Las alianzas partidarias en la Asamblea Legislativa de Arena-PCN-PDC y GANA-FMLN no han podido encontrar el reparto político justo de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia que deben elegir. Mientras organizaciones sociales y un exmagistrado desdeñan el comercio político con los candidatos a magistrados, la Sala de lo Constitucional se acerca a los dos meses sin funcionar. Amparos, hábeas corpus y recursos de inconstitucionalidad están paralizados. Los diputados intentan con fórmulas de repartición que no cuajan.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Leonardo Bonilla no se lo guardó más y les dijo a sus compañeros diputados que lo que estaban haciendo se llama corrupción. Que repartirse las magistraturas del poder judicial no puede entenderse como otra cosa que corrupción. Se lo dijo a sus colegas de la comisión política de la Asamblea Legislativa. Se lo advirtió a los de Arena, a los de GANA, a los del FMLN, a los del PCN, a los del PDC. Era un martes de finales de julio por la tarde. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya se anotaba con dos semanas de incumplimiento por parte de los diputados. Al día siguiente, en la sesión de la comisión política, los demás diputados, indignados, le reclamaron a Bonilla por esas tremendas declaraciones. Le exigieron que mostrara pruebas de que se estaban repartiendo magistraturas, alguna evidencia de corrupción. Le dijeron que era un irresponsable.
Diputados que no se dejaron colgar el apelativo de corruptos como Guillermo Gallegos, uno de los jefes del partido GANA, y Carlos Reyes, el coordinador de diputados de Arena, se desentendieron de las acusaciones de Bonilla. Pero, de forma contradictoria, Gallegos y Reyes han sido de los diputados que más han visibilizado la intención de repartirse magistraturas para la corte.
Gallegos, por ejemplo, defendió hasta donde pudo la candidatura de Carlos Pineda, actual jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema, para que fuera uno de los nuevos magistrados. El veto insistente que le impuso Arena a Pineda terminó por dejar rendidos a Gallegos y a GANA. La razón: el evidente conflicto de interés de Pineda por el cargo actual y el cargo para el que es candidato. Pero falta más: Pineda se encargó, desde Probidad, de dar por válidos casi todos los argumentos que presentó Gallegos para justificar más de $3 millones con irregularidades en su patrimonio familiar. Los argumentos que no validó Pineda no significaron la apertura de un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Al contrario, el jefe de la Sección de Probidad recomendó la absolución de Gallegos ante el pleno de la corte.
Gallegos y GANA, en alianza con el FMLN, al no poder introducir a Pineda en la corte, se aferraron a otra figura de mucha confianza para estos dos partidos políticos: Sonia Cortez de Madriz, la actual procuradora general de la República. La defensa a ultranza de la candidatura de Cortez llegó al punto de que Gallegos argumentó razones religiosas como un punto a favor de su candidatura. Incluso confesó que la procuradora es su candidata para la corte.
Cortez, en cuanto a su hoja de vida, carece de posgrados académicos y fue, con Pineda, uno de los señalados en un informe del panel de expertos internacionales que verificaron la selección de candidatos que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura entre abril y mayo pasados. El panel de juristas independientes fue convocado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), en conexión con la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En su informe no solo se advirtieron las debilidades de la Judicatura para seleccionar a los abogados por falta de perfiles y criterios, también se recomendó a la Asamblea Legislativa que no debía elegir ni a Cortez ni a Pineda, por carecer de moralidad notoria.
Son estos dos candidatos por los que la alianza GANA-FMLN, y con más acento GANA, se ha enfrentado en discusiones contra Arena, que, en un principio estaban vetados. Pero las negociaciones políticas para encontrar una composición a la que todos los partidos políticos puedan dar sus votos -como lo han expresado decenas de ocasiones los mismos diputados- estuvieron cerca de tener éxito unas semanas atrás.
Arena, en un giro para tener un acercamiento con GANA, aceptó que Sonia Cortez de Madriz fuera de los cinco nuevos magistrados de la corte. Pero con un matiz: Cortez no iba a estar entre los cuatros magistrados de la Sala de lo Constitucional. GANA, acuerpado por el FMLN, se negó al ofrecimiento y mantuvo que la procuradora debía ser magistrada de la Sala de lo Constitucional. “Es una persona cristiana, honorable, capaz e intachable, tiene todas las credenciales para llegar a la Sala de lo Constitucional”, decía Gallegos a la prensa hace una semanas.
Carlos Reyes, el jefe de diputados de Arena, se encargó de dar el anuncio. Sonia Cortez ya tenía el aval del partido para ser magistrada. La procuradora, a la que Arena había estado vetando, ahora tenía la puerta abierta. Varios diputados areneros que fueron consultados por Factum habían advertido que se iban a reservar sus votos si se llevaba a consulta del pleno la candidatura de Cortez y de otros candidatos que habían alcanzado el consenso del concierto de partidos políticos en la Asamblea, como Sergio Avilés.
