La válvula de la discordia
Una comunidad de La Libertad se pelea por la llave que les permite abastecerse de agua. Dos hermanas terminaron odiándose por el control de la cantarera. Una de ellas, que también terminó enfrentándose con el alcalde, denuncia amenazas y persecución.
Fotos FACTUM/Salvador Meléndez
Un niño se baña junto a una perra muerta. Se lava con agua jabonosa, en medio de botellas plásticas y envoltorios de detergente. Todos los días camina medio kilómetro para llegar hasta aquí. Se baña, como lo hacen los miembros de su comunidad, a la intemperie, ante los ojos de todos. La ropa tampoco se lava en casa. La madre del niño ocupa las piedras planas del río Aquisquillo como lavadero público. Está prohibido lavar ropa con agua de la cantarera. También está prohibido regar las plantas, regar la calle o usar agua de la cantarera para los servicios sanitarios. Son reglas no escritas que todos los habitantes de la comunidad Hacienda San Diego, en La Libertad, deben cumplir.
El riñón de esta comunidad es una válvula oxidada. Hay seis chorros, ubicados en tres sitios distintos, que todos conocen como cantareras. Sirven para abastecer a los mil habitantes de la zona. La válvula permite la circulación del agua que proviene de un tanque y baja por gravedad en una tubería de dos pulgadas de diámetro. Es la válvula discordia. Abrirla o cerrarla es como abrir una caja fuerte. Y tener asignada esta misión es un asunto de vida o muerte.
Gabriel Molina es el hombre que cierra la válvula. Dice que lo hace únicamente por las noches en la temporada seca para que el agua se acumule en el tanque y haya servicio al día siguiente.
“Uno cae mal por cerrarla, pero la gente llega a comprender que hay que hacerlo para que se acumule y a nadie le falte el agua durante el día”, cuenta el residente de la comunidad y esposo de Tomasa Grande, la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de esta hacienda.
Para llegar a la válvula, Molina tiene que atravesar una cancha polvosa y un riachuelo delgado, y para cruzarlo solo basta saltar sobre cuatro piedras. Una plancha de concreto, con una tapadera similar a la de los contadores de agua de la ciudad, cubre la mohosa llave. El cemento está astillado y la manija luce forzada. Según Molina, los mismos habitantes han destruido esa tapadera en su afán de moverla y activar el servicio de agua.
La red de distribución del agua ha estado a cargo de la junta directiva de la ADESCO. Estas asociaciones reciben la personería jurídica de la alcaldía donde están ubicadas. La Hacienda San Diego es parte de la alcaldía del Puerto de La Libertad. Según el artículo 118 del Código Municipal, tienen a su cargo la elaboración de proyectos de beneficio para la comunidad. La directiva, según el código, debe ser electa en reunión de vecinos, con al menos 25 participantes y sus estatutos serán aprobados en una asamblea.
El control de la válvula provocó una disputa familiar que terminó en los tribunales. Tomasa Grande asegura que su hermana mayor, Carmen, quien fue la presidenta de la ADESCO por más de una década, no hizo bien su trabajo. Tomasa cree que el progreso llegó a la Hacienda San Diego cuando ella asumió como presidenta en la junta directiva, a mediados de 2015.
La confrontación entre las hermanas Grande inició con la elección de la directiva del período 2015-2018. Carmen, de 50 años, dice que se sintió perseguida por el alcalde Miguel Ángel Jiménez, pues está convencida de que él influyó para que su hermana Tomasa fuera elegida como presidenta de la ADESCO. En diciembre de 2015, el alcalde mandó a su personal a romper los candados y a tomar el control del proyecto comunal de agua. También racionó el horario de servicio en la cantarera de 6:30 de la mañana a las 5 de la tarde. Carmen llora y se le quiebra la voz cuando revive ese momento.
Ese suceso no está consignado en la acusación que ella presentó contra el alcalde ante la Fiscalía. Hoy, sin embargo, asegura que ese fue el punto de partida de una persecución en su contra. Tomasa, su hermana, confirma el episodio. Dice que miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) llegaron a cortar los candados del tanque con una tenaza, porque su hermana Carmen no quiso entregarle las llaves a la junta directiva electa.
