Hasta hace poco tiempo, era común ver a los niños jugando futbolito en las colonias. Una de las acciones fundamentales a la hora de jugarlo era poner el tablero de madera en una superficie plana, pues bastaba una pequeña inclinación, a veces intencional, para que la pelotita con la que se jugaba corriera más frecuentemente y con más fuerza hacia la portería en desnivel, ocasionando una distorsión que obviamente afectaba a uno y ayudaba al otro. Este problema que lo enfrentamos desde niños se conoce en la jerga política como “level playing field” o campo de juego nivelado y nos habla precisamente de que las reglas sean iguales para todos y no favorezcan a unos por sobre otros.
Es precisamente ese concepto el que está detrás de que, una vez iniciado un proceso electoral, las reglas del juego no cambien, pues, aunque en apariencia estos cambios podrían beneficiar al cuerpo electoral, la mayoría de las veces acaban ayudando al partido que los promueve y tiene los votos para aprobarlos. Esto es el equivalente a que, una vez iniciado un partido de fútbol y acordadas sus reglas, se apruebe que cada gol del equipo local valga por dos y los del visitante, solo por uno. Por supuesto, la afición local vitoreará esta decisión, tal como vitorea todo lo que hace su equipo, pues le es incondicional, pero eso no lo vuelve legítimo.
Fue por esto que luego de diversas sentencias en materia electoral por parte de la configuración de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, como la que a cuatro meses de la elección de 2015 nos llevó de un plumazo a las listas abiertas, la Asamblea Legislativa reguló en 2016 que no se permitieran reformas electorales a un año de las elecciones, salvo aquellas que fueran estrictamente necesarias para desarrollarlas mejor. El objetivo era que la sala moderara los tiempos de sus sentencias, y creo que tuvo ese efecto hasta cierto punto, pero también le sirvió a la Asamblea para autocontrolarse, pues el mismo Tribunal Supremo Electoral les pedía que dieran certeza jurídica y no aprobaran reformas a última hora.
Ahora, siete años después de aprobada dicha reforma, el partido Nuevas Ideas eliminó esta restricción arguyendo, en boca de su jefe de fracción, que esta “impide, obstaculiza y limita inconstitucionalmente el ejercicio de las facultades que han sido conferidas a esta Asamblea Legislativa” y que este órgano “se autolimitó para no poder reformar las reglas que rigen el proceso electoral”, con lo que esta reforma “solo entorpece y obstaculiza el derecho al sufragio”.
Lo anterior es un sinsentido, pues el derecho al sufragio, tanto en su dimensión activa como pasiva, no se ve entorpecido por no poder cambiar las reglas del juego cuando este ya inició. Por el contrario, tenerlas claras desde el inicio coadyuva a la integridad electoral, concepto que abarca la calidad de todo el proceso electoral en la búsqueda de garantizar elecciones libres y honestas, pues como nos dice Nohlen: “Si no se manipulan elementos del proceso electoral en contra de lo legalmente o constitucionalmente establecido… entonces existe integridad electoral” (IIDH-Capel, 2017).
Por otra parte, esta reforma es solo una más de varias que ha aprobado esta Asamblea, sin consultar al menos a quien le toca ejecutar cualquier cambio en las reglas electorales. Me refiero al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en la materia y debería ser previamente consultado para valorar si estas afectarán o no el proceso electoral que ya inició y que tendrá su punto culmen en diez meses.
En definitiva, ¿qué se busca con esta derogación? Probablemente emitir una serie de reformas, desde algunas quizá hasta necesarias, que corrijan algunas incongruencias como las encontradas en los plazos y disposiciones de la ley de sufragio desde el exterior, hasta otras tremendamente peligrosas por carecer de sustento técnico, como las anunciadas reducciones de municipios y del número de escaños legislativos.
Quizá lo único que se pueda hacer, seguramente hasta en vano, es tratar de que la bancada cian atienda razones de los que conocen el tema. Por ello, debe decirse que, si se pretende hacer reformas a diez meses de las elecciones, estas deberían seguir al menos tres criterios:
1. Que surjan del consenso de la clase política, no solo de un partido, por mucho que este represente a la mayoría. De lo contrario, estas no buscarán mantener el “level playing field”, sino que beneficiarán solo al partido mayoritario. Por ejemplo, ¿propondría a estas alturas el partido de gobierno una reforma que endurezca las sanciones a la propaganda electoral adelantada en la que hemos visto a sus funcionarios? Seguramente no.
2. Que conlleven un beneficio al sistema electoral y no una traba o retroceso. En ese sentido, por ejemplo, disminuir el número de municipios generaría problemas logísticos para los partidos, pues estos ya convocaron a elecciones internas tomando como base el número que se ha venido usando desde el censo de 2007 ajustado en 2009. ¿Cómo quedaría una planilla electa para un municipio que ya no existiría?
3. Que estas provengan de estudios serios y objetivos, no de cálculos políticos. Por ejemplo, reducir el número de diputados sin que haya antes un nuevo censo que defina bien cuántos somos realmente, o sin hacer un trabajo serio de delimitación de límites y de núcleos poblacionales que atienda netamente a criterios técnicos y no políticos, solo nos haría caer en el vicio conocido como “gerrymandering” y que consiste precisamente en cambiar las circunscripciones para beneficio de un candidato o partido.
Lo más extraño de todo esto es que ocurre en el momento en que las encuestas dan al actual presidente unos niveles de aprobación altísimos de cara a la próxima elección, más allá de la ilegalidad de su reelección. Por tanto, no tendría necesidad de esto. Pero quizá priva el miedo a que de un día a otro este apoyo desaparezca al explotar la burbuja mediática en la que descansa mucha de su popularidad.
A propósito, ¿cómo habría reaccionado el mandatario en redes sociales si esta reforma hubiera sido aprobada a menos de un año de las elecciones de 2019? Seguramente habría dicho que estábamos ante el fraude más descarado de toda la historia del mundo mundial y otros superlativos más. Hoy guarda un silencio cómplice, tal como el niño que mete un pedacito de papel debajo del futbolito para inclinarlo y agenciarse la victoria más fácil.
*Malcolm Cartagena es licenciado en Comunicaciones y cuenta con casi 20 años de experiencia en materia electoral. Actualmente cursa la Maestría en Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha.
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