Desde 2018 las cifras de sanciones disciplinarias contra jueces bajaron en la Corte Suprema de Justicia. Las explicaciones sobre esto por parte de los magistrados son variadas: sobresaturación de agenda de Corte Plena, cambios de criterios para estos procesos, errores en las denuncias, o prioridad de otros temas. Pero todos reconocen que existe un problema en los resultados del trabajo de la Dirección de Investigación Judicial.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
Un juez de Santa Tecla y una jueza de Jicalapa fueron denunciados por faltar a sus labores sin razones justificadas. Para investigarlos, la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó la bitácora y georreferenciación de las llamadas de los teléfonos móviles que la Corte les asignó. Porque, de acuerdo a la denuncia, ambos jueces, además de ser esposos y ser jueces del departamento de La Libertad, tenían otra coincidencia: daban instrucciones laborales a su personal vía telefónica, desde su casa.
Casos como ese son los que tramita la Dirección de Investigación Judicial, que revisa la actuación o conducta de magistrados de cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. El proceso, en líneas gruesas, inicia con una denuncia que da lugar a una investigación preliminar, y luego esa investigación es entregada al pleno de la CSJ, integrado por 15 magistrados, para que este proceda con la sanción o exoneración del acusado.
El Salvador cuenta con 697 jueces y magistrados. En los últimos años las sanciones disciplinarias contra ellos cayeron en picada. Las denuncias que terminaron en suspensiones bajaron en un 94% de 2017 a 2019. Mientras que las remociones disminuyeron en un 83% durante el mismo periodo. Durante 2020, el año en el que hubo una cuarentena por el inicio de la pandemia de Covid-19,los resultados también son bajos, si se compara con la cantidad de sanciones que impuso la anterior conformación de la Corte, la que finalizó en 2018.
Esta caída quedó registrada así en las estadísticas de la Corte Suprema: en 2017 hubo 47 suspensiones, en 2018 la cantidad bajó a 12, y para 2019 únicamente hubo dos. Igual pasa al revisar las remociones: en 2017 hubo 12, para 2018 bajaron a cuatro y en 2019 solo una.
Uno de los magistrados que conoce sobre este tipo de procesos es el presidente de la Sala de lo Penal de la CSJ y coordinador de la Comisión de Ética y Probidad, Leonardo Ramírez Murcia. Para él, la caída en la cantidad de sanciones disciplinarias a jueces podría explicarse en que la atención de la Corte Plena ha estado en otros temas, y cita como ejemplo el anteproyecto de Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito que trabajaron en los últimos años. Sin embargo, admite que es “innegable ese descuido, ese declive que se va produciendo en el 2019, 2020”.
“Habría que considerar que en el 2018 se fue una quinta parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y con ellos se venía trabajando bastante fuerte estos casos. Y un mes antes de que ellos se retiraran, el tratamiento de estos casos disminuyó bastante”, reconoce Murcia.
Los magistrados de la CSJ permanecen nueve años en el cargo. Cuatro de los magistrados que terminaron su período en 2018 eran parte de la Sala de lo Constitucional: Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco. Según este último, los cuatro llegaron en 2009 con la visión de cambiar el trabajo en la Corte y estaban de acuerdo en temas esenciales como austeridad, restricción de prestaciones, solución a expedientes administrativos contra abogados y notarios, y la depuración de jueces.
“Pero cuatro votos en una Corte Plena no son nada”, apunta Blanco. Los acuerdos en el pleno requieren de al menos ocho votos.
El exmagistrado de lo Constitucional cuenta que entre 2009 y 2012 algunos magistrados jamás votaron por sanciones disciplinarias. Parte del problema, según él, es que la Dirección de Investigación Judicial fue creada por un acuerdo de Corte Plena en 1995, y no por una ley.
“Pero en el fondo era porque estos magistrados –muchos de ellos no eran jueces de carrera, sino abogados litigantes– siempre veían su futuro fuera de la Corte. Era casi toda una generación de magistrados, donde estaban Ulices del Dios Gúzman, Mario Valdivieso, Loli Claros. Fue un bloqueo total casi al trabajo que nosotros con mucho entusiasmo llegamos a hacer en 2009. Eso explica muchas cosas de impulso que se dieron luego de la salida de ellos, que fue en 2012”, afirma Blanco.
Y en efecto, las cifras cambiaron. En 2013, ya con una nueva conformación de la Corte, de 220 denuncias, 24 concluyeron en exoneraciones, 10 en suspensiones y tres en remociones. Para 2014, con 193 denuncias, la cantidad de suspensiones y remociones se mantuvo, mientras que las exoneraciones fueron 14.