“Los del CAM vinieron, nosotros fuimos y le quitamos llave a los portones del cementerio, rompimos las llaves con tenaza, cortamos, pero fue la comunidad… El tanque tenía llave, pero no fuimos nosotros los que la hemos quitado, fue la comunidad”, cuenta Tomasa.
Un aviso colocado en el tronco de un gran árbol seco pide a los lugareños no lanzar basura ni desechos al cauce del río Aquiquisquillo, La Libertad, algo que no es cumplido.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
Después de eso, según Carmen, todo empezó a empeorar: “Generó peleas entre vecinos por llenar los cántaros. El alcalde ocupó el proyecto para que la gente lo apoyara políticamente, para ganar votos. Le ofrecía a la gente agua para que lo apoyaran”, señala con voz carrasposa, mientras se aprieta las manos en señal de nervios.
Tomasa defiende la intervención de los agentes municipales. “Viéndolo bien no es a la fuerza, porque nosotros tenemos una autoridad credencial que nos decía que son bienes de la comunidad; y si estamos en la directiva, estamos para velar por los bienes de la comunidad”, justificó la líder comunal.
Los vecinos están divididos y lo único que les importa es tener acceso al agua todos los días. “Ellas en sus asuntos. Lo que queremos es que siempre nos llegue agua a este chorro, porque esa es la preocupación”, dice Estela, una anciana de 82 años, mientras llena su cántaro.
Existen 2,961 cantareras, como la de Hacienda San Diego, en El Salvador. Y no existe una legislación que regule el acceso y control del agua. Los diputados de la Asamblea Legislativa le han puesto pausa a la discusión de cuatro proyectos de ley de aguas que están sobre la mesa desde hace 13 años. Los diputados no han discutido el tema en los últimos cinco meses.
Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático votaron, por unanimidad, en marzo pasado para dejar sin efecto un acuerdo para aprobar los primeros 14 artículos de la ley de aguas e iniciar de cero la discusión. El artículo 14 generó malestar porque avalaba la integración de la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con la participación de la empresa privada, representada por los sectores industriales y agropecuarios.
Un poblador de la comunidad Hacienda San Diego, que se dedica a vender los viajes de recolección desde una de las cantareas, llena varios cántaros.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
El 2 de noviembre de 2015, Carmen, junto a los miembros de la junta directiva, hizo una colecta entre las personas que estaban en el cementerio para cubrir los gastos de limpieza del lugar. El alcalde, según ella, llegó a decirle que la esperaba para elegir a los nuevos directivos. Carmen le aclaró que él no podía convocar a una elección, porque los estatutos exigen autonomía de la junta directiva.
“Usted no puede convocar, solo participar como observador, le recordé. Y frente a todos me dijo que yo solo era unos calzones viejos. Me humilló”, dice Carmen. Esta parte del relato sí está consignada en el requerimiento (acusación fiscal) del caso.
De la cantarera a los tribunales
Pasado ese encuentro, mientras Carmen era reelecta como presidenta de la directiva, el alcalde hizo una elección paralela, en la cual nombró a sus allegados. El día de Navidad, durante una entrega de juguetes , según está consignado en el requerimiento, notificó a la comunidad que Carmen ya no era la presidenta de la ADESCO porque pertenecía al FMLN, su rival político.
El 11 enero de 2016, Carmen estaba en su casa coordinando actividades de la comunidad con la Policía. Llegaron dos vehículos de la alcaldía. De este se bajaron el jurídico de la municipalidad, Gabriel Durán; el jefe de promoción social, un promotor y un fotógrafo. Ellos ingresaron a su vivienda para hacer fotos. Los agentes obligaron a Durán a borrar las fotografías e intentaron detenerlos, pero Carmen se opuso: “Yo les dije a los agentes: ‘no, déjelo así, ellos mañana salen y yo estoy muerta’”.
Carmen buscó apoyo en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), pero dice que no se sintió respaldada. Puso una denuncia en la Fiscalía por expresiones de violencia contra las mujeres, actos arbitrarios y atentados relativos al derecho a la asociación y reunión. Después, según cuenta, recibió mensajes y llamadas con amenazas. Tiene miedo. Es por eso que también prefiere que en esta publicación no se revele su verdadero nombre.
