Los diputados oficialistas juramentaron a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2024-2033. Óscar López Jerez, cuestionado por integrar la Lista Engel, fue reelecto. La Asamblea también eligió como magistrada a Patricia Castillo Amaya, quien fue donante del FMLN.
Foto Factum/Gerson Nájera
La Asamblea Legislativa eligió la noche del lunes 23 de septiembre de 2024 a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre los juramentados está Óscar López Jerez, quien en 2021 fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos o antidemocráticos, y Patricia Castillo Amaya, empleada de la Presidencia de Nayib Bukele.
López Jerez había sido nombrado como presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional desde el 1 de mayo de 2021, cuando el partido oficialista dio un golpe a ese tribunal y destituyó a todos sus integrantes para poner a gente afín al Gobierno. El funcionario a quien el oficialismo le confió el Órgano Judicial tenía antecedentes policiales y en la Fiscalía por indicios de lavado de dinero desde 2017. En un expediente judicial está plasmado que pidió varios favores procesales al exfiscal general Luis Martínez, procesado por corrupción.
En ese caso, López Jerez fue el defensor de la comerciante Bertila Ponce Olmedo, condenada por evadir $12.2 millones en impuestos desde las sociedades anónimas Ferjasa y Águilas. Mensajes de texto intercambiados en 2015 por el entonces fiscal Martínez confirman las solicitud de favores procesales para Ponce y la mediación de López Jerez para beneficiar a su clienta.
Lidia Patricia Castillo Amaya, quien era subsecretaria de la Secretaría de Cumplimiento y Mejora Continua de la Presidencia de la República, también fue juramentada como magistrada de la Corte Suprema. Ella fue donante del FMLN en 2017, año en que dio $2,494.96 a ese partido político. Estuvo casada con Francisco Rubén Alvarado Fuentes, actual candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La Asamblea eligió a Henry Alexander Mejía como presidente de la CSJ, en sustitución de López Jerez. Él se desempeñaba como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo desde el 6 de diciembre de 2022, cuando renunció Enrique Portillo Peña.
Según Diario El Mundo, durante su entrevista en la Comisión Política, cuando Ernesto Castro le preguntó qué haría como magistrado ante una pandemia como la de 2020, Mejía dijo: “Me parece que se ponderó más el tema de las libertades, era obvio que la restricción tenía que ser para las personas… Quedó en evidencia que no hubo colaboración ni de la Asamblea y, desde el punto de vista político, no jurídico, la Sala (destituida) se precipitó en declararles inconstitucional todo el cuerpo normativo”.
Los otros magistrados electos para el período que finaliza en 2033 son Miguel Elías Martínez, quien era magistrado de la Cámara Ambiental de Santa Tecla; y Vicente Rivas Romero, magistrado de la Cámara Segundo de lo Contencioso de San Salvador .
El abogado José Marroquín Galo, quien fue asistente de la Sala de lo Constitucional durante 13 años y es exdirector de la escuela de capacitación del Consejo Nacional de la Judicatura, fue electo como magistrado para el periodo que finaliza en 2030, al igual que Alejandro Quinteros Espinoza, quien era magistrado suplente de la Sala de lo Penal.
Con esta elección, Nuevas Ideas consuma el control total de la Corte Suprema de Justicia, donde únicamente quedaban cinco magistrados electos en 2015, antes de que el partido oficialista copara los tres Órganos de Estado. Los 15 magistrados que en la actualidad integran la Corte fueron elegidos por el partido oficialista.
Durante la plenaria de este lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, intentó justificar los nombramientos leyendo los grados académicos obtenidos por los candidatos. Todos los electos fueron propuestos por Nuevas Ideas. Arena y Vamos se abstuvieron de votar por alguno de ellos, porque señalaron falta de información y de transparencia en el proceso de selección.
Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el proceso de elección de magistrados no cumplió los requisitos de transparencia que ya habían sido superados en procesos anteriores, pues, por ejemplo, no se han hecho públicos los documentos de los candidatos y las entrevistas no contaron con el tiempo suficiente para conocer a los profesionales del derecho que hoy integran la Corte Suprema de Justicia.
“Tarda más y le hacen más entrevistas a alguien que van a contratar como motorista en una empresa, que las entrevistas que hizo la Asamblea Legislativa. Por lo que definitivamente no cumple con los parámetros de transparencia”, dijo Anaya.
Respecto a los magistrados nombrados, le parece que es “intrascendente” e “indiferente” a quienes designaron porque, en su opinión, no fueron seleccionados por un mérito especial, sino porque han demostrado “lealtad a la dictadura”.
“Lo voy a decir irónicamente. Si es mayor de 40 años de edad y si fuera abogado podrían haber nombrado hasta Cocolito y da igual, no va a haber ningún cambio ni importante ni sustancial en mejora de la justicia salvadoreña”, concluyó Anaya.
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