Doris Luz Rivas Galindo fue presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por ocho años, desde 2012 hasta 2020. A finales de junio próximo, la magistrada dejará la corte y en sus últimas semanas nos abrió un espacio para hablar de lo que queda y lo que falta en el Órgano Judicial: el decaimiento de la Sección de Probidad, la nueva opacidad ante las investigaciones patrimoniales de los funcionarios, el paro súbito de sanciones y destituciones de jueces. Rivas Galindo también habla sobre lo que pudo lograr en Medicina Legal y el criterio de enfoque de género que deben atender los jueces en los casos penales.
Rivas Galindo, una de las cinco magistradas salientes de la generación 2012-2021, participó en el proceso de selección del Consejo Nacional de la Judicatura para ser candidata a magistrada y cumplir otros nueve años más dentro de la corte. Pero solo dos de los siete consejeros le dieron sus votos, pese a haber obtenido una de las mejores calificaciones previas por su currículo y las respuestas que dio en la entrevista presencial ante el pleno del consejo. La magistrada aborda en esta plática el trato diferencial que hubo en las entrevistas del consejo y de cómo ella fue la más cuestionada de todos los aspirantes, cuando a otros abogados que tenían antecedentes negativos no los increparon.
Luego del 1 de mayo de 2021, el día en que los diputados del gobernante Nayib Bukele destituyeron a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y montaron una corte de facto, Rivas Galindo se puede considerar una superviviente, aunque solo le falten días para abandonar la magistratura. *
FOTO FACTUM/Gerson Nájera
Magistrada, ¿por qué el trabajo de Probidad decayó en los últimos años?
Este es un tema que llama a la preocupación de la población y a muchos actores de la sociedad. Obviamente, cuando se reabre, cuando se devuelven las funciones a la Sección de Probidad también se elaboró una agenda de casos que, hay que decirlo, no se consultó en el pleno. Y creo que desde allí comenzaron algunas situaciones que, a mí me parece, no se trataba de una cacería de brujas ni justicia selectiva. Creo que se debió haber preparado una agenda mucho más objetiva, como cuidar aquellos casos que estaban por prescribir. Eso motivó a que pudiéramos tener en el pleno casos que se han enviado a las cámaras correspondientes y otros que no. La Ley de Enriquecimiento Ilícito no es la mejor herramienta. Las nuevas conformaciones del pleno también tienen sus propios criterios. Entonces ha habido replanteamientos de criterios que se han discutido, con los que hay acuerdo y otros con los que no. Así es cómo vino modificándose el trabajo de Probidad. Por otra parte, no se contaba con un reglamento. Ahora ya lo tenemos. El tratamiento diverso de varios casos no ha sido lo más adecuado. ¿Por qué en unos casos actuamos de una forma y en otros de otra? Eso obligó a tener un reglamento, a que tuviéramos plazo y eso llevó bastante tiempo de debate. Además del año atípico que hemos tenido por la pandemia, no fue factible avanzar. También tenemos el anteproyecto de la nueva ley de enriquecimiento ilícito que también ha generado discusión. Creo que con el nuevo reglamento se avanzará más y podrá haber una agenda de casos que están por prescribir, que son los que deben tener prioridad.
¿Es coincidente entonces esta disminución de juicios por enriquecimiento ilícito con la nueva conformación de la Corte Suprema, con la salida de los cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional en 2018?
Viéndolo cuantitativamente, así es. Ha habido una reestructuración, pero tampoco es decir que los nuevos magistrados son los responsables. Ha habido que replantear criterios y otros temas en los que el debate ha sido más fuerte, más profundo, y al final deciden los votos. Luego se conformó una comisión que tiene un mayor control de lo que se está haciendo. Y el reglamento, porque logramos advertir que los primeros casos tuvieron sus propias particularidades y no todos fueron tratados de la misma forma. Eso fue un mensaje equivocado que no debimos darlo. También, el caudal de trabajo que tiene el departamento apenas lo conocimos hace un par de meses. Allí logramos detectar casos por prescribir que no estaban avanzando. Allí echamos mano del reglamento para impulsar esos casos. Creo entonces que todo esto es lo que no ha permitido que se avance. Sí creo que hay que impregnarle a Probidad más dinámica, más compromiso, mayor claridad en el trabajo para poder avanzar.
¿En la Corte Plena nunca se discutió que el jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, buscara ser magistrado y que para ser elegido tuvo que encontrarse con diputados, muchos de ellos con investigaciones abiertas en Probidad? ¿No fue ese un claro caso de conflicto de interés?
