Lo que ha pasado en Chalchuapa es una tragedia. Mayúscula. Un complejo caso donde confluyen fenómenos que por desgracia describen la realidad en El Salvador: desapariciones forzadas, violencia sistemática contra las mujeres y una incompetencia manifiesta de las autoridades a la hora de investigar. No sabemos con certeza el número de víctimas -podrían ser 18 o hasta 40, según los investigadores-, pero lo cierto es que en Chalchuapa un hombre, un expolicía, cobijado por la impunidad nacional decidió convertir su casa en un cementerio. Y sus víctimas fueron -mujeres en su mayoría- personas que el Estado dejó en el olvido.
Por eso era necesario investigar.
Desde el 8 mayo, cuando se comenzaron a conocer los detalles del horror, muchas notas y reportajes periodísticos dieron cuenta de lo sucedido y profundizaron en la historia. No solo en El Salvador; muchos medios de comunicación del mundo contaron la noticia: no era normal lo que ocurría. Algo que tuvo que encender todas las alarmas y disponer de todos los recursos fue menospreciado por el gobierno, que prefirió mantener la pantomima del paraíso en la víspera de un evento deportivo.
Factum, como otros medios de comunicación, indagó, entrevistó, procesó información valiosa, apegado al método periodístico, al rigor, y presentó una investigación que tenía dos componentes principales: mostraba que en Chalchuapa había un ecosistema criminal de escándalo, donde hombres pagaron $20 por enterrar un cuerpo y donde decenas de mujeres desaparecieron sin que las autoridades de seguridad pública atendieran esta problemática con la seriedad que merecía, comenzando por los ocupantes del puesto policial más cercano, situado a tan solo 1.1 kilómetros de distancia.
Segundo, la investigación desmontaba la versión oficial sobre el caso. No solo Bukele, un embaucador profesional, sino muchos de sus funcionarios, como el indigno jefe policial Arriaza Chicas, repitieron que los crímenes fueron cometidos durante gestiones pasadas, hace décadas. Era mentira, una más. En su intento por modelar a la opinión pública, por no afectar una imagen construida por millones de dólares del erario público, el gobierno insultó a las víctimas de esta tragedia. Este es el nudo del asunto. De acuerdo a lo que hemos reporteado, al menos 13 de esos asesinatos fueron cometidos entre 2020 y 2021, cuando este gobierno tenía supuestamente el control del territorio. Algunos incluso fueron cometidos durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus, cuando era casi delito salir a la calle. Es terrible: el gobierno prefirió su imagen a la verdad, la popularidad por el derecho a saber. Tampoco debería extrañarnos.
A eso obedece la petición de la Fiscalía para intentar callar a Factum. Una fiscalía, por desgracia, arrodillada al oficialismo. La resolución judicial posterior es una clara censura, un acto que atenta a la libertad de expresión.
Factum ya ha solicitado al juzgado especializado que aclare cuáles son los extractos del reportaje que, a criterio de la jueza, atentan contra la intimidad de las víctimas. Antes de publicar la investigación, esta revista revisó meticulosamente el texto para evitar develar la identidad de las víctimas, recurriendo además a asesoría legal para ello. Pusimos, además, un énfasis exhaustivo en no revictimizar a las personas afectadas por lo ocurrido. El cuidado es parte del rigor con el que tratamos nuestras investigaciones.
Pero también Factum solicitó al juzgado otras aclaraciones. Por ejemplo, que la jueza aclare, y siguiendo su misma lógica, por qué la Fiscalía puede divulgar públicamente parte de esa resolución si para este caso existe una reserva. O por qué una cuidada publicación periodística contraviene el derecho a la intimidad de las víctimas y no todo lo que han dicho, públicamente, el fiscal de facto Rodolfo Delgado, el director de la Policía o el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.
Hace no demasiado, cuando la justicia se vio acorralada por el caso Carla Ayala, la policía que fue asesinada por sus mismos compañeros, el periodismo fue fundamental para revelar aquello que los funcionarios públicos, en este caso policías, querían mantener oculto. Aquel caso también tenía reserva, pero los jueces y juezas responsables se apegaron a la sana crítica para no censurar publicaciones periodísticas. En aquella oportunidad hubo publicaciones valiosas que, como en el presente, guardaron el debido respeto a la intimidad de las víctimas. Hoy, lo único diferente en la ecuación es Bukele y su necesidad de esconderlo todo. Eso debería preocuparnos.
Mientras se resuelve el proceso legal, Factum decidió bajar la nota. La razón obedece a dos motivos: aunque no la compartamos, porque es una censura promovida por el oficialismo, la resolución forma parte de un proceso legal, y respetuosos de la ley, nos apegamos al derecho para intentar revertir esta decisión. Sabemos que el respeto a la ley, al Estado de Derecho, es algo a lo que el oficialismo, liderado por Bukele, es ajeno. Pero es lo correcto. Segundo, y no menos importante, no existen las garantías del respeto a nuestra libertad. Es lo que ocurre cuando la Fiscalía y el Órgano Judicial se pliegan a un autócrata.
Pero lo más importante. Lo hacemos sabiendo que nuestra comunidad de lectores y muchos medios de comunicación fuera de El Salvador, conscientes de la necesidad de que la verdad prevalezca, harán suya la investigación y la seguirán reproduciendo. La censura es estéril cuando la sociedad se pone del lado de la verdad, cuando los ciudadanos informados deciden que no los callarán.
Opina