Se consultó al exmagistrado Guzmán sobre el tema, pero al cierre de esta nota no había respondido la pregunta de este medio.
De acuerdo con Blanco, en 2012 llegaron otros magistrados que coincidieron con esta visión. Para ese año fueron elegidos Doris Luz Rivas, Roberto Argueta, Ovidio Bonilla y Elsy Dueñas. Los primeros tres finalizan su período el próximo 30 de junio y Dueñas se quedará seis años más, gracias al reenganche que le dio la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Pero no solo dependía de ellos, sino de la jefatura de la Dirección de Investigación Judicial. Por eso en 2015 sustituyeron a Elsa Dolores Cañada de la jefatura y nombraron a Félix Gómez Arévalo, para que se pusiera el día con la mora que tenía esa oficina.
Para 2011, cuando todavía no se habían implementado los cambios que menciona el exmagistrado la mora de Investigación Judicial era de 959 casos. En 2014 esa oficina llegó a tener 1177 procesos pendientes y fue en 2015 que la mora empezó a descender. En la actualidad, hasta marzo pasado, la oficina que investiga a los jueces tenía una mora de 256 casos, que es el promedio de expedientes en trámite que han mantenido en los últimos tres años.
La clave, explica el exmagistrado, fue dotar de personal a la Dirección de Investigación Judicial y vigilar de forma permanente su trabajo. Él y el exmagistrado Rodolfo González integraban entonces la Comisión de Jueces, que servía de enlace y revisaba los proyectos de sanción o exoneración antes de presentarlos a Corte Plena.
“Se le dio un nuevo dinamismo. Conocimos muchos casos imperdonables para un juez: demoras, actos inmorales, lentitud para dictar sentencias, acumulación de trabajos por sentencia o casos donde habían permitido que una persona estuviera hasta 10 años privada ilegalmente de libertad. Entonces por esa época era un trabajo muy intenso”, sostiene Blanco.
Por eso entre 2015 y 2018 las sanciones de jueces continuaron en ascenso. En 2015, de 188 denuncias, 10 terminaron en remociones, 25 en suspensiones y 23 en exoneraciones. En 2016 hubo 247 denuncias de las que 106 finalizaron en exoneraciones, 29 suspensiones y 12 remociones. Para 2017, con 243 denuncias, las sanciones llegaron a su punto máximo con 43 suspensiones y 12 remociones; y 64 exoneraciones.
La Corte Suprema se renovó nuevamente en 2018. Llegaron cuatro nuevos integrantes a la Sala de lo Constitucional: Áldo Cáder, Marina de Torrento, Sergio Avilés y Carlos Sánchez; además del magistrado Carlos Calderón a la Sala de lo Civil.
Semanas atrás, Revista Factum también conversó sobre la caída de las cifras de Investigación Judicial con el entonces magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder Camilot, quien renunció a su cargo después de que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto para destituirlo junto al resto de magistrados de esa sala. Cáder expuso que el cambio en esas cifras era porque la agenda de Corte Plena estaba sobresaturada “desde cosas tan pequeñas como resolverle a un juez que ha pedido trabajar a distancia, hasta extradiciones o proyectos de ley”, y por errores en las denuncias.
“Si bien puede haber casos en los cuales se han dado algunas sanciones e incluso suspensiones, tal vez remociones son mínimas, pero también hubo bastantes absoluciones porque la otra cara de la moneda es el abuso de la denuncia ante la inconformidad de la decisión de los jueces”, opinó Cáder.
Similar énfasis hace la magistrada de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, quien asegura que “la gente muchas veces denuncia y no tiene nota de la prueba” y cree que se deben “revisar los criterios que se han venido planteando” porque “se puede afectar la independencia judicial”.
Para Rivas Galindo no debería hablarse de “depuración” porque no es “como que hay que quitar a todos los jueces y las juezas”. Ella sugiere que el tema se va como un régimen sancionatorio, donde algunos jueces, por su comportamiento, se vean sometidos a ciertos procesos disciplinarios administrativos.
Blanco coincide con la importancia de la independencia judicial: “Es cierto, a los jueces no se les puede sancionar por un criterio jurídico o porque no coincida con la visión que pueda tener un magistrado. Eso no debe ser objeto de sanciones disciplinarias”. Y agrega un matiz: “La independencia garantiza que los jueces no pueden meterse en las decisiones de otros, pero no es un paraguas que da cobertura a toda forma de proceder. La ignorancia, la mala fe y la corrupción no tienen nada que ver con la independencia”.