Sí lo discutimos. Se planteó que era su legítimo derecho. Él pidió permiso al pleno desde un principio. Esa fue una forma de paliar su situación de alguna manera. Porque, efectivamente, en ese contexto se encontraban algunos casos de personas que iban a tener que votar o no por él. Pero sí se discutió.
¿Se tomó una decisión, un acuerdo?
No. Pero sí se hicieron valoraciones de las consecuencias de su decisión de participar en la elección. Y también se valoró que él estaba en su legítimo derecho de buscar el cargo. Creo que la lección que quedó de este caso es saber cómo apartar al interesado de algunos casos de investigación.
Y a su criterio, magistrada, ¿es potable una situación de este tipo, que el responsable de investigar a funcionarios sea sometido al escrutinio de esos mismos funcionarios?
La verdad es que es complicado. Él hizo uso de un derecho legítimo. A lo mejor habrá que buscar reformas o cláusulas que limiten este tipo de aspiraciones que, insisto, son legítimas. Nadie se imaginaba que él estaría con ese interés, pero sí me parece que se deben buscar formas para no vulnerar el trabajo y a la vez que se garantice el derecho de participar en unas elecciones. Antes y con la ley misma nunca se previó eso. Y nunca se había presentado esta situación. Creo que fue incómodo para él verse en esto. Pero insisto en que es una aspiración legítima de todo abogado.
¿Por qué la publicidad de los casos de Probidad también fue decayendo? ¿Al principio hubo total transparencia de los casos y de repente la corte reservó mucha información?
A mí siempre me pareció incómodo que algunos casos que nosotros íbamos a empezar a discutir ya los conocían los medios de comunicación y se hacían valoraciones. Nosotros nos dábamos cuenta por esos medios y no por las vías oficiales. Yo no estoy en contra de la publicidad ni de la transparencia de los casos, pero creo que esa forma nunca fue la correcta. No se puede evidenciar primero y después nosotros venir a tomar decisiones. Le repito, yo no tengo problemas con que se divulgue, pero los casos primero deben pasar por conocimiento del pleno. La objetividad del juez debe protegerse. Yo quiero decirle que yo acompañé la resolución de que se deben mantener en reserva aquellos casos que salen exonerados. Creo que fuimos ocho o nueve magistrados que lo decidimos, bajo criterios constitucionales. Sé que hay un recurso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, hay valoraciones diversas que se hacen sobre la publicidad o no de los casos de patrimonio de los funcionarios. Hay que medir los riesgos de la exposición si son casos exonerados, así como que hay que prevenir a los magistrados de juicios predeterminados que se hacen desde afuera, antes de entrar a conocerlos. Esto último incide en la toma de decisiones. Imagínese que una persona termina justificando todos sus ingresos, pero antes ya resultó expuesta y prejuzgada. Sería injusto. Esto no se trata de una intención de ocultar información.
También ha habido una disminución de las sanciones contra jueces por faltas o incluso destituciones. Difícil es creer, es lo ideal, pues, pero difícil es creer que de la noche a la mañana ya ningún juez comete faltas ni delitos.
Ha habido decisiones de conformaciones anteriores de la corte que tomamos y que no han parecido a los afectados y por ello estos casos han llegado a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y se han revertido algunos casos. Ahora ya nadie quiere estar pasando por eso de ser condenado por alguna instancia y pagar y todo ese tipo de cosas. Aunque también nosotros procuramos agotar todos los procesos que nos amparan. Eso es, por una parte. Por otra, también ha habido un gran esfuerzo por poner al día el trabajo del Departamento de Investigación Judicial y con las conformaciones anteriores logramos hacerlo. La magistrada (María Luz) Regalado y yo teníamos una delegación y luego se incorporó otro compañero para darle seguimiento a este tema. Y así logramos ponerlo al día. Ahora con la nueva Ley de Procedimientos Administrativos ya no puede haber mora en este tema. Luego, en este tema, también ha habido cambios de criterios con la nueva conformación de la corte. Y, pues, en esa lógica hay que respetar las nuevas opiniones que surgen en los debates. En ese sentido, hay una cantidad de casos que tienen que ver con las decisiones judiciales. Y sobre esos casos, hay que agotar las vías correspondientes, salvo que se pueda evidenciar otro tipo de comportamientos del juez y que se configure alguna conducta no debida para que pueda ser sancionado.
