En los últimos tres años, los magistrados que integran la Corte Plena han ordenado cero —0—nuevas investigaciones patrimoniales para funcionarios del estado salvadoreño. La caída de nuevos casos promovidos desde la Sección de Probidad coincide con la salida de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2018.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Agustín García Calderón fue liberado de cargos de enriquecimiento ilícito en los últimos días de mayo de 2021. Había sido enjuiciado en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador porque la Sección de Probidad, una oficina dentro de la CSJ, descubrió que mientras fue magistrado presidente, entre 2000 y 2009, tuvo un incremento patrimonial de casi 200 mil dólares cuyo origen no había podido justificar. La suma, luego de estudios periciales durante el proceso en la cámara, subió alrededor de los 240 mil dólares. Incluso, su esposa, según la acusación, tuvo un incremento irregular en su patrimonio personal de 10 mil dólares en la misma época.
La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador que juzgó a García Calderón dijo que no se pudo comprobar el delito de enriquecimiento ilícito y que, por el contrario, se dedujo que los ahorros del exmagistrado superaban las cantidades irregulares que la Sección de Probidad de la CSJ le había descubierto. Es decir, que el patrimonio del exmagistrado y los ingresos que captó mientras fungió como presidente de la CSJ cubren la suma de dinero irregular. La Fiscalía General de la República perdió así un caso que tardó años en llegar a un tribunal salvadoreño de justicia y que pasó por varias etapas antes de convertirse en una acusación formal.
Primero, el pleno de magistrados de la CSJ que reabrió la Sección de Probidad en el año 2014 ordenó la investigación patrimonial contra decenas de funcionarios y exfuncionarios estatales, entre ellos García Calderón. Probidad encontró las irregularidades en los patrimonios de García Calderón y su esposa y entonces elaboró un informe. El documento fue estudiado por la Corte Plena, la misma que ordenó la investigación, y decidió que el expresidente del Órgano Judicial debía ir a un juicio civil por enriquecimiento ilícito.
El caso de García Calderón terminó en una absolución, aunque no es la constante en estos casos. Otros acusados como los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes han resultado condenados y han sido obligados a restituir el dinero sin justificar que Probidad les encontró. En todo caso, los juicios civiles por enriquecimiento ilícito, ya sea con sentencias absolutorias o condenatorias, han disminuido en los últimos años.
De hecho, la Corte Plena no ha ordenado una sola nueva investigación a la Sección de Probidad en los últimos tres años. En 2019, 2020 y 2021, el pleno de magistrados no ha mandado que se abra ninguna investigación contra funcionarios o exfuncionarios del estado salvadoreño. Ninguna.
Hablar ahora de Probidad en la CSJ es meterse en un campo espinoso. Nadie se atreve a dar explicaciones de forma abierta sobre la decisión de no empezar más investigaciones patrimoniales. Magistrados, asistentes, empleados. Ni siquiera el jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, accedió a dar declaraciones para este reportaje cuando fue consultado. Las voces que comentan sobre lo que ha sucedido se refugian en las peticiones de anonimato. Pero coinciden en un hecho: la Corte Suprema abandonó su deber de investigar el patrimonio de los funcionarios a través de Probidad. Y coinciden también en un motivo: no molestar al poder político.
La Constitución de El Salvador, de la que se derivan las demás leyes secundarias en el país, dice que el enriquecimiento ilícito se presume cuando el aumento del capital del funcionario o empleado público es notablemente superior al que debería tener por sus ingresos según el cargo ejercido, desde que tomó posesión hasta que lo dejó.
García Calderón ha sido de los últimos funcionarios enviados a juicio civil por la Corte Suprema de Justicia. Este expresidente de la CSJ, a propósito, es uno de los responsables de haber paralizado el trabajo de la Sección de Probidad en el año 2005, cuando la Corte Plena le quitó atribuciones investigativas a esa oficina. En ese entonces, el gobierno administrado por el partido de derecha Arena presionó para que la Corte Suprema cercenara el trabajo de Probidad. Todas las investigaciones y los hallazgos de irregularidades patrimoniales de funcionarios encontrados en los períodos de los presidentes Armando Calderón Sol y Francisco Flores quedaron enterradas.
Fue hasta 2014, cuando la CSJ, con el impulso de la Sala de lo Constitucional de ese momento, facultó de nuevo a la Sección de Probidad y reanudó sus investigaciones. Revista Factum hizo peticiones de acceso a la información pública acerca de los casos de Probidad entre 2014 y 2021. Los números recopilados en ocho años dan cuenta de una efervescencia inicial de las labores investigativas sobre los patrimonios de los funcionarios salvadoreños y, hacia los últimos años, una situación menguante, coincidente con las nuevas integraciones de la CSJ, con mayor énfasis, desde 2018.
