La violación de “Los Porkys del Costa de Oro”, un caso de violación que destapó la cloaca de impunidad y violencia de género en México.
“He tomado, he salido de fiesta, he usado faldas cortas, ¿por eso me lo merecía?” Fueron las palabras de Daphne, de 17 años, para defenderse de los ataques y difamaciones de la sociedad veracruzana, en México, tras haber denunciado que fue víctima de una violación sexual.
En su perfil de Facebook, la joven habló de impotencia y rabia y, sin quererlo, terminó explicando lo que siente una mujer cuando denuncia una violación en México: se enfrenta a la impunidad y a ser revictimizada.
El calvario de Daphne empezó el 3 de enero de 2015. Salió con sus amigas a uno de los clubs nocturnos más populares de Veracruz —estado mexicano que colinda con el Golfo de México— pero la fiesta se interrumpió cuando fue subida a la fuerza a un Mercedes Benz.
En el auto de lujo la esperaban Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, compañeros de Daphne en el Instituto Rougier, uno de los colegios más importantes del estado.
Vídeo de la confesión de “Los Porkys”, tomado de YouTube. |
El testimonio de la joven indica que dos de ellos abusaron de ella en el auto y después la llevaron a una casa en el vecindario Costa de Oro, en el que se encuentran las viviendas de las familias más acaudaladas de la entidad, para violarla nuevamente.
La joven primero calló el crimen, pero terminó por contarle a su padre, Javier Fernández Gómez.
Aunque él —a petición de su hija— no denunció de inmediato, sí acudió con las familias de los presuntos responsables y les exigió una disculpa que grabó en video. Según el testimonio de Fernández Gómez, el acuerdo con los padres de los jóvenes fue que, para no proceder legalmente, ellos no volverían a acercarse a su hija.
Las cosas no salieron como lo esperaban. Daphne comenzó a recibir amenazas, había rumores sobre ella y la acusaron de intentar extorsionar a los jóvenes con su versión de la historia.
El 16 de mayo de 2015, el papá de Daphne presentó una denuncia ante las autoridades. Casi un año después, en marzo, ante la inacción de la justicia veracruzana —que no avanzó en la investigación ni citó a los presuntos responsables—, decidió hacer público el caso y acudió a los medios.
“Esta carta la dirijo, a pesar de mi inmensa pena y dolor, a la opinión pública para enterar lo que han hecho las familias de los involucrados que, a pesar de saber lo que sucedió, a pesar de haber hablado conmigo, de haberse consternado por la tragedia, de haber reconocido los hechos, de haber filmado videos donde sus hijos se disculpan con mi hija por el gran daño que le hicieron, a pesar de todo esto, se han encargado de atacar, difamar y calumniar inmisericorde e inmoralmente a la víctima”, escribió Gómez.
Tras la denuncia pública, aunado a las acusaciones de extorsión, inició una campaña de difamación contra Daphne que incluyó imágenes de ella en alguna fiesta con el mensaje de que era responsable de lo que ocurrió.
El caso estalló en la prensa como “Los Porkys del Costa de Oro”, en referencia al vecindario en donde ocurrieron los hechos y después de que medios veracruzanos vincularon a los jóvenes con una banda criminal formada por hijos y familiares de funcionarios públicos del estado que, hace quince años, permanecieron en impunidad.
Daphne somos todas
La difamación contra Daphne y los señalamientos de que ella es responsable de lo ocurrido ese 3 de enero dejaron al descubierto la cultura machista que prevalece en México y que lleva a que en caso de violación, la víctima es la culpable.
A ello se suma el manto de impunidad: uno más en la larga lista de delitos denunciados en México que no encuentran castigo. Los jóvenes señalados por Daphne están libres. En Veracruz se acusa que al ser hijos de empresarios de la entidad, gozan de protección de las autoridades.
Mujeres destacadas en la política, la academia, las artes y el activismo en México unieron su voz para exigir justicia para Daphne. “Hemos visto como se revictimiza a nuestras hijas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, sin que las autoridades cumplan con su obligación de investigar y fincar responsabilidades legales para proteger debidamente a las víctimas”.
La misma sociedad veracruzana salió a las calles para protestar y exigir que ni un solo caso más de violencia de género impune.
Cada año, el promedio de víctimas de abuso sexual que acude a las autoridades es de 15 mil, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la instancia mexicana a cargo de los datos sobre la comisión de delitos.
Pero de esos casos, solo 1 de cada 5 termina en sentencia.
Si se considera que esa cifra no muestra la llamada “cifra negra”, el número de delitos no denunciados, las agresiones sexuales en México podrían ser cada año el doble.
Apenas este martes 19 de abril, ONU Mujeres respaldó un informe que concluye que la comparación entre denuncias y sentencias por abuso sexual son la “expresión gráfica de la impunidad” en el país.
“Las mujeres además de no tener garantizada una vida libre de este tipo de violencia, tampoco tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el órgano mexicano a cargo de atender a quienes han sido víctimas de un delito, informó recientemente que de 2010 a 2015 en el país se han cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales, pero el 94% no fue denunciado.
Ante este escenario, ¿qué puede esperar Daphne? Tras haber sido revictimizada tanto por autoridades como por quiénes se atrevieron a señalarla como responsable de que fuera abusada sexualmente, también se enfrenta a la inacción de la justicia mexicana.
“Tristemente esto no termino como yo hubiese querido, quedé expuesta a nivel nacional, quedé señalada por la sociedad, quedé muy triste y decepcionada de algunas personas, me quedé sin muchas personas que creía que eran mis “amigos”. Sólo espero y pido a Dios que este infierno termine pronto. ¿Cómo terminará? No tengo idea, que se haga lo que Dios quiera que sea”.
Daphne no está sola. En México, la sociedad civil se ha unido para exigir justicia pronta y expedita para ella y para todas las mujeres que cada día son víctimas de abuso sexual.
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