión de diez a quince años”.
Para Oswaldo Feusier, abogado, investigador y catedrático, las reformas van en la misma sintonía porque ambas son sobre mensajes o comunicados en el tema de pandillas: “La Ley de Proscripción lo único que hace es colocarse afín o en el mismo sentido del Código Penal”. De acuerdo a Feusier, la reforma parece “absolutamente disparatada” desde el punto de vista de la proporcionalidad porque “no se le puede dar la misma pena a quien hace el mensaje que a quien nada más contribuye con la difusión”. En cuanto a la sanción de diez a quince años de cárcel, el abogado la calificó como “locura” porque tendría la misma condena que delitos muy graves, como el homicidio. Para dimensionarlo, dijo que una persona que dispare a otra pagaría con menos años de cárcel que alguien que transmita un comunicado de pandillas.
Feusier también explicó que, en materia penal, el principio de legalidad dice que las prescripciones penales tienen que estar redactadas en la ley de manera clara y precisa para que no generen incertidumbre. “Lo que el tipo penal regula son solo aquellos comunicados que generen zozobra a la población. Pero, ¿cómo se distingue un comunicado que genera zozobra de uno que no? Las descripciones que son tan amplias, que dicen todo sin decir nada, son blanco para que el juez, desde una perspectiva discrecional o arbitraria, pueda castigar a quien le pegue la gana”, cuestionó el abogado.
Durante la discusión de estas reformas, Rodrigo Ávila, diputado de Arena, respaldó el “espíritu” de la iniciativa pero pidió que se discutiera en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la redacción para evitar ambigüedades e injusticias en su aplicación. Su petición contó solo con los votos de su fracción, que resultaron insuficientes para que procediera. Igual resultado obtuvo la solicitud de otro diputado de Arena, René Portillo Cuadra, quien pidió eliminar el inciso segundo del artículo 345-C en la reforma el Código Penal, que dice “en igual sanción (diez a quince años de prisión) incurrirán quienes, por medio del uso de tecnologías de la comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan o transmitan comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales (pandillas), que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general”.
“Hay una clara violación al derecho de prensa y libertad de información. Esto no se trata de los medios de comunicación; se trata de un derecho tutelado por nuestra Constitución y por leyes internacionales suscritas por nuestro país”, argumentó Portillo Cuadra. En su intervención dijo que si estas reformas hubiesen estado vigentes durante el fin de semana que hubo más de 80 asesinatos, los medios no habrían podido informarlo.
Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, declaró que si los miembros de la oposición quisieran más análisis o más detalles, tendrían que hacerlo solos. “No entiendo por qué a las reformas al Código Penal o al Código Procesal Penal o las nuevas leyes que están naciendo para proteger la vida de los salvadoreños hay que darles largas. No entiendo por qué hay que darles estudio”, expresó Navarro.
También la diputada Marcela Pineda se manifestó sobre este punto. “No podemos venir y decir: «miren, ahora ya no hay libertad de prensa». Sino que al contrario. Lo que estamos diciendo es que hay que ser responsables. ¿Por qué? Porque nos podemos volver cómplices de aquellos mensajes que simplemente están generando temor”, dijo la diputada de Nuevas Ideas. Pineda expresó que, a su juicio, lo que hace la diferencia es la “intención” de los medios de comunicación al informar. “Si la intención es difundir y decir: «¡aquí están gobernando las pandillas!», pues, obviamente, esta persona está catalogada [como] que está incumpliendo la ley. Si la intención es hacer la difusión de una manera responsable de datos, estadísticas, [entonces] cambia”, dijo Pineda.
Por su parte, Ruth Eleonora López, abogada constitucionalista y directora anticorrupción de Cristosal, considera que debe primar la libertad de expresión y el derecho de información de la ciudadanía. La abogada citó la doctrina del “Reporte Fiel”. Es decir, que la transcripción fiel de declaraciones, con independencia de quienes sean, no da lugar a responsabilidad a periodistas y medios; incluso cuando la información reproducida no sea correcta.
López también recordó la sentencia del Tribunal Constitucional Español, cuya resolución hace referencia a los comunicados de la organización terrorista ETA y que fueron difundidos por los medios de comunicación. Dicha sentencia declaró que “a los órganos judiciales corresponde asumir la interpretación más favorable al derecho fundamental y a sus efectos sobre las normas penales licitadoras del mismo que, en definitiva, se concreta en el criterio del derecho de un periodista a informar; así como el de sus lectores a recibir información íntegra y veraz. Constituye, en último término, una garantía institucional de carácter objetivo, cuya efectividad exige en principio excluir la voluntad delictiva de quien se limita a tramitar sin más la información, aunque esta por su contenido pueda revestir significado penal”.
También Tim Muth, abogado estadounidense con doctorado en derecho de Harvard Law School, compartió su interpretación de lo aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña. “En inglés decimos que esto puede «chill the free exercise of speech», que significa que las penas largas van a disuadir a un periodista, investigador o autor de publicar información importante obtenida de sus fuentes en las pandillas. Puedo imaginar el uso de parte del gobierno contra periodistas que publican algo sobre pactos entre el Gobierno y maras”, comentó Muth.
“El trabajo periodístico ha sido fundamental para comprender el impacto de las pandillas, los grupos criminales que han sangrado al país desde hace décadas. Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conoció que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas. O que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición a los Estado Unidos”, denunció en su comunicado la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
📢#Comunicado Desde APES expresamos nuestra preocupación por reformas mordaza 📝 @PDDHElSalvador @PVacaV @RELE_CIDH @RSF_esp @FIP_AL @VDSorg @Cristosal @FESPAD_sv @idhuca pic.twitter.com/A36nBv4hdV
— APES (@apeselsalvador) April 6, 2022
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