Sobre esto ha habido muchas discusiones. Por ejemplo, se habla de que el régimen disciplinario de los jueces podría sustraerse del conocimiento de la Corte Suprema y que esto le corresponda al Consejo Nacional de la Judicatura. Yo siempre he dicho que no se debe hablar de depuración de jueces, sí de un régimen sancionatorio para jueces. Depuración es destituir sin amonestaciones, sin sanciones previas. El concepto de régimen sancionatorio es más adecuado para un tipo de conductas administrativas. Pero frente a las denuncias por decisiones de los jueces, para eso están las instancias que pueden corregir o ratificar esas decisiones. Esto puede lanzar un mensaje equivocado de que no hay depuración. Ahora, esto no quiere decir que la independencia judicial sea una sombrilla para hacer lo que se quiera. Todo poder tiene límites. Hay controles. Tampoco existe el afán de que somos antijueces. Yo vengo de la carrera judicial. Yo no estoy acá para hacerles daño a los colegas, pero la ley y el cargo me exigen un papel determinado y debo cumplirlo. Esto significa un gran desafío para la corte, sin que esto signifique una persecución contra jueces y juezas.
¿Entonces la disminución de sanciones para jueces se debe a que hay muchas denuncias por sus resoluciones en los casos y por independencia judicial la corte no puede juzgarlos? ¿La corte no puede revisar ninguna decisión judicial? ¿Ninguna?
No debería ser así. Una manera de proteger la independencia judicial es que todas las decisiones de los jueces son controladas y para ello hay que agotar la vía de los recursos. Los afectados deben acudir a la vía de los recursos. Ir a denunciar a Investigación Judicial por una decisión que no gustó es como amenazar al juez y eso es lo que hay que evitar. Ahora, la ciudadanía sí tiene el derecho a que nosotros los jueces seamos investigados por nuestro comportamiento en algún proceso, en alguna decisión judicial, que evidencie y que fundamente que se puede abrir una investigación. Muchas denuncias por decisiones judiciales vienen sin evidencias. Y hay que comprender que lo que se protege es la independencia judicial, no a las personas. No estamos protegiendo al juez fulano de tal, sino su independencia en un estado de derecho.
¿Pero cómo se puede garantizar para la ciudadanía que hay una independencia judicial potable cuando dos magistrados de esta corte están en la mesa de jueces? ¿No es ese otro conflicto de interés?
Los colegas que están en la comisión de enlace son solo eso: un enlace para trasladar la comunicación de la mesa de jueces a la corte y viceversa. Esto no tiene vinculación con el régimen disciplinario. No hay que confundir eso. La mesa es para que los jueces se hagan escuchar y nuestros enlaces es para que nosotros nos hagamos escuchar con ellos. Ya luego otros temas como la investigación judicial tienen otros canales.
Doris Luz Rivas Galindo, magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. FOTO FACTUM/ Gerson Nájera
En ocho años de su magistratura ha sido presidenta de la Sala de lo Penal. Se trató de mejorar Medicina Legal, se incluyó el enfoque de género como nuevo criterio. ¿En este último año que dejó la presidencia de la sala se ha revertido lo que dejó, se ha disminuido?
Se ha mantenido. Yo sigo apoyando al colega presidente en su labor jurisdiccional. Él está retomando los proyectos. Un desafío bastante fuerte que absorbe bastante tiempo y que genera desgaste es el Instituto de Medicina Legal. La ventaja que tiene él es que la sala ya está sumamente ordenada. Hemos avanzado en criterios jurisprudenciales. Hemos humanizado la justicia penal en la medida de lo posible. Es una sala que está bastante al día. Y ya los desafíos son mejorar lo que existe. Por hoy, no se ha cambiado nada. En Medicina Legal, el presidente está continuando el esfuerzo. La presidencia de la sala es un ejercicio de trabajo y transparencia. Así debe verse. No es un ejercicio de poder. Por allí hay miradas un poco equivocadas sobre lo que significa una presidencia de sala. Creo que es una oportunidad de incidir en la justicia, en cualquiera de las ramas. Espero que no haya retrocesos.
Ese ejercicio de poder se refuerza con que los magistrados pueden sancionar y destituir jueces, supervisan el notariado, supervisan el trabajo de Probidad. El puesto de magistrado está bastante cargado de poder por esas facultades extras. ¿Cree que es momento de descentralizar ese poder?