Los casos de investigación ordenados por la Corte Plena a la Sección de Probidad en 2014 fueron siete. Aumentaron a nueve en 2015. Continuaron con una subida a 60 casos. Para 2017, la CSJ instruyó la apertura de 430 nuevas investigaciones. En este punto, ya había casos en cámaras de lo Civil y el trabajo de Probidad tomó vigor. De hecho, la cooperación internacional apoyó con refuerzos financieros para agilizar las investigaciones. Hacia 2018, con la salida de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, las nuevas investigaciones cayeron a cuatro. Y fue entonces que, con la nueva conformación de la corte, las nuevas investigaciones ordenadas han sido cero en 2019, ninguna en 2020 y ni una en lo que va de 2021.
No molestar al poder
Desde Probidad, sin embargo, el trabajo de las investigaciones ordenadas sigue vigente. Un empleado de esa oficina, que pidió el anonimato a cambio de hablar para este reportaje, dice que en la actualidad las labores investigativas de Probidad se enfocan en las órdenes acumuladas de años anteriores. Aunque en los últimos tres años no ha habido nuevos expedientes, “sobre eso es lo que estamos trabajando. Estamos tratando de hacer todo el trabajo que dejó Corte Plena desde hace años”, dijo el empleado.
Un exmagistrado que conformó Corte Plena en los años en que Probidad se reactivó aseguró que la responsabilidad de que no existan nuevas investigaciones no es de la Sección de Probidad, sino de los magistrados, ya que ellos tienen la potestad única de ordenar nuevas investigaciones según los hallazgos que les reporta la unidad. “Si no hay nuevos casos en Probidad desde el cambio de magistrados en 2018, no hay dónde perderse. Definitivamente, son los nuevos magistrados los que no quieren que haya más investigaciones. Y si no quieren más investigaciones es porque no quieren problemas con el poder de turno. Ellos ya llevaban la línea”, dijo el exfuncionario.
El exmagistrado se refirió a que los políticos, en específico quienes mantenían cuotas de poder como dirigentes de partidos o incluso funcionarios vigentes como diputados, se molestaron con la CSJ por haber restituido las facultades investigativas a la Sección de Probidad. Desde entonces, los magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa, en especial los nombrados en 2015 y 2018, según este exfuncionario, llevaron inserta la “orden” de la clase política de revertir investigaciones y retroceder en los casos.
De hecho, desde 2017, la CSJ cambió los criterios de transparencia sobre las investigaciones de la Sección de Probidad: las ocultó del conocimiento público, las declaró reservadas y solo dejó abiertas las versiones públicas de los casos solo si estos culminaban en condenas por enriquecimiento ilícito en las cámaras de lo Civil. Pero no solo se restringió la transparencia. De facto, las nuevas investigaciones ordenadas por el pleno de magistrados cayeron a cero, y también cayeron las órdenes de apertura de juicios civiles por enriquecimiento ilícito.
Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) caminan frente a una de las entradas de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 9 de febrero de 2020, el día que el órgano ejecutivo se tomó las instalaciones de la Asamblea Legislativa.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
El abogado y catedrático Roberto Burgos condensa en una fórmula matemática lo que la CSJ hizo con Probidad en los últimos años. “Suma la renovación de las magistraturas, la politización de la Sección de Probidad y la falta de acceso a la información y tienes estos resultados”, dice Burgos.
La Corte Suprema que se reconformó desde 2018, con la salida de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, no solo retrocedió al no dar más órdenes de apertura de investigaciones a la Sección de Probidad. Los magistrados de la nueva generación botaron también las órdenes para abrir juicios civiles por enriquecimiento ilícito a funcionarios y exfuncionarios. Aunque, como una constante desde 2014, los casos presentados por Probidad para enviarlos a juicio siempre han sido más que los que aprueban los magistrados, las situaciones más dramáticas de esta brecha han ocurrido en los últimos cuatro años. Algo similar ocurrió con las estadísticas de sanciones de jueces.
“Desde una perspectiva cuantitativa, hay una disminución que coincide con la recomposición de la Corte Suprema en el año 2018. Ha habido una falta de compromiso del pleno de magistrados en continuar el trabajo”, comenta el abogado Burgos, también peticionario de información pública.