La magistrada de lo Penal, quien dejará la corte el próximo 30 de junio, aporta otro elemento: el efecto que provocó que una de las mismas salas de la corte anulara una decisión sancionatoria del pleno. “Ha habido decisiones de conformaciones anteriores de la corte que tomamos y que no han parecido a los afectados y por ello estos casos han llegado a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y se han revertido algunos casos. Ahora ya nadie quiere estar pasando por eso de ser condenado por alguna instancia y pagar y todo ese tipo de cosas”, dijo en una entrevista concedida recientemente.
Se refiere a un caso que marcó un precedente en ese sentido: la Corte Plena decidió remover en 2017 al exmagistrado de la Cámara de lo Penal de Oriente Carlos Cruz Umanzor, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República de haber asesorado en dos casos mientras era juez. La Fiscalía tiene escuchas telefónicas que comprometen a Cruz Umanzor y en 2016, cuando lo acusó de haber cometido tres delitos, presentó una petición de antejuicio a la Asamblea Legislativa, pero esta nunca la tramitó.
Pero en 2019, dos años después de la remoción, la Sala de lo Contencioso Administrativo conformada por magistrados suplentes revirtió la decisión de Corte Plena y terminó condenando a los magistrados de la CSJ que removieron a Cruz Umanzor. Ellos presentaron un amparo en la Sala de lo Constitucional caso, pero el caso todavía no ha sido resuelto. Cinco años después de que la Fiscalía General presentó pruebas de posibles ilícitos de este exfuncionario judicial, en la corte todavía cabe la posibilidad de que él vuelva a impartir justicia en la zona oriental de El Salvador.
“El pleno no tiene esa idea de que la independencia judicial sea un paraguas para el juez. No. Esta es una garantía para la ciudadanía de que su caso debe ser juzgado por un juez imparcial e independiente. Pero si eso no es así, hay que someterla a control. Eso es lo importante, que jueces y juezas, y quien ejerce poder en este país tengan límites”, agrega Rivas Galindo, quien coincide con que es necesario mejorar el trabajo de Investigación Judicial.
Revista Factum solicitó desde el 26 de abril una entrevista con la directora interina de Investigación Judicial de la CSJ, Claudia Renderos, para conocer su posición sobre este tema. El área de comunicaciones de la corte respondió que “de momento y por los cambios” les han pedido “esperar” para la entrevista.
Para Celia Medrano, defensora de derechos humanos e investigadora, el problema es más profundo porque “los procesos de evaluación judicial deben garantizar el derecho a debido proceso y el principio de independencia a los mismo jueces y juezas. La oficina de evaluación judicial no debe estar dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, al igual que el caso de la oficina de probidad”.
Muchos de los magistrados que deciden sobre las amonestaciones son, además, jueces de carrera. El magistrado Roberto Carlos Calderón, por ejemplo, integra Corte Plena, está en la mesa judicial que es el enlace entre los jueces y la cúpula judicial y es, además, presidente de la principal asociación de jueces del país. Medrano cree que es “difícil que jueces evalúen a jueces de manera independiente, puesto que los magistrados que tienen carrera judicial al terminar su mandato vuelven ser magistrados de cámara o jueces. Por lo tanto, puede preverse que no evaluarían a otros jueces con una rigidez con la que no quisieran ser evaluados ellos mismos”.
“Sí, en alguna medida eso sí incide”, dice Luciano Lovato, juez en San Miguel. “Ese era un cuestionamiento que un grupo de jueces hicimos tiempo atrás. Nosotros decíamos que debía ser un órgano independiente de la Corte quien debía conocer estos procesos o investigaciones. Y que esa institución debía ser creada por ley para que tuviera asidero legal”, agrega.
La denuncia contra los jueces de Jicalapa y Santa Tecla tuvo un giro en el desenlace: no sólo fueron ellos quienes terminaron investigados. La corte inició un proceso administrativo, a petición de la Mesa Judicial, contra la jefa interina de la Dirección de Investigación Judicial por haber pedido la información de las bitácoras y georreferenciación de teléfonos celulares asignados a los jueces denunciados. La mesa alegó que Renderos había “traspasado los límites, no solo racionales y legales, sino los de tolerancia a lo que podría ser un error humano”, según consta en el acta de Corte Plena del 12 de noviembre de 2020.
El pasado 27 de mayo, el magistrado Ramón Iván García, quien ascendió como propietario luego de que la Asamblea de Nayib Bukele impusiera una Sala de lo Constitucional de facto, volvió a solicitar a la Corte Plena la remoción de la directora de Investigación Judicial. En esa ocasión, no por la queja en el caso de los jueces de la Libertad investigados, sino por una investigación que la Dirección de Investigación tiene en su contra. El juez investigado pidió remover a quien le investiga. No obtuvo los votos necesarios.
Opina