La razón de ser natural de un juez, y eso es lo que somos, es administrar justicia. Pero la corte está cargada de tantas funciones administrativas y eso se ha cuestionado hasta la saciedad. Y no vemos cambios en eso. Los que hemos andado en campaña, los que hemos andado en la búsqueda de estos espacios, siempre decimos eso, lo que debería ser el trabajo de la corte. Pero cuando venimos acá nos abruma tanto trabajo, tanto problema administrativo, que no nos permite avanzar en la labor jurisdiccional. Entonces, cuando revisamos las agendas, vemos peticiones administrativas de jueces, vemos el trabajo de investigación profesional, porque aquí firmamos cantidades de expedientes de autorización para abogados, y la verdadera labor jurisdiccional va quedando relegada. Entonces yo creo que es importante retomar estos temas que permitan transformar a esta Corte Suprema y que se dedique a sus funciones naturales prioritariamente. En esa línea, ¿qué hay que hacer? Pues mientras se buscan reformas, buscar un staff de la administración que sea efectivo para que responda a todo el problema de administración de tribunales, de recursos, de difusión de recursos, de permisos. Y luego el trabajo de Probidad. Yo ya lo he dicho y ya lo he escuchado en algunas discusiones y campañas acerca de que Probidad no debería estar aquí en la corte. Hay temas que se deben discutir responsablemente. No me pregunte dónde debería estar, ni con quién, ni con qué, pero es un debate que debe generarse para tener una Sección de Probidad mucho más fuerte y mucho más efectiva y evitar tanta burocracia.
¿Probidad podría estar dentro del Consejo Nacional de la Judicatura?
Podría discutirse. El consejo administra la carrera de la judicatura. Por otro lado, también existe un compromiso de crear el consejo de la abogacía y el notariado. La experiencia de otros países es que la supervisión del notariado es independiente de las cortes y aquí nosotros administramos las carreras de los abogados. Es que, si quitamos todos los poderes extra que tiene la Corte Suprema, y solo dejamos la verdadera labor jurisdiccional, ya nadie quisiera ser magistrado. Pero hay que pensar en esto en función de país, en función de administrar bien las cosas y ejercer verdaderos liderazgos. El sistema de justicia debe ser mucho más fuerte y mucho más confiable, sin que se preste a otro tipo de cosas. Yo siempre digo, cuando nos llegan casos de Probidad, cuando nos llegan casos de Investigación Profesional, ¿por qué tenemos que estar viendo esto? Y no hay que tener miedo, porque no es cierto que nosotros seamos los mejores administradores del notariado, de la abogacía, de la probidad. Hay que transformar la justicia sin temor. La corte puede descentralizar esas responsabilidades y yo no le veo ningún problema.
Usted no pudo votar en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas porque la recusaron. Pero el magistrado Argueta Manzano sí votó, aunque tuvo el mismo acercamiento al caso que usted. ¿Qué sabor de boca le provocó esto?
Se lo resumo en que me llevé un sinsabor. La verdad es que me sorprendió y quizás fue por el papel que yo tomé en el caso de la extradición anterior en el que di un voto razonado y planteé algunas preocupaciones. Entendería que quizás por eso me apartaron. Pero es una cosa que hasta este día no logro entender, porque nos recusaron a dos magistrados, pero en la discusión estuvimos tres. Y quizás fue por mi voto.
¿No cree que hubo alguna manipulación desde afuera para tener una Sala de lo Penal ad hoc para el caso?
Yo no quisiera creer eso, fíjese.
Desde la Sala de lo Penal que usted presidió en todos estos años se revirtieron condenas contra mujeres acusadas de homicidio agravado cuando en muchos casos, ya fue comprobado, lo que ocurrieron fueron partos extrahospitalarios, involuntarios, que terminaron en la pérdida de los bebés. ¿Usted cree que pueda haber un retroceso en estos avances, en el sentido de que la justicia logró reconocer una equivocación con base en evidencias y ese criterio de revisar estos casos con detenimiento pueda perderse?
Yo espero que eso no se pierda. El colega presidente tiene esa misión, ja, ja, ja. Hay que seguir incidiendo y esa apertura es un logro. Creo que contribuyó la nueva conformación del pleno, hay que reconocerlo, para ir buscando otras miradas. Si se fija, hay otra atribución de la corte y que se hace mediante delegación a la Sala de lo Penal y que es el tema de los ocursos de gracia, que fue la oportunidad que hubo para estas mujeres. Yo creo que por mucho tiempo hizo falta la perspectiva de género y el tema del derecho probatorio, en el sentido de cambiar la mirada hacia la prueba científica para poderla valorar, así como el tema de sana crítica que hay que verlo. Otra cosa es que en el caso de las mujeres, vemos que no hubo esfuerzos para interponer recursos de casación, y eso pone en evidencia también la vulneración al derecho de defensa pública. Con lo hecho desde la sala en este tema, hay bastante claridad y nos basamos en el principio de no regresividad de los derechos humanos. Todo eso es un soporte para poder mantener estos avances. La verdad es que no se me cruza por la cabeza que en esto vayamos a retroceder.