Reyes, jefe y portavoz legislativo de Arena, en la sesión plenaria del jueves 23 de agosto pasado, dejó ver que el reparto de cuotas era un hecho. Incluso, con los votos de su alianza logró aprobar un dictamen de elección de magistrados en el que se incluía a Sonia Cortez. Pero la negativa de GANA y FMLN a que Sonia Cortez fuera magistrada de cualquiera de las otras salas de la corte, menos de la Constitucional, detuvo la elección esa semana.
Pero el reparto de cargos y la búsqueda del control del poder judicial no solo quedaron evidenciados por la defensa de candidaturas y acciones en la comisión política y el pleno legislativo. También hubo confesiones de diputados que revelaron estas negociaciones por tener cuotas y no por méritos de los candidatos. “Aquí no se trata de idoneidad, se trata de cuotas de poder”, le dijo el diputado de GANA Numan Salgado al periódico El Faro a finales de agosto pasado. Incluso dijo que su partido había hecho una evaluación de los candidatos, pero que no sabía por qué no la habían hecho pública. “Pero estamos engañando a la población, cuando, en realidad, son cuotas de poder”, remató Salgado.
GANA y Arena han dado los últimos golpes en la mesa para aparentar autoridad. GANA anunció que iba a aceptar que Sonia Cortez fuera elegida como magistrada, pero no para la Sala de lo Constitucional, como había concedido la alianza de Arena-PCN-PDC. Pero no solo eso. El partido propuso que se retirara a uno de los candidatos con mayor consenso, Carlos Sánchez, para introducir a la abogada Marina Marenco de Torrento en la Sala de lo Constitucional. Fuentes de Arena aseguraron que la propuesta tenía que ser estudiada por todos los diputados del partido. Aunque advertían que Marenco tenía un punto en contra: dos condenas del Tribunal de Ética Gubernamental por favorecer a familiares en cargos públicos, según una publicación de El Faro.
Arena, con ello, habría cedido dos de sus candidaturas con mayor apoyo en el seno del partido: Carlos Sánchez e Ivette Cardona. La última por darle un espacio a la postulación de Alex Marroquín, siempre en la Sala de lo Constitucional. El partido con más diputados en la Asamblea Legislativa (Arena tiene 37 legisladores) se estaba desdibujando en sus postulaciones. Como contraparte, era el partido que más vetos había dado a otras candidaturas. Algunos de esos vetos no fueron públicos, como el caso del abogado Martín Rogel Zepeda, quien, desde un principio, le fue cerrada la puerta por la fracción arenera. Sin embargo, Rogel es uno de los mejores calificados para el cargo, según las distintas evaluaciones de organizaciones sociales.
De hecho, el Consorcio por la Transparencia, una de estas organizaciones, se dio a la tarea de recopilar y hacer un cruce de resultados de las distintas evaluaciones elaboradas por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Acción Ciudadana (AC) y el diputado no partidario Leonardo Bonilla. El candidato Martín Rogel aparece en los primeros calificados, pese a que Arena le había impuesto un veto, según las fuentes de este partido, de tipo ideológico.
El otro golpe en la mesa lo dio Arena. Hizo un nuevo giro y desechó por completo la concesión que había hecho a GANA y FMLN para aceptar a Sonia Cortez. Los postulados de Arena ahora son Aldo Cáder, Ivette Cardona, Carlos Sánchez, Alex Marroquín y Martín Rogel. Exactamente los cinco primeros lugares que resultaron del cruce de las evaluaciones de las organizaciones sociales. El cambio brusco hizo que a la alianza entre Arena y PCN le aparecieran fisuras. Los pecenistas, cómodos con Sonia Cortez, no apoyan la nueva iniciativa de sus aliados y, de forma extraordinaria, se han acercado a la alianza de GANA y FMLN.
El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco dijo el viernes 7 de septiembre pasado que la Asamblea Legislativa ha mostrado de esta manera su verdadero rostro a la población: “Cuando asumen ese criterio de que es una cuota, prácticamente nos están diciendo que no miremos ni el perfil ni preguntemos más. Es la cuota y punto. Es una manera de ofender a la ciudadanía”.
La Asamblea se acerca a los dos meses sin cumplir con la elección de magistrados de la Corte Suprema. Los diputados deben seleccionar cinco nuevos magistrados propietarios y otros cinco magistrados suplentes de una lista de treinta candidatos. Cuatro de esas parejas -propietarios y suplentes- van a ocupar la Sala de lo Constitucional. Mientras que una pareja se va a incorporar a una de las otras tres salas de la corte (Penal, Civil o Contencioso Administrativo) según lo determine el pleno de los magistrados.
Los números no están a favor de ningún partido político para imponer sus candidaturas. Y las alianzas que se han creado desde el inicio de la legislatura en mayo pasado, Arena-PCN-PDC y FMLN-GANA, no alcanzan la mayoría calificada de 56 votos legislativos por sí mismas. Incluso, la alianza de Arena y PCN se tambalea con la nueva propuesta de los areneros.
A Leonardo Bonilla lo quieren poco o nada en la Asamblea Legislativa. Su lema de denunciar la corrupción en el poder legislativo no les ha caído en gracia a sus colegas. En retribución, hay legisladores que califican ahora a Bonilla como un diputado primerizo, inexperto, con poco conocimiento parlamentario y hasta inconstitucional, por haber ganado una curul sin pertenecer a un partido político.
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