El proceso por expresiones de violencia fue trasladado a un juzgado especializado y tiene reserva parcial. Mientras que las acusaciones por actos arbitrarios y violación al derecho de asociación se dirimen en el Juzgado de Instrucción de la Libertad.
El alcalde rechaza todas las acusaciones. Dice que es un ataque político, que en realidad se trata de un problema de partidos. “Es una oposición que tuve de parte de un diputado que ha maquinado todo eso, porque son calumnias, todo es falsedad. Son palabras que yo no uso, para empezar; y segundo, que yo tengo un respeto muy especial por la mujer porque soy hijo de una mujer”, se defiende.
Utensilios de cocina a medio lavar permanecen en un guacal con jabón y agua recolectada del río Aquiquisquilllo, La Libertad. Los habitantes de la Comunidad Hacienda San Diego no cuentan con agua potable ni alcantarillados en sus viviendas.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
Samuel Ventura, director de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) en la Cordillera del Bálsamo, tiene una opinión del conflicto que ocurre en Hacienda San Diego. Señala que la alcaldía quiere desmontar los sistemas de agua comunitarios.
“Cuando el alcalde toma las cadenas, se toma los candados y se toma el sistema de abastecimiento de Cangrejera centro, invalida a la directiva que estaba allí y pone a su gente. Y luego hizo lo mismo en San Diego Hacienda. Así era la ruta que llevaba para romper todos los sistemas organizativos de los sistemas de agua”, dice Ventura.
El alcalde, de nuevo, ante esos señalamientos se escuda en que son acusaciones de carácter político. “Yo con ella siempre he sido amigo. Nos llevábamos bien, le he provisionado leche, la he apoyado con piñatas y cosas así, pero lamentablemente como apoyaba al FMLN ella se volteó”, señala en su defensa.
Carmen dice que la persiguen y la etiquetan por el único hecho de ser líder comunitaria y que, después de tres años, solo quiere que el proceso acabe pronto para recobrar el monitoreo de la cantarera que, a la fecha, es administrada por la ADESCO que dirige su hermana. “El agua es un derecho humano y nadie tiene derecho a molestar a nadie por luchar por los derechos de la comunidad”, dice.
Mientras Carmen, Tomasa y el alcalde se señalan entre sí, o mientras resuelven sus diferencias, los habitantes de Hacienda San Diego usan su creatividad para conseguir más fondos para el pago del agua. Algunos ofrecen el servicio de agua domiciliar. Cobran un dólar por llevar un viaje de tres cántaros de agua: desde los chorros hacia las casas.
En el río Aquisquillo, donde se bañan los niños y los adultos de la comunidad, tres mujeres conversan sobre la noticia del día. Una de ellas coloca detergente en un huacal rojo, remoja las prendas, las saca, las estira y las golpea en la piedra plana. El tema de conversación es el que ha conmocionado a Hacienda San Diego esta mañana de abril: hoy se han bañado y están lavando a unos metros del cadáver de Fanny, la perrita que merodeaba la comunidad.
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1 Responses to “La válvula de la discordia”
Saludos, comentar no es tan cierta la historia que narran, Grabriel Molina, es concejal propietario de la Alcaldía de Puerto La Libertad, luego de tomar el control del sistema de agua, el funge como fontanero.
es de verificar el acta donde dice la señora Tomasa Grande que fue electa, revisando archivos, no cuenta con todos los socios o la mayoría según estatutos, por lo que la elección fue ilegal.
otro elemento, en la primera credencial que le extendieron a la señora tomasa, tiene otro nombre de adesco, diferente a la que presidia la señora carmen, con este hecho fue que el alcalde con gente del cam se apropiaron del sistema.
también es de investigar cuando hicieron la asamblea la señora carmen, cuantos socios la reeligieron, y porque la alcaldía no extendió las credenciales.
revisen el escrito del juez, sobre los hechos, donde si se determino y por eso paso a la siguiente etapa.