En los casos de estas mujeres, representadas por abogados del Estado, no hubo mayor búsqueda de recursos tras las condenas. Parecería, no sé si me equivoco, que a la Sala de lo Penal llegan casi solo recursos de casación de abogados particulares y eso quiere decir que si me defiende un abogado público no tengo garantías de resultar absuelto o que se pelee mi inocencia en otras instancias.
Le aseguro que si hacemos un análisis de los recursos de casación que vienen a la sala, quizás un noventa y cinco por ciento son de abogados particulares. Yo creo que aquí es donde el estado debe potenciarse, porque es su deber garantizar un abogado de calidad a quien no tiene cómo pagarlo. Entonces, pienso que allí es donde se debe inyectar un buen presupuesto, en la Procuraduría General de la República, y a lo mejor hacerle una reestructuración. Yo vi cómo trabaja la defensa pública en Guatemala. Tienen un staff dedicado solo para recursos de casación y otro staff para promover o defender procesos internacionales en representación del Estado. Aquí las afectaciones en la defensa pública son el poco presupuesto y la carga de trabajo, y eso afecta la justicia.
Doris Luz Rivas Galindo, magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. FOTO FACTUM/Gerson Nájera
Y sobre la elección de candidatos a magistrados que hizo el Consejo de la Judicatura, usted no fue seleccionada, pero sí otros abogados como Ramón Iván García. La Sala de lo Penal que usted presidió corrigió resoluciones de García que avalaron matrimonios entre niñas y sus violadores. Pero los consejeros prefirieron votar por él y no por usted. ¿Se abordó en Corte Plena el caso del magistrado García y sus resoluciones?
Mire, ese caso se cerró. Hubo una demanda contra el presidente de la corte y el exjefe de Investigación Judicial por parte del procurador de Derechos Humanos. De allí no sé nada más y desconozco las motivaciones que tuvo el Consejo de la Judicatura para eso.
El Consejo de la Judicatura obvió los antecedentes negativos del magistrado García.
Yo entiendo…
A usted le dedicaron mucho tiempo en su entrevista y fue bastante cuestionada.
Yo fui muy increpada en la entrevista del consejo por el tema de la dignificación de los jueces. Me tuvieron como una hora y media en esa entrevista, más tiempo que todos. Usted puede ver lo que yo contesté en esa entrevista sobre la dignificación de los jueces, que un juez no se dignifica por tener el mejor carro. Claro, hay que trabajar para que los jueces tengan las mejores condiciones. Pero no sirve de nada tener el mejor carro o teléfono, si no doy calidad de justicia y la ciudadanía no cree en mí. Entonces, hay que replantearse esos temas. Hubo preguntas y cuestionamientos bastante fuertes, pero mi trabajo habla.
¿Considera que fue injusto el tratamiento de las entrevistas del consejo?
Sí. La verdad es que yo sentí una entrevista bastante fuerte. Pero, bien, había mucho que contestar. Quizás porque estoy en el cargo se volvieron más exigentes, pero no sé si esa era la regla. Considero que en otros casos fueron bastante superficiales y las respuestas bastante frágiles. Pero esto lo tomo como un aprendizaje. Así me llevo un panorama real de todo el sistema de justicia y ya no me dirán cuentos allá fuera. Pero, sí, sentí un trato diferenciado. Y lo entiendo porque como magistrada se me debe exigir más, pero también hubiera esperado un mejor porcentaje. Y en todo caso hubiera esperado que no nos dejaran fuera a quienes resultamos mejor calificados en todo.
¿Cree que influenció lo político, lo personal?
Yo no quisiera creer eso, fíjese, porque me sometí a este proceso incluso no confiando mucho en el Consejo de la Judicatura, lo digo con mucho respeto. Pero quise hacerme de esa oportunidad y no quise hacerlo mediante elecciones de abogados, porque estando aquí como magistrada consideré que no era ético que me vieran pidiendo votos y a la vez administrando justicia. Por eso me sometí al proceso del consejo; pero, si fuera de otra forma, no lo hubiera hecho. Pero, bien, lo hice por la vía del consejo…
Y así comprobó y ratificó que no confía en el consejo…
Ja, ja, ja. Yo creo que hizo falta que explicaran por qué votaban por alguien y por qué no votaban por otro. Pienso que esos procesos deben mejorar. No sé si van a tener la oportunidad de hacer otro proceso porque van a cambiarlos, a no ser que los reelijan. No sabe cuánto lo pensé en someterme a la elección del consejo. Yo respeto la manera de actuar de cada quién, pero creo que… no quisiera creer que hubo otro tipo de cosas.
*La magistrada dio esta entrevista antes del golpe a la Corte Suprema. Luego de ese evento ya no quiso contestar nuevas preguntas de esta revista.
Opina