En 2014, no hubo ningún caso que fue a juicio civil por enriquecimiento ilícito, pero tampoco ninguna investigación concluida y presentada por Probidad. En 2015, Probidad presentó dos investigaciones terminadas a la Corte Plena y esas mismas se fueron a juicio civil. La brecha empezó a abrirse en 2016, cuando Probidad presentó doce casos, pero los magistrados solo enviaron a juicio siete de esos doce. En 2017, la diferencia fue de seis investigaciones presentadas contra solo dos casos enjuiciados. Y 2018, con la nueva Corte Suprema, sin los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que venían desde 2009, fue la etapa más alarmante: doce casos presentados por Probidad. Ningún juicio civil ordenado por los magistrados.
En 2019, Probidad llevó a la Corte Plena 18 casos de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, de los que solo ocho terminaron en juicio civil. En 2020, de las siete investigaciones presentadas por Probidad, solo dos fueron a juicio. Y en lo que va de 2021, la oficina de Carlos Pineda, jefe de la Sección de Probidad, solo ha puesto en el escritorio de los magistrados una investigación. Y los magistrados le han dicho “no” a ese único caso.
La situación de Probidad es preocupante, según las fuentes consultadas. Y los números respaldan esas preocupaciones: entre 2014 y 2021 se cuentan, en total, 510 investigaciones iniciadas bajo la orden de la Corte Plena a la oficina de Pineda. De ellas, Probidad ha concluido 58 casos de posible enriquecimiento ilícito. Y los magistrados, de esos 58 expedientes finalizados, solo han llevado a juicio 21 casos, en el mismo período de ocho años.
Los nuevos criterios
La magistrada Doris Luz Rivas, quien terminará su período a finales de este mes de junio de 2021, cree que la brecha entre las investigaciones de Probidad y los casos que la Corte Plena envía a juicios civiles tiene su origen en la discrepancia de las agendas de investigación. Rivas, en una entrevista que concedió a Revista Factum, aseguró que el trabajo de Probidad se reanudó con una agenda de trabajo, con nuevas investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios, que no fue consultada con todo el pleno. Pero, sobre todo, la magistrada también señala que las reconformaciones que ha sufrido la CSJ en los últimos años han provocado que los criterios de qué investigar, a quién investigar y a quién enviar a juicio y a quién no se hayan cambiado.
Burgos, por su parte, también señala que la politización de Probidad ha menoscabado el trabajo contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios salvadoreños. El abogado cree que no solo el manoseo político que sufrió la CSJ desde la Asamblea Legislativa con las elecciones de magistrados es la única causa de la caída de Probidad. El hecho de que también el jefe de esa oficina, Carlos Pineda, haya buscado en 2018 ser magistrado de la Corte Suprema complicó la neutralidad en las investigaciones. Pineda, en su búsqueda, válida desde la ley, de un puesto de magistrado, tuvo que mezclarse con diputados que estaban siendo investigados por su oficina en esos momentos, como fue el caso del legislador Guillermo Gallegos, de GANA.
GANA apoyó la elección de Pineda como magistrado, pero en aquel momento no obtuvo el apoyo de los partidos mayoritarios en el congreso Arena y FMLN. Pineda no fue nombrado magistrado, pero quedó “contaminado”, según Burgos, por buscar un cargo que dependía de la decisión de sus investigados. Al final, el diputado Gallegos no fue llevado a juicio civil por enriquecimiento ilícito por decisión la CSJ que fue recompuesta en 2018. Pineda hizo un nuevo intento por llegar a la cúpula judicial este año: participó en el proceso de elección de candidatos a magistrados que finalizó en abril pasado el Consejo Nacional de la Judicatura.
El 1 de mayo de 2021, los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron elegidos en 2018 fueron destituidos por la Asamblea Legislativa de Nayib Bukele, gobernante de El Salvador. En su lugar, los diputados colocaron abogados con antecedentes cuestionados y con definición política afín al presidente. A esta misma Asamblea genuflexa a las órdenes del órgano ejecutivo le tocará en los siguientes días elegir a otros cinco magistrados para la Corte Suprema de Justicia, para sustituir a los nombrados en 2012. De esa manera, y según las fuentes que concedieron dar sus opiniones, con una corte tomada por el gobernante, el futuro de la Sección de Probidad es incierto. Por una parte, según las fuentes, puede que esta oficina sirva como otro frente de persecución política de Bukele contra sus opositores. Por otra, puede que se termine de sepultar por completo el trabajo de investigación de enriquecimiento ilícito contra los funcionarios corruptos de El Salvador.
La nueva conformación de la Corte Suprema que elegirá el oficialismo tendrá la última